Extractivismo
Alerta en la comarca de Olivenza: las obras del macroproyecto minero continúan

En trámite de concesión de la explotación minera a cielo abierto, y a pesar de que desde instituciones y altavoces mediáticos se daba por extinguida la amenaza, se intensifican los trabajos de Sacyr en lo que la Plataforma Ciudadana contra la mina considera una clara estrategia de hechos consumados.
Movilización Olivenza Sin Minas
Una de las movilizaciones contra el proyecto de mina a cielo abierto en la comarca de Olivenza. Fotografía: Redes Sociales Plataforma Alconchel Sin Minas

Todo parece confirmar lo que la Plataforma Ciudadana ya venía alertando: que el procedimiento administrativo continuaba y que, pese a los titulares de febrero de 2021, donde se daba por extinguida la amenaza de las minas en la comarca de Olivenza (Badajoz), esta se mantenía y multiplicaba. En opinión de este colectivo, el hecho de dar por resuelto el conflicto “sólo podía obedecer, a nuestro juicio, a una estrategia para rebajar la tensión social en Olivenza, sin solucionar el problema”.

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Así, de acuerdo a las informaciones de la propia Junta de Extremadura, “a esta fecha (17/06/2021) se encuentra en trámite la concesión de explotación derivada del permiso de investigación Gato Montés”. Concretando, y según la consejería, “con referencia al proyecto de concesión de explotación derivada, el órgano sustantivo, a esta fecha no ha dictado resolución”. La Fase 1 del Megaproyecto de Olivenza avanza y, dentro del mismo, el permiso denominado Gato Montés aparenta ser prioritario y sería el más adelantado.

Megaproyecto Olivenza mapa
Fuente: Plataforma Ciudadana Alconchel sin Minas.

Un único proyecto, aunque intencionadamente fragmentado para su tramitación

El proyecto extractivista se encuentra fragmentado en su tramitación, al igual que otros similares en Extremadura, y como repetidamente afirma la Plataforma, “por la propia empresa de cara a la tramitación ambiental, y para obtener beneficios en la concesión de los permisos de explotación”. Lo confirmaría, además, toda la información de la promotora Valoriza Minería (Sacyr) a la que se ha tenido acceso, cuando sostiene que “el proyecto Alconchel está situado en el SO de la provincia de Badajoz y comprende cinco Permisos de Investigación: San Carlos, Loiterón, Gato Montés, Carazo y Encina”. De hecho, sin líneas divisorias de los diferentes permisos, y con base en los propios documentos de la compañía, la dimensión total del megaproyecto incluye 1.160 cuadrículas mineras (34.800 hectáreas de la Comarca de Olivenza).

Según la normativa europea, las promotoras están obligadas a declarar de inicio las verdaderas dimensiones de sus proyectos, extremo aquí que aquí resultaría claramente incumplido y sobre el que las instituciones regionales responsables no han realizado manifestación alguna.

Siguen los trabajos ante el silencio de la Junta

A día de hoy, se  están llevando a cabo labores de investigación en todos y cada uno de los permisos, con la clara intención de pasar a fase de explotación, pese a estar prohibida la introducción de maquinaria pesada sobre cadenas en los parajes protegidos afectados. Se están practicando sondeos incluso a profundidades máximas de hasta 900 metros, así consta en documentos de la tramitación ambiental a los que la Plataforma ha tenido acceso, y para los que la autoridad administrativa “informa favorablemente para su ejecución”. Estos últimos están proyectados, o ya han sido ejecutados, sobre el término municipal de Olivenza en los parajes de Monte Otero, Los Faleros, Monte Longo, Las Tapadas, Las Noras de Arriba y Las Borrachinas de Abajo.

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La intencionalidad de Sacyr al abrir el primer sector para el que se está pidiendo el pase a explotación (llamado Gato Montés) radicaría, según afirman técnicos consultados, en las necesidades derivadas de la compleja instalación de su fábrica transformadora (con un coste, según el proyecto, de 28 millones de euros), de la que consta que “podrá ser utilizada para más proyectos mineros”, con la intencionalidad clara de surtir a los adyacentes al mismo, administrativamente separados pero, de hecho, constituyendo una unidad de explotación e infraestructuras.

Sondeos mina Olivenza
Localización sobre plano de las fincas afectadas por los nuevos sondeos mecánicos-profundos de hasta 900 metros, que ya se han hecho o se van a hacer. Fuente: Plataforma Ciudadana Alconchel sin Minas.

Un recurso de alzada dilatorio

El recurso de alzada presentado por la promotora antes del 5 de marzo de 2021, en relación a la resolución de archivo del expediente ambiental de esta primera fase, y que tendría carácter “precautorio y provisional”, según la Junta de Extremadura “se presenta bajo la premisa de no darse por notificada en relación con el archivo del expediente, pese a constar en el expediente la notificación por correo postal”.

La interpretación de la Plataforma es que desde Sacyr “utilizan el plazo máximo permitido que otorga una comunicación administrativa, tras recibirla, para presentar dicho recurso sin reconocer dicha comunicación previa, pese a constar en el expediente, lo que únicamente puede deberse a nuestro juicio como una argucia empresarial con objeto de obtener más tiempo”. Estaríamos, pues, frente a otra maniobra dilatoria de la promotora cuya finalidad sería avanzar trabajos que, de hecho, hicieran irreversible el avance de determinadas infraestructuras.

“Utilizan el plazo máximo permitido que otorga una comunicación administrativa, tras recibirla, para presentar dicho recurso, sin reconocer dicha comunicación previa pese a constar en el expediente, lo que únicamente puede deberse a nuestro juicio como una argucia empresarial con objeto de obtener más tiempo”

Por otro lado, la Junta de Extremadura continúa tramitando un permiso de explotación plagado de graves irregularidades y cuestionable legalmente, como recuerda la Plataforma que ya argumentó al presidente Fernández Vara presencialmente el 30 de octubre de 2020 y, por escrito, el 10 de noviembre de 2021.

La Administración estaría avanzando, como afirma el colectivo opositor a la mina, “en base a dar por buenos informes que se caen por su propio peso, como son el de Red Natura, compatibilidad urbanística, o las advertencias de los riesgos existentes para el dominio público hidráulico hechas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana”. Se trata, concluyen, “de un proyecto inviable social y ambientalmente que es la primera fase de uno mayor del que hace parte, con diferencias insalvables que incluso hace peligrar la calidad de las aguas del Alqueva, y para el que sólo cabe a nuestro entender una declaración de impacto ambiental negativa”.

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