Coronavirus
La excepción confirma y prescribe la regla: apuntes sobre emergencia, normalidad y estado de excepción

Esta emergencia nos está confirmando que el estado de excepción no es lo contrario de la normalidad, sino que es una forma de gobierno para moldear y reescribir la normalidad. ¡No volvamos a la normalidad de antes, no vayamos hacia la normalidad de mañana!

Bilbo Coronavirus 3
Un banco del Parque de Doña Casilda precintado durante la cuarentena por Covid19 Christian García
AUZOETATIK PIZTU BILBO
2 may 2020 06:48

“El estado de excepción tiende a presentarse cada vez más como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea” (G. Agamben)

Si algo nos ha enseñado la última ofensiva imperialista global, es decir, la “lucha contra el terrorismo”, es que el estado de excepción se ha convertido en una tecnología para gobernar la normalidad. Toda medida tomada durante el estado de excepción deja su rastro en la normalidad: las medidas “excepcionales” tomadas por los gobiernos durante la lucha contra el terrorismo global se han quedado en las legislaciones “normales” de los países; es decir, la excepción se ha hecho norma.

el estado de excepción se ha convertido en una tecnología para gobernar la normalidad.

Teniendo en cuenta las medidas que durante las últimas semanas se están tomando en nombre de la excepción, creemos que es necesario tenerlo en cuenta, puesto que estamos siendo testigos de la suspensión de todo tipo de derechos, incluso de aquellos que hasta hace dos días nos parecían intocables; no solo los derechos colectivos de las trabajadoras conquistados con luchas y huelgas, sino hasta los (liberales) derechos individuales.

Por poner un ejemplo en las últimas semanas se ha aprobado una norma para legalizar el control de los movimientos de las personas, mediante la geolocalización de los dispositivos tecnológicos. Como hemos podido corroborar mirando el ejemplo de China, aumentar la soberanía (y el control de los movimientos) hoy en día no reside tanto en cerrar las fronteras –como en un primer intento cutre de los Estados de la UE–, sino en controlar y vigilar los movimientos mediante la administración de datos y de redes digitales.

en las últimas semanas se ha aprobado una norma para legalizar el control de los movimientos de las personas, mediante la geolocalización de los dispositivos tecnológicos.

Nos han vendido esta norma como una medida para controlar los contactos entre gente que ha contraído el virus y posibles contagiadas. Lo curioso es que, para hacerlo, han usado el mismo método que habían experimentado hace unos meses las compañías telefónicas en su prueba piloto –¿os acordáis del “estudio estadístico” que se hizo durante 6 días entre noviembre y diciembre del 2019 y cuya segunda fase estaba pensada para el verano de 2020?–.

Por lo que una de dos: o a finales de 2019 ya sabían que llegaría la emergencia sanitaria o están aprovechando la emergencia para impulsar nuevas técnicas de gobierno que desde hace tiempo se estaban estudiando; es decir, se está haciendo un uso político de la emergencia y de la excepción. Porque el estado de excepción nunca es neutral, siempre es político.

Por todo ello, nos preguntamos (llamadnos mal pensadas): ¿Qué pasará después de la emergencia sanitaria? ¿Se dejará de usar esta tecnología, y volverá a ser una (ya de por sí deplorable) herramienta para estudios de mercado? ¿O se normalizará su uso (con la excusa del “qué bien ha funcionado contra la emergencia”) y se ampliará para controlar –de forma legal y en nombre de la transparencia– los movimientos y los encuentros entre personas?

¿Qué pasará después de la emergencia sanitaria? ¿Se dejará de usar esta tecnología, y volverá a ser una (ya de por sí deplorable) herramienta para estudios de mercado?

Y –para adelantarnos a la crítica– nada de reduccionismo del tipo “ya tienen todos nuestros datos”. Porque una cosa es almacenar (técnicamente) datos y otra utilizarlos (políticamente) para gobernar poblaciones. Aunque los dos usos son deplorables, no es lo mismo acumular datos y usarlos para hacer estudios de mercado –es decir, fomentando la sociedad del consumo–; o utilizarlos, por ejemplo, para registrar quien ha ido a una manifestación o como pruebas en un proceso judicial –es decir, aumentando los dispositivos de vigilancia y control de esta sociedad ya hiper-securizada–.

Y lo mismo podríamos preguntarnos con todos los cambios sustanciales que se están dando en el campo de los derechos de las trabajadoras o de la militarización del espacio y de la vida social, entre otros. Una vez pasada la crisis, ¿se suprimirá la norma que permite a las empresas “agilizar” los ERTES/ERES, o los empresarios seguirán pudiendo vulnerar los derechos de las trabajadoras con la excusita del “necesitamos recuperarnos del golpe de la crisis”? ¿Se le quitarán al ejercito las competencias de orden público (es decir, de represión), o se empezará a militarizar toda emergencia, usando el ejército para responder desde catástrofes naturales hasta protestas sociales (como ya se hace en otros países de Europa)? ¿Será posible volver a disfrutar del espacio público de forma colectiva y popular, o se aumentará la tendencia, que ya se venía asentando en los últimos años, de privatización, mercantilización y militarización del espacio y de los barrios?

no es lo mismo acumular datos y usarlos para hacer estudios de mercado –es decir, fomentando la sociedad del consumo–; o utilizarlos, por ejemplo, para registrar quien ha ido a una manifestación o como pruebas en un proceso judicial

Todas estas dudas y reflexiones nos hacen preguntarnos: ¿Qué es lo que nos espera después del estado de excepción? ¿Cuál será la “normalidad” de mañana? En un mundo en el que estado de excepción y normalidad están en una constante relación dialéctica, la excepción no solo confirma la regla, sino que la engendra y prescribe. Dicho de otro modo: la excepción nunca vuelve a la normalidad, sino que produce su propia normalidad.

Luchemos frente a la crisis y contra la normalidad: no volvamos a la normalidad de antes, no vayamos hacia la normalidad de mañana. Rompamos la dialéctica excepción-normalidad, trasformemos la crisis en revolución.

Archivado en: Coronavirus
Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Chernóbil
Cuba y Chernóbil Cuba, Chernóbil y COVID-19
Los médicos cubanos ya acudieron al rescate de los niños de Chernóbil.
Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid Un rayo de esperanza tras cinco años de los protocolos de la vergüenza
A punto de prescribir los posibles delitos, un avance judicial abre la puerta a conocer quién decidió no derivar a hospitales a ancianos en residencias en la Comunidad de Madrid.
#59285
3/5/2020 15:46

¿Como?

0
0
Comunidad de Madrid
Paros 28 y 29 de abril Huelga total en la educación pública madrileña
Infantil, Primaria, Secundaria, FP, Educación Especial, Universidad. Las plantillas de todos los niveles de la educación madrileña pararán este lunes 28 de abril por la “infrafinanciación” que Ayuso mantiene en la enseñanza.
Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid Facultades cerradas en Madrid para denunciar la precarización y la infrafinanciación
Los piquetes están informando de la huelga en universidades como la Complutense y la Autónoma, en la que ha habido algunos incidentes con personal de seguridad y con la extrema derecha.
Palestina
Genocidio Israel asesina a cien personas en Gaza durante las últimas 48 horas
Esta semana comienza una vista oral en la Corte Internacional de Justicia que examina la ilegalidad de la decisión israelí de cortar la cooperación con la agencia de derechos palestinos de la ONU, UNRWA.
Laboral
Laboral Trabajar para vivir, morir por trabajar
El 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con la necesidad de la implementación de medidas ante la siniestralidad laboral, que dejó en el país en 2024 la muerte de 796 personas.
Genocidio
Genocidio Activistas crean la embajada de Palestina en Bruselas mientras Israel prosigue con su asedio en Gaza
Mientras los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza ya han dejado más de 51.490 muertos, activistas han rociado de sangre un edificio que simula ser la embajada de Palestina, dejando un rastro de pintura roja hasta la embajada del Estado sionista.
Sevilla
Sanidad Pública Profesionales de Atención Temprana advierten del colapso del servicio en Andalucía
El servicio que atiende a más de 32.000 niñas y niños de entre 0 y seis años se encuentra en una situación crítica, con profesionales precarizados y listas de espera que incumplen la Ley de Atención Temprana aprobada en 2023
Análisis
Análisis La izquierda donde rompe la ola
El crecimiento electoral de un amplio abanico de fuerzas de extrema derecha desde hace unos años complica la consecución de decisiones a nivel de la UE.

Últimas

Eventos
Evento Un Salto al periodismo desde el barrio: acompáñanos en un directo sobre periodismo situado
El Salto organiza un evento centrado en el potencial de los formatos sonoros para transmitir información veraz y fiable de forma cercana. Para hacer periodismo desde el barrio y barrio desde el periodismo.
Ayuntamiento de Madrid
Paros en Madrid Fin de la huelga de basuras en Madrid
La plantilla ha votado a favor de la última propuesta, en un paro que comenzaba el pasado 21 de abril y con el que se demandaba la actualización de un convenio que se ha quedado obsoleto.
LGTBIAQ+
Juicio el 9 de mayo Lidia Falcón pide cinco años de cárcel a una mujer trans por un tuit de 2021 que no la menciona
La activista antiderechos Lidia Falcón denunció a Diana Juan Cano en 2021 por un tuit que apenas tuvo repercusión. La acusación pide una pena de cinco años de prisión y 50.000 euros de indemnización.
Comunidad de Madrid
LGTBifobia Femen protesta contra las terapias de conversión en un acto de la familia de psiquiatras Rojas Estapé
El movimiento Femen ha querido denunciar públicamente la relación de esta familia con sectores ultraconservadores de la Iglesia y su postura abiertamente contraria a los derechos del colectivo LGTBIQ+
Gobierno de coalición
Gobierno de coalición Sánchez piensa en un paréntesis legislativo para evitar roces con los socios tras una semana explosiva
El choque bronco por el caso de las compras de balas israelíes a cargo de Grande Marlaska puso sobre la mesa como nunca la ruptura de la coalición, aunque nunca fue una opción.
Más noticias
La vida y ya
La vida y ya Espacios de encuentro
Me contaba que, al final del día, le dolían mucho las manos y que había dejado de escribir. Que ya no llevaba el cuaderno pequeño que tenía para anotar ideas que luego se transformarían en artículos o poemas.
LGTBIAQ+
Juicio el 9 de mayo Lidia Falcón pide cinco años de cárcel a una mujer trans por un tuit de 2021 que no la menciona
La activista antiderechos Lidia Falcón denunció a Diana Juan Cano en 2021 por un tuit que apenas tuvo repercusión. La acusación pide una pena de cinco años de prisión y 50.000 euros de indemnización.
Galicia
Galicia Cuidar sin derechos: la lucha de las trabajadoras en las residencias privadas de Galicia salta a la huelga
Sin tiempo ni medios para ofrecer unos cuidados adecuados, alertan de una situación insostenible en los centros y denuncian la privatización de un servicio a costa del bienestar de las personas mayores y dependientes.

Recomendadas

Senegal
Migraciones El mito de la migración ordenada: la denegación de visados por el Consulado de España en Dakar
Maltrato institucional. Estas dos palabras son las más escuchadas cuando se pregunta a personas descontentas con el Consulado de España en Dakar. Cada vez más personas denuncian denegación de visados que no consideran justificados.
Guinea-Bissau
Internacional Guinea-Bissau arranca una ola de represión tras el sabotaje popular de una mina de arena en un parque natural
Una acción liderada por las mujeres del pueblo de Varela provocó un incendio en la bomba de extracción de la mina de arena pesada. El Gobierno ha llevado a cabo la detención de 16 personas, entre las que se encuentran líderes locales.
Galicia
Galicia Vigo, A Coruña y Ourense compraron material policial a Israel por medio millón de euros en solo cuatro años
El alcalde ourensano, Gonzalo P. Jácome, adjudicó un contrato por 70.000 euros días después del siete de octubre. Abel Caballero firmó otro de más de 200.000 euros y la alcaldesa de A Coruña siguió la estela con un contrato de 170.000 euros.