Italia
Contra la solidaridad

Las primeras medidas del gobierno liderado por Giorgia Meloni se han dirigido contra prácticas colectivas definidas desde amplias capas de la opinión pública y de los aparatos institucionales como “no compatibles” con el orden existente. Por un lado, se ha atacado a los barcos de las ONGs dedicados a rescates en el mar a personas náufragas. En primer lugar, a través de una directiva del ministro de Interior en la que se remarca que tales barcos violan el espíritu de las leyes y políticas italianas y europeas sobre migraciones y, más tarde, con el decreto interministerial Piantedosi-Salvini-Crosetto [titulares, respectivamente, de las carteras de Interior, Infraestructuras y Defensa, N. del T.], el cual ha instaurado los controles selectivos en los barcos para decidir qué personas pueden desembarcar y cuáles deberían ser transportadas a los países cuyas banderas ondean en los barcos. Por otro lado, se ha puesto en el punto de mira todas aquellas formas de reunión social y política realizadas sin autorización, tomando como pretexto la rave organizada en Módena a finales de octubre y su escénico desalojo.

Las prácticas de solidaridad hacia las personas que se juegan la vida en el mar buscando la protección de un territorio que consideran esencialmente seguro y las prácticas de reunión fuera de las lógicas comerciales son incompatibles con el orden de atomización social y de cierre hacia los estrechos intereses y miedos individuales. Dos figuras del enemigo y del peligro forjadas en los últimos treinta años —los inmigrantes irregulares y los jóvenes de las raves y los centros sociales—, las cuales han sido utilizadas como blanco para golpear más en profundidad, con el objetivo de debilitar las prácticas colectivas, evidentemente consideradas un problema por parte de quienes quieren mantener el estado presente de las cosas dentro de una crisis socioecológica y de legitimidad política de dimensiones históricas. Se trata de las mismas prácticas que caracterizan la movilización obrera de la GKN [fábrica toscana ocupada en el verano de 2021 cuyo colectivo obrero ha desarrollado un amplio horizonte político, N. del T.], la cual se encuentra bajo ataque en estos días, con la aceleración por parte de la empresa propietaria de las operaciones para eliminar los materiales residuales y, por tanto, del posible vaciado de la fábrica a partir del 8 de noviembre, según la interpretación del colectivo de fábrica, que se prepara a resistir.

El decreto interministerial ha reforzado ese ataque a las prácticas solidarias ya que, en palabras del ministro de Interior, impone a los barcos el fondeo en lugar del atraque, tras lo cual se deberá desembarcar de forma selectiva a las personas náufragas a bordo, asistiendo a aquellas definidas como “vulnerables”, mientras “para la gestión del resto de personas se invitará al barco en cuestión a dirigirse a aguas internacionales”. Este decreto introduce así un principio selectivo, fundado sobre una distinción entre personas vulnerables y sanas, especular al utilizado para atacar la renta de ciudadanía, en este caso basado en la discriminación —igual de arbitraria— entre personas merecedoras de una ayuda por ser “auténticos pobres” e “inhabilitados para trabajar” y los vagos y vagas de siempre.

Tales políticas tienen un contenido de clase, ya que generan preventivamente divisiones entre las áreas socialmente y económicamente subalternas

Así, se ataca con políticas represivas y selectivas los lugares de la solidaridad, con el objetivo implícito de crear una separación, dentro de las capas subalternas de la sociedad, entre quienes merecen ser ayudados por la benevolencia del Estado y quienes deben ser castigados, desalojados y rechazados. En otras palabras, tales políticas tienen un contenido de clase, ya que generan preventivamente divisiones entre las áreas socialmente y económicamente subalternas.

Este ataque representa, además, un intento de despolitizar esas prácticas colectivas, especialmente aquellas de tipo solidario. Por un lado, este intento se lleva a cabo a través de formas de tecnicización: se pueden organizar raves, pero con autorizaciones y burocracia, eliminando así todo carácter de autonomía; los barcos de las ONGs pueden atracar, pero han de someterse a controles selectivos por parte de las autoridades del Estado, subordinando a éstas el más alto derecho internacional. Por otro lado, también se intenta despolitizar reduciendo la humanidad de los directos interesados: jóvenes de las raves —y, añado yo, de los centros sociales—, los cuales no son sino desadaptados que han de ser llevados por la buena senda; inmigrante vulnerables —y, por tanto, víctimas— que hay que salvar —“Las personas que cumplen los requisitos pueden desembarcar, nos hacemos cargo así de aquello que comporta problemas de tipo asistencial y humanitario”, ha declarado el ministro de Interior—.

A este ataque generalizado a las prácticas colectivas de solidaridad y reunión, que son constitutivamente y explícitamente políticas, se ha respondido desde diversos lugares de la sociedad, y concretamente del movimiento antirracista. Se ha activado, especialmente en el caso de los barcos de las ONGs, la Red Antirracista de Catania, los grupos y las asociaciones formales e informales de apoyo a las personas migrantes y solicitantes de asilo, así como algunos representantes parlamentarios. El valor político del ataque ha sido entendido por diversas áreas políticas y sociales. Ahora, la tarea inmediata es ampliar esa comprensión, para poder salir del intento gubernamental de debilitamiento de las prácticas colectivas y solidarias con un reforzamiento de tales prácticas, y no con un debilitamiento aún mayor.