Argentina
El gol de la derecha judicial que tumbó a CFK

La euforia mundialista que vive Argentina luego de la clasificación del seleccionado de fútbol a la final de Qatar 2022 ha corrido por el momento del centro de la escena nacional a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), luego de que fuera condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La condena fue dictada por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en el marco de la llamada “Causa Vialidad”, que investigó la denuncia de irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz para beneficiar a la empresa Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre los años 2003 y 2015. Además de la vicepresidenta, fueron condenadas también otras ocho personas, otras tres fueron absueltas y una persona sobreseída. Por otra parte, el tribunal ordenó decomisar una cifra del orden de los 84.000 millones de pesos argentinos —459.500 euros—.

Esta sentencia es la continuidad de una saga que marcó los tiempos de la agenda política de los últimos meses y tuvo su momento de máxima tensión el 1 de septiembre, cuando Fernando Andrés Sabag Montiel, un hombre de 35 años, intentó atentar contra la vida de la vicepresidenta al disparar sin éxito dos veces en su cara en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, mientras una multitud de militantes se movilizaba en su apoyo.

CFK denunció que la condena en su contra ya se encontraba escrita de antemano en el marco de una persecución política-mediática-judicial enmarcada en la estrategia del lawfare

Aquella movilización de seguidores de CFK había sido precisamente una respuesta política al pedido de 12 años de prisión que había hecho el fiscal federal de la “Causa Vialidad”, Diego Luciani. Inmediatamente después de conocerse el fallo el 6 de diciembre último, CFK dio un discurso a través de redes sociales en el que planteó su renuncia a cualquier candidatura hacia las presidenciales de 2023 y reiteró lo que ya había señalado en otras ocasiones, y es que la condena en su contra ya se encontraba escrita de antemano en el marco de una persecución política-mediática-judicial enmarcada en la estrategia del lawfare impulsada por la derecha continental y que también fuera utilizada para proscribir a otros líderes de la región como el actual presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. “Está claro que la idea era condenarme”, dijo CFK, quien afirmó que los fiscales de la causa “no pudieron explicar nada” respecto a los hechos que acusaban. La vicepresidenta manifestó además que el “sistema paraestatal” que conforman la “mafia judicial” está “por fuera de los resultados electorales”, en referencia al escándalo que estalló antes de su condena al conocer una serie conversaciones a través de un chata entre jueces, empresario y dirigentes política de la oposición derechista de Juntos por el Cambio.

Lago Escondido

Antes de conocerse la sentencia a CFK el Gobierno nacional denunció a los jueces federales de la “Causa Validad”, un CEO del Grupo de medios Clarín y a funcionarios del Gobierno macrista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de haber participado juntos de un viaje a la estancia que el magnate británico Joe Lewis, amigo personal del expresidente Macri, posee en las inmediaciones de Lago Escondido en la provincia patagónica de Río Negro. La denuncia hecha por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) fue por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”. Es así que el “ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial. Entre las medidas de prueba pedidas en la denuncia se solicita la entrega de los celulares de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los aparatos. Asimismo, el pedido presentado por el Gobierno argentino exige que se incluya al Estado Nacional como parte querellante.

El comunicado señala que los hechos que pide que se investiguen “tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido”. En el texto se relata que tras aterrizar, “a la comitiva se habrían sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto (accionista del Grupo), Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas”. Luego el grupo se habría dirigido en vehículos privados de Jow Lewis a la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

Respuesta política

La polarización en torno a la condena a CFK forma parte de la carrera electoral que ya comienza a disputarse en Argentina. Las elecciones presidenciales en Argentina se realizarán a finales de 2023. Mientras tanto, las dos principales coaliciones políticas del país, tanto el oficialista Frente de Todos como el opositor Juntos por el Cambio, viven fuertes disputas internas. Sin embargo, la avanzada política-mediática-judicial de la derecha contra la vicepresidenta ha vuelto a cohesionar por el momento al Frente de Todos.

En tal sentido, el oficialismo tenía previsto un encuentro del Grupo Puebla en Buenos Aires con movilización callejera el lunes 12 diciembre último, iniciativa que debió ser suspendida dado que a CFK se le diagnosticó covid. En medio de la atención casi excluyente que concita el mundial de Qatar en la Argentina, hizo prever la postergación de tal acto para marzo del año que viene. Cuando el clima mundialero ceda la agenda nuevamente a lo más duro de la política, la disputa volverá a ocupar seguramente el centro de la escena y con ello, la situación judicial de CFK. Los jueces de la causa tienen 40 días hábiles para dar a conocer los fundamentos de la sentencia y recién entonces las partes van a poder apelar ese fallo y esos recursos serán revisados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. De todas maneras, es de esperar que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, absolutamente cuestionada, la encargada de dar el veredicto final sobre esta causa, profundizando aún más la disputa que puede agravar el conflicto de poderes. Dos de los miembros del máximo tribunal fueron designados por un decreto del expresidente Mauricio Macri, entre ellos, el propio presidente Horacio Rosatti.

El espionaje ilegal, ligado a los servicios de inteligencia del Estado, algo que el propio presidente Alberto Fernández se encargó de señalar como “los sótanos de la democracia”, se vino consolidado en las últimas décadas

El entramado de espionaje ilegal, ligado a los servicios de inteligencia del Estado, algo que el propio presidente Alberto Fernández se encargó de señalar como “los sótanos de la democracia”, se vino consolidado a lo largo de la vida política de las últimas décadas del país y a partir de la estructura represiva heredada de la última dictadura cívico-militar. Por eso, es una cuestión que está lejos de ser algo exclusivo de un solo Gobierno. En este sentido la investigación y condena a CFK, lejos está de investigar a fondo la corrupción en la obra pública, un sistema aceitado que ha abarcado a todos los gobiernos desde la dictadura. Por el contrario, la condena muestra el objetivo prescriptivo contra una figura política y que fusca decidir de forma antidemocrática quién puede ser candidato y quién no en Argentina.

En tanto, la crisis del régimen político en su conjunto y la situación social agravada por la escalada inflacionaria que se proyecta llegar al 100% en 2022, junto con las medidas de ajuste fiscal que deberá seguir llevando adelante el Gobierno nacional según el acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de más de 50.000 millones de dólares contraída por Macri, hacen prever hacia el 2023 convulsionado en medio de un escenario político complejo y de consecuencias sociales impredecibles.