Coronavirus
De las calles a las ventanas: Chile y la crisis sanitaria

La declaración del estado de emergencia en octubre de 2019 impuso un toque de queda durante más de diez días, donde el ejército quedó al mando del orden público, y dio comienzo una espiral de violencia que paralizó el país

El ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, aseguraba que la cuarentena total es una medida que nadie está implementando en el mundo, y “que los que han intentado llevarla a cabo, como España e Italia, han fracasado estruendosamente”

La gestión del Gobierno ha sido cuestionada en numerosas ocasiones durante las últimas semanas. La primera en saltar fue la presidenta del Colegio de Médicos, Izquia Siches, que criticó la falta de transparencia de datos del ejecutivo. Siches ya advertía a comienzos de marzo del riesgo de sobrecarga del sistema de salud y abogaba desde hace semanas por endurecer las medidas preventivas tomadas por el Gobierno. A la demanda del Colegio de Médicos de ampliar el área de cuarentena a todo el territorio nacional se unieron más de 50 alcaldes de todos los colores políticos, que en un comunicado conjunto instaron al Gobierno a actuar con la mayor celeridad posible y alcanzar un acuerdo nacional con las municipalidades [ayuntamientos] en esa dirección.

El acuerdo promovido por los alcaldes se materializó en la creación de una Mesa Social COVID, un ente que reúne a representantes del Ejecutivo, las municipalidades y el Colegio de Médicos, que pretende mejorar la coordinación entre las distintas autoridades y superar el “déficit de información” del que se lamentaban tanto Siches como los jefes comunales. Los acuerdos alcanzados por la Mesa en materia de información y recopilación de datos y establecimiento de mecanismos de coordinación regional, consiguieron rebajar la tensión entre el Gobierno, los alcaldes y el Colegio de Médicos; pero no han logrado mitigar el descontento de gran parte de la población con un ejecutivo cuya desconexión con todo lo que se encuentra fuera de La Moneda es cada vez mayor.

GRIETAS EN EL EJECUTIVO

Como comentábamos, la gestión de la crisis sanitaria ha provocado fuertes encontronazos entre el Gobierno y los alcaldes de algunas municipalidades. Uno de los casos más sonados fue el de Pedro Edmunds Paoa, edil de Rapa Nui (Isla de Pascua), donde se produjeron los primeros contagios, que acusó a Mañalich de no haber escuchado sus peticiones de cerrar la Isla desde el 11 de marzo y le tildó de esquizofrénico, añadiendo que “no debería estar a cargo de la Salud del país”. Sin embargo, Edmunds Paoa no ha sido el único que ha puesto en duda la capacidad de Mañalich de manejar la situación, y algunas de las críticas más virulentas que ha recibido el ministro vinieron por parte de alcaldes de la UDI, partido al que pertenece el presidente Sebastián Piñera.

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, candidata por el partido del presidente, tuvo un duro cruce de acusaciones con el ministro a causa de una supuesta víctima de covid19 en la Municipalidad de Maipú, que la alcaldesa anunció sin que el Ministerio la hubiera reconocido. Mañalich tachó a Barriga de mentirosa y de “faltar a la ética para hacer campaña”, lo que desató una bomba en el interior del partido.

La filtración esta semana de un grupo de Whatsapp interno mostró como el diputado Joaquín Lavín León —marido de Barriga e hijo del alcalde de Las Condes Joaquín Lavín Infante, una de las figuras más relevantes de la UDI— recriminó al ministro sus palabras, y exigió que el Gobierno se disculpase. Algunos miembros del grupo, cuya identidad se desconoce —aparecen como UDI 1, UDI 2— trataron de calmar los ánimos del sector cercano a Barriga, señalando que “fue inapropiado y excesivo que a la alcaldesa se le dijera que era mentirosa, así como es preferible que sea la autoridad especializada la que haga el recuento sobre contagiados y fallecidos”. El propio Piñera se vio obligado a intervenir, y lo hizo cerrando filas en torno a su Gobierno, y asegurando que desde la Municipalidad se había dado la información sin cumplir los protocolos y de manera precipitada.

Esta no ha sido la única discrepancia surgida entre la UDI y el Gobierno en el seno de la crisis. Esta misma semana, un grupo de senadores de Chile Vamos —coalición electoral que integra la UDI junto a otros partidos de la derecha— acudió al Tribunal Constitucional para instar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley del Gobierno que dispone que algunos reos puedan cumplir las penas en sus domicilios mientras dure la pandemia.

La elección de imponer un nuevo toque de queda en vez de una cuarentena y las primeras medidas económicas anunciadas por Piñera para dar respuesta a la pandemia solo han aumentado el descontento hacia el ejecutivo

Los roces entre el ejecutivo encabezado por Sebastián Piñera y los partidos que conforman la coalición que le llevó a la presidencia no son nada nuevo en La Moneda. En esta ocasión, la opacidad y la arrogancia con que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, gestionó las primeras semanas de la crisis, han vuelto a destapar las fisuras de una coalición que ya salió tocada de la votación para la paridad del futuro órgano constituyente, donde la UDI votó en contra y sus socios Renovación Nacional y Evópoli a favor. Los equilibrios internos durante los próximos meses serán clave para determinar el futuro de un ejecutivo cada vez más cuestionado por la ciudadanía, y por sus propios colaboradores.

instituciones desacreditadas

Otra de las paradojas que se da en Chile es que ahora la población deberá colaborar para combatir la pandemia con quien le lleva reprimiendo durante meses. Con más de mil denuncias por uso excesivo de la fuerza, torturas y violencia sexual reportadas durante el curso de las protestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, miles de heridos por disparo de balín, y una treintena de muertos, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros se encuentran completamente desacreditados frente a la ciudadanía. Tampoco se salva el Ejecutivo, que es visto como el responsable último de las violaciones de derechos humanos cometidas durante estos meses.

Desde el movimiento popular, que hasta hace unas semanas abarrotaba las calles de todo Chile, no se han encajado bien algunas de las medidas del Gobierno para atajar la crisis. La elección de imponer un nuevo toque de queda en vez de una cuarentena y las primeras medidas económicas anunciadas por Piñera para dar respuesta a la pandemia solo han aumentado el descontento hacia el ejecutivo.

Numerosos sectores lamentaron que una de las primeras labores realizadas tras la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, fuera la limpieza de la Estatua del General Baquedano, situada en la renombrada Plaza Dignidad y símbolo de las protestas. El intendente de la Región Metropolitana de Santiago, Felipe Guevara, reconoció que la orden provino de La Moneda, lo que para muchos supuso la confirmación de que, hasta el momento, el actuar del Gobierno ha respondido más a intereses políticos que a las necesidades de la población ante la amenaza de la pandemia.

La declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe la noche del 18 de marzo fue la primera reacción del ejecutivo ante la crisis. Con una vigencia de 90 días, el decreto designa a 16 miembros de las FF AA —uno por región— como Jefes de Defensa Nacional, con facultades para restringir la libertad de movimientos, las reuniones en espacios públicos, intervenir la cadena de distribución de alimentos para garantizar el abastecimiento, o controlar la entrada, salida y tránsito de personas de la zona correspondiente.

El plan, que moviliza poco menos del 5% del PIB chileno, ha sido duramente criticado por distribuir de manera desigual los costes de la crisis entre las clases populares y el alto sector empresarial

Inmediatamente después, el Gobierno anunció un plan económico cuyos ejes principales eran dotar de mayores recursos al sistema de salud para afrontar la crisis, y atenuar los efectos económicos de esta, protegiendo a los más vulnerables y tratando de evitar la destrucción de empleo. Unos objetivos honestos sobre el papel, pero que, según sindicatos y agentes sociales, distan mucho de las verdaderas prioridades del Ejecutivo. Entre las principales medidas anunciadas por Piñera se encuentra una moratoria del pago de servicios esenciales —agua, electricidad e internet— y un bono social que ronda los 100.000 pesos —poco más de 100 euros— para los hogares más vulnerables; la supresión del impuesto de Timbre y Estampillas que grava las operaciones de crédito de las empresas y las personas; y un complemento de 50.000 pesos para los salarios más bajos.

El plan, que moviliza poco menos del 5% del PIB chileno, ha sido duramente criticado por distribuir de manera desigual los costes de la crisis entre las clases populares y el alto sector empresarial. La tensión aumentó esta semana con el anuncio de que siete de las nueve ISAPRE —instituciones de salud privadas— subirán en plena crisis sanitaria el precio de sus planes un 4,5% de promedio; y con el Proyecto de Ley de Protección del Empleo que aprobó el Congreso que exime a los empleadores de pagar los salarios en caso de cuarentena. Procedente de un dictamen de la Dirección del Trabajo de dudoso encaje jurídico, la norma prevé que las remuneraciones de los trabajadores cuyas empresas suspendan la actividad a causa de la cuarentena, las cubrirá el seguro de cesantía de cada trabajador. Es decir, que las remuneraciones provendrán del bolsillo de los propios trabajadores.

El Gobierno prevé que las remuneraciones de los trabajadores cuyas empresas suspendan la actividad a causa de la cuarentena, las cubrirá el seguro de cesantía de cada trabajador, es decir, del bolsillo de los propios trabajadores

Hasta el momento todas las demandas de organizaciones sindicales y de la sociedad civil han sido desatendidas por el Gobierno, que ha movilizado un monto menor incluso que otros países de la región con gobiernos conservadores como Perú o Colombia, nos cuenta Javier Pineda, de la Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores. Garantizar el pago de las remuneraciones de los trabajadores; la condonación —y no la moratoria— del pago de los servicios básicos mientras dure la crisis; y la detención de toda actividad que no se encuadre dentro de los servicios esenciales, son solo algunas de las peticiones formuladas para garantizar la salud y la seguridad de las clases populares los próximos meses.

El Gobierno no parece dispuesto a ceder, y por ahora descarta tajantemente dos de las principales demandas de estas organizaciones: la cuarentena general preventiva y el parón de la actividad productiva no esencial. Ante la inacción del Gobierno, desde sindicatos y movimientos sociales se está planteando el llamado a un paro nacional que solamente excluiría a los servicios esenciales. Una solución, que parece la única viable ante un Gobierno y un empresariado que no están dispuestos a perder un peso aún a riesgo de que los contagios se disparen.

DE NUEVO LA SALUD

La crisis sanitaria ha vuelto a poner en el centro del debate público una de las principales reivindicaciones de los manifestantes, el derecho a la salud. Con un sistema sanitario mixto, donde el ente público, Fondo Nacional de Salud (Fonasa) convive con las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), el acceso a la salud no está garantizado a todas las capas de la población y es un negocio más para el poder económico. La falta de insumos en los hospitales y las eternas listas de espera son el resultado de las políticas estatales de transferencias de recursos públicos al sector privado implementadas durante años. Un círculo vicioso por el que el estado, en vez de invertir en mejorar el sistema público, deriva pacientes a los hospitales privados a precio de mercado ante la incapacidad de Fonasa de asumirlos por el desbordamiento del sistema. Se establece así una dinámica perversa, en la que la degradación progresiva del sistema de salud público, va acompañada del lucro constante del sector privado.

La salud es un negocio más para el poder económico. La falta de insumos en los hospitales y las eternas listas de espera son el resultado de las políticas estatales de transferencias de recursos públicos al sector privado implementadas durante años

El sistema de salud, cuyo origen data de la dictadura del General Pinochet, es un reflejo más del Estado subsidiario chileno, que no garantiza el derecho a la salud, y en su Constitución únicamente recoge que “las acciones de salud, se prestarán a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley”. No sorprende, por tanto, la preocupación que recorre la sociedad, en un país con un sistema sanitario en el que los sucesivos gobiernos han favorecido lo privado frente a lo público, y donde las pruebas para detectar el virus cuestan 20.000 pesos (21 euros), una de las tantas barreras económicas que el sector privado sigue imponiendo a pesar del estado de crisis sanitaria global.

Si el covid19 ha puesto patas arriba los Estados de bienestar europeos, obligando a los gobiernos a destinar parte importante de sus PIB en planes de choque para paliar los efectos socioeconómicos post crisis; en Chile, el impacto de la pandemia podría hacer colapsar un modelo social y económico que desde hace tiempo se demuestra insostenible. La desprotección social y económica que sufren los chilenos desde hace décadas puede hacerse más inhumana que nunca si el Gobierno decide no distribuir los costes sociales de la crisis.

Las pensiones de los trabajadores han perdido 58.000 millones de dólares en el monto gestionado por las administraciones de Fondos de Pensiones Privadas (AFP).  Unos pagan y otros se salvan

Otro ejemplo son las repercusiones del desplome financiero de estas semanas en las pensiones de los trabajadores. Una caída que ha provocado que el monto del fondo gestionado por las administradoras de fondos de pensiones privadas (AFP) descienda en 58.000 millones de dólares. Es decir, que si el Gobierno decide no intervenir y seguir las recomendaciones de las AFP —esperar a que las bolsas se estabilicen— miles de trabajadores verán decaer los ahorros de sus cuentas individuales. Unos pagan y otros se salvan.

Al igual que en todo el mundo, la incertidumbre reina hoy en Chile, y los efectos del shock social y económico solo se podrán dimensionar con el transcurso del tiempo. A día 6 de abril, los contagios aumentan, pero la letalidad es de las más bajas del continente, lo que es una magnífica noticia para los chilenos. Por el momento, tenemos un Gobierno que no ha querido repartir los costes de la crisis social subordinando las inmensas ganancias de los privados al interés general; y una población que, cacerola en mano, le recuerda desde sus ventanas que no está dispuesta a asumir todas las pérdidas. En el horizonte, un proceso constituyente aplazado para octubre y una crisis a nivel global que cambiará los equilibrios tanto a nivel nacional como internacional.