Estados Unidos
¿Décadas de cárcel por protestar contra Trump?

Ahora mismo, cuatro personas están siendo juzgadas, acusadas de mútiples delitos relacionados con las protestas en la inauguración de la presidencia de Donald Trump en 2017. Son parte de un grupo de 59 acusados que se enfrentan a penas de hasta 60 años de cárcel si son condenados. Cerca de 230 personas fueron arrestadas el 20 de enero (20E) de 2017, cuando la policía cercó una protesta anarquista y antifascista, rodeando una manzana y arrestando a todos a los que pudieron ponerle las manos encima.

Naturalmente, muchos transeúntes e incluso algunos blogueros de derechas fueron atrapados. La policía dejó marchar a algunos basándose en su aspecto, mientras que otro grupo escapó del cerco. Todos los que quedaron fueron acusados de organizar una conspiración y llevar a cabo disturbios, culpados de las ventanas de grandes negocios destrozadas durante el recorrido de la protesta.

Si esto suena como un intento de crear un precedente legal para el castigo colectivo es porque lo es. Según el fiscal y los policías, cualquiera que participó en una protesta anarquista era parte de una conspiración y responsable de cualquier daño ocurrido al lado o cerca de la protesta.

Inicialmente, más de 200 arrestados se enfrentaban a cargos y a un serio tiempo en prisión. El primer grupo de seis personas fue a juicio el pasado noviembre, incluyendo algunas que actuaron en calidad de médicos o periodistas independientes (mientras que un periodista con vínculos fascistas que estaba en el lugar no fue arrestado y nunca se le amenazó con la acusación). El fiscal argumentó que su mera presencia era suficiente para constituir una conspiración. Después de que un jurado los absolviera de todos los cargos, 129 acusados fueron excluidos del caso, y el Estado se centró en los 59 restantes. 58 están siendo juzgados ahora o irán a juicio en los próximos meses; gente que tiene que poner sus vidas en espera, despertarse cada mañana e irse a dormir cada noche con la amenaza de 60 años encerrada en una jaula pendiendo sobre su cabeza.

La fiscal, Jennifer Kerkhof, que gana un salario considerable enjaulando a gente, quiere vender la idea de que los restantes acusados son los verdaderamente responsables de los daños causados durante los disturbios del 20E, aunque los peores daños ocurrieron tras haber sido ya arrestados. Tras quemarse con las absoluciones después de sus extralimitaciones iniciales, la Fiscalía está retirándose del principio del castigo colectivo, pero todavía está en el centro del proceso. Todavía están usando la participación en la organización de una propuesta como prueba de culpa. En un turbio movimiento diseñado para ganar un precedente, han juntado el grupo del juicio actual con tres acusados de actos específicos de destrucción —basándose en vídeos poco nítidos en los que no se pueden ver sus caras— y con uno a quien acusan de ser un organizador.

Luchar contra la rotura de ventanas o la quema de limusinas se convierte en prioridad para el Departamento de Justicia, mientras que los desastres industriales y los “accidentes” en el puesto de trabajo que matan a miles salen impunes

No voy a decir que este es un juicio político, porque a estas alturas deberíamos darnos cuenta de que todos los juicios son políticos. Los anarquistas que dañan propiedad de las empresas y organizan jardines comunitarios son repetidamente tratados como terroristas, mientras que los miembros de la extrema derecha, que ha acumulado un reguero de cadáveres más alto que los yihadistas domésticos, reciben un tirón de orejas. Los portavoces policiales en los medios afirman regularmente que los antifascistas que abogan por la autodefensa comunitaria son tan malos como los racistas que disparan contra iglesias negras y queman mezquitas. A algunos traficantes de drogas les caen cadenas perpetuas, mientras que otros, responsables de muchas más muertes, siguen recibiendo primas corporativas.

Los anarquistas que organizan una protesta en la cual se daña la propiedad empresarial son acusados de conspiración: todos los que estaban allí son culpables, argumentan los fiscales. Los fascistas que organizan una protesta en la que prometen por anticipado romper cráneos y tratar brutalmente a sus enemigos, que acaban matando a una persona e hiriendo a alrededor de 50, son tratados como manifestantes legítimos, y solo una pequeña parte de aquellos responsables por los múltiples actos de brutalidad son arrestados. Luchar contra la rotura de ventanas o la quema de limusinas se convierte en prioridad para el Departamento de Justicia, mientras que los desastres industriales y los “accidentes” en el puesto de trabajo que matan a miles salen impunes. Don Blankenship, el barón del carbón que hizo millones en gran parte mediante prácticas que pusieron en peligro a los trabajadores y destruyeron el medio ambiente, fue uno de los pocos en ir a prisión. Mató a 29 trabajadores y fue a mínima seguridad durante un año. Marius Mason está cumpliendo 22 en supermáxima seguridad por llevar a cabo acciones de sabotaje contra la propiedad de gente como Blankenship.

Toma de posesión

El 20 de enero de 2017, la clase política desplegó la alfombra roja para dar la bienvenida a su nuevo jefe ejecutivo, un racista y misógino declarado con vínculos con grupos fascistas. Los republicanos y los demócratas olvidarían su rechazo por principios al hombre que supuestamente era éticamente inadecuado para ocupar el Despacho Oval. En un santiamén aprenderían a cooperar, ansiosos de conseguir financiación para las campañas o la aprobación de su legislación preferida. Los medios lo usarían para vender periódicos y tiempo de publicidad, arremetiendo contra él pero al mismo tiempo normalizando el espectáculo. Y el día de la inauguración todos los hoteles y restaurantes, propiedad de gente que pronto recibiría grandes ventajas fiscales, abrieron para aprovecharse del público.

Varios miles de personas decidieron que protestar aceptando esta nueva realidad no era suficiente, teniendo en cuenta todo lo que Trump estaba haciendo para normalizar el racismo manifiesto y la violencia de género. Algunos querían tomar las calles y expresar su rabia de una forma contundente y sin permiso. Otros bloquearon puntos de entrada para impedir que los partidarios de Trump disfrutaran de su desfile. Algunos atacaron unos pocos negocios que se beneficiarían con el nuevo presidente. Y mucha gente se cubrió la cara para esconder su identidad, para protegerse tanto de la vigilancia y represión policiales como del bullying cibernético en el que participa sistemáticamente la alt right, publicando los datos personales de sus enemigos para exponerles al acoso y la agresión.

De hecho, los peligros de la represión policial y los ataques neofascistas van de la mano. Departamentos de policía en todo el país han estado colaborando con racistas de extrema derecha, protegiendo sus reuniones a la vez que dirigían su violencia hacia los contramanifestantes antirracistas. De Charlottesville a Sacramento, han acusado de agresión a las víctimas de apuñalamientos o palizas fascistas. Los derechistas, sin embargo, reciben ligeros cargos de “agresión” por disparar contra manifestantes, como en Seattle. Y policías de California fueron sorprendidos trabajando junto a neofascistas para identificar, acusar y atacar a manifestantes antirracistas.

La policía y los fiscales en el caso del 20E también han estado colaborando con fascistas y racistas. El departamento de policía de Washington DC dio los nombres y direcciones de todos los arrestados a una organización de extrema derecha, que los puso en internet, permitiendo el acoso y posibles ataques. Y la poco escrupulosa [fiscal] Kerkhoff presentó como prueba un vídeo editado por el derechista radical Project Veritas, famoso por numerosas manipulaciones, incluida una operación fracasada que tenía la intención de producir acusaciones de abuso falsas y desacreditar el movimiento #MeToo.

El bloque negro y los otros manifestantes contundentes del 20 de enero arruinaron el desfile de Trump. No es una coincidencia que el Departamento de Justicia esté haciendo de estas acusaciones una costosa prioridad. Pero mientras que los medios se han posicionado como guardianes de la democracia, saltando sobre Trump por otras indecencias y produciendo decenas de artículos cada vez que entra en Twitter, no han montado un gran escándalo sobre este caso. The Washington Post ha mencionado el juicio varias veces, pero sobre todo desde la perspectiva de la acusación. No han criticado las extralimitaciones del Departamento de Justicia o detallado la colaboración policial con la extrema derecha u otros impactantes elementos del caso.

El derecho al anonimato

Ciertamente, no ha habido escasez de elementos noticiosos, como cuando la fiscal Kerkhoff intentó conseguir permiso para que expertos anónimos testificaran sobre la criminalidad de las protestas del bloque negro anarquista. Una hipócrita de primer grado, Kerkhoff, argumentó que los testigos necesitan proteger sus identidades para evitar el acoso. Esta es la misma fiscal que afirma que el uso de máscaras por los manifestantes para mantener su anonimato prueba una conspiración criminal que merece 60 años de prisión. Y mientras las figuras públicas se enfrentan a críticas cuando hacen daño a personas con sus mentiras, los anarquistas y otros manifestantes efectivamente necesitan protección. Tienen que protegerse de monstruos como Jennifer Kerkhoff y de los policías que quieren encerrarlos en jaulas durante décadas, y de los neofascistas que sistemáticamente han estado acosando a aquellos cuyos puntos de vista no les gustan, incluso visitando hogares particulares y amenazando a sus hijos.

Ha habido un ataque creciente y multidimensional sobre nuestro derecho y capacidad de mantener el anonimato, ya sea en la calle o en nuestras comunicaciones. El gobierno y las empresas que dan forma a nuestras vidas, como Facebook y Google, rompen de forma regular sus propias reglas o las reescriben para espiarnos de todas las maneras imaginables. De hecho, la ciencia ficción de hace solo diez años era incapaz de imaginar todas las nuevas formas en que nos espiarían. Y si hay una cosa que los poderosos no pueden soportar, es cuando los de abajo insisten en defenderse. Esa es la razón por la que gobiernos democráticos en múltiples continentes han criminalizado cada vez más el uso de máscaras. Esa insistencia de una multitud de personas en protestar de forma anónima es lo que la Fiscalía ve como una conspiración que merece pasar décadas tras los barrotes.

Estas agresiones constantes contra nuestra libertad no están desapareciendo. Bajo Trump, se están acelerando.
Eso es por lo que era extremada e históricamente importante que la celebración de la victoria de Trump fuera interrumpida por sirenas de policía y estropeada por el humo de limusinas quemadas. Puede que el fascismo clásico sea una cosa del pasado, pero no puede haber duda de que Trump está intentando normalizar un estilo de gobierno aún más autoritario que el de sus predecesores, con políticas aún más racistas, misóginas y clasistas.
Está claro que las acciones del bloque negro del 20E no representan el sentimiento mayoritario en la izquierda. No obstante, yo desafiaría la aversión, condicionada por los medios, a las tácticas callejeras combativas. En la marcha “Unir a la derecha” en Charlottesville, donde supremacistas blancos mataron a una persona e hirieron a decenas con un ataque con un coche al estilo de ISIS, y lesionaron a muchas más con palizas por toda la ciudad, los pacifistas progresistas y cristianos tuvieron el valor suficiente para poner sus cuerpos en peligro e intentar resistir a los miembros del Ku Klux Klan y neonazis. Algunos de ellos, como Cornel West, también tuvieron el valor de reconocer que, a pesar de sus diferencias tácticas, fueron esos anarquistas lo suficientemente valientes para armarse y enfrentarse cara a cara con los fascistas quienes salvaron muchas vidas ese día, defendiendo a la multitud y parando a los supremacistas blancos.

Después de Charlottesville, ha habido un sinfín de organizaciones, clínicas y locales de izquierdas, progresistas y activistas que se han dirigido a grupos anarquistas para que les ayuden con la seguridad digital y física. Los anarquistas ayudaron sin quejarse. Ese es el espíritu de la solidaridad: frente a enemigos poderosos, sádicos y sin remordimientos como los nazis o el FBI, nos mantenemos juntos. Y aunque la crítica entre diferentes tendencias en un movimiento social es vital, aquellos que se oponen a los bloques negros y otras tácticas combativas han cruzado a menudo la línea entre la crítica constructiva y la delación y el autoritarismo, echando a gente de protestas o espacios de movimientos, e incluso colaborando con la policía para ayudarles en los arrestos. (Algunos, como el periodista sin escrúpulos Chris Hedges, llamó “cáncer” al bloque negro, en un lenguaje increíblemente fascista). En el movimiento contra la policía que surgió entre las protestas de Oakland de 2009 y las de Ferguson de 2014, tales activistas a menudo se pusieron de parte de las fuerzas de la ley y el orden, protegiendo negocios antes que situándose con la gente de los barrios más afectados.

Pero en 2017, cuando los activistas de cualquier signo se dieron cuenta de que también ellos se enfrentaban a una amenaza letal, se dirigieron a los mismos anarquistas a los que habían intentado convertir en ogros. Desde herramientas de seguridad en internet a experiencia en autodefensa, los anarquistas compartieron gustosa y gratuitamente sus recursos con el resto del movimiento. Pero ellos solo tenían esa experiencia y recursos gracias al uso de tácticas polémicas como el bloque negro durante los años anteriores. Gente como Hedges es invulnerable en sus torres de marfil, pero los activistas de base se han dado cuenta de que, si la policía no tiene intención de matarles, la alt right puede que sí. No pasaron tantos años entre la masacre de Greensboro [en 1979, miembros del Ku Klux Klan y del Partido Nazi Americano dispararon contra una marcha contra el Klan, dejando cinco muertos] y Charlottesville. Ojalá esta próxima vez nuestros movimientos tendrán mejor memoria colectiva, y no olvidaremos.

Incluso si todos los acusados son absueltos por falta de pruebas, su castigo ya se ha aplicado. El proceso es el castigo

Otra lección histórica que es significativamente más vieja en su origen es que frente al fascismo no funciona el apaciguamiento. Las tácticas no-violentas y democráticas ya se intentaron, exhaustivamente, para parar la extensión del fascismo en los 20 y 30, y fueron un lamentable fracaso. Cuando un partido político adopta abiertamente ideas misóginas y de supremacismo blanco y mantiene contactos visibles con redes neofascistas, esa es razón más que suficiente para causar problemas en las calles. Los políticos son en esencia oportunistas, y si no reciben ninguna consecuencia negativa, discursos y tácticas políticas que habían sido tabú se normalizan. El bloque negro estaba llevando a cabo una estrategia inteligente y con base histórica cuando tomó las calles en enero de 2017, para mostrar que la nueva dirección que estaba tomando el Gobierno era intolerable.

Digo todo esto porque, aunque cualquier táctica de protesta debe ser sujeto de crítica y el bloque negro del 20E no es una excepción, también tenemos una tarea colectiva de defender y apoyar a aquellos que están enfrentándose a un juicio, porque ellos están en el juzgado por todos nosotros.

Y en ese juzgado, no hay justicia fiable. Incluso si todos los acusados son absueltos por falta de pruebas, su castigo ya se ha aplicado. El proceso es el castigo. La agresión inicial por la policía con gas lacrimógeno y granadas de contusión. El largo encierro en condiciones inhumanas, los insultos, el tratamiento brusco, incluyendo la agresión sexual a manos de policías en algunos casos. La ansiedad por un ataque de supremacistas blancos tras el acoso cibernético de la policía. El claro conocimiento de que los guardianes de la ley y el orden en esta sociedad, a los que vemos a diario, trabajan mano a mano con supremacistas blancos y nos tratarán como enemigos públicos al minuto de tener nuestros carnets de identidad. Los meses y meses, hasta un año y medio, enfrentando la amenaza del castigo extremo, la obligación de los acusados y sus seres queridos de poner sus vidas en espera, de perder sus puestos de trabajo o interrumpir sus estudios y mudarse a un Washington DC que se gentrifica rápidamente y es cada vez más caro para esperar un juicio que ya se ha retrasado numerosas veces. Mientras tanto, los policías, los fiscales y los jueces no serán castigados por el daño muy real que han causado. No, a ellos se les pagará.

El castigo colectivo, aunque la jurisprudencia democrática lo rechaza como un sello distintivo de regímenes totalitarios, es un elemento sistemático del presente sistema. Cada vez que secuestras a alguien y le encierras en una jaula, estás haciendo daño a su entorno. Las familias y los amigos también sufren la prisión. Una sociedad más honesta y empática reconocería la verdad en la afirmación de que cárcel es tortura. Pero cientos de miles de policías, burócratas, abogados y jueces hacen su dinero del sistema de prisiones. La inmensa mayoría nunca ha pasado ni una semana en la cárcel o hecho cualquier otra cosa para tener una idea del tipo de daño que están infligiendo a sus víctimas. Enviar gente a la cárcel es nuestra respuesta refleja al crimen. Pero el crimen es un reflejo de problemas sistémicos, las decisiones sobre lo que constituye el crimen son siempre políticas y elitistas, y los gobiernos se están haciendo cada vez más vengativos al castigar aquellos delitos que tienen la intención de detener un mal social mayor.

El castigo colectivo, aunque la jurisprudencia democrática lo rechaza como un sello distintivo de regímenes totalitarios, es un elemento sistemático del presente sistema

Pero es menos probable que lo hagan cuando hay un apoyo público masivo. Y tal apoyo es vital para impedir que el Gobierno lleve a cabo sus peores atrocidades. Recordad, fueron los bloqueos masivos que cerraron casi todos los aeropuertos internacionales del país los que dieron el primer revés a la agenda de Trump. Y antes, bajo la Administración Obama, fue la ola de protestas y revueltas, de Ferguson a Baltimore u Oakland, y no el presidente, la que obligó a este país a empezar a hablar sobre asesinatos policiales.

Los medios han intentado convertir a jueces y agentes del FBI en héroes y protagonistas del movimiento para parar la supremacía blanca y la xenofobia en este país, pero eso es absurdo. Su esperanza es que esperemos a que las elecciones cambien cosas, pero si ven que no hay consecuencias negativas en cooperar con Trump, ya sea como sus cortesanos o como una oposición leal, entonces el estilo y discurso político de Trump será normalizado y legitimado.

Todo aquel que se oponga a lo que Trump representa está siendo juzgado en Washington. Todo aquel que piense que deberíamos poder proteger nuestra identidad ante la policía y los neofascistas, todo aquel que piense que tenemos el derecho a defendernos, tiene algo en juego en el resultado del juicio. Tenemos que apoyar a todos los acusados del 20E restante, asegurándonos de que ellos y sus comunidades no estén aislados, y que la gente en nuestros círculos recuerde lo que este juicio representa.