Racismo
Vox amenaza al PP con romper cinco Gobiernos regionales por el reparto de 300 menores migrantes

El acuerdo alcanzado entre comunidades autónomas para repartirse 347 menores migrantes no acompañados ha llevado a la máxima tensión en los Ejecutivos regionales en los que el PP y Vox gobiernan en coalición. En una rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial celebrada en Tenerife este 10 de julio, el líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, ha acusado a los populares de romper los pactos del Gobierno que comparten en cinco autonomías y centenares de municipios. En un comunicado, los ultras daban por rotas las relaciones con el PP —una ruptura de la que culpan a los populares— y han convocado una reunión de su ejecutiva para acordar las próximas medidas a tomar. 

En la mañana de este 11 de julio, los representantes de Vox en el Gobierno murciano, entre ellos el vicepresidente regional, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, no han acudido a la reunión semanal del Consejo de Gobierno regional.

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Junts, PP y Vox se resisten a la reforma de la Ley de Extranjería que propone el gobierno para regular el “reparto” territorial de las personas menores no acompañadas que llegan a Canarias.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, por su parte, ha calificado las declaraciones de Abascal y de la dirección de Vox de “irresponsables” y “desproporcionadas” ante el compromiso adquirido por las comunidades autónimas de acoger “entre 10 y 30 menores no acompañados”. Para Gamarra, la estrategia de Vox no es más que un “órdago”, una “excusa” y una “coartada”, cuando en realidad la formación ultra desea romper la alianza con el PP por otros motivos. “Manda bemoles que haya sido Vox el que haya roto con el PP y no el PP con Vox”, apuntaba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a la salida del Congreso.

Un parche

Pese al ruido generado, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades para el reparto de 347 menores migrantes no acompañados ha sido visto como insuficiente incluso para el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que llegó a calificarlo como un “parche”, un pacto que ofrece dar salida a apenas tres centenares de casos mientras que en a Canarias han llegado más de 6.000 menores en la misma situación en el último año, según sus propios datos. Y no se trata solo del número de afectados, sino también de los plazos de actuación, ya que este plan de reparto aprobado “va a tardar meses en ser efectivo”, según indicaba el propio ministro.

La reforma de la Ley de Extranjería debe pasar por el Congreso y contar con el voto favorable del PP, ya que los representantes de Junts ya han anunciado que no apoyarán la iniciativa

La solución, insiste Torres, pasa por la aprobación de una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que haya un procedimiento automático para repartir a los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla entre todo el territorio español y que está acogida sea obligatoria y no voluntaria, como hasta ahora. Esta iniciativa legislativa, rechazada en la reunión, debe pasar por el Congreso y contar con el voto favorable del PP, ya que los representantes de Junts han anunciado que no apoyarán esta reforma.

Desde el movimiento antirracista, han surgido voces que denuncian la “hipocresía” de este debate, en el que 347 migrantes han despertado mucha más controversia que los 1.769 menores migrantes que llegaron a España huyendo de la guerra de Ucrania. “No se les ven como 'menas' porque esa palabra es una descripción racial que sirve para criminalizar a los jóvenes racializados de barrios pobres”, sostenía el periodista y ex coordinador de Sos Racismo, Moha Gerehou en X/Twitter.

“La palabra mena es un ejemplo de manual sobre cómo el lenguaje moldea la realidad, en este caso con la ayuda indispensable del racismo”, escribía en redes el también periodista e histórico activista antifascista Miquel Ramos. “Las noticias colocan a los menores migrantes sólo en contextos de criminalidad, no de su exclusión”, añadía. 

La Plataforma de Organizaciones de Infancia pedía el pasado 5 de julio medidas urgentes para garantizar la protección de estos menores, hacinados en unas instalaciones saturadas en las islas Canarias, en donde la defensa de sus derechos no está asegurada. Esta plataforma, participada por más de 70 organizaciones, pide una reforma de la Ley de Extranjería que asegure un “fortalecimiento de los sistemas de protección de manera estructural”. 

Para asegurar que no se violan los derechos de estos migrantes, esta entidad defiende que se establezca “una presunción de minoría de edad y el beneficio de la duda a favor del niño y la niña en todo momento”, así como una atención letrada que garantice el cumplimiento de sus derechos.