Economía
Seis noticias económicas de 2017 que pasaron desapercibidas pero que te afectan mucho

La huida de empresas de Cataluña, el aumento del PIB en este último año o los escándalos sobre evasión fiscal han llenado hojas y hojas de periódicos, pero muchas otras noticias se tapan intencionadamente o se muestran con un lenguaje que dificulta su entendimiento y sus verdaderas consecuencias. Las siguientes seis noticias de 2017 son de ese tipo que no copa muchas portadas, pero que nos afectarán mucho.

Mario Draghi anuncia el principio del fin del QE

El crecimiento de la zona euro y los bajos tipos con los que los Estados miembro se están financiando (la prima de riesgo) están sostenidos por la política monetaria expansiva europea: el Quantitative Easing (QE). Desde que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, pronunció su famosa frase –“Haré lo necesario para salvar el euro”–, la economía europea ha estado sostenida con los delicados hilos de regalar dinero a las entidades financieras privadas al 0% para que estas se lo presten a los Estados a intereses bajos, y de comprar deuda mensualmente a empresas privadas y Estados para inyectar liquidez en los mercados.

Actualmente el QE, mediante el Programa de Adquisición de Activos, compra 60.000 millones de euros al mes a empresas privadas y deuda de Estados. Pero el 26 de octubre, Draghi anunció que reduciría los estímulos del QE a la mitad de esa cantidad mensual a partir de enero de 2018. También anunció que los tipos de interés de mantendrían estables durante los primeros meses del año que entra, pero que en el último trimestre los tipos empezarán a subir. 

¿Cómo te afecta?

La noticia pasó casi sin pena ni gloria. Muchos medios la trataron casi como un “éxito de la economía europea, que ya no necesita que la ayuden a subsistir”, en referencia a la retirada de los estímulos. Pero muchos economistas piensan que la economía de la zona euro está todavía muy débil y que el empuje monetario de Draghi es lo único que separa a Europa de caer en una nueva recesión económica. Una subida de los tipos de interés tendrá unos efectos directos sobre el euríbor, el tipo de interés al que se referencia la mayoría de las hipotecas, por lo que esa subida de tipos el año que viene provocará una subida en las cuotas de la hipotecas y una asfixia de las economías familiares. Esa misma subida del precio de dinero provocaría que financiarse en los mercados sea más caro para los Estados, lo que haría subir la partida presupuestaria dedicada al pago de intereses de la deuda y, gracias al artículo 135 y las exigencias del déficit de Bruselas, provocaría nuevos recortes. Además, la reducción de la inyección de liquidez podría provocar una reducción del crédito y, viendo lo ocurrido en la crisis de 2008, ya sabemos lo que eso significa para la economía.

El Senado aprobó el CETA

El 22 de septiembre, el polémico acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés, entró en vigor casi en su totalidad. Un 90% de sus directivas se comenzarán a aplicar sin que el acuerdo haya sido ratificado por muchos de los parlamentos de los Estados miembros. 

En junio, el Congreso aprobó el CETA con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, el rechazo de Unidos Podemos, ERC y Compromís, y la abstención del PSOE. El 27 de octubre el Senado, en un corto pleno justo después de votar la aplicación del artículo 155 sobre Catalunya, aprobaba también el CETA. 

¿Cómo te afecta?

Los tratados de libre comercio, como el TTIP o el CETA, han ido orientados a eliminar las barreras no arancelarias. Los controles de calidad, las normativas fitosanitarias, la prohibición del uso de ciertos colorantes alimentarios o transgénicos, son barreras para el libre comercio que el CETA quiere derribar. Los estándares entre Canadá y la Unión Europea han sido negociados a la baja y en secreto. Los efectos de los alimentos que nos vamos a comer con el CETA, como el salmón transgénico o los antibióticos de engorde, todavía no se pueden calcular. Las desregulaciones en sectores como la sanidad, el empleo o energéticos tampoco se pueden calcular. Además, si a un Estado miembro se le ocurre cambiar una legislación que contradiga lo que las multinacionales han conseguido gracias a estos tratados, podrá ser denunciados ante un tribunal de ISDS.

Un nuevo ISDS para todo el planeta

Los juzgados de arbitraje entre Estado e inversor basados en el mecanismo ISDS (investor-state dispute settlement) están siendo uno de los principales escollos para que se firmen tratados de libre comercio como el de la UE y Canadá (CETA), o los que se están negociando con Japón y con los países oceánicos. La opinión pública es contraria a que sea un juzgado privado el que pueda dictaminar sentencias e indemnizaciones a pagar por los Estados a empresas multinacionales que los denuncien por, entre otros motivos, cambiar una legislación que lleve a la empresa a perder dinero o simplemente no ganar lo esperado.

Pero la Comisión Europea (CE) no quiere desechar esa idea, por mucho que no le guste a la población civil, y ha puesto en marcha un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC). El 29 de noviembre, el Parlamento Europeo debatió sobre esta propuesta de la CE, aunque la última palabra la tiene únicamente el Consejo Europeo –formado por los Estados miembro–, que dará instrucciones a la Comisión para que siga avanzando en la creación del MIC. Ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales pueden decidir sobre el mandato.

¿Cómo te afecta?

Este tipo de juzgados privados dan más capacidad y poder a las multinacionales para intervenir y sortear las políticas públicas y le quitan soberanía a los Estados para cambiar sus legislaciones o para intervenir o regular algún mercado. Es decir, que el beneficio de esas empresas puede quedar por encima de lo que elijamos en las urnas o hacer que pagar indemnizaciones a multinacionales sea una de las próximas partidas presupuestarias a tener en cuenta como, por ejemplo, en la siguiente noticia que también pasó desapercibida.

España es multada por cortar las ayudas a las renovables

En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recortó de un plumazo las ayudas a las energías renovables. Tras entrar en la Moncloa el Partido Popular, lo que parecía un recorte temporal se convirtió en una suspensión total de las ayudas antes prometidas. En diciembre de 2013, el fondo de inversión británico Eiser Infrastructure y su filial Energía Solar Luxemburg demandaron al Gobierno español ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. La demanda exigía el pago de 300 millones de euros más intereses por el lucro cesante ocasionado. En abril de este año, el tribunal finalmente ha determinado que se tiene que pagar a la empresa 128 millones más intereses por haber cortado la ayuda a las renovables. 

Además, el Partido Popular ha aprobado a finales de junio una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado que explica que en 2017 “los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de resoluciones de litigios referidos a normativa del sector eléctrico”. Mediante esta acción, el Gobierno se salta sus propias reglas sobre el uso del superávit y lo deriva al pago de demandas judiciales en vez de para pagar la deuda generada por ese mismo sector energético.

¿Cómo te afecta?

Además de los 128 millones de euros ya nombrados, que saldrán directamente de los Presupuestos Generales del Estado y de ese superávit de ingresos del sistema eléctrico, el CIADI tiene en cola de espera las demandas de más de 30 empresas por este mismo motivo. Además, muchas empresas que no denunciaron en 2013 debido a las altas costas y largos plazos de este tipo de arbitrajes, ahora están presentando sus demandas empujadas por la sentencia positiva para la multinacional británica y el precedente que crea. Las cantidades por las que estas más de 30 empresas han demandado al Estado español no son públicas pero, viendo la cifra que se le va a pagar a la primera de ellas, las sentencias de los próximos años podrían acabar dejando el rescate de Bankia en una anécdota.

Trump pone a un lobo de wall street en la FED

A principios de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el recambio para la presidenta de la Reserva Federal (FED), Janet Yellen. El nombramiento ha ido en la misma línea que ha llevado Trump para componer su equipo de gobierno: hombres de negocio del sector privado. El banco central más poderoso e influyente del planeta será dirigido, a partir de febrero, por Jerome Powell, un hombre de Wall Street.

Aunque Powell ya trabajó junto a Yellen, la actual presidenta de la FED, desde que en 2012 lo propusiera Obama, este nombramiento va dirigido a “make America great again” por medio del impulso que le dará la política monetaria de Powell a los mercados financieros en los que ha trabajado durante décadas.

¿Cómo te afecta?

Por todos es bien conocido el poco afecto que le tienen los directivos de Wall Street a la regulación bancaria. Dicha regulación apenas ha cambiado desde la crisis financiera mundial que arrancó con la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Un presidente de Estados Unidos y otro de la FED que vuelvan a dar alas a un sector financiero mundial frágil y que no acote las actuaciones del sector financiero ni de la banca en la sombra, sumado a las actuaciones de otros bancos centrales como lo comentado anteriormente sobre el BCE, podría llevar al sector financiero a otro crack que, como ya vimos hace diez años, se expandirá rápidamente por todo el planeta.

La intervención del Banco Popular

Mucho se ha escrito sobre el hundimiento del Banco Popular. La noticia no pasó para nada desapercibida, pero lo que se pintó como una gran victoria de un nuevo sistema de rescate bancario que, en teoría, no debe costar ni un solo euro al contribuyente, ha significado que el Gobierno español ha perdido las competencias incluso para decidir qué hacer con su propio sistema bancario.

La intervención del Banco Popular y su posterior venta fue decidida en los despachos de Bruselas de la Junta Única de Resolución. Su president, Elke König, activó el Mecanismo Único de Resolución e intervino la entidad financiera basándose en un informe encargado a una consultora privada, Deloitte, que todavía no se ha hecho público por proteger al Banco Santander. Lo que levanta muchas sospechas.

¿Cómo te afecta?

Si eres unos de los 300.000 accionistas o bonistas que perdieron todo su dinero, la respuesta ya está bastante clara. Pero el hecho que de una persona sentada en una oficina de Bruselas pueda decidir el expropiar esas acciones a miles de personas para darle la empresa a otra a cambio de un euro, y todo ello sin que el Gobierno español no pueda decir ni mu, deja el poder de, y sobre, la banca en manos de unas pocas personas. Las consecuencias son muchas, además de la pérdida de esos miles de accionistas, el Banco Santander ya ha anunciado un ERE para parte de la plantilla del Popular, con lo que eso supone para la Seguridad Social. La concentración bancaria que deja el mercado en menos manos, con lo que los oligopolios suele suponer para los clientes, o lo “too big to fail” que son ya estas entidades y que les permite seguir jugando con fuego al saber que siempre serán rescatadas, son solo algunos de los efectos de este nuevo sistema de intervención, rescate y resolución de bancos.