Sidecar
La cuestión mexicana

Un indicio de la difícil situación que atraviesa la izquierda a escala mundial es el calibre de sus fundamentos y puntos de referencia contemporáneos. El siglo pasado aprendíamos de las revoluciones para llevarlas a cabo. Hoy se nos invita a inspirarnos en figuras como Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente mexicano, que ahora entra en la última etapa del sexenio de su mandato. En un reciente artículo publicado en Sidecar/El Salto, Edwin F. Ackerman afirmaba: “Su proyecto global ha sido alejarse del neoliberalismo y acercarse a un modelo de capitalismo desarrollista-nacionalista”. Cualquier transición de este tipo, señala Ackerman, “debe tener lugar en el entorno estructural configurado por el propio neoliberalismo: la erosión de la clase obrera como agente político y el desmantelamiento de la capacidad estatal”. El mandato de AMLO debe evaluarse, pues, en función de los avances en estos ámbitos. Aunque Ackerman admite otros puntos débiles —el “pésimo historial” de AMLO en materia de migración, su tibia respuesta al movimiento feminista mexicano—, su balance es en general positivo. ¿Hasta qué punto es acertada esta valoración?

De acuerdo con la descripción de Ackerman, la clase trabajadora ha resurgido como “actor político”, lo cual queda constatado por los levantamientos de los trabajadores y las exitosas campañas de sindicalización y se refleja en la composición cada vez más obrera de la base de apoyo al presidente. Los signos iniciales de un resurgimiento de la política de clase fueron retóricos: AMLO adoptó un lenguaje populista de confrontación entre “el pueblo” y “la élite”, pero a esto le siguió, afirma Ackerman, una política social sustantiva, concretada en particular en la expansión y universalización de las transferencias monetarias.

En lugar de ser concebidas como un derecho universal, las transferencias de recursos monetarios se concedían con condiciones como mantener a los niños y niñas escolarizados y asistir a revisiones médicas periódicas

La verdad es, sin embargo, que las transferencias monetarias no son nada nuevo en México, presentando un neto corte neoliberal. Impulsado por el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), el programa Progresa personificó la nueva doctrina estatal que desplazó a la ideología más colectivista de la Revolución Mexicana. En lugar de ser concebidas como un derecho universal ,las transferencias de recursos monetarios se concedían con condiciones como mantener a los niños y niñas escolarizados y asistir a revisiones médicas periódicas. La política fue diseñada para permitir que los individuos sortearan mejor las incertidumbres del mercado en la búsqueda de su progreso personal. Más concretamente, estos planes de ayudas pretendían efectuar una compensación preventiva en un momento en el que el Estado mexicano implementaba una drástico programa de privatizaciones, liberalización y desregulación.

Ackerman sostiene que la supresión de la mayoría de las condiciones para recibir ayudas sociales representa una ruptura con este modelo. Al haber prescindido de los “microobjetivos y la comprobación de recursos” ligados al disfrute de las políticas sociales, las transferencias monetarias “se han incrementado el 65% en cuanto a su rango de cobertura respecto a gobiernos anteriores”. Esta cifra exagera espectacularmente la escala y la importancia del cambio: la cifra del 65% es cierta únicamente  para tres programas: una pensión para ancianos, un estipendio para estudiantes de primaria y secundaria y otro para agricultores. El balance general del gasto social durante el mandato de AMLO es mucho menos impresionante. En 2018, el último año del gobierno precedente, los programas sociales llegaron al 28 por 100 de la población. En 2022 esa cifra había ascendido al 35 por 100, mientras el gasto social total ascendía a 1,3 billones de pesos, lo cual supone tan sólo un incremento del 1,4 por 100 respecto a su importe en 2014, una vez que estos montantes se ajustan teniendo en cuenta la inflación. Esta modesta expansión de los programas sociales, oculta además su tinte regresivo. El aumento del gasto no ha significado más protección para los más necesitados. La proporción del 5 por 100 más pobre de la población mexicana que se beneficia de un programa social en realidad cayó del 68 al 49 por 100 entre 2016 y 2022, mientras que el 5 por 100 más rico vio aumentar su cobertura de bienestar del 6 al 20 por 100. Ackerman omite mencionar la pésima respuesta de AMLO a la pandemia, que siguió la “vía de la mínima acción”: el exceso de muertes en México fue el quinto más alto del mundo.

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Violencia, saqueo y especulación minera en el sureste de México

Daniel Arellano

México

México Violencia, saqueo y especulación minera en el sureste de México

Daniel Arellano

La minería en México va de la mano de un entorno de violencia y despojo en contra de las comunidades del sur del país.

Ackerman elogia igualmente el “esfuerzo concertado para aumentar la capacidad de recaudación tributaria por parte del Estado”, lo cual en su opinión “ha tenido un importante impacto redistributivo”. Una comparación con el comportamiento de los últimos gobiernos de la región es instructiva. El kirchnerismo en Argentina aumentó los ingresos tributarios como porcentaje del PIB del 21 al 28,9% durante sus primeros seis años de gobierno; durante su mandato, Evo Morales los incrementó en Bolivia del 19,3 al 25,9%. En cambio, los datos disponibles de los cuatro primeros años de AMLO en el poder muestran un magro aumento del 16,1 al 16,7% (en 2022 los ingresos tributarios incluso disminuyeron en términos reales). El aumento del 0,6% conseguido por AMLO es comparable al registrado durante el primer mandato de Lula en Brasil, pero la cifra oculta estructuras fiscales muy diferentes. En 2009 los ingresos tributarios del Estado brasileño representaban el 31,2% del PIB, porcentaje casi el doble del registrado en México, el cual sigue siendo uno de los más bajos de la OCDE y se halla muy por debajo de la media de América Latina.

Los desfinanciados servicios públicos mexicanos están siendo sometidos a la austeridad republicana

Por su parte, los desfinanciados servicios públicos mexicanos están siendo sometidos a la austeridad republicana. Aunque Ackerman reconoce que ello puede socavar el esfuerzo efectuado para fortalecer el sistema del Estado del bienestar del país, sostiene que dicha austeridad forma parte de un intento por eliminar las prácticas neoliberales: “Dado que el neoliberalismo mexicano forjó amplios vínculos entre el Estado y la empresa privada, la austeridad se considera como un instrumento pertinente para romper esas conexiones y deshacerse de las empresas parasitarias, cuyos beneficios dependen de la generosidad del gobierno”. Pero estas prácticas no han terminado. El Estado mexicano confía ahora más en las adquisiciones directas que en la competencia pública y los amigos de la familia de AMLO se han beneficiado de ello. En realidad, es difícil considerar la “austeridad republicana” como algo distinto a un eslogan de izquierda para una vieja herramienta neoliberal.

Las políticas laborales son la única área que ha conocido un progreso real durante el mandato de AMLO. Ackerman señala acertadamente las “reformas [efectuadas] a favor de los trabajadores y trabajadoras”: formalización de derechos, simplificación de los procesos de sindicalización, mejora de las condiciones de trabajo, incluyendo el aumento de la concesión legal de vacaciones y el aumento del salario mínimo diario, que este año alcanzó los 207,40 pesos (12,30 dólares), lo cual supone un incremento del 82 por 100 respecto a 2018. Pero, de nuevo, hay que matizar. Ackerman afirma que el gobierno de AMLO “ha instituido el mayor aumento del salario mínimo aprobado en más de cuarenta años”. Desde la década de 1970 hasta mediados de la de 1980, el salario mínimo se mantuvo por encima de los 300 pesos (17,90 dólares) diarios, alcanzando un máximo de 396,40 pesos (23,69 dólares) en 1977. La neoliberalización presionó a la baja los salarios y desde 1996 hasta las recientes subidas el salario mínimo rondaba los 100 pesos ($6). Así pues, las reformas de AMLO no hacen sino comenzar a revertir el exceso neoliberal.

Además, dado que no todos los trabajadores ganan el salario mínimo, elevarlo no se ha traducido en una redistribución drástica de los ingresos hacia el conjunto de la fuerza de trabajo. De acuerdo con los datos más recientes, entre 2018 y 2020, cuando el salario mínimo aumentó el 29%, la participación de las rentas del trabajo en el PIB mexicano tan solo pasó del 33,4 al 35,2%. Si efectuamos las debidas comparaciones regionales, constatamos que entre 2004 y 2010 la participación de las rentas del trabajo en Argentina creció del 38,7 al 49,3% del PIB y que durante la primera etapa de gobierno de Lula (2003-2010) la participación de las rentas del trabajo en Brasil aumentó del 56,1 al 57,9%, para seguir creciendo, incluso con Bolsonaro, hasta el 63,1% en 2019. (El salario mínimo en cada uno de estos países aumentó respectivamente el 147 y el 50% durante el mismo período de seis años). Como dijo cándidamente el primer ministro de Economía de AMLO, su gobierno estaría “a la derecha de Lula”.

Victoria feminista: México despenaliza el aborto por la vía judicial

Redacción El Salto

Derechos reproductivos

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Redacción El Salto

Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia señala como inconstitucionales los artículos del Código Penal federal que prohíben el aborto.

Por otro lado, es preciso señalar que muchos de estos avances fueron puestos en marcha por gobiernos anteriores e impulsados por factores externos. La nueva política laboral de México fue en parte el resultado de la presión de Obama para aumentar los salarios al sur del Río Grande con el fin de disuadir a los fabricantes de automóviles estadounidenses de seguir cerrando fábricas en Estados Unidos. En consecuencia, a finales de 2016, dos años antes de que AMLO asumiera la presidencia, se aprobó una reforma constitucional que fortalecía los derechos laborales. En una peculiar combinación de fuerzas, los intereses nacionales estadounidenses, espoleados por el movimiento sindical del país, suavizaron los excesos de la burguesía mexicana. Cuando AMLO fue elegido en 2018, el camino ya estaba allanado “desde el exterior”, como denominan eufemísticamente los académicos a este episodio de intromisión estadounidense en la política laboral mexicana.

Hasta ahora, el balance es pobre. Otra prioridad del gobierno de AMLO, en opinión de Ackerman, ha sido hacer retroceder la marea neoliberal que había subcontratado funciones gubernamentales a empresas privadas, lo cual se ha combinado con una serie de prominentes planes de infraestructuras entre los que se cuentan la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, de una refinería de petróleo en el estado natal de AMLO, Tabasco, y de un tren alrededor de la península de Yucatán. Pero al carecer de “capacidad administrativa real” para supervisar estos megaproyectos, escribe Ackerman, AMLO “se ha vuelto cada vez más dependiente de los militares para construir y operar muchos de sus proyectos de infraestructura”.

El ejército se ha convertido en un importante contratista del gobierno de Obrador, gestionando y beneficiándose de varios aeropuertos, incluido el nuevo que ayudó a construir en la capital, un hotel de lujo en Yucatán y algunos tramos del nuevo tren

Esta opinión infravalora la situación real al respecto. El ejército se ha convertido en un importante contratista del gobierno, gestionando y beneficiándose de varios aeropuertos, incluido el nuevo que ayudó a construir en la capital, un hotel de lujo en Yucatán y algunos tramos del nuevo tren; y pronto gestionará su propia aerolínea comercial. El esfuerzo del gobierno por fortalecer el aparato del Estado se ha logrado principalmente a través de la militarización integral de la vida pública. Aparte del poder ejecutivo, la única rama del Estado cuyo poder ha crecido durante el mandato de AMLO ha sido las fuerzas armadas. En 2021 el gasto militar ya era el 54% mayor que al inicio de su presidencia. Y ello sin incluir el abultado presupuesto de la Guardia Nacional, creada en 2019 para sustituir a la policía federal que AMLO disolvió poco después de asumir el cargo.

Obrador prometió que la Guardia Nacional sería una fuerza dirigida por civiles, pero ahora está bajo el mando del ejército

AMLO prometió que la Guardia Nacional sería una fuerza dirigida por civiles, pero ahora está bajo el mando del ejército. Casi de inmediato, la Guardia Nacional comenzó sus operaciones antiinmigración, desplegando en torno a 2.400 soldados. Ahora hay 6.500 soldados desplegados en la frontera con Guatemala y otros 7.400 en la frontera con Estados Unidos, lo cual supone una auténtica “guerra contra los migrantes”. El gobierno de AMLO ha constituido a las fuerzas armadas, ahora vistiendo uniformes de la Guardia Nacional, como la rama mexicana de la Patrulla Fronteriza estadounidense. Bajo la presión de Trump y ahora de Biden, el Estado mexicano ya no hace la vista gorda ante la migración procedente de Centroamérica. El Instituto Nacional de Migración ha sido militarizado, mientras sus instalaciones funcionan como centros de detención. En marzo pasado, una rebelión de migrantes centroamericanos recluidos en Ciudad Juárez provocó un incendio en el que murieron treinta y nueve personas.

“En Estados Unidos siempre se ha negado la historia del acoso y muerte de mexicanos”

Sarah Babiker

Migración

Christine Arce “En Estados Unidos siempre se ha negado la historia del acoso y muerte de mexicanos”

Sarah Babiker

Profesora en la Universidad de Miami, Christine Arce investiga la herencia afromexicana. Atenta a la realidad migratoria del país donde reside, Arce reflexiona sobre el trato que reciben los menores no acompañados, o el racismo contra los latinos..

Ackerman sostiene que “el uso que hace AMLO del aparato represivo” para controlar el flujo de solicitantes de asilo es “en gran medida una capitulación” ante la presión ejercida por Estados Unidos, ante la que en su opinión AMLO se doblega para ganar “influencia en las negociaciones”. El hecho es que AMLO no se atrevió a resistirse, porque Trump amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas. AMLO podría haber respondido con aranceles recíprocos, lo que podría haber acabado con el libre comercio en Norteamérica. Hubo un tiempo, durante la década de 1990, en el que AMLO exigía precisamente eso. En realidad, el gobierno mexicano no ha utilizado su papel de lacayo de Estados Unidos en materia de políticas antimigratorias para ganar influencia en toda una serie de posibles negociaciones de carácter “progresista”, sino para rescatar al general Salvador Cienfuegos de la justicia estadounidense después de su captura por cargos de narcotráfico y corrupción en 2020. Cienfuegos fue jefe de las Fuerzas Armadas entre 2012 y 2018. El ejército mexicano presionó a AMLO para que encabezara una operación diplomática, que incluyó conversaciones directas con Trump, para liberar al general. Los cargos fueron retirados por las autoridades estadounidenses y el año pasado Cienfuegos fue un invitado de honor en la inauguración del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

La propaganda estatal ha retratado durante mucho tiempo al ejército como “el pueblo en uniforme”, pero el ejército mexicano es el mismo de siempre: los soldados siguen haciendo desaparecer o asesinando a cientos de civiles inocentes. El ejército mexicano mantiene la misma cadena de mando que estuvo implicada en el secuestro de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014. Un grupo de expertos, que investigaba este secuestro masivo, puso fin a sus actividades este año tras toparse con un callejón sin salida; en su informe final el grupo señaló que el ejército estaba “ocultando información muy relevante para el esclarecimiento del caso”. AMLO defendió inmediatamente a las fuerzas armadas, afirmando que “no es cierto que la marina y el ejército no estén ayudando”.

Por mucho que Obrador haya adornado su programa con el lenguaje de la tradición populista, sus políticas han supuesto poco más que un ajuste neoliberal

Cualesquiera que sean los defectos de AMLO, “su intento de romper con el neoliberalismo no puede eludirse fácilmente”, opina Ackerman. Pero en realidad, por mucho que haya adornado su programa con el lenguaje de la tradición populista, sus políticas han supuesto poco más que un ajuste neoliberal y en muchas áreas ha profundizado los peores excesos del Estado neoliberal: más recortes presupuestarios, más disciplina fiscal, más libre comercio. Además, AMLO ha adoptado medidas abiertamente derechistas, que Ackerman subestima, sobre todo en lo relativo a la peligrosa expansión sin precedentes del papel de las fuerzas armadas. Las relaciones con Estados Unidos, por su parte, no son en modo alguno antiimperialistas, hallándose más próximas de las dinámicas de un Estado cliente.

Obrador se ha convertido en el último caso de romantización izquierdista de un hombre fuerte latinoamericano

La verdad es que AMLO se ha convertido en el último caso de romantización izquierdista de un hombre fuerte latinoamericano. Si hay una lección de su mandato que debe extraer la izquierda mundial, es que el populismo de AMLO no es la respuesta. Esta advertencia resultará familiar a los comunistas mexicanos del siglo XX, cuyas duras reflexiones compartió José Revueltas en su Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, publicado en 1962:

La política progresista del gobierno es una negación relativa de la burguesía como clase (ya que dicha política parece contradecir sus intereses a través de concesiones a la clase obrera, medidas nacionalistas, otorgamiento de libertades democráticas, etcétera), pero al mismo tiempo afirma a la burguesía nacional como clase revolucionaria, afirma la aparente existencia de un gobierno no burgués, amigo de los trabajadores y enemigo de una burguesía que, aparentemente, tampoco está en el poder.

Un activista medioambiental es asesinado cada dos días en el mundo

Redacción El Salto

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Medio ambiente

Informe Global Witness Un activista medioambiental es asesinado cada dos días en el mundo

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Un informe de Global Witness contabiliza al menos 177 asesinatos de defensores del medioambiente y la tierra en 2022. Nueve de cada diez se produjeron en América Latina, con Colombia como el país más afectado y la región amazónica como epicentro.

De este diagnóstico social, Revueltas extrajo una estrategia para la independencia de la clase obrera, un viejo y aparentemente olvidado tema de la izquierda mexicana. No todos los comunistas fueron tan inspirados por los principios como Revueltas, que cumplió condena en prisión. Otros, como Vicente Lombardo, insistieron en la necesidad de mantenerse leales al populismo, apoyando siempre a sus candidatos en las elecciones. Incluso después de que el régimen mexicano asesinara a cientos de estudiantes en 1968, Lombardo se mantuvo firme, lamentando incluso que los estudiantes fueran más allá de la “protesta” e “intentaran convertirse en una revuelta”. El régimen populista surgido de la Revolución Mexicana no debía ser impugnado, sólo cautelosamente criticado. En esta estrategia, la izquierda debe seguir siendo un socio menor y dócil del centro.

A finales de la década de 1980, bajo la influencia del eurocomunismo y el colapso de la Unión Soviética, la mayoría de los comunistas mexicanos siguieron el ejemplo de Lombardo y fueron absorbidos por el populismo. El resultado fue un vacío en la izquierda, que todavía existe hoy en México. La enfermedad del lombardismo ha infectado a muchos sectores de la izquierda en todo el mundo, a menudo en formas más virulentas. Al menos Lombardo distinguía la izquierda del populismo. Ahora, se insta a la izquierda a convertirse en populista: un “populismo de izquierda” en teoría, pero un centrismo más en la práctica. La lección que la izquierda debería extraer de México, sin embargo, es evitarlo.