Derecho a la vivienda
Ocupar es la única alternativa para muchos jóvenes que llegan solos a España

“Todos mis papeles se han quemado, también mi dinero, mi ropa… ¿Qué voy a hacer? Ya estoy cansado, ya todo me da igual”. Younes está nervioso y desesperado después de que el pasado 22 de julio se quemara la casa que había ocupado junto con otros siete jóvenes de entre 18 y 26 años, seis de ellos personas migradas y dos chicas con vidas complejas. Según el comunicado de la Assemblea veïnal i d’entitats de la Part Alta, vivían en esa casa sin agua “desde la obligación del confinamiento. El estado de alarma hizo más inminente la necesidad de encontrar un techo”. Y denuncian que “la falta de alternativas municipales para alojar a las personas sin hogar ha hecho que la casa se llene de jóvenes que no tienen lugar para vivir”. Los jóvenes extutelados y personas migradas “padecen graves vulneraciones de derechos básicos […] sobre todo en tiempos de covid-19” y subrayan que la situación de exclusión social “causa en ellas daños psicológicos y físicos irreparables”.

Després que un incendi deixés 8 joves sense res, 6 d'ells migrants, @TGNAjuntament els va donar allotjament només fins el 3/08. Dilluns tornaran a quedar al carrer. Racisme institucional per invisibilitzar-los. Demanem... pic.twitter.com/aQqc5uDPfH

— Part Alta Lliure de Racisme (@partaltalliure1) July 31, 2020

La casa que se incendió era una de las dos que hay en la calle Ferrers de Tarragona, ocupadas mayoritariamente por personas emigradas solas. Younes había entrado allí hacía un mes. 

Cuando llegó a la ciudad estaba preocupado y algo perdido. Llevaba varias semanas sin la tarjeta sanitaria y la necesitaba para su medicación. Le habían dicho, también, que podía pedir el permiso de residencia, porque ya llevaba más de tres años en España, pero no sabía ni cómo, ni dónde. De pie frente a una de las casas ocupadas del carrer Ferrers, conversaba con otros chicos, intentaba resolver sus dudas con una de las personas de la Red Antirracista, que ayuda a estos jóvenes sin hogar en Tarragona, y respondía a El Salto, cuando se acercaron dos agentes de paisano. Enseñaron sus placas y les pidieron a todos los chicos, todos migrantes, que se pusieran contra la pared, para identificarlos y registrarlos uno a uno. Younes se fue hacia la pared. Se le acercó uno de los policías y, mientras abría su pequeña bolsa para enseñar lo que tenía, le repetía al agente que había perdido la tarjeta sanitaria y que no se la podía enseñar, aunque eso no era lo que le estaban pidiendo. 

Al terminar con los jóvenes y después de hacerle una serie de preguntas a la persona de la Red Antirracista y sugerirle “a ver si les enseñáis a ser buenas personas, estos son los que roban a las madres y a las abuelas por las calles”, los policías de paisano —y la pareja de Mossos d’Esquadra uniformados que había llegado justo después— se marcharon.

Un mes más tarde, Younes había habilitado la parte baja del edificio que días después se quemaría. Según cuenta, estaba inhabitable, llena de suciedad cuando llegó, aunque en las otras plantas ya vivían otros jóvenes: “Entré y lo limpié todo. Como ya tenía donde dormir me fui a Barcelona a buscar mis cosas, que las había dejado allí. Traje todo aquí, a la casa. Ropa, papeles, todo. Porque pensé que ya estaba, tenía un sitio donde dormir. Quería tener un sitio para mí. Ahora está todo quemado. También los papeles con las pruebas de haber estado aquí más de tres años, y el 12-S de mi país, que sale solo una vez en la vida”. Se refiere a un certificado de nacimiento que expide Argelia y que es obligatorio para obtener el pasaporte electrónico, y a la prueba de empadronamiento en España, que es necesaria para conseguir su regularización, su permiso de residencia. 

Sobran pisos vacíos y faltan soluciones

Según los datos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, más de un cuarto de los menores y jóvenes migrados solos que viven en Catalunya están en la provincia de Tarragona. De ellos, alrededor de 500 son mayores de 18 años y la mayoría varones. En cambio, en la provincia de Tarragona, el total de plazas en pisos del Area de Suport del Jove Tutelat i Extutelat y pisos de inserción laboral, para jóvenes de entre 16 y máximo 21 años, suma 231. Está, además, lejos de ser proporcional: pese a que en Tarragona vive cerca de un 30% de los menores y jóvenes migrados solos, estos recursos habitacionales no llegan ni a un 15% de las plazas que hay en toda Catalunya. 

El resultado es que muchas personas migrantes mayores de edad quedan —o continúan— desamparadas. Algunas tienen la suerte de conseguir una prestación económica durante un tiempo, aunque los trámites pueden alargarse meses. Las que la esperan, las que no la consiguen, o a las que se les terminó, se ven en la calle. Incluso las que podrían pagar un alquiler, tienen grandes dificultades, como le sucede a Khaled. Cumplió 18 años hace 7 meses y desde entonces tiene la suerte de vivir en el piso de unos amigos mayores en Badalona. Recibe la prestación económica y le gustaría alquilar “una habitación, pero nadie quiere porque soy moro”.

A las personas que vivían en la casa que ardió, el Ayuntamiento de Tarragona les ofreció un hospedaje provisional, hasta el 3 de agosto. Tras esa fecha, la alternativa era el albergue de pernocta de la Fundació Bonanit, para personas sintecho, pero cierra en agosto. Según afirma el consistorio, el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) cuenta con 25 plazas en ese albergue y con 30 plazas en dos pensiones, lo que suma un total de 55 plazas para personas sin hogar. En agosto se reducen a 30. 

Llegaba la mañana del 3 de agosto y los chicos, angustiados según contaban por tener que volver a la calle, recogían sus cosas de la pensión donde habían sido realojados temporalmente. Un lugar únicamente provisional, para personas sintecho, que confirmaba ese mismo día plazas libres y la posibilidad de alargar la estancia, pero alegaba que el Ayuntamiento —responsable de cubrir esos gastos— no había informado de que eso fuera a suceder. Durante los días previos, diferentes entidades y plataformas a través de las redes sociales emplazaban a la administración local a encontrar soluciones urgentemente. Finalmente, a última hora de la mañana del 3, el consistorio confirmaba que los chicos podían quedarse en la pensión una semana más.

Más allá de esos recursos provisionales, los jóvenes piden alternativas reales. “Me gustaría tener un lugar donde dejar mis cosas y saber que nadie va a entrar y que no venga la policía y me eche a la calle”, dice Younes. Y respecto a las soluciones puramente caritativas recuerda que él no ha venido a España “para comer y dormir, he venido para trabajar y conseguir un buen futuro. Me fui porque allí no había futuro”. 

“Los ayuntamientos deberían presionar de forma real a la Generalitat y al Estado para que pongan en marcha proyectos con recursos económicos para darles una salida a estos chicos”, Laia Estrada (CUP)

Laia Estrada, regidora por la CUP en Tarragona, afirma que “los recursos de los que dispone la administración local son limitados, pero tiene una responsabilidad que tiene que asumir. Lo que tendrían que hacer todos los ayuntamientos es presionar de forma real a la Generalitat y al Estado para que pongan en marcha proyectos con recursos económicos, para darles una salida a estos chicos y para que cambien normativas que producen el racismo institucional”. Desde la CUP piden que el ayuntamiento se haga cargo de realojar a estos chicos y garantice unas condiciones de salubridad y suministros básicos, pagándoles un alquiler, “porque, si no, es cuando se producen estas ocupaciones donde conviven muchos chicos y entran en dinámicas negativas, sin acompañamiento educativo, ni laboral, y eso acaba generando conflictos con los vecinos. El problema es que tenemos miles de pisos vacíos, pero no tenemos una bolsa grande de pisos que gestione el ayuntamiento”, zanja la regidora. 

En eso coincide la Assemblea veïnal i d’entitats de la Part Alta, integrada por diferentes personas y entidades de la zona: “El barrio de la Part Alta está lleno de casas vacías y hay mucha gente joven sin posibilidad de acceder a una vivienda por un precio digno.  Está sufriendo un proceso de gentrificación y esto es un eslabón más para echar a las personas que no ‘son rentables’. Pero ellos están aquí, son nuestros vecinos y tenemos que ver la parte positiva”.

Lo opuesto a un buen futuro

Todo ese circuito perverso —sin ayuda de la administración, sin papeles, sin trabajo, sin casa— genera una enorme frustración en estos chicos, la sensación de que nunca habrá luz al final del túnel, solo una tortura indefinida. La situación de calle puede abocar a peleas, muchas veces al consumo de drogas para olvidar la desesperación de su día a día, y esa suma, en algunos casos, termina en la cárcel. Un camino totalmente opuesto al de la inclusión.

Por eso muchos de ellos necesitan ayuda psicológica urgentemente. Por las experiencias traumáticas vividas, por la situación de calle, por la falta de recursos y respuestas y a veces también por cuadros psiquiátricos que puedan padecer. Pero por el momento no están recibiendo ninguna atención continuada, y en esa situación no es fácil labrarse un futuro. 

Souly, otro de los jóvenes que está ocupando en Tarragona, cuenta que antes de la pandemia estaba estudiando un ciclo medio de informática, pero que con el covid no pude seguir estudiando. “El mes pasado me ayudaron a matricularme otra vez en un ciclo medio de soldador. A ver si consigo aprobarlo, pero en estas circunstancias no creo que pueda llegar muy lejos, porque sin ayuda y sin casa es difícil seguir estudiando”, explica. Denuncia, además, como otros chicos en su situación en Tarragona y alrededores, abusos policiales: “La policía nos maltrata, buscan lo mínimo para llevarte al calabozo”. 

Para exponer la situación de los jóvenes y exigir soluciones, la Red Antirracista, que hace acompañamiento con ellos, tuvo una reunión con el Ayuntamiento donde estaban presentes, entre otros, Carla Aguilar, regidora por En Comú Podem de Participación, Servicios Sociales y Bienestar Animal, y Paula Varas, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), regidora de Distritos y Nueva Ciudadanía. Entre otras, una de las reivindicaciones que trasladaron directamente al representante de la Guardia Urbana fueron los excesos. Les aseguraron que lo investigarían, porque por el momento desconocían esa situación. Ninguna de las dos regidoras ha accedido a entrevistarse con El Salto, Aguilar por encontrarse de vacaciones. Por su parte, el gobierno municipal desmiente cualquier tipo de abuso policial de la Guardia Urbana. Los Mossos d’Esquadra de Tarragona aseguran que ellos “trabajan para perseguir el delito según requerimiento y a partir de las investigaciones policiales”, y destacan que lo que les preocupa “son aquellas ocupaciones que generan inseguridad y delitos en el entorno de esas ocupaciones”.

Khaled insiste en la misma versión que Souly. Cuenta que en varias ocasiones ha sido víctima de actuaciones desproporcionadas e injustas, que incluso le confiscaron un patinete que había comprado porque aseguraban que era robado. Tuvo que ir a la comisaría de Torredembarra, cerca de Tarragona, con los papeles del patinete para que se lo devolvieran: “Me hicieron esperar más de dos horas hasta que me devolvieron el patinete. Siempre este abuso, no sé por que nos odian. Imagínate un chico con 18 años que sale del centro sin nada y se queda en la calle. No tiene comida, ni familia, ni dónde dormir. ¿Qué va a hacer ese chico? Primero buscará en la basura y luego verá que eso da vergüenza, da asco, y quizá va a empezar a robar algo para comer. Luego dicen que nosotros nacimos solo para robar, que los moros somos mala gente”.