Economía
Banco Popular: crónica de un hundimiento

La mañana del 7 de junio despertamos con la noticia de la intervención del Banco Popular y su venta exprés al Santander por la cantidad simbólica de un euro. La que hasta el momento era la sexta mayor entidad bancaria del Estado, y una de las más antiguas, sucumbía en un desconcertante final en el que se estrenó el nuevo mecanismo de resolución bancaria europea que, según el Banco Central Europeo y el Gobierno español, mejoraba el sistema de rescate usado en casos anteriores al no costar ni un euro al contribuyente. Prácticamente todos los actores que han participado en este apresurado proceso sacan pecho ante lo que consideran una operación impecable. Pero son muchas las incógnitas, secretismos, beneficios ocultos y diferencias con otros procesos de rescate los que rodean al caso Popular.

El principio del fin, según numerosos expertos, comenzó hace años. Ángel Ron, presidente de la entidad hasta su destitución en diciembre de 2016, rechazó la posibilidad de aprovechar el instrumento que el Estado creó para limpiar los balances de los bancos que necesitaban ayudas de activos inmobiliarios tóxicos: la SAREB. Ron no quiso ser una de las entidades que pedía ayuda al Estado y no se deshizo de ninguno de los 33.000 millones de euros en activos tóxicos que lastraron los resultados y balances de la entidad hasta el día de su estocada final. Las acciones del Popular, que llegaron a valer más de 5 euros a finales de 2013, no dejaron de desplomarse lentamente hasta el último día, en el que su valor era de 30 céntimos.

A finales de 2016 la situación empieza a ser insostenible. Los rumores de la necesidad de una nueva ampliación de capital, de que el banco sea vendido o de los resultados negativos que se esperan ponen contra las cuerdas a Ron. El que había sido presidente del banco desde 2004 se encontró una reunión de la junta directiva que lo destituyó.

Muchos eran los que le señalaban y pedían su cabeza, pero uno tenía más poder que el resto. Antonio del Valle es un empresario mexicano que entró en el accionariado del banco en 2013, cuando, en representación de un grupo de familias millonarias de su país, adquirió el 6% de la entidad. A fecha de la intervención, Del Valle poseía un 4%, aunque muchos defienden que el control sobre el banco mediante otras empresas poseedoras de acciones era mucho mayor. También hay motivos e incógnitas que apuntan a que los intereses por hacerse con el poder del Popular no eran solo económicos, sino también religiosos.

El Banco Popular ha sido históricamente la entidad del Opus Dei. La Sindicatura de Accionistas, agrupación de inversores que aglutina el 9,5% del accionariado, está compuesta por familias de la congregación religiosa. Además, la Unión Europea de Inversores (UEI), formada por empresas relacionadas con el Opus, posee cerca de otro 3%. Pero Del Valle, máximo accionista individual, pertenece a los Legionarios de Cristo, históricamente enfrentados al Opus. Todo parece indicar que la guerra se llevó a la junta directiva del banco.

Del Valle, que ya había intentado varias veces que el Popular se fusionara con el Banco Sabadell y hacerse con el control de la Sindicatura de Accionistas, consiguió desbancar a Ron con la ayuda de la recién nombrada presidenta de la Comisión de nombramientos, gobierno y responsabilidad corporativa del banco, Reyes Calderón. La directiva, propuesta por el mismo Ron, protagonizó otro de los momentos más desconcertantes, por lo menos para el Opus. Calderón, persona de confianza de la congregación, dio la espalda a quien le había nombrado y apadrinado para alinearse con el mexicano y traicionar así al Opus Dei.

Entonces llegó Saracho

Emilio Saracho era uno de los tres vicepresidentes mundiales de JP Morgan Chase, el mayor banco por activos del mundo. Con una carrera meteórica, Saracho es considerado uno de los mejores banqueros de inversión del mundo. Entre las hazañas de su currículum está la creación de Banco Santander de Negocios en 1985, donde coincidió con una joven Ana Patricia Botín. Trabajó allí hasta 1990, cuando pasó a Goldman Sachs. En 1995 fichó por el banco de inversiones en el que estuvo hasta su llegada al Popular a propuesta de Del Valle.

Saracho era un banquero especializado en banca de inversión, pero no en banca comercial. Un tipo de banca especializada en fusiones y ventas. Un perfil más indicado para preparar la entidad para su venta que para reflotar un banco especializado en cliente minorista y en pymes. ¿Por qué contratar a un banquero especializado en fusiones para reflotar un banco? ¿Por qué acepta un banquero en una de las mejores posiciones de su profesión y cerca de su jubilación un encargo como este? Todo apunta —más tras los últimos acontecimientos— a que Saracho fue contratado para hacer lo que finalmente ocurrió: preparar el banco para que lo absorbiera otro.

Saracho, especialista en fusiones y ventas, fue contratado para reflotar un banco que acabó quebrando y siendo absorbido

El peculiar contrato de Saracho

Otro de los indicios que apuntaban a ese supuesto cometido de Saracho era el contrato de fichaje en el Popular. Los contratos de directivos de ese calibre suelen tener grandes bonos, cláusulas y primas de fidelización y blindaje. Pero el de Saracho era totalmente al contrario. El banquero recibió una prima de fichaje o bono de bienvenida de 4 millones de euros. Además, un sueldo de 1,5 millones anuales fijos, lo que da una cuenta de más de 4,5 millones en sus pocos meses en el puesto. Otra peculiaridad es que no recibió retribución ni bonos en acciones, también muy común en este tipo de contratos blindados. El nuevo presidente del banco tampoco hizo la acción simbólica que otros recién nombrados presidentes, como Goirigolzarri en Bankia, suelen realizar para recuperar la confianza de los inversores. Nunca compró acciones del banco que supuestamente tenía que reflotar. ¿Por qué no compró valores que podrían subir en caso de una exitosa fusión o venta? Solo un desenlace final que dejara las acciones sin valor y que estuviera en la mente del banquero puede explicarlo.

Existían dos vías para resolver la situación del banco: limpiar sus balances, reflotarlo y recuperar la confianza para hacer una buena venta, o que el banco llegara a un estado que rozara la quiebra y fuera fácilmente vendible. Muchas incógnitas rodean a la etapa de Saracho, pero el resultado muestra que fue esa segunda vía la que se tomó.

Saracho quería vender o trasladar a un banco malo todos los activos tóxicos. No lo consiguió. Quería recuperar la confianza de los inversores, pero las acciones no dejaron de desplomarse. Presentó una nueva ampliación de capital como posible solución o parche. Nunca llegó a hacerla. El prestigioso directivo no fue capaz de hacer nada de lo que se esperaba de él, o por lo menos lo que esperaban los accionistas que aguantaron hasta el último día. Lo que sí hizo fue seguir creando pánico entre inversores y depositantes que seguían abandonando el barco. En mayo se publicaron los resultados para el primer trimestre. Saracho no había vendido ni saneado nada de lo prometido. El banco había perdido 137 millones.

Pero Saracho, Ron y las órdenes religiosas no son los únicos actores de este hundimiento. ¿Dónde estaban y hacia dónde miraban las autoridades encargadas de controlar el funcionamiento y sostenibilidad del Popular?

En julio de 2016 el banco superó los test de estrés europeos con una nota bastante holgada. Todo parecía perfecto para las autoridades, hasta que una respuesta de Elke Konig a un periodista le dio otra de las estocadas. Konig es la directora de la Junta Única de Resolución (JUR), el FROB europeo. Este organismo es el encargado de vigilar a los bancos endémicos e intervenirlos en caso necesario. El 23 de mayo, un periodista le preguntó por la situación del Popular. Konig pronunció un escueto y ambiguo “nunca hemos hablado de casos individuales, pero hay varias entidades en nuestro radar. Por supuesto, Banco Popular es uno de los casos que estamos mirando, pero no es el único”. La fuga de capitales se aceleró. La caída del valor de las acciones se precipitó. Nadie, ni del banco ni del Gobierno, salió a tranquilizar a inversores y depositantes. El mismo JUR, al ver las consecuencias de las declaraciones, desmintió la frase de su propia directora.

La frase de Konig aceleró el proceso, pero la fuga de capitales llevaba meses sucediendo. El Popular perdió 18.000 millones en depósitos en los últimos meses, 5.000 en los dos últimos días, una fuga mucho mayor que la que sufrió Bankia antes de ser rescatada. Pero ni De Guindos, ni el Banco de España, ni el BCE hicieron nada para pararlo. Tampoco la CNMV prohibió las posiciones en corto, como hizo unos días después con Liberbank.

Lejos de tranquilizar o controlar la situación para evitar la quiebra técnica de la entidad, De Guindos reconoció que varios entes públicos, entre ellos la Seguridad Social, contribuyeron a la fuga de capitales que remató al banco retirando fondos públicos. El Gobierno de Canarias admitió que retiró 636 millones en los días previos a la intervención.

Tampoco se ayudó desde las autoridades europeas para arreglar la falta de liquidez que provocó su quiebra técnica. Dos días antes de su intervención, el Popular pidió 2.000 millones de euros al BCE. Se le concedieron. Al día siguiente, solicitaron otros 1.600, pero solo se les dio 1.500, aunque el banco aportó 40.000 millones en avales. Observando otros casos de falta de liquidez, no parece tener explicación la negativa a facilitar esa inyección de capital que hubiera facilitado que el banco abriera a la mañana siguiente.

Con las acciones en caída libre, la negativa del BCE a concederle más liquidez, la CNMV ignorando la sangría que los bajistas estaban haciendo con las acciones y De Guindos viendo todo desde la barrera sin pronunciarse, el BCE interviene el Popular y realiza, según el propio organismo, una subasta exprés de la entidad. Se apoyan en un informe encargado aceleradamente a una empresa independiente. Esta consultora resulta ser la polémica Deloitte, y el informe no se hace público. Las incógnitas que rodean este documento son muchas.

Fue una subasta en la que un banco con miles de millones en activos y el 17% de cuota de mercado en pymes se vendió por un euro. Las acciones del Popular perdieron por completo su valor. Más de 300.000 personas, entre accionistas y bonistas, vieron su dinero esfumarse.

La declaración de Elke Konig, la retirada de capitales de administraciones públicas y un De Guindos pasivo precipitaron la quiebra

¿Y quién se llevó el botín? El Banco Santander no se mojó en los anteriores rescates bancarios y posteriores ventas. Con el Banco Popular se llevó el premio gordo, su mayor competidor en el mercado de las pymes. El Santander fue quien ofertó ese euro. Ana Patricia Botín, la que mantenía buenas relaciones desde hace décadas con Saracho, reconoció que pudo hacer una oferta rápida porque ya tenía en su poder hace tiempo toda la información necesaria.

Además, el Popular tenía otro tesoro escondido: los fondos y activos de gran parte de la Iglesia y el Opus Dei. Patricia Botín lo sabía y movió ficha hace meses. Eduardo Pomares, conocido como Monseñor Pomares, era el encargado de la división de instituciones religiosas. Gestionaba los fondos y las relaciones con la Iglesia. El Santander lo fichó dos meses antes del rescate. La compra en una noche por un euro, las cuentas del Popular en la mesa de Botín, el fichaje de Monseñor… sospechoso, cuanto menos.

De Guindos, que observó pasivo el derrumbe, saca pecho. Es el primer ministro europeo, después del fracaso italiano, que pone en funcionamiento el mecanismo de intervención de bancos. Un currículum perfecto para la mayor ambición de De Guindos: presidir el Eurogrupo. Al igual que dijo hace cinco años, volvió a repetir el “no le va a costar ni un euro al contribuyente”. El ministro obvia los casi 5.000 millones de créditos fiscales que el Estado concedió al Popular y que el Santander hereda.

Al final de la historia, el Santander se hace a precio de saldo con su principal competidor en banca minorista. El sistema financiero español sigue avanzando hacia su concentración oligopolística. Elke Konig pone en marcha con éxito el mecanismo del que está encargada. Saracho se lleva casi cinco millones por unos meses de trabajo. De Guindos se cuelga una medalla estrenando un nuevo mecanismo de rescate. Más de 300.000 personas pierden su dinero y los contribuyentes se quedan a la espera de ver si ese “no costará ni un euro al contribuyente” vuelve a ser mentira.