Operaciones urbanísticas
El futuro de la urbanización Isla Valdecañas solo pasa por su desmantelamiento

Tras un dilatado proceso de elaboración, la Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC, ha elaborado un completo informe, de casi 1.200 páginas, en el que responde a las catorce preguntas planteadas por la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en relación a la demolición del complejo Marina Isla de Valdecañas.

La Estación Biológica de Doñana ha sido criticada por su tardanza en la elaboración de este informe. Sin embargo, esa demora no carece de justificación. Los técnicos de Doñana ya advirtieron, cuando se les encargó el trabajo, que el informe tardaría al menos tres años en ser entregado. Y es que, para ser exhaustivos y rigorosos en el informe, tenían la obligación de proceder a la observación y seguimiento del paraje y su avifauna durante un tiempo más o menos prudencial ante la carencia de datos que existían sobre la Isla de Valdecañas, precisamente por la ineptitud de la Junta de Extremadura, que ni siquiera procedió a ello antes de otorgar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de urbanización, cosa que critica con rigor el propio informe pericial ahora presentado, que deja claro que la DIA aprobó un proyecto con gran cantidad de deficiencias y “sin la certidumbre exigida por la legislación comunitaria de que el proyecto resultaba compatible con los objetivos de conservación de la ZEPA”, así como que el Plan de Vigilancia se ha desarrollado de modo sumamente deficiente.

El informe de este prestigioso centro de investigación deja poco margen a la duda cuando concluye que Mantener el Complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación

Efectivamente, el informe de este prestigioso centro de investigación deja poco margen a la duda cuando concluye que “Mantener el Complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA, solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional. Por tanto […] la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla”.

He aquí un punto clave, ya que el informe en ningún momento habla de demolición, lo cual ha sido aprovechado por la Junta, y por las asociaciones de vecinos personadas en la causa, para decir que el informe es ambiguo. Todo lo contrario. El informe concluye que la ejecución de la sentencia no solamente debe consistir en la demolición (o desmantelamiento) del complejo, sino que es necesaria la restauración ambiental de la isla. Restauración que debe ser además activa y no dejar que la isla se regenere por sí sola, lo que no cabría dada la antropización de la zona después de la urbanización llevada a cabo, lo que podría provocar que nuevas actuaciones humanas impidiesen la completa y necesaria regeneración de la zona.

En ese sentido, el informe concluye que “la demolición seguida de una restauración ecológica tendría un impacto ambiental positivo sobre la ZEPA a largo plazo, en la medida en que suprime un foco de actividad humana permanente y devuelve el espacio ocupado, creando oportunidades de regeneración de los procesos ecológicos y de restablecimiento de la biodiversidad perdida por el uso urbano”.

El planteamiento de la Junta y los propietarios es calificado por el informe de la Estación Biológica de Doñana de falsario y poco serio

El planteamiento de la Junta y los propietarios, plasmados en el informe que sostenía la inejecución que defendían ante el TSJEx, es calificado por el informe de la Estación Biológica de Doñana de falsario y poco serio, puesto que lo que plantean es un retorno a un estado anterior a la urbanización llevada a cabo, lo cual es manifiestamente imposible y tendencioso.

Es más, el informe de la Estación Biológica afirma que los argumentos de la Junta –tratando de mostrar los perjuicios que tendría una restauración que simulara exactamente las condiciones previas a la obra de la isla– no tienen ninguna razón de ser, puesto que lo razonable es la demolición seguida de una restauración ecológica activa y pasiva partiendo de la situación actual.

La otra cuestión que sostenían la Junta y los propietarios para oponerse a la ejecución de la sentencia era la inexistencia de valores naturales de la isla antes de las obras. Al respecto el informe señala que “la isla contenía uno o más tipos de hábitats protegidos por la legislación europea. Antes de las obras la isla tenía valor para las aves de la ZEPA, y en el interior de la misma había especies de plantas de interés biogeográfico y de conservación. Los hábitats de la isla eran potencialmente utilizables por el 72% de las aves terrestres de la ZEPA en época de reproducción y por el 61% en época invernal”.

El informe descarta que la urbanización haya supuesto una mejora del ecosistema, como sostienen la Junta y los propietarios, lo que les permitiría su mantenimiento según la Ley de Suelo extremeña

El informe descarta que la urbanización haya supuesto una mejora del ecosistema, como sostienen la Junta y los propietarios, lo que les permitiría su mantenimiento según la Ley de Suelo extremeña. Todo lo contrario, el informe remacha que “la construcción del Complejo y su funcionamiento han tenido diversos impactos ambientales, negativos y de consideración, sobre la isla y la ZEPA… lo que teóricamente supuso la desaparición de un tercio de las especies de aves terrestres en época de reproducción y de un quinto de las especies invernantes. La mayoría de estas especies estaban protegidas por la ley”.

Es más, el informe termina diciendo que “mantener el complejo durante el ciclo de vida de los edificios generaría una huella de carbono al menos 29 veces mayor a la estimación atribuida a la demolición por el informe de vulnerabilidades” presentado por la Junta.

Ecologistas en Acción vienen reiterando y recordando, que de haber hecho caso a sus argumentos y a las primeras sentencias que les daban la razón en los tribunales antes de que se realizara el grueso de las obras, se habría evitado una gran cantidad de problemas, gastos y daños al ecosistema. Los propietarios que compraron sus viviendas allí no eran ajenos a la imposibilidad de urbanizar la isla de Valdecañas y, por tanto, sabían de la ilegalidad de sus viviendas puesto que ya se les advertía de su situación irregular por parte del notario en el momento del otorgamiento de la escritura de compraventa. Por tanto, los extremeños no deben tener miedo ante una posible reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de los propietarios a la Junta de Extremadura, ya que no son "terceros de buena fe".

En los próximos meses, el TSJEx tendrá que pronunciarse definitivamente sobre la ejecución de la sentencia que dictó y que fue ratificada por el Tribunal Supremo, y que solo pasa por el desmantelamiento de la urbanización de la Isla de Valdecañas y la obligación de su restauración ambiental.