Opinión
Euskadi: ¿punta de lanza o zona cero de los planes de pensión de empresa?

En el comienzo del año en curso la estrella del debate político y sindical fue la Reforma Laboral, que tras acordar un nuevo marco normativo quedó aprobada en el Congreso el 3 de febrero. Cogió el relevo la reforma del Sistema Público de Pensiones (SPP) de la Seguridad Social, sin concitar atención mediática, política y sindical alguna. El hecho de que el sindicato soberanista LAB haya manifestado, con escaso impacto mediático, la intención de abandonar su participación en los órganos de Gestión y Dirección de las principales EPSV indica que han decidido, después de 25 años, ver el elefante en la habitación. Sin duda, hay que considerarlo como un paso en la dirección correcta, aunque insuficiente. La defensa del SPP (modelo de reparto) de la Seguridad Social pasa por revertir el apoyo al modelo de capitalización (EPSV de empleo). 

En cualquier caso, esta declaración no modifica el hecho de que, junto con el resto de los sindicatos más representativos en Euskadi —ELA, LAB, CC OO y UGT— perseveran en el empeño de negarse a exponer su posición respecto al impulso de los Planes de Pensiones de Empresa o Entidades de Previsión Social Voluntaria —EPSV en Euskadi— por parte del Gobierno central en un claro empuje privatizador del SPP. Esto es lo que se vio y se vivió por parte de los 200 asistentes que acudieron el día 22 de septiembre del pasado año a la Herriko Plaza de Barakaldo para escuchar a los mencionados sindicatos debatir sobre las pensiones públicas —modelo de reparto— y las EPSV  de empleo —modelo de capitalización—, organizado por la Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia (CPB)  cuando comprobaron “in situ” que la mesa permanecía vacía por incomparecencia sindical. Sin duda un desprecio más a las trabajadoras/es.

Es penoso observar que mientras unas/os pensionistas reclaman información y debate público a los sindicatos, otra parte nada desdeñable de pensionistas coincide con la hoja de ruta del “silencio sindical” y se niega a interpelarles directa y públicamente en las concentraciones y en las tribunas para que expongan las razones por las que siguen promoviendo las EPSV de empleo a sabiendas de que potencia la salida individual, fortalece el rentismo, la lógica del capital y además de ir bendecidas por unos regresivos y elitistas beneficios fiscales condena al “apartheid social” a una mayoría de trabajadoras/es carentes de capacidad de ahorro finalista.

Uno de los colectivos más desprotegidos y que forma parte de esta segregación social clasista es el sector de empleadas de Hogar de Euskadi. Más del 80% de las trabajadoras internas superan el máximo legal de las 60 horas semanales, también entre las empleadas a tiempo parcial. La última encuesta de condiciones de vida del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) muestra que hay 76.000 hogares con servicio doméstico, lo que comparado con el número de cotizantes —cerca de 28.000— da una idea del alto porcentaje de trabajadoras sin regularizar. Si miramos más alla de las brechas salariales encontramos que la brecha de género en la pensión media por jubilación en Euskadi ha subido hasta los 663€. Así, el 72,71% de las pensiones que cobran las mujeres se sitúa por debajo del SMI —1.000€ — y en el caso de los hombres solo el 27,29%. Entre las/os pensionistas que cobran más de 2.000€ se da el efecto contrario: en este caso, las mujeres representan el 22,25% y los hombres el 77,75%. En 2017, la aportación media por asociada/o se cifró en 927€ anuales y es en el colectivo de las mujeres donde son más frecuentes las reducidas aportaciones —el 45% ¡aporta menos de 300€ al año! Frente al 26% de los hombres—.

El pasado 22 de febrero, el Consejo de Ministros, en cumplimiento de la recomendación 16 del Pacto de Toledo, aprobó el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los planes de pensiones de empresa (LRIPPE) dando comienzo a su andadura parlamentaria por la vía de urgencia y al definitivo asalto privatizador a nuestro SPP de la Seguridad Social. En Euskadi, el Gobierno vasco manifestó que estudia crear un Fondo Público de Pensiones Privadas similar al del Gobierno central con el objetivo de evitar que una parte del ahorro de las vascas/os acabe en manos de una entidad controlada por el Gobierno, CEOE, CCOO y UGT. El presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, siguió el hilo y se preguntó ¿adónde van a ir los fondos de las empresas vascas?

¿Nos va a gustar que se gestione desde Madrid? En resumen: satisfacción porque se inspira en el modelo vasco de EPSV, pero preocupación también por ese cierto enfoque recentralizador que detectan. ¿Quién dirige este montaje? Esto es lo que en realidad les preocupa, tanto a los que han hablado como a los que han callado —resto de dirigentes políticos y sindicales—. Lo más reseñable es, salvando los cuestionamientos iniciales, la extrema placidez con la que conviven con este producto previsional y cómo permanecen agarrados a este guión neoliberal, cual mejillón a la roca, el espectro político y sindical más representativo. 

Lo cierto es que entre las administraciones públicas promoviendo, los partidos legislando y los sindicatos soberanistas más los confederalistas firmando EPSV, todos se muestran encantados de sentirse pioneros del marco propio privatizador y de que Euskadi aparezca como punta de lanza de las EPSV. Al menos, a algunas pensionistas nos parece más bien la zona cero de la quiebra moral que supone laminar el SPP de la Seguridad Social hasta dejar que en 30 años el porcentaje del último salario en activo (tasa de sustitución) quede por debajo del 50%.

Los sectores económicos que acceden a las EPSV están relativamente bien remunerados, por lo que es probable que colectivos con capacidad de ahorro optimicen fiscalmente solapando EPSV de empleo más las individuales voluntarias

Aquí vivo, aquí privatizan

Hace más de 30 años que en Euskadi se conjuga el verbo privatizar y ningún pilar del demediado Estado de Bienestar se ha librado de su depredación. El arraigo de estos sistemas de empleo se concentró desde el principio en segmentos laborales muy específicos de la gran empresa, el sector financiero o el sector público y lejos por lo tanto de la generalidad del tejido productivo de la economía vasca. Además, estos sectores económicos están relativamente bien remunerados por lo que es probable que colectivos con capacidad de ahorro optimicen fiscalmente solapando EPSV de empleo más las individuales voluntarias. Concretamente hablo de empleos estables, jornada completa, contrato indefinido, conciliable, condiciones laborales y salariales razonablemente buenas, relevante presencia sindical amén de constituir un núcleo laboral activo en términos electorales. Aquí se ubican sectores de rentas medias altas y por supuesto, gran parte de los que tienen topada la cotización a la Seguridad Social (en Euskadi 90.000 salarios). El patrimonio de las de empleo en el ejercicio 2020 era de 14.761€ y representa el 41% de todo el dinero invertido en España en este tipo de instrumentos de ahorro; además, el 96% del patrimonio de esos planes se localizan en 10 EPSV. Su implantación en el sector privado es cuestionable en términos ideológicos pero en el sector público es directamente inaceptable.

La administración hace dejación de sus funciones cuando en vez de reforzar el SPP de la Seguridad Social promueve y participa de los Planes Privados de Pensiones que sirven para descapitalizar la Seguridad Social. Aquí el empleador público olvida algo fundamental que pocos le echan en cara y muchos lo aprovechan en beneficio propio. Me refiero a que los llamados “recursos públicos” se conforman con el pago de impuestos —directos e indirectos— de los ciudadanos/as contribuyentes y que el uso que se haga de esos recursos hará que se fortalezca o se debilite tanto la cohesión como la justicia social. Que con lo que recaudan las Haciendas vascas, las administraciones hagan las aportaciones que hacen a las EPSV Itzarri y Elkarkidetza evidencian una redistribución de abajo arriba. En el liderazgo de estas políticas de desigualdad acompañan a las administraciones los sindicatos ELA (40,98% de representación), LAB (19,85%), CCOO (18,71%) y UGT (10,56%) que tienen incorporado este sistema previsional tanto en su modelo social como en su modelo de país.

En definitiva, se externaliza la elección a complementar la pensión pública con la aquiescencia de instituciones, partidos y sindicatos

Así se impulsa una protección social vasca de doble velocidad mediante la cual unas/os van más tranquilos y en mejores condiciones gracias a las EPSV con las consabidas desgravaciones fiscales que complementa su pensión pública; mientras la mayoría de trabajadoras/es va más lenta, en endebles condiciones, y solo tiene la menguante pensión pública. En definitiva, se externaliza la elección a complementar la pensión pública con la aquiescencia de instituciones, partidos y sindicatos. Recordemos el aforismo africano que dice “lo importante no es que la gacela corra más que el león (los recortes, la privatización del SPP), lo importante es que corra más que las otras gacelas (para ello una EPSV de empleo)”. Es una lección práctica de vida no comunitaria. Nada que ver con el bien común. Lo insostenible es el trato de ventaja a grupos protegidos y no el SPP. Es evidente que la manera de encarar la problemática del SPP dice mucho de nosotras como Sociedad. 

Las EPSV, después de arraigar allá donde se daban las condiciones, dejaron de crecer y se estancaron. El Gobierno Vasco aprobó en 2006 un Plan de Previsión Social Complementario a aplicar en un periodo de 8 años (2006-2013). Dos eran los objetivos a lograr: por una parte, alcanzar el 70% de la población ocupada y en paralelo, tratar de generar una pensión complementaria, mínimo del 20% de las rentas del trabajo. Centraron sus esfuerzos en generalizar este sistema previsional de capitalización y en 2014 reconocieron su fracaso al quedar muy lejos del objetivo, que lo tuviera el citado 70%. La realidad es que según datos del GV en 2017, poniendo en relación la cifra global de socias/os de los planes de empleo con la de la población ocupada obtiene una implantación de las EPSV de empleo del 30,9%. Este modelo es el que se ha tomado como referente para impulsar la privatización del SPP de la Seguridad Social mediante el LRIPPE que deberá estar aprobada antes del 30 de junio.

El objetivo de esta Ley es el mismo que el del Gobierno vasco: extender los planes de pensiones individuales de empresa entre pymes, micro pymes y autónomos. A las desgravaciones fiscales en el IRPF, se añaden las reducciones de cotizaciones sociales —parte empresarial— a la Seguridad Social y además la disminución de ingresos tributarios servirán para convertirlos en ganancias de las entidades gestoras vía comisiones. En la medida que esta propuesta penetre y se extienda por el tejido social y laboral se irá reduciendo la tasa de sustitución. Se terminará pasando de una Seguridad Social como derecho colectivo a una Inseguridad Social colectiva. Expandir este virus neoliberal, generador de desigualdad y de segregación social, en nuestro modelo de reparto es extinguir la solidaridad y la redistribución del SPP. 

Aquí vivo, aquí precarizan

No solo cae la renta desde hace años sino que el reparto de la misma ha empeorado sustancialmente con la concatenación de crisis hasta la actual guerra de Ucrania por lo que las desigualdades se cronifican. El malestar se instala en el colectivo de ingresos bajos al ver el abismo que les separa del resto.

Es normal que surja la sensación de agravio comparativo y que el refuerzo de la desigualdad venga acompañado de pérdida de equidad y de Justicia Social. Olvidar que la penuria colectiva de las/os perdedoras de las crisis —jóvenes, mujeres, migrantes, familias monoparentales y monomarentales, contratados temporales y/o  a tiempo parcial e involuntario, trabajadores con empleo pero pobres—, descansa en la persistente desigualdad en la distribución de los recursos, acabará pasando factura. La agregación de estos colectivos que conforman el precariado y la percepción que se extiende entre los sectores más castigados y empobrecidos es que la distribución solo se hace en el seno de cada clase social no entre unos grupos sociales y otros. Seguro que se les hace insoportable comprobar el alcance de la expresión “lo nuestro para los nuestros”. Esto pasa en una sociedad rica, rentista y desigual como la vasca donde la lucha de clases es entre el precariado y el rentismo.

Las EPSV dejan rastro suficiente como para concluir que son el eje vertebrador de un modelo de bienestar vasco elitista, exclusivo y excluyente

Qué pensará este precariado vasco cuando ven que los mismos que exigen “arraigo” al empresario, desarraigan el llamado ahorro vasco (EPSV) para que vuele hacia esos mercados en que las transformaciones financieras hacen que sean más rentables que la economía productiva. Ponen a trabajar esos fondos privados individuales de empleo para lograr la máxima rentabilidad financiera dentro de la lógica rentista y reforzar la hegemonía cultural capitalista. No tienen necesidad de plantearse al menos, alguna consideración ética del modo en que se consiguen esos dividendos ni preguntarse, por supuesto, sobre ¿dónde va? ¿Cómo? ¿A costa de quién o de quiénes? Estas EPSV dejan rastro suficiente como para concluir que son el eje vertebrador de un modelo de bienestar vasco elitista, exclusivo y excluyente. Todo ello gracias a que una visión depredadora de lo público encuentra acomodo en sindicatos y partidos. Esta práctica sindical regresiva, elitista y segregadora es propia de una Sociedad indecente, del sálvese quien pueda. Fideliza y refuerza las relaciones clientelares entre sus sectores de influencia. Se resume con la definición de “élites extractivas” que hicieron los economistas Acemoglu y Robinson: “como aquellas que se apartan de la obtención del Bien Común y dedican los esfuerzos de modo exclusivo a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen”.

Mientras tanto se instala entre nosotros una cultura de maximizar las rentas a expensas del bienestar colectivo. El ganador se lo lleva todo. Así que no sorprende que los Presupuestos Generales contribuyan a transferir más riqueza hacia las clases rentistas, propietarias de títulos de deuda pública frente al título de ciudadanía. Desigualdad de ingresos, de acceso a la información, estatus, calidad de vida, … hacen que la inequidad social se acentúe. El hecho de que el precariado no aparezca en el radar sindical de la protección social como queda acreditado, hará que más pronto que tarde vean que no queda otra que asumir, desde el malestar social donde están ubicados, la necesidad de autoorganizarse, abordar liderazgos, buscar alianzas, … para, siguiendo ejemplos como las kelly (camareras de piso), poder exigir que se reviertan las prácticas sindicales que impiden fraguar una nueva hegemonía basada en valores que auguren la transformación cultural y social necesarias. 

Desde el ámbito sindical hay que celebrar el cuestionamiento que hace LAB de las EPSV ya que va en la línea correcta aunque todavía les queda recorrido por hacer. Hay que reconocer que es el único sindicato que tiene en su haber el rechazo de Elkarkidetza EPSV en la Diputación de Bizkaia tras su constitución en 1986. Incluso fueron al contencioso administrativo y lo perdieron. 

Desde el ámbito político, solo Elkarrekin Podemos tiene la capacidad y la voluntad política para activar la Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Parlamento Vasco relativa a los Sistemas de Previsión Social Complementaria (SPSC) como modelo de capitalización. Son dos protagonistas bien diferentes, pero deseo que puedan sumar para frenar el vaciamiento de nuestro SPP de la Seguridad Social, modelo de reparto.