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Crisis económica
El sector de los espectáculos en directo da la alerta roja el 17 de septiembre
Un conglomerado de asociaciones empresariales y colectivos profesionales del sector de los espectáculos en directo convoca una jornada de protesta para exigir al Gobierno que tome medidas para garantizar su supervivencia. La petición de dimisión del ministro Rodríguez Uribes flota en el ambiente.
Dos hechos coincidieron significativamente en apenas 24 horas. El 8 de septiembre, el Ministerio de Cultura desplegó un notable esfuerzo comunicativo para dar a conocer “su apoyo al sector de la música para paliar las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia”. Un día después, la sala El Sol, de mediano aforo y referente de la música en vivo en Madrid en las últimas cuatro décadas, anunciaba que le resulta imposible volver a abrir sus puertas, al menos de momento.
COMUNICADO DE EL SOL.
— Sala El Sol (@SalaElSol) September 9, 2020
[...]
Habíamos tomado septiembre como mes de reapertura y progresiva vuelta a la actividad. Las recientes normas de aplicación al sector hacen imposible que así sea. [...]#laculturaessegura#culturasegura#volveremos pic.twitter.com/svKYOFgSrJ
Las críticas a la actuación —a la inacción— del ministerio dirigido por José Manuel Rodríguez Uribes han arreciado en los últimos meses, particularmente desde los agentes implicados en que existan espectáculos musicales en directo, ya que entienden que la clausura de locales y la rebaja en los aforos permitidos están dando la estocada a este sector económico.
Las declaraciones del ministro no han contribuido a apaciguar los ánimos y ello puede explicar la batería de tuits y notas de prensa que el 8 de septiembre salió desde el ministerio, subrayando que la dotación presupuestaria de las ayudas extraordinarias del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música destinadas al sector ha aumentado un 166% respecto a la convocatoria de 2019 y que “para dar respuesta a las entidades afectadas por el cierre de las actividades y por las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias, estas nuevas ayudas están orientadas a atender los gastos estructurales de ciclos musicales propios en espacios escénicos y musicales, públicos o privados y los de las empresas gestoras de salas privadas de música en vivo que desarrollen programaciones musicales estables”.
⤴️ El Ministerio de Cultura y Deporte triplica las ayudas a la música hasta alcanzar los 16.555.482 euros. @culturagob ha reforzado su apoyo al sector de la música para paliar las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.https://t.co/k0BA6wNd4W
— Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) September 8, 2020
Pero este despliegue informativo no llegó a tiempo para El Sol —ni para otras muchísimas salas y sus empleados— y tampoco ha calmado los ánimos de Alerta Roja, un movimiento de unificación sectorial de la industria del espectáculo y los eventos que ha convocado una jornada de protesta el 17 de septiembre en 28 ciudades.
“Ante la falta de reconocimiento de una vulnerabilidad clara, y de ayudas concretas por parte del gobierno, es vital dar visibilidad a la preocupante situación que vive el sector del Espectáculo y los Eventos”, se lee en el comunicado de Alerta Roja, que insta al Gobierno y a los ministerios responsables (Trabajo, Hacienda, Asuntos Económicos, Cultura y Deporte, e Industria) a tomar a tomar medidas urgentes en las próximas semanas para garantizar la supervivencia del sector. También propone crear de forma inmediata una mesa sectorial que defina las necesidades del mismo, afectado por la estacionalidad e intermitencia de la actividad, dando prioridad a la regulación a través de la negociación de un convenio colectivo sectorial de ámbito nacional.
Precariedad laboral
Seis de cada diez trabajadores culturales recibieron propuestas para trabajar sin cobrar durante el confinamiento
Durante el confinamiento se ha producido un desarrollo “significativo y generalizado” de trabajos sin remunerar para su exposición y consumo online, según una encuesta de la Universitat de València que estima pérdidas superiores al 75% en los ingresos de la mitad de los trabajadores culturales en el segundo semestre del año.
En Alerta Roja participan cerca de 40 asociaciones y colectivos profesionales como la Plataforma Estatal de Asociaciones de Técnicos del Espectáculo, la Coordinadora Estatal de la Verbena y el Espectáculo, la Asociación de Profesionales de la Producción y la Realización Técnica del Espectáculo, la Asociación de Fabricantes e importadores de los sectores de Sonido, Iluminación y Tecnología Audiovisual o la Asociación Nacional de la Industria Técnica para el Evento y la Cultura. Es decir, empresas de mediano tamaño como salas de conciertos, oficinas de management, promotoras, productoras discográficas, locales de ensayo, estudios de grabación, empresas de personal auxiliar, y fabricantes o distribuidores de equipos de alquiler. Llama la atención la ausencia de sindicatos en el seno de este movimiento.
¿QUIÉNES SOMOS?
— Alerta Roja (@AlertaRojaES) September 4, 2020
↪️ #AlertaRoja es el MOVIMIENTO de lxs profesionales del sector del Espectáculo y los Eventos.
↪️ No pertenece ni es creado por ninguna asociación, ninguna plataforma, ninguna organización, ni ningún movimiento unificado de trabajadores. pic.twitter.com/udeZkH4m0I
Sus reclamaciones se resumen en dos principales: el reconocimiento por parte de las instituciones y administraciones públicas del sector del Espectáculo y los Eventos como uno de los más afectados por la pandemia, y la reactivación “inmediata” de las agendas culturales y de eventos de las administraciones públicas, bajo el estricto cumplimiento de todos los protocolos de seguridad sanitaria.
Estas dos peticiones se traducen en el establecimiento de ayudas directas a autónomos y empresas del sector que acrediten una disminución del volumen de ingresos superior al 50% en relación con el ejercicio anterior, la aplicación del IVA reducido en los sectores vinculados a la Industria Cultural, del Espectáculo y Turismo de Congresos, Reuniones, Incentivos y Eventos (MICE), como medida dinamizadora de la actividad; y una moratoria en créditos ICO hasta la reactivación de la actividad entendida como la recuperación del 100% de los aforos.
Desde alerta Roja desglosan asimismo sus peticiones en tres grupos, las que afectan a los trabajadores autónomos, a los que que lo hacen por cuenta ajena y a las empresas.
Para los autónomos, piden una prórroga de la prestación especial por cese de actividad hasta su reactivación con una recuperación del 100% de aforos, a los que continúan con su actividad paralizada, con exención al 100% de la cuota del Régimen Especial para Trabajadores Autónomos, y posibilidad de acceso reduciendo el requisito de la disminución de ingresos al 30% en relación con los mismos trimestres del año anterior. También la adopción de medidas legislativas específicas para quienes, debido al carácter estacional e intermitente de la actividad, no se encontraban de alta en el sistema de la seguridad social o se encontraban de baja por enfermedad en el momento de inicio de la pandemia.
Para quienes trabajan por cuenta ajena exigen que no se consuma su derecho a prestaciones y/o subsidios, durante el periodo de inactividad y hasta que se reactive con una recuperación del 100% de los aforos,teniéndose en cuenta el carácter retroactivo de esta medida desde el 14 de marzo del 2020. También solicitan el reconocimiento de la actividad como intermitente y la adopción de medidas legislativas referentes al régimen de cotización y protección social, permitiéndose la obtención automática de prestaciones de desempleo en cada periodo de inactividad que sucede entre contrato y contrato de trabajo una vez alcanzadas un número de horas mínimas.
Y en cuanto a las medidas que afectan a las empresas, Alerta Roja reclama la recuperación de los ERTE por fuerza mayor total con exención del 100% de las cotizaciones en seguridad social, hasta que sea posible trabajar con el 100% de los aforos y mantener la prestación de todo el personal afectado por un ERTE en el 70% de la base reguladora; la adaptación específica de los instrumentos de regulación de empleo a la estacionalidad e intermitencia de la actividad según se vaya recuperando la actividad; y la reducción del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para los ejercicios 2020 y 2021.