Desigualdad
Ingreso mínimo vital, la última red de protección para casi un millón de hogares

A la espera de que se haga oficial y aterrice en el BOE —evento que se ha pospuesto a final de esta semana— el ingreso mínimo vital, la primera prestación no contributiva de la seguridad social dirigida a luchar contra la pobreza severa en el país y que debería ampliar la cobertura que aportan las rentas mínimas ya existentes, facilitando el acceso y disminuyendo la condicionalidad, ha ido tomando forma  por medio de filtraciones y anuncios a lo largo de las últimas semanas. 

Ayer, en un encuentro promovido por la ONG Oxfam Intermón, al que estaban convocados el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del ministerio de Trabajo, se profundizó en algunos elementos fundamentales de una medida que ha movilizado críticas furibundas de la derecha y tensión y desencuentro informativo entre los socios de gobierno.

Se espera, que con una inversión inicial de 3.000 millones de euros, el gobierno pueda establecer un piso común a nivel estatal y acabar con la pobreza severa de casi dos millones y medio de personas.

Tras duras semanas de negociación y de defensa de la medida, sabemos que la cuantía estará en los 462 euros para un hogar unipersonal, pudiendo ampliarse hasta algo más de 1.000 euros para familias con hijos a cargo; que se habilitarán varias vías de acceso para facilitar que llegue a las 850.000 familias que el equipo al frente de su diseño estima que podrán ser elegibles; que será indefinida y que solo estará condicionada por la falta de renta.

También se ha hecho incidencia en que será compatible con otros ingresos procedentes del trabajo y complementaria con las rentas mínimas autonómicas, que serán subsidiarias a esta prestación. Se espera que, con una inversión inicial de 3.000 millones de euros, el Gobierno pueda establecer un piso común a nivel estatal y acabar con la pobreza severa de casi dos millones y medio de personas.

CELEBRACIÓN CRÍTICA

“Es un momento de celebración pero también un momento para incidir y mejorar la propuesta que está sobre la mesa”. Así resumió el director general de Oxfam Intermón, Franc Cortada, el sentir de la organización ante la aprobación esta semana del ingreso mínimo. Un hecho que en palabras de la responsable de incidencia de la organización y moderadora del debate de ayer, Lara Contreras, es ya un éxito fruto de cinco años de presión por la puesta en marcha de una medida redistributiva de este tipo: “Por fin, algo que era ajeno a la agenda política parece más relevante que nunca, está en los titulares de las noticias, esto es un milagro para nosotros que llevamos años intentando que esto esté en los titulares”.

Para Cortada, lo histórico del momento reside en que por fin “dejaremos de ser el único país de la Unión Europea que carece de una renta estatal”, considerando este un primer paso, para “acabar con la pobreza severa en España y no dejar a nadie atrás”. El responsable de Oxfam quiso aprovechar el momento para señalar el alcance de lo que considera un problema estructural en el país, previo e independiente a la crisis de covid-19, si bien este lo haya acentuado: “Somos el sexto país más desigual de la UE y solo estamos detrás de Rumania en cuanto a pobreza infantil”, remarcó.

¿Cómo se ha llegado aquí? Para Cortada las causas tienen que ver con la precariedad del mercado laboral, caracterizado por altas tasas de desempleo, bajos salarios, y una altísima rotación y temporalidad. En segundo lugar apuntó a las falencias del sistema de protección, excesivamente ligado a la situación laboral, asimétrico en lo territorial, y carente —al menos hasta ahora— de una herramienta estatal de transferencias monetarias destinado a combatir la pobreza.

El director de Oxfam dio datos comparativos relevantes para dimensionar la gravedad del problema: en España la tasa de pobreza severa sería cuatro veces superior a la de Francia y quintuplica la de Finlandia. El ejemplo serviría también, en palabras del ponente, para ilustrar “cómo con los sistemas de protección adecuados se puede revertir la pobreza”.

Matizando el balance celebratorio, Cortada señaló algunas de las cuestiones fundamentales que podrían determinar la eficacia de la medida y que generarían cierta preocupación en la organización: las primeras dudas tienen que ver con la cobertura y las consecuencias de una inversión que consideran limitada y, por tanto, abocada a apuntar a umbrales bajos, dejando afuera a personas que ingresan por debajo del 40% de la mediana, consideradas en situación de pobreza severa, al tomarse los hogares como referencia. Para Oxfam “el ingreso mínimo vital debe plantearse con el alcance máximo posible y llegar a todas las personas que están por debajo de este umbral”.

En segundo lugar emergía la cuestión migratoria. “Nos preocupa que se deje atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular”, afirmaba Cortada, quien recordó que como organización Oxfam aboga por la regularización extraordinaria. Pero, dado que esta no parece que se vaya a materializar, el país no podría permitirse dejar atrás a colectivos especialmente vulnerables.

La organización, que enumera a solicitantes de asilo, víctimas de trata y familias migrantes con hijos como los grupos prioritarios a proteger, reconoce que al menos se han incluido los dos primeros casos en la propuesta. Sin embargo, lamenta que no se haya ampliado a la tercera situación. “No tiene ningún sentido que estos niños crezcan sin igualdad de oportunidades simplemente porque sus padres están en situación irregular. El Estado no puede olvidar sus obligaciones hacia la infancia vulnerable”, remarcaba su director.

La necesidad de que el ingreso mínimo vital garantice un suelo estatal que completar y mejorar desde las comunidades autónomas; que la prestación “sea un derecho subjetivo, de duración indeterminada y compatible con otros ingresos”, facilitando al máximo el acceso y acabando con las barreras burocráticas, la separación entre el derecho a la inclusión social y el derecho a recibir un ingreso son elementos fundamentales para Oxfam; así como que se garantice que las medidas de estímulo al empleo, “muy presentes en la narrativa de la medida”, alertaba Cortada, pasen por evitar que un aumento de ingresos por trabajo implique una reducción proporcional en la ayuda. “Ahí no estaríamos premiando el esfuerzo por buscar ingresos adicionales”.

“Para una organización como Oxfam, testigo de los efectos de la crisis en las vidas de la gente, esto viene como agua de mayo”, concluía Cortada. “Somos conscientes de que nuestro trabajo es un apoyo y un parche mientras llega la ayuda de quien tiene que estar ahí que es el Estado”.

El relator de la ONU para la pobreza extrema expresó su satisfacción por ver que las problemáticas reflejadas en sus informes, son afrontadas mediante políticas públicas

Por su parte, el relator de la ONU para la pobreza extrema, Philip Alston, que hace unos meses señalaba en su visita las escandalosa situación de desigualdad que afecta al país, expresó su satisfacción por ver las problemáticas reflejadas en su trabajo, afrontadas mediante políticas públicas. “Es importante darse cuenta de lo mala que la situación ha sido hasta ahora”, apuntaba. “El hecho de que dos millones y medio de personas se beneficiarán es ya muy significativo, siempre es difícil dar el primer paso”, explicó. En este sentido, para Alston es importante que el Gobierno esté dispuesto a adaptar y mejorar el programa: “Podemos considerarlo un work in progress que se irá expandiendo”.

El relator de la ONU, insistía en la importancia de que esto no se trate de algo temporal, celebrando que el Gobierno recupere la iniciativa e instándole a mantener el compromiso a lago plazo. Por último, alertaba del rol y la mentalidad de la burocracia en el contexto español —mas volcada en demostrar rigor que en facilitar el acceso a los subisidios— llamando a su revisión: “Hay que enviar el mensaje de que, si bien se respetan los procedimientos, el objetivo real es ayudar a quienes lo necesitan. Es mejor dar una oportunidad que simplemente rechazar a la gente”.

LAS FRONTERAS DE LA MEDIDA

“Represento a todos los migrantes que están en proceso de regularización por cualquier razón que les haya traído a España frente a un sueño, un deseo de un futuro mejor”, afirmaba por su parte la colombiana Patricia Torres. Madre de dos niñas y solicitante de asilo, Torres pertenece al grupo de quienes sí han conseguido, dentro de su condición de migrante, optar al ingreso mínimo vital.

Para esta integrante del programa de apoyo a la Asociación de madres solas (AMASOL) en Zaragoza, la medida “no será un gasto, estéril, un dinero que se destine a quedarse ahí en manos de tantos que hacemos parte de las cifras”, pues, en sus palabras, la población migrante representa “capital humano que puede sumarse a la fuerza de trabajo en España, por eso queremos tener nuestros permisos de trabajo para unirnos a ese engranaje social y laboral que sacará adelante el país”.

Torres reivindicaba la Constitución, y en particular su preámbulo, recuperando el  “deseo de garantizar la convivencia en un ambiente de democracia” que este contiene, así como la alusión a “un orden económico y social justo”. También recordaba como el artículo 39 habla de las familias, y ponía en relieve la realidad de las familias monomarentales: “Una forma de familia que debe de ser atendida porque es aún más vulnerable que la familia tradicional pues es en hombros de nosotras las mujeres donde está la responsabilidad de sacar adelante esas promesas de futuro que representan los hijos”.

En este sentido, recordaba la dificultad de sobrevivir sin acceso al mercado laboral por no contar con permiso de trabajo y con apenas recursos para llevar adelante un proyecto de vida. Para Torres, el ingreso mínimo vital permitiría a familias como la suya pensar más allá de la supervivencia, supone acceder a una renta que ayude también a la salud mental, en crisis ante el “enorme desgaste de pensar ahora qué hago”.

PUNTOS CLAVE

Más allá del informe del relator Alston, Nacho Álvarez echaba mano, en su turno, del informe del FMI presentado hace cuatro meses. Del mismo destacaba tres cuestiones fundamentales: “Los altos niveles de desigualdad estructural y en particular de pobreza infantil, tras una década de crisis. El menor gasto social que tiene España en relación con el resto de la UE, un 16,5 del PIB frente 18,8 de media europea. Y, por último, una orientación del gasto menos eficiente”. Esta falta de eficacia, tendría que ver con que la protección social se ha vehiculado tradicionalmente a través del sistema fiscal con medidas como desgravaciones, lejos de las transferencias y ayudas directas.

Para Álvarez los esfuerzos hacia el ingreso mínimo vital corresponden a un Gobierno que “escucha” y aporta con esta propuesta “un granito pero también una medida histórica en la construcción del sistema de protección social español”. Para el economista esta se trataría de la medida más redistributiva de las existentes, enfocada a atajar “los problemas que ponía sobre la mesa el informe del relator”. Constituye, defendió, un cambio de rumbo fundamental frente a la trayectoria de austeridad surgida de la anterior crisis, junto a la materialización de la voluntad de ampliar derechos sociales para “que nadie quede atrás”.

Álvarez identifica dos grandes problemas que el ingreso mínimo vital afrontaría: la pobreza estructural, y la carencia de una red de seguridad no contributiva. Algo que, manifestó durante el debate, estima necesario particularmente en momentos de crisis como el actual. Con esta medida, defendió el economista, se ampliaría de manera muy notable la cobertura, pues el sistema de rentas mínimas estaría abarcando ahora mismo a unos 300.000 hogares, muy por debajo de los 850.000 hogares a los que el Gobierno quiere llegar.

El secretario de Estado de Derechos Sociales subrayó la no condicionalidad de esta prestación no contributiva, y su compatibilidad con el ingreso de otro tipo de rentas

Entre los puntos clave, el secretario de Estado de Derechos Sociales subrayó la no condicionalidad de esta ayuda no contributiva, y su compatibilidad con el ingreso de otro tipo de rentas: “De la experiencia de otros países de nuestro entorno hemos aprendido que no es deseable que un hogar que tiene un ingreso mínimo vital vea cómo se le retira la prestación de forma proporcional a los ingresos que obtiene cuando encuentra un trabajo de pocas horas”. Así, considera que lo que incentiva el empleo es la compatibilidad con otros ingresos como sucede con las rentas garantizadas de País Vasco o Navarra, y que, en su opinión, este “es el mejor mecanismo para evitar la trampa de la pobreza”.

La facilitación del acceso, que puede realizarse a través de varios canales que incluirán tanto la seguridad social como los servicios sociales o los ayuntamientos, supondrá, en la previsión del Gobierno, que se garantice esa optimización de la cobertura. Se prevé así mismo priorizar lógicas que no pongan el foco en el filtro previo a la solicitud, sino que hagan las debidas comprobaciones una vez se haya accedido a la ayuda.

“Lo que ha puesto de manifiesto el covid-19 es que no estábamos preparados”, apuntaba por su parte Milagros Paniagua. A la espera de que se anuncie oficialmente la medida, Paniagua completaba la descripción de los puntos fundamentales del ingreso mínimo vital. Así, avanzó que la vulnerabilidad de la persona la determinará el hogar donde esa persona vive, y que se dará prioridad a las familias monomarentales. Para evaluar a las familias elegibles, se analizarán sus rentas y patrimonio. 

En caso de tener algún tipo de renta el ingreso mínimo vital compensaría hasta llegar al umbral de los 462 euros en el caso de los hogares unipersonales. Respecto al patrimonio, se tendría en cuenta el patrimonio neto, siendo excluida de la valoración la vivienda habitual. Respecto a la compatibilidad con el trabajo, recordó que “no podemos obviar la precariedad de nuestro mercado con un 13% de trabajadores pobres”.

Paniagua reivindicó el esfuerzo de investigación realizado con el fin de diseñar la propuesta. “Se han hecho muchísimos análisis para la detección de hogares vulnerables y las cifras que se conocen es que estaremos en 850.000 hogares donde viven algo menos de dos millón y medio de personas, 50% con menores, unos 100.000 monomarentales”. En ese mismo sentido destacaba la importancia de ir contando con toda la información para hacer “seguimiento y correcciones”, para una medida que aspira, en palabras de la técnica, “a reducir el nivel de pobreza severa entorno a un 80%”.