América Latina
Los partidos tradicionales se adueñan del proceso constituyente en Chile

El nuevo proceso constituyente contará con tres fases. En la primera, en la que nos hallamos actualmente, una comisión de 24 “expertos” designados por el Congreso y el Senado el pasado mes de enero, elaborará un borrador constitucional, que será la piedra angular del texto. En la segunda, 50 personas elegidas por la ciudadanía chilena integrarán el Consejo Constitucional, órgano constituyente que debatirá sobre el borrador redactado por los expertos. Y en la tercera, el texto aprobado por el Consejo será sometido a un referéndum previsto para noviembre de 2023 que determinará si finalmente Chile consigue deshacerse de la constitución vigente, redactada por los colaboradores de Augusto Pinochet. 

Varios puntos se deslizan sobre esta nueva hoja de ruta que merecen ser tenidos en cuenta. El primero es que los partidos políticos tradicionales han recuperado el control sobre el proceso constituyente, el cual habían perdido con la elección de la Convención Constitucional de 2021. En aquella elección, las listas de independientes, los movimientos sociales y la izquierda alternativa dieron un golpe sobre la mesa, y las dos grandes coaliciones, de centroizquierda y centroderecha solo sumaron 62 de los 155 escaños del órgano constituyente.

Los partidos políticos tradicionales han recuperado el control sobre el proceso constituyente, el cual habían perdido con la elección de la Convención Constitucional de 2021

Estos resultados dieron un protagonismo inusitado a voces que hasta el momento habían tenido poco que decir en la política chilena, relegando a un segundo plano a los partidos que habían gobernado el país desde la vuelta de la democracia. La coalición de centroizquierda, heredera de la histórica Concertación, era un actor más entre los grupos abiertos a reformar la carta magna, mientras que la derecha quedó completamente aislada en la Convención al no llegar al tercio de los escaños que le hubiera dado poder de veto —muchas normas requerían un apoyo de dos tercios para aprobarse—. El movimiento popular que había llenado las calles en 2019 se había trasladado a las urnas dando un golpe de gracia a la política tradicional.

Sin embargo, el entusiasmo inicial se fue sustituyendo poco a poco por la apatía y el rechazo hacia los nuevos constituyentes hasta llegar al 4 de septiembre de 2022, cuando la ciudadanía chilena rechazó tajantemente el texto constitucional. Aquí se llegó a un punto crítico en el que el futuro de la constitución quedaba totalmente en el aire. Ni el presidente Gabriel Boric, desacreditado por la derrota de la propuesta que había apoyado, ni el movimiento popular tenían la capacidad de liderar otro proceso tras la contundente victoria del “Rechazo”. Así que, en este contexto, fueron los partidos políticos quiénes a través de las dos cámaras, Congreso y Senado, tomaron las riendas del proceso.

La constitución de los “expertos”

El nuevo acuerdo aprobado en ambas instituciones plasma a la perfección la realidad del nuevo proceso chileno. Ya no será la ciudadanía, sino los partidos a través de los “expertos” elegidos por las dos cámaras quienes marquen el rumbo de la discusión constituyente. Ante el ruido generado durante el anterior proceso, los partidos le imprimen una dosis de orden y expertise para combatir las principales acusaciones que se hicieron contra el hacer de la Convención. Y de paso, se aseguran el control de buena parte del diálogo constituyente. 

Los números de las dos grandes coaliciones en el Congreso y el Senado contrastan con los de la Convención Constitucional. Entre ambas, suman 90 de los 155 escaños del Congreso y 42 de 50 asientos la cámara alta, lo que les ha asegurado elegir a casi todos los expertos que redactarán el borrador que servirá de base a la nueva carta magna. Las primeras consecuencias de esta nueva aritmética ya se empiezan a ver, y la presidencia de las cuatro comisiones y del propio Comité de Expertos están en manos de los dos grandes conglomerados políticos. Una imagen radicalmente distinta a la pluralidad que se vivió en la anterior Convención Constitucional.

La presidencia de las cuatro comisiones y del propio Comité de Expertos de la Convención Constitucional están en manos de los dos grandes conglomerados políticos

El segundo punto que hay que señalar es que se acabó una conquista importante y poco tenida en cuenta en el anterior proceso: el folio en blanco. El folio en blanco se refiere a que la propuesta constitucional partía de cero y no tenía ningún otro texto de referencia. Ahora sí habrá un texto que estructurará el debate que tengan los constituyentes electos por la ciudadanía: el borrador elaborado por el Comité Experto. 

Este hecho supone de facto que serán expertos elegidos por las dos grandes coaliciones quienes pongan la primera piedra sobre el nuevo edificio constitucional chileno. Una especie de tutela que si bien no garantiza que el texto de los expertos vaya a quedar intacto —se pueden eliminar artículos e incluir otros nuevos— sí servirá de guía, y seguramente de estructura, a la nueva carta magna. 

El tercer gran punto de este acuerdo, y al que se ha dedicado mucha menos atención, es el sistema electoral que regirá la elección del Consejo Constitucional. Una decisión más relevante incluso que el Comité de Expertos, que probablemente permitirá a la coalición de centroderecha asegurarse su influencia en el proceso. 

Los 50 miembros del Consejo serán elegidos con el sistema electoral del Senado chileno, lo que da una ventaja considerable a los partidos de la derecha

Los 50 miembros del Consejo serán elegidos con el sistema electoral del Senado chileno, lo que da una ventaja considerable a los partidos de la derecha. Los diputados se eligen en circunscripciones regionales, lo que infrarrepresenta mucho a las regiones más pobladas, Valparaíso y la Región Metropolitana de Santiago, principales feudos de la izquierda. 

Para sintetizar algunos de los datos que muestra la tabla de arriba, las cinco regiones en las que Kast ganó en segunda vuelta tendrán 17 de los 50 escaños, un 34% de los asientos de la cámara, cuando únicamente representan el 24% de la población. Por su parte, Santiago y Valparaíso, que albergan a más del 50% de la población chilena, elegirán únicamente 10 de los 50 diputados. Esto dará lugar seguramente a una cámara con un fuerte sesgo conservador, lo que podría poner en entredicho la presencia de cambios sustantivos en el texto que se lleve a plebiscito. 

La elección del sistema del Congreso en lugar del del Senado hubiera solucionado parcialmente este asunto, pero la actual coyuntura hace que se vea con buenos ojos una cámara lo más reducida posible. El descrédito de la Convención Constitucional ha contribuido a que se instale en buena parte de la ciudadanía chilena la opinión de que un órgano constituyente plural y representativo se convertiría en un nuevo sainete, y que es mejor que un número reducido de personas preparadas se encargue de una tarea tan importante.

El mismo nombre del órgano —Consejo— alude también a este elitismo que impregnará todo el proceso. Las élites, los que verdaderamente saben, acuden en rescate de la ciudadanía a realizar la tarea que los representantes del pueblo no fueron capaces de llevar a cabo. Esta es la máxima del nuevo proceso constituyente: se necesitan personas preparadas en la materia para realizar una tarea tan crucial.

Por mucho que pueda doler, la situación actual no es el resultado directo de unas élites depredadoras que se han apropiado unilateralmente de la voluntad popular, sino que responde al humor social de buena parte del país. Desde hace meses las encuestas muestran dos tendencias claras: el proceso constituyente importa cada vez menos, y existe un consenso amplio en torno a la necesidad de expertos que doten al texto de la fiabilidad técnica que le faltaba al anterior. De los polvos de la Convención, los lodos del Consejo Constitucional. 

En estos momentos resulta aventurado pronosticar cuál va a ser el resultado final de la constitución chilena. Los más agoreros dicen que no cambiará nada y que el texto será una réplica del de 1980, y los más optimistas creen que las condiciones actuales permiten que se llegue a un texto con avances y un amplio apoyo social. Lo que sí es evidente es que el nuevo texto será, por un lado, mucho menos transformador que el sometido a referéndum en septiembre de 2022, pero por otro, corregirá algunos de los vicios evitables que llevaron a este a fracasar. 

De poco sirve ya lamentarse sobre lo que pudo haber ocurrido de haber triunfado el anterior proceso. Chile ha pasado a la siguiente pantalla, y en cuestión de meses se ha dejado de hablar de la constitución del pueblo para hacerlo de la de los expertos. Un cambio que parte de la derrota de las fuerzas de izquierda y del movimiento popular, pero que no debería desalentar la participación en el nuevo proceso. El margen de mejora respecto al texto en vigor es amplio, y si se introducen reformas en materias troncales, los cambios en la vida de los chilenos pueden ser importantes. 

Seguramente uno de los peores legados que deje el actual proceso sea el de la apelación abstracta a los expertos como antídoto a la incapacidad de los políticos. Un fenómeno que autores como Peter Mair o Daniele Caramani han definido como uno de los dos grandes desafíos de la democracia representativa junto al populismo. En Chile, parece que después de varios años de propuestas populistas bajo distintas formas ahora ha llegado la hora de la tecnocracia.