Legalización del cannabis
Cannabis: ingresos “verdes” y el fin de la doble moral en tiempos de crisis

La crisis del covid-19 ha golpeado duramente la economía del Estado Español, con pronósticos que alcanzan una caída del 12,4% del PIB en 2020 (según el Banco de España) en el peor de los escenarios. Andalucía, de nuevo, es el territorio que sufre (y sufrirá según los datos) las consecuencias más agravadas en esta crisis, con un paro en abril del 21%. El Observatorio Económico de Andalucía prevé una tasa de paro cercana al 30% a final de 2020 y una caída del PIB del 15%.

Pensemos por un momento en las consecuencias de legalización integral del cannabis: control de calidad, acabar con redes mafiosas del tráfico de cannabis, ingresos por la comercialización que revertirían en prevención y concienciación de su consumo con responsabilidad, así como la creación de miles de empleos que se incorporarían a este sector. Según el Informe EDADES de 2018, el 35% de los españoles entre 15 y 64 años ha probado alguna vez en su vida el cannabis y, según el mismo informe, un 60% piensan que es fácil conseguirla.

La Universidad de Barcelona realizó un estudio en 2018 donde estimaba que la regulación del cannabis aportaría un negocio total de 8.514 millones de euros vía impuestos directos e indirectos y 101.569 puestos de trabajo, rural en gran parte. Nada mal para los tiempos que vienen.

Imaginemos, con nuestras condiciones climáticas, cannabis con denominación de origen referente en el mercado internacional. Así, como el uso del cáñamo en sus múltiples variantes (textil, energético, medicinal, etc). En el Estado de Colorado, cinco años después de su legalización, las encuestas estatales demuestran que la mayoría de los adolescentes de Colorado han probado la marihuana, pero el 80 por ciento no la consume en la actualidad, así como una disminución de su consumo. En Canadá, en márgenes de mejora aún, en su primer año de legalización integral, la economía canadiense ha experimentado un aumento de 8.260 millones de dólares.

La propuesta de legalizar el cannabis no ha sido obviada por los partidos políticos en los últimos años. Parlamentos autonómicos han buscado fórmulas legislativas que han regularizado las asociaciones de consumidores de cannabis, como el caso de Cataluña o País Vasco. A nivel estatal, diferentes formaciones políticas han anunciado, de forma pública y en sus programas electorales, la intención de estudiar e implantar su legalización para uso medicinal y recreativo. PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PNV, EH Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, BNG, Coalición Canarias y Nueva Canarias comparten un denominador común: el estudio del cannabis en el Congreso de los Diputados para su posible legalización que, en estos momentos, contaría con 205 diputados, es decir, un 58% de la Cámara.

El cannabis y la sociedad, una historia de amor-odio. La doble moral

La legalización del cannabis es un debate que lleva en la sociedad mucho tiempo, un debate que suele disputarse entre la moral, la salud, la libertad y la economía. Culturalmente, el cannabis ha vivido una relación de amor-odio en la sociedad diferente al tabaco, por poner un ejemplo. Uno de los argumentos más usados es su perjuicio en la salud. La Fundación Beckley, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a promover la investigación sobre la concienciación y la ciencia en el uso de las drogas, presentó en 2008 en la Cámara de Lores de Reino Unido un informe que comparaba la tasa de mortalidad del tabaco y el alcohol con el cannabis. La relación eran dos muertes en todo el mundo vinculadas al cannabis, frente a 150.000 personas fallecidas cada año sólo en el Reino Unido debido al tabaco y al alcohol. Un estudio del Washington Post en 2015 situaba al tabaco y el alcohol como sustancias 100 veces más peligrosas que la marihuana. La revista Scientific Reports confirma que los riesgos de la marihuana han sido sobrevalorados en el pasado y, por el contrario, con el alcohol sostienen que han sido infravalorados sus perjuicios. Por otro lado, según la Universidad de Princeton, la abstinencia del azúcar no está muy lejos a la de la heroína, así como otros estudios que comparan la adicción al azúcar con la de la cocaína. Todos estos datos que se exponen no tienen ánimo de blanquear las consecuencias del cannabis para la salud. Su consumo continuo y reiterado a largo plazo puede producir daños relacionados con el cerebro, como depresión, ansiedad, deterioro cognitivo o psicosis. Ante esto, el Estado debería establecer una estrategia de concienciación, y no de prohibición, tratar a la ciudadanía como personas adultas. Una sociedad más consciente es una sociedad más libre y responsable.

Desde un punto de vista antropológico, si la vida puede resumirse como el conjunto de experiencias vitales individuales y colectivas, una de ellas es el contacto y la experiencia con las drogas, y cómo con estas nos relacionamos socialmente. Una de las expresiones más acuñadas en nuestra sociedad es “el cigarro social” o “tomar una caña”, expresiones que tienen el alcohol o el tabaco como instrumentos de relación con los demás. Igualmente, otras sustancias en determinados contextos realizan la misma función. Al fin y al cabo, podríamos decir que las drogas suelen utilizarse como un método de ocio y relación social o evasión de la realidad, y conseguirlas no es una cuestión sobre si están disponibles en el mercado. Para entender las diferencias entre tabaco-cannabis, y su doble moral, debemos dar una pincelada sobre las relaciones históricas del poder económico y político con estas.

El Tabaco “Real”

El tabaco ha sido objeto de grandes ingresos durante siglos para la Corona Española y, actualmente, al Estado Español. De hecho, durante un largo periodo de la historia, la Corona prescindió de intermediarios en su producción y comercialización llevándolo a cabo a través de la Real Hacienda. Fue entre el siglo XVII y el XVIII cuando guardó para sí el monopolio del tabaco, que supuso la creación del Estanco del Tabaco en 1636. Estas medidas intervencionistas fueron una estrategia de la Corona, que veía un negocio rentable en el tabaco cuando éste pasó de convertirse en un privilegio de la clase aristocrática a un hábito de las clases populares. Incluso esta transformación al consumo popular no estuvo indemne de la distinción de clases. El Estanco de España comenzó para entonces a producir tabacos de diferentes calidades, el que provenía de Cuba era un tabaco suntuario, de acceso a clases privilegiadas. En cambio, en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (actual Rectorado de la Universidad de Sevilla) se producía el tabaco de consumo popular.

Fue a finales del siglo XIX cuando se cede el monopolio a la iniciativa privada a través de la Compañía Arrendataria de Tabacos S.A., consecuencia del agujero económico que sufre la Real Hacienda española en los diferentes conflictos bélicos de la época. El consenso de intereses de los poderes políticos (Iglesia- Corona), económicos y la relación del tabaco en la vida popular, han tenido como consecuencia su aceptación legal y social.

Entonces, ¿qué se ha impuesto para que el cannabis no haya vivido el mismo resultado que el tabaco en la actualidad?

La respuesta a la doble moral podemos encontrarla en el poder económico, porque la relación histórica del cannabis con el consumo popular es innegable, estando presente durante muchos siglos en las diferentes culturas que han convivido en nuestro territorio. Es el poder económico, junto a los poderes religiosos, imponiendo los modelos y conductas de vida, son los que han estigmatizado y creado esa doble moral entre las drogas legales y las ilegales a lo largo del tiempo. En Al-Ándalus, el consumo del hachís era asociado por los poderes políticos-religiosos a los asesinos y a los sufíes, una comunidad árabe contracultural y heterodoxa dentro del islam, que promulgaba el retiro físico de la cultura dominante y que era seguido por ciudadanos considerados de clase baja y humilde. El poder acusaba a los sufíes de ser afeminados y homosexuales. En ambos casos, como afirma Isidro Marín Gutiérrez, historiador experto en la materia, se culpó al hachís de dicha “desviación sexual”.

Otro ejemplo más, junto a las líneas anteriores, es la asociación histórica del consumo del cannabis a los movimientos disidentes con el establishment, como el caso del movimiento hippie de los años 60, o su extensión histórica hippie-izquierda-rojo-comunista. En la denominada “Guerra contra las drogas” impulsada por los gobiernos de Estados Unidos, se inició una persecución intensiva sobre su consumo y comercialización, muy centrada en barrios donde vivían mayoritariamente personas afroamericanas, cuando el consumo en la época no entendía de color de piel. La asociación drogas-afroamericanos trajo consigo una persecución racial, donde las personas afroamericanas eran seis veces más encarceladas que los caucásicos bajo este pretexto, ahondando en las desigualdades étnicas del país.

Podríamos decir que los grandes poderes han usado el cannabis como un arma para criminalizar la disidencia que pone en cuestión su poder. Noam Chomsky sugirió en 2012 que el tabaco se amolda mejor a un esquema de negocios controlado monolíticamente por ciertas corporaciones. Señalaba que la marihuana es como la energía solar, puede crecer casi en todas partes y, con cierta ironía, afirmaba que la marihuana es “demasiado salvaje y democrática” para poderla mantener bajo el dominio de un grupo selecto de corporaciones.

Democratizar el cannabis de forma integral puede significar un paso en el fin de su uso moral y recriminatorio, reconociendo su uso social y medicinal, desde la responsabilidad. Es imperiosa la necesidad de avanzar en la concienciación sobre sus usos y no su persecución, usada siempre por los poderosos para la estigmatización de sus enemigos de clase. Se abre una ventana de oportunidad para abrir un nuevo sector económico que ayude a paliar la crisis económica que vivimos. El fin de la hipocresía es posible.