Pensiones
¿Dónde están los 1.080 euros?

Mientras los sindicatos CC OO y UGT firmaban ayer en Madrid el acuerdo de la reforma de las pensiones con el ministro José Luis Escrivá, en Bilbao los pensionistas seguían reivindicando una pensión mínima de 1.080 euros. Esta vez, con ayunos rotatorios diarios de 140 personas y huelga de hambre sostenida por una decena de pensionistas que, desde el lunes, se han encerrado por turnos en un local del centro. 

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria empezó en 2018 a concentrarse frente a los ayuntamientos con una reivindicación concisa: pensiones a partir de 1.080 euros para todas las personas. Recordaron que no se puede vivir con 700 euros, ni con 500, que son las pensiones que reciben la mitad de los diez millones de pensionistas; y que ocho de cada diez pensionistas que no llegan a mil euros son mujeres. 

Para un hogar con dos cónyuges la pensión mínima se incrementará de 964 a 1.180 euros, pero el objetivo para hogares unipersonales es quedarse en el 75% del umbral de la pobreza: de 783 a 828 euros al mes

La reforma de Escrivá se ha vestido de morado para presentarse ante la opinión pública: espera acabar con la brecha de género, que en las pensiones se dispara al 37% de media (en la salarial ronda el 24%). Menos años cotizados, contratos parciales, todo por los cuidados. “De hijos, maridos, padres”, apostilla Patxi Fernández a punto de acabar su ayuno diario. Es un economista jubilado, con una pensión alta, que no dudó, junto con su compañero Jesús María Soubies, en su día calderero, jefe de taller y otros 28 contratos de trabajo más, en pasar una jornada sin comer para seguir reivindicando lo que es justo según la Carta Social Europea: percibir una prestación que llegue al 60% del salario medio para no vivir por debajo del umbral de pobreza. 

Según Escrivá, la pensión mínima para un hogar con dos adultos aumentará un 22%, pasando de los 13.500 euros anuales (964 mensuales) hasta los 16.500 en 2027, unos 1.180 euros brutos al mes en catorce pagas. Pero las no contributivas tienen un objetivo menor: el 75% del umbral de la pobreza para hogares con una sola persona, indicó el ministro. Es decir, unos 810 euros netos al mes, 270 euros por debajo de los 1.080 euros.

“Al Gobierno le inquieta que sigamos peleando, pero sabemos que si no estuviéramos en la calle, la reforma de las pensiones sería peor”

Arantxa Etxebeste y sus compañeras llevan una pañoleta azul atada en el cuello, son pensionistas de Gipuzkoa. “Siempre hablan de las pensiones medias, ¿pero qué pasa con las no contributivas y las de viudedad? Solo las mencionan de pasada”, alerta. “No queremos flores ni caramelitos”, agrega Kontxi Rebollo, “soy feminista y pensionista y vamos a seguir peleando en las calles porque las pensiones son un escándalo. No queremos discursos, queremos recursos”, remata. 

Rebollo intuye que al Gobierno no les gusta que lleven 169 lunes concentrándose en los consistorios. “Les inquieta”, asegura, “pero sabemos que si no estuviéramos en la calle la reforma de las pensiones sería peor. Nunca dirán que es por nuestra pelea”. 

El movimiento de pensionistas se espera a leer el real decreto publicado en el BOE para elaborar una valoración pública del acuerdo. Adelantan que, aunque tiene avances, no les gusta. “No han tenido en cuenta los 1.080 euros que es lo que recomienda la Carta Social Europea para no estar dentro de la pobreza”, insiste Andrea Uña, quien añade que “han tenido tiempo suficiente para poner aumentar las pensiones mínimas y hacerlas sostenibles pagando 1.080 euros”.

“Hay que destopar los máximos de cotización y mejorar los salarios de los trabajadores, así como aumentar la recaudación en los beneficios escandalosamente elevados”

Jon Fano pasa por delante de una máquina expendedora vacía en la que se lee el cartel de “No falta dinero, sobran ladrones”. Escogieron ese eslogan para tratar de hacer entender que la caja de las pensiones no es insostenible: “Hay que destopar los máximos de cotización y mejorar los salarios de los trabajadores, así como aumentar la recaudación en los beneficios escandalosamente elevados y abusivos de empresas y oligopólios en una economía de crecimiento que acelera la desigualdad social”, entre otras medidas.

Lo acordado por el Gobierno, con el visto bueno de la Unión Europea, CC OO y UGT, ha sido volver a ampliar el número de años que se tendrán en cuenta para calcular la pensión de todas las personas que ahora tienen menos de 50 años, las generaciones más precarizadas. Si las reformas de Rajoy ampliaron el cómputo de 15 a 25, la de Sánchez pasará de 25 a 29, pudiendo descontar los dos años con menos cotización. La opción de 25 años dejará de existir en 2040.

Valoración de ELA

Desde el sindicato ELA, su secretario general, Mitxel Lakuntza, valora positivamente la oposición de Unidas Podemos y EH Bildu para impedir ampliar a 30 el número de años para calcular la pensión. Sin embargo, advierte de que “la reforma aprueba recortes y facilita que los siga habiendo en el futuro”, por lo que anima a los partidos de izquierda a votar en contra del real decreto si mantiene los “elementos regresivos de la reforma y no se da marcha atrás a los recortes de 2011”.

La responsable del gabinete de estudios, Janire Landaluze, indica que, con las fórmulas presentadas, las pensiones mínimas aumentarán “muy poco” y se quedarán “lejos” de la reivindicación del movimiento de pensionistas. Calcula que la pensión mínima para personas mayores de 65 años sin cónyuge pasaría en cuatro años de 783 euros mensuales a 828. Critica también que las medidas recogidas bajo el nombre de la brecha de género “no suponen apenas cambio alguno”.

Por su parte, Mikel Noval, valora que la reforma “sigue obviando que es necesario que las pensiones se financien con los impuestos”, a pesar de que plantea una serie de medidas encaminadas a aumentar los ingresos de la Seguridad Social, subiendo las bases de cotización y frenando, al mismo tiempo, la cuantía de las pensiones máximas. Alerta de que la reforma de Escrivá establece un tope al gasto en pensiones y otorga un papel “crucial” a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a la hora de analizar la situación y plantear medidas para cumplir con dicho límite. El sindicato ELA se ha mostrado “muy crítico” con la Airef, la cual considera “punta de lanza de la imposición de las políticas de ajuste” para cumplir con el endeudamiento público previsto en el artículo 135 de la Constitución. 

La Airef analizará si se está respetando el límite de gasto en pensiones y propondrá medidas en el caso de que no se cumpla

Según lo acordado, a partir de marzo de 2025 y cada tres años, la Airef analizará si se está respetando el límite de gasto en pensiones y propondrá medidas en el caso de que no se cumpla. “Este mecanismo supone una clara amenaza sobre el sistema público de pensiones”, señala Noval, quien considera que esta idea “profundiza” en la hipótesis de que las pensiones solo pueden funcionar con los ingresos por cotizaciones sociales, sin tocar otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado.

Manifestación el sábado

En Bilbao, las noches pasan sin apenas ronquidos, aseguran los pensionistas encerrados. A la mañana, llega un médico que les mira la tensión y recoge otros valores para observar si el ayuno va bien, o si alguien debe romperlo e ir a por un pintxo para equilibrar el cuerpo. 

Jesús María Soubies avisa de la llegada del facultativo, y de que, en el Estado, “se debería estar en la dinámica francesa con fuertes movilizaciones en la calle”. Critica el papel de la Mesa de Diálogo Social, en el que solo participan CC OO y UGT como parte social. “Hemos pedido interlocución a la mesa y no nos la han concedido”. En el local saben que para seguir estando presentes después de cinco años de lucha ininterrumpida tenían que hacer algo más llamativo para ser escuchados. 

Ayer la prensa entraba constantemente en el local: diarios, radios e incluso directos de televisión. Terminarán su semana de encierro con una manifestación el sábado 18 en Bilbao. Los pensionistas acuden a todas las movilizaciones que consideran socialmente justas (movimiento feminista, luchas antirracistas, ecologismo, etc.), por lo que no sería de extrañar que el sábado miles de personas que aún no han llegado a la edad de jubilación, les acompañen para seguir reivindicando 1.080 euros para todas.