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La Junta de Extremadura restringe el derecho a información pública para la mina de Cañaveral

El 3 de enero de 2023, la Fundación Gallega Montescola registró dos escritos denunciando el incumplimiento del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, por parte de la Junta de Extremadura en el proceso de Información Pública de los expedientes relacionados con el proyecto de explotación de la mina de Las Navas.

Fundación Montescola señaló, en concreto, la imposibilidad de acceso telemático al proyecto, ya que resulta virtualmente obligatorio desplazarse a Mérida o Cañaveral para consultar el expediente de Autorización Ambiental Integrada. El mencionado Convenio obliga a la denominada publicidad activa, que supone difundir la información sin que haya que esperar una solicitud concreta como se pide para descargarse documentación de los diferentes expedientes. En el punto 5.4 de dicho Acuerdo se señala que la información será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. En Extremambiente, por contra, no es sencillo acceder a la información.

Por qué se moviliza la Plataforma No A La Mina De Cañaveral

Julio César Pintos Cubo

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Por qué se moviliza la Plataforma No A La Mina De Cañaveral

Julio César Pintos Cubo

Frente al timo del litio y en defensa de la vieja dehesa de Las Navas de Cañaveral (Cáceres), por la organización y contra las mentiras extractivistas.

La Fundación Montescola argumenta en este sentido que,  al no haberse aplicado el artículo 7 de la Ley 19/2013 de Transparencia a los documentos del expediente, se están vulnerando directamente derechos amparados por el artículo 105.a) de la Constitución y, por tanto, su tramitación está viciada de nulidad radical, y su aprobación definitiva, en estas condiciones, sería nula de pleno derecho de acuerdo al artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, añadiendo la existencia de Jurisprudencia al respecto.

La Fundación solicitó la inmediata publicación en la página web de consulta pública de acceso general de toda la documentación del expediente sobre autorización ambiental integrada y que se abriera un nuevo plazo de exposición pública en los tres expedientes a información pública: Explotación y Restauración, Evaluación de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada.

La Fundación solicitó la inmediata publicación en la página web de consulta pública de acceso general de toda la documentación del expediente sobre autorización ambiental integrada y que se abriera un nuevo plazo de exposición pública en los tres expedientes a información pública

Por su parte, la Plataforma No a la Mina de Cañaveral registró, con fecha 18 de enero, tres escritos de alegaciones para esos tres mismos expedientes en información pública. En este caso, como no se ha anunciado ningún cambio en los plazos y formas del Proyecto de Explotación y Restauración, se informó del escrito de alegaciones sobre el mismo.

En el escrito por el expediente del Proyecto de Explotación y Restauración consta que, “en base a los derechos contenidos en Convenios y Leyes de Transparencia se constata una insuficiencia del plazo para alegar, la acumulación de trámites de información pública que vulneran el sentido, eficacia y espíritu de la evaluación de impacto ambiental, la imposibilidad de acceso a los documentos, la presentación de documentos fragmentados y no refundidos, la no presentación de planos en formatos con posibilidad de examen tridimensional (tipo dwg o shp). Por todo ello solicita la ampliación del plazo para alegar en al menos otros 30 días hábiles a partir de que se pueda disponer de la información solicitada”.

En el documento se apunta que son más de 12.000 los folios de documentación sometidos a información pública, donde se enumeran anexos completos confidenciales, apartados, párrafos, líneas, cuadros, figuras, etc., veladas y donde deberían constar aspectos económicos o técnicos relevantes para presentar alegaciones.

Son más de 12.000 los folios de documentación sometidos a información pública, donde se enumeran anexos completos confidenciales, apartados, párrafos, líneas, cuadros, figuras, etc., veladas y donde deberían constar aspectos económicos o técnicos relevantes para presentar alegaciones

En base a ello, la Plataforma solicita la anulación del trámite de información pública de la autorización de concesión de explotación y aprobación del plan de restauración hasta tanto no se haya publicado la declaración de impacto ambiental y subsidiariamente, para el caso en que no se estime dicha solicitud de anulación, pide:

• La ampliación del plazo para formular alegaciones por otros 30 días hábiles adicionales, a contar a partir del acceso a los documentos.
  
• El acceso a los documentos velados indicados en la alegación segunda, y a toda la información adicional que haya sido velada, de lo cual solicita remisión por vía electrónica, o acceso electrónico en su caso.
  
• La refundición de las ampliaciones de documentos conforme a la alegación tercera, facilitando el acceso a las mismas una vez refundidas por vía electrónica.
  
• El acceso a los planos en ficheros .shp o .dwg, los cuales demandan sean remitidos por vía electrónica.
  

Concluye la Plataforma con el deseo de que “la Junta de Extremadura empiece a respetar el Convenio de Aarhus y haga realmente efectivos con arreglo a derecho el proceso de información y participación pública sobre una decisión tan seria y que implica afecciones al medio ambiente y a la salud”.