El Gobierno gallego de Alfonso Rueda (PP) quiere cambiar las normas del juego. Tras varios y consecutivos reveses judiciales debidos a irregularidades en la forma de tramitación de los polígonos eólicos en Galicia, el proyecto de ley destinado a acompañar los presupuestos de la Xunta para el próximo año abarca una proclamación de interés público “de máxima importancia” en lo que respecta a la planificación, construcción y operación de parques eólicos bajo la jurisdicción autonómica. A efectos prácticos, el fin último de esta maniobra política supone facilitar a las empresas las autorizaciones para la creación de más polígonos y, por lo tanto, reducir significativamente los costes de las multinacionales cuando los procesos de construcción se dilatan por medidas cautelares adoptadas por la Justicia. Todo después de que los recursos de las organizaciones ecologistas de referencia en el país consiguieran el amparo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ya ha paralizado cautelarmente siete proyectos.

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En situaciones en las que surja una apelación administrativa contra las acciones de autorización de un proyecto de parque eólico o sus correspondientes infraestructuras de evacuación, y se solicite la suspensión de la ejecución de la acción impugnada, “se deberá tener en consideración lo dispuesto en este artículo al sopesar la ponderación que debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo”, presume el ejecutivo gallego.

Esta reciente modificación incorporada por la Xunta, a través de la ley de medidas fiscales y administrativas, tiene lugar en un contexto en el que diversos promotores de energía eólica están impulsando múltiples parques en Galicia, algunos de los cuales se encuentran en un estado de suspensión debido a recursos presentados por organizaciones ambientales como Adega, Ecoloxistas en Acción y organizaciones vecinales de personas afectadas.

De manera específica, el proyecto de ley que ahora se encuentra en proceso de tramitación por el Parlamento incluye esta declaración de interés público “de máxima importancia” en lo que respecta a la planificación, construcción y operación de parques eólicos bajo la jurisdicción autonómica, así como de sus correspondientes infraestructuras de evacuación. “Esta declaración engloba sus procesos de autorización, construcción y puesta en funcionamiento”, se menciona.

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La ley de acompañamiento de la Xunta resalta que “se asumirá que se trata de proyectos de interés público superior y que contribuyen a la salud y la seguridad pública, conforme a lo previsto en el artículo 3 del mencionado reglamento”. Además, se señala que esta disposición se aplicará “a procedimientos de autorización que se inicien después del 30 de junio de 2024, cuando así lo determine la legislación de la Unión Europea”.

Uno de los artículos establece la ponderación de este interés público superior, en el sentido de que “supone la presunción de que las actividades mencionadas responden a este interés público superior y contribuyen a la salud y seguridad públicas, por lo que esta presunción se tomará en cuenta como un elemento relevante al evaluar los intereses legales de cada caso en el proceso de planificación, otorgamiento de autorizaciones y puesta en funcionamiento, a menos que existan pruebas en sentido contrario y sin perjuicio de las regulaciones que puedan determinar la ponderación de otros intereses en situaciones específicas”. La Consellería de Industria asumirá la responsabilidad de monitorear los efectos en el medio ambiente de los parques eólicos en construcción con el fin de identificar de manera pronta ”los posibles efectos adversos no previstos“ y tomar medidas para prevenirlos.

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”La profusión con la que la Xunta utiliza la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de cada año para modificar por la puerta de atrás y sin debate un conjunto de normas que poco o nada tienen que ver con las finanzas, supone un déficit democrático y un síntoma inequívoco de mala gestión“, denuncian fuentes de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega). Explican que, en última instancia, lo que resultará de este cambio normativo es ”más inseguridad jurídica“.

”La Xunta pretende justificar esta medida aludiendo a un Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, para acelerar el despliegue de las renovables. Esta consideración debe tenerse en cuenta en los procedimientos de evaluación ambiental de modo que de entrada los parques eólicos se consideran compatibles a menos que haya argumentos en contra. Será la ciudadanía, entonces, la encargada de probar la afectación a hábitats, especies, servicios ecosistémicos, paisaje, patrimonio, etc., que vean incompatibles un determinado proyecto", alertan desde la organización.