Coronavirus
El Defensor del Pueblo confirma la liberación de internas de los CIE

En un escrito remitido a primera hora de este jueves, en respuesta a la Asociación de Abogados Extranjeristas, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, admite que “las circunstancias actuales impiden que se pueda dar cumplimiento” a la finalidad de la expulsión, por cuanto a su juicio “estas personas deben ser puestas en libertad”.

“Las excepcionales circunstancias en las que nos encontramos han de tomar en consideración de modo prioritario la salud y la seguridad, tanto de los internos como de los funcionarios de policía y todo el personal que presta servicio en los CIE. Por ese motivo resulta imprescindible asegurar que esa puesta en libertad se realice en condiciones que permitan dar cumplimiento a las medidas decretadas en el estado de alarma para todos los ciudadanos”, afirman desde Defensoría.

Al respecto, confirma el adelanto de El Salto respecto al inicio ayer miércoles, de la puesta en libertad de las personas retenidas en los CIE, destacando que se encuentra en comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras así como con la Secretaría de Estado de Migraciones “para asegurar que se dan las condiciones anteriormente señaladas para la puesta en libertad de los internos”.

“Ambos departamentos han comunicado las medidas de coordinación adoptadas, que ya se han puesto en marcha, para derivar las personas procedentes de patera y los solicitantes de protección internacional al sistema de acogida humanitaria. Por otro lado, se están realizando gestiones para facilitar el regreso a su residencia de las personas que cuentan con domicilio en España; y la derivación a los servicios sociales municipales de aquellas otras que no se encuentren en las situaciones anteriores”, destacan desde Defensoría del Pueblo.

La Asociación de Abogados Extranjeristas había presentado una queja el martes 17 de marzo porque se mantenían “apresados a los extranjeros que se encuentra en los CIE”, argumentando que el internamiento “es una medida de carácter medial para una expulsión que no se va a poder ejecutar en las próximas semanas, y que por tanto pierde su sentido y legalidad”.

“Queremos llamar a la cordura al Ministerio del Interior, a demostrar que verdaderamente cree en lo que dice la Ley, y a que no utiliza los CIE como medida de intimidación contra la inmigración ilegal y como castigo añadido contra los que se atrevan a contravenir sus órdenes. La ley consagra estos centros como NO PENITENCIARIOS y eso no quiere decir sino lo que ha expresado el Defensor del Pueblo, y la consecuente obligación de liberación inmediata, que confiamos se lleve a cabo, junto con otros países europeos, lo antes posible, dado que estamos hablando de un derecho fundamental de las personas”, enfatizan en un comunicado firmado por su portavoz y presidente, Francisco Solans Puyuelo.