Pensiones
El Pacto de Toledo es el problema para el Sistema Público de Pensiones y la solución para el capital y los empresarios

En 1995, todas las fuerzas políticas, representantes de los intereses particulares de la clase burguesa (empresariado, ejecutivos, consejeros, etc.), al igual que en 1977 llegaron a un consenso en los denominados Pactos de la Moncloa para controlar a una clase obrera en conflicto y con conquistas de derechos (salarios, libertades, condiciones de trabajo y de vida), firmaron y consensuaron el denominado Pacto de Toledo, para proceder al gran asalto a los Sistemas públicos de Pensiones de reparto y solidaridad.

La escusa no pudo ser más espuria y lo hicieron para racionalizar los SS.PP. y garantizar su sostenibilidad y gran parte de ese pacto contra el Sistema Público de Pensiones se llevó a la ley en el 97, aprobada y acordada previamente con los denominados agentes sociales: CC.OO, UGT, CEOE y CEPYME y en la línea con lo ordenado por la U€, que en su Conferencia de Ámsterdam de junio de 1997, define el déficit público como el problema central.

La Europa de los quince -en esos momentos-, acuerda un ʺpacto de estabilidadʺ consistente en mantener una disciplina presupuestaria para siempre.

En el caso del Estado español la tasa de paro doblaba (y ahora también) la media europea y si además le sumamos, el envejecimiento de las poblaciones (vivimos más años, afortunadamente) y el crecimiento del número de pensiones y de su cuantía, el problema de la sostenibilidad de los SS.PP. podría llegar a sufrir tensiones y conflictos de cierta envergadura, y los Estados y sus clase política (conservadores, liberales, progresistas, socialdemócratas…) deciden intervenir a través de políticas de recortes de los ingresos al Sistema Público y recorte de los gastos: bajada de las cotizaciones empresariales, mantenimiento de las elusiones en la cotización de las rentas salariales medias-altas, retraso de la fecha de jubilación, alargamiento del período de cálculo, separación de las fuentes de financiación para de esta manera seguir el robo y el expolio de los capitales, manteniendo su no contribución en función de sus ingresos, y desanclar los incrementos de las pensiones anuales en función del coste de la vida, y no tienen ninguna intención política de intervenir en las políticas de ingresos (aumento de la presión fiscal sobre los capitales, los beneficios, las rentas altas, las rentas financieras o/y establecer políticas radicales en la lucha contra el fraude fiscal, focalizado en las rentas altas).

Los mismos representantes del 95 y 97, (todas las fuerzas políticas del momento y los agentes sociales -CC.OO, UGT, CEOE y CEPYME- consensuaron la Ley 27/2011: fue la primera respuesta ante una situación de desempleo galopante, reducción de los ingresos del Sistema y déficit de las cuentas públicas. Esta ley no hace sino “profundizar en la lógica fundamentalmente contributiva del sistema y de diferenciación de sus fuentes de financiación”, encaminando al sistema de reparto y solidaridad, al campo de la capitalización individual.

En el “cuento que nos cuentan” sobre las Pensiones toda la clase política y los poderes legislativo y ejecutivo, prima el lenguaje economicista y carece de lenguaje de los DERECHOS.

Sus conceptos tratan de no solo causar alarma entre la población, sino que ésta se convenza de que “quien contribuye recibirá” y de que, además, se “recibirá proporcionalmente a lo contribuido”, lo cual, además de falso, atenta contra nuestro sistema público de pensiones, cuyo principio constitucional es sencillo: siempre tiene que haber recursos (dineros) para que las personas de la tercera edad tengan pensiones suficientes y adecuadas (Art. 50 CE) (2).

Llevan muchos años intentando destruir el Sistema Público de Seguridad Social y de Pensiones que protege a todas las personas ante estados de necesidad (desempleadas, sin rentas, pensionistas, etc.).

El artículo 41 (3) de la CE ordena y obliga a los poderes públicos a mantener un Sistema de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes, no mínimas, porque esta es la única manera de garantizar el Derecho Fundamental de todas las personas a tener una vida digna.

La ley Rajoy del 2013, insertada en las políticas de recorte criminal de derechos públicos y fundamentales, no hace sino llevar a la práctica lo que la clase política, sindical y empresarial habían pactado en el 2011.

Ahora, en plena crisis social, laboral, climática y sanitaria, nos volvemos a encontrar con la miserabilidad de la política institucional que ha encontrado en el anestesiante y engañoso consenso del Pacto de Toledo la sempiterna justificación de que estamos ante un mal menor, que en toda negociación siempre hay que ceder algo, que se ha conseguido lo mejor posible, que, que...

Vamos, que de nuevo pierde lo público y gana lo privado por medio de intentar calmar a los y las pensionistas actuales con subidas conforme al IPC (4), pero se ha condenado a la miseria al sistema público de pensiones apalancando tanto la edad de jubilación a los 67 años o más (se incentiva el jubilarse más allá de los 67…), penalizando, aun más, las jubilaciones anticipadas (5); aumentando el número de años cotizados para calcular la pensión (15 antes de la reforma del 2011, 23 hoy, 25 en el año 2022); no se destapan las rentas medias altas para que coticen en función de lo que ganan y se potencian los planes privados de pensiones (6), eso sí negociados por empresarios y sindicatos CC.OO. y UGT y no se derogan ni la ley 2013 y ni mucho menos la ley del 2011… en consecuencia la banca y la clase empresarial y el capital, vuelven a ganar.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LOS DERECHOS Y EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES UNIVERSAL Y SUFICIENTE SE DEFIENDEN.

(1)    El gasto en pensiones en el 2021 ascenderá a 163.293 millones de euros, es decir un 3,2% más que el gasto presupuestado en el año 2020. 143.061 millones corresponden a prestaciones de la Seguridad Social (pensiones contributivas, sobre todo, con un pago de 136.127 millones; complementos a mínimos que asciende a más de 7.000 millones); 16.978 millones a las pensiones del personal funcionario jubilado; 2.574 millones al pago de las pensiones no contributivas.

(2) “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

(3) “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

(4) La subida conforme al IPC, fue conseguida por la movilización constante de las personas jubiladas (los famosos lunes al sol) y no por “el vergonzoso consenso del Pacto de Toledo” el cual nada dice, acerca de derogar la ley 27/2011 ni la Ley Rajoy del 2013, estando vigentes en consecuencia tanto el índice de revalorización (las pensiones solamente subirán el 0,25% mientras no se consiga el equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social -el déficit del pacto de estabilidad y crecimiento-), como el factor de sostenibilidad (el que te disminuye la pensión al inicio porque ahora vivimos más y no podemos “consumir” más que nuestras generaciones precedentes).

Además, lo que si dice es que el legislativo podrá realizar subidas de las pensiones conforme a otros parámetros y variables como el crecimiento económico, la productividad, etc.

(5) Que no solo es violación de derechos fundamentales para aquellas personas con “carreras” (cotizaciones) muy largas (más de 30 años), sino una tremenda injusticia social con tasas de desempleo juvenil de casi el 45% y todo lo contrario a repartir el trabajo (empleo) y posibilitar una “mediana” vida digna a mayores y jóvenes.

(6) El gobierno ha tardado muy poco, a través de su Ministerio de Seguridad Social, de presentar un proyecto de ley donde fijan las bases para crear un Fondo Privado de Pensiones de titularidad pública y gestión privada, donde todos aquellos planes de pensiones de empresas que lo deseen pueden volcarse en este Fondo Privado de titularidad pública y gestión privada, al igual que pymes, autónomos, etc., vendiéndolo con un claro objetivo ideológico: servirá para complementar la pensión pública, lo cual significa que de antemano consideran que dicha pensión pública será no solo escasa sino absolutamente insuficiente para una vida digna.