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Las violaciones de los derechos humanos cometidas en Perú durante las protestas sociales han puesto en zozobra a todo el país y también a los peruanos en el extranjero. A muchos nos dicen, “qué bueno es que no estás en Perú”, pero en realidad no existe ninguna ventaja si tu familia, tus amigos y tu patria se encuentran, una vez más, en una convulsión social que nos recuerda a las decenas de crisis que ya hemos vivido.
Esta vez, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú violan derechos humanos en un repudiable acto de represión con el pretexto del Estado de Emergencia. Emplean armas de largo alcance trayendo a la mente de los peruanos el terrorismo de Estado que ya vivimos entre 1980 y 2000, época en la que se mató a más de 69.000 personas, de las cuales el 37% fue atribuido a las Fuerzas Militares, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Perú
Perú Una semana de caos e incertidumbre tras el autogolpe fallido de Castillo en Perú
Ahora, más de 25 personas, el número aumenta por días, han fallecido durante las protestas en contra del Congreso. Exigen, además, el adelanto de elecciones presidenciales. Son civiles, cada pérdida duele en la sien, en la boca del estómago y se recibe con miedo e indignación. La mayoría son estudiantes, trabajadores y padres de familia, cuyos nombres se unen a los de Inti Sotelo y Brian Pintado, dos jóvenes también asesinados el 14 de noviembre de 2020 cuando protestaban contra el Congreso y la presidencia de Manuel Merino, impactados por perdigones de plomo.
Esta forma abusiva de repeler a los manifestantes es común y también he sido testigo de ella. En 2020, trabajaba para un medio de comunicación de Perú y aunque me mantenía en la comodidad del teletrabajo, vi a mi pareja fotógrafo de prensa prepararse con cámara de respiración antigás, chaleco y casco de protección, para ir a tomar fotos a la manifestación. Vivíamos a cinco cuadras de la protesta en el centro de Lima y estuve una hora echando agua sobre mi cara para poder respirar porque el gas lacrimógeno había entrado a las casas. Esto mismo se ha vuelto a vivir en el Centro de Lima y en el interior del país.
En ese entonces, y en plena crisis por la pandemia, se atacó a los manifestantes y se les disparó con perdigones cuando ejercían su legítimo derecho a una movilización pública, un derecho contemplado en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2 numeral 12 y el Artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Para la actual protesta nacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú ha denunciado distintas violaciones de los derechos humanos. Algunas de ellas son el uso de armas de fuego, bombas lacrimógenas al cuerpo de los manifestantes, detenciones arbitrarias, infiltración de policías encubiertos en las marchas como civiles, “sembrado” de pruebas incriminatorias como machetes, hondas y clavos. Prácticas que han sido habituales en las diferentes protestas y que son evidenciadas en imágenes de la prensa, fotógrafos independientes y ciudadanía.
Durante los últimos días, he visto fotos de la protesta social. Miguel Gutiérrez, fotógrafo que evade los gases lacrimógenos para captar con su lente los abusos en Perú, ha calificado todo de “terrible y profundamente triste”. Él ha podido tomar fotos de militares con armas de largo alcance, por lo que ha denunciado el uso y abuso del armamento de guerra en estados de emergencia.
Otro problema de Perú y que recibo a diario, son las campañas de fake news que circulan por las redes sociales y grupos de WhatsApp que reciben también mi familia y amigos. Informaciones falsas que han logrado poner a una parte de los peruanos en contra de otros peruanos, especialmente con quienes viven en provincias (el interior del país), haciéndoles creer que son terroristas. Cuando recibo un mensaje para decirme que los terroristas han tomado el país, es una preocupación, una pesadilla por la que nadie quiere volver a vivir en el Perú; pero los argumentos hasta ahora, han sido más fabricados que verdaderos.
Cuando no está de acuerdo con las protestas, la derecha recurre al “terruqueo” (decirle terrorista a una persona) para deslegitimar sus pedidos o exigencias sobre todo si estas provienen de la izquierda
Lo que sí se ha confirmado es que este temor es aprovechado por el sector de la derecha. Cuando no está de acuerdo con las protestas, recurre al “terruqueo” (decirle terrorista a una persona) para deslegitimar sus pedidos o exigencias sobre todo si estas provienen de la izquierda. De este modo, estigmatiza a los peruanos que viven en provincias y habitualmente son llamados “terrucos”. Esta práctica lamentablemente es asumida por algunos compatriotas que miran a los que no viven en la capital como “terroristas”, “resentidos” o “ignorantes que se dejan manipular”. Así se ha formado una figura del “provinciano enemigo” y ha despertado un racismo que nos divide más como país.
Responsables políticos
Lo que ocurre actualmente en Perú es producto de la corrupción y abandono de la población. Del centralismo que menosprecia a los habitantes de provincias a través del reducido acceso a la educación, salud, servicios básicos y oportunidades. También de venganzas políticas del sector de la derecha como la de Keiko Fujimori, que no habría perdonado perder las elecciones presidenciales desde el 2016 y ha obstaculizado reformas para el país a través de su mayoría en el Congreso e influencia política. Por eso, y por los delitos de lesa humanidad cometidos por su padre Alberto Fujimori, muchos señalan que el “partido más fuerte de Perú” es el antifujimorismo. Eso es lo que empuja a millones de peruanos a votar por el contrincante de Keiko Fujimori, porque con ella se tienen certezas de corrupción; mientras que el opositor, si es nuevo, es una apuesta.
Las personas migrantes peruanas, desde cualquier ciudad o país, seguiremos sumándonos al reclamo de la gran mayoría: que cese la violencia, que se respete el derecho a la protesta, ni un muerto más
Esto es lo que ocurrió con Castillo. Era profesor de escuela rural que prometía hacer cambios para transformar el Perú, pero su falta de preparación quedó en evidencia al poco tiempo de iniciado su Gobierno. Actualmente es investigado por casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Además, tras su fallido autogolpe, cumple una orden de detención preventiva de 18 meses.
Mientras la deuda social con los pueblos no se salde, miles seguirán movilizándose por sus derechos. Las personas migrantes peruanas, desde cualquier ciudad o país, seguiremos sumándonos al reclamo de la gran mayoría: que cese la violencia, que se respete el derecho a la protesta, ni un muerto más.
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Quisiera aprovechar este comentario para enviar todo mi solidaridad con la persona que firma la carta y a todas las personas que están en las calles con la esperanza de un Perú mejor, sin racismo, sin centralismo, sin represión, sin desigualdades... Un país que quiero y al que me siento unido en lo personal. Me gustaría mandar un mensaje de esperanza de confianza sobre todo en la juventud peruana que es su verdadero potencial de futuro, una juventud seria con ganas de aprender, de aportar, de luchar. Como los jóvenes asesinados en Ayacucho. Sí se puede carajo¡¡