Fiscalidad
Mitos y falacias sobre los impuestos y nuestro sistema fiscal

Hablar de impuestos es hablar de justicia distributiva. Justicia con mayúsculas. La que respeta los derechos de la gente, la que asegura una vida digna a todos y todas. Hay justicia cuando la ciudadanía disfruta de sus derechos. Desde el derecho a una vivienda digna a la educación, a la salud, la protección social… Pero para que sea posible hay que pagar impuestos y redistribuir lo recaudado atendiendo necesidades y respetando derechos. Hay que pagar impuestos pues son los medios principales del Estado para obtener ingresos. No pagar impuestos debilita al Estado y le impide cumplir su ineludible obligación de atender a la ciudadanía.

Los enemigos de los impuestos (ricos o con vocación de serlo) pretenden que los impuestos son una carga, dañinos, y hay que reducirlos. Falso. Pagar impuestos es contribuir a que el país funcione. Pero hay organizar el sistema de impuestos, la fiscalidad, que ha de ser justa, progresiva y suficiente donde todos y todas paguen según su capacidad económica. 

Hay que pagar impuestos porque las personas somos seres sociales. Nos necesitamos y dependemos unos de otros. Somos interdependientes y nos organizamos para ayudarnos unos a otros. El Estado es el modo de organizarse las personas de una zona o territorio para asegurar esa interdependencia que obliga al pago de impuestos. Sin impuestos no hay justicia ni vida digna. Los impuestos son el coste por vivir en sociedad, de beneficiarnos por vivir en sociedad. 

Mitos fiscales

Y llegados a ese punto conviene desmontar algunas falacias fiscales. Como la necesidad de recortar presupuestos sociales porque no hay dinero por la crisis . Falso. Hay dinero, pero se defrauda mucho y se beneficia a quienes más acumulan y tienen para que paguen menos tributos. Por eso se recauda poco. 

Según GESTHA, sindicato de técnicos de Hacienda, los ricos españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales. Millones que no pagan impuestos; imagínense si los pagaran.

Hay dinero, pero gran parte está en la economía sumergida. Según el informe de GESTHA, Economía sumergida suma y sigue, ésta aumentó en la crisis 60.000 millones de euros hasta alcanzar el 24,6% del PIB. Son más de 250.000 millones de euros de dinero oculto. Esa economía sumergida española dobla la media europea, pues en la Europa de los 15 la economía sumergida es el 12 % del PIB.

Los ricos españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales, según GESTHA

Economía sumergida es la de empresas que no existen oficialmente, no figuran en registro oficial alguno y no pagan impuestos. Se sumergen precisamente para no pagar impuestos ni cotizaciones sociales.

Otro mito fiscal falso es que rebajar impuestos favorece la economía. Lo cierto y documentado es que rebajar impuestos (casi siempre a los ricos, por supuesto) favorece solo a los ricos. Y más falso es aún que rebajar impuestos mueve a los ricos a crear empleo con el dinero que ahorran por la rebaja de impuestos. No. El dinero ahorrado de los ricos por no pagar impuestos lo dedican a especular con variados y retorcidos productos financieros en el casino global en que se ha convertido el sector de las finanzas.

No hubo más empleo sino menos

Que el dinero que ahorran los ricos por no pagar impuestos no beneficia a la gente común lo demostró un diario tan poco sospechoso de izquierdismo como The Wall Street Journal. El rotativo financiero estadounidense analizó el período de la presidencia de Bush hijo tras rebajar éste los impuestos a ricos y muy ricos. La conclusión del diario fue que esa etapa, cuando los ricos pagaron menos impuestos, fue la de menor creación de empleo de la historia reciente de EEUU.

También es falso que si se aumentaran los impuestos a los ricos en España, se irían a otro país. Difícil, porque la mayoría de países del entorno tienen impuestos superiores a los de España.

De igual modo es falso que los españolitos paguemos demasiados impuestos. Tan falso es que la Unión Europea ha denunciado que las rebajas de impuestos en España perpetradas desde 1995 no estaban justificadas de ningún modo y, además, son causa del cuantioso déficit público español.

En realidad, España tiene una presión fiscal inferior la media de los 19 Estados de la eurozona de la que forma parte. Presión fiscal es lo realmente recaudado en impuestos, tasas y otros tributos comparado con el PIB. En España la presión fiscal es 30% del PIB mientras la media europea es casi del 39%. Mucha diferencia. Precisamente por la menor recaudación de impuestos, la deuda pública española no cesa de aumentar y hoy es algo más de un billón de euros, que equivale al 100% del PIB, la riqueza creada en un año.

En España la presión fiscal es 30% del PIB mientras la media europea es casi del 39%

De lo que no hay duda es que el Reino de España es líder en fraude fiscal. El volumen de su economía sumergida fraudulenta provoca que el Estado deje de ingresar 90.000 millones de euros anuales de impuestos, tasas y cotizaciones sociales, según GESTHA.

Para entender el estado de la fiscalidad española y global hay que recordar el papel de los llamados paraísos fiscales: territorios donde el secreto bancario y el anonimato de los dueños de depósitos y de quienes especulan financieramente son totales y donde se pagan muy pocos impuestos o no se pagan. Secreto, anonimato e impago de impuestos (o ridículos) convierten los paraísos fiscales en guaridas financieras que almacenan una enorme y obscena riqueza oculta. Y coladero para no pagar los impuestos que deberían las grandes empresas, multinacionales y grandes fortunas. Además de mafias, grupos organizados de criminales y de terroristas que también esconden su dinero en paraísos fiscales.

Ser rico sale barato en España

Un dato español sugerente de la fiscalidad española es que 34 de las 35 grandes empresas y corporaciones multinacionales españolas, que se agrupan en el índice bursátil Ibex 35, tienen casi novecientas delegaciones o filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué si no es para evadir impuestos? Además, en España, como en casi todo el mundo, el capital paga poco o nada en proporción a sus grandes beneficios al mismo tiempo que multinacionales como Amazon, Google, Microsoft, Nike, Apple, eBay, McDonalds, Inditex, Facebook... y hasta tres centenares más eluden sistemáticamente, cuando no evaden lisa y llanamente, el pago de cientos de miles de millones de impuestos.

Otra falacia fiscal a desmontar es que el fraude fiscal de los autónomos es enorme. No es cierto. El impago de impuestos de autónomos, pequeñas y medianas empresas (evidentemente también ilegal) apenas suma el 8% del total del fraude fiscal en España. Quienes evaden grandes cantidades de impuestos son los ricos, las grandes fortunas y las grandes empresas que evaden tres cuartas partes del fraude fiscal del país.

El resultado final es una insuficiencia fiscal considerable y preocupante que provoca que los presupuestos generales sean cortos, además de mover al Estado a endeudarse. Esa insuficiencia es consecuencia de la actual fiscalidad española injusta y regresiva que gasta en función de lo que se recauda y no se recauda bastante. Pero debería ser justamente al revés: elaborar los presupuestos y recaudar para satisfacer los derechos y necesidades de la ciudadanía, con especial atención a los más desfavorecidos. Eso significa que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han de ser suficientes, además de progresivos y justos.

Que el capital pague como paga el trabajo

Una verdadera reforma fiscal ha de suprimir el trato de favor a las rentas del capital que poco pagan por su acumulación de capital, movimientos financieros y beneficios. O no pagan. ¿Por qué han de pagar menos impuestos las rentas del capital que las del trabajo?

Para que el capital pague, una auténtica reforma fiscal ha de establecer un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), heredero de la Tasa Tobin, propuesta por el economista James Tobin en 1971 para disuadir la especulación a corto plazo de determinados activos financieros.

Lamentablemente, un proyecto de ITF para diez Estados de la Unión Europea, que debía estar vigente ya, parece haberse ido definitivamente al garete tras marear la perdiz varios años en inútiles reuniones del Ecofin (ministros de economía y Hacienda de la UE).

De confirmarse tan mala noticia fiscal habrá que iniciar en España una campaña sine die para que este país, como ya tienen Italia y Francia, establezca un ITF estatal que, además de disuadir parte de la especulación, recaude unos miles de millones de euros que alivien la insuficiencia presupuestaria.

Finalmente una verdadera reforma fiscal ha de restablecer sin tapujos ni trucos los impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, desaparecidos de hecho en algunas comunidades autónomas por graciosas bonificaciones y exenciones concedidas por gobiernos autonómicos. Como el del PP de la Comunidad de Madrid, donde se dejan de recaudar casi 400 millones de euros anuales por la supresión de hecho del Impuesto sobre el Patrimonio.

Es posible y necesaria otra fiscalidad, pero precisa una firme voluntad política para dotar al sistema fiscal de mayor progresividad, dar mayor peso a impuestos directos frente a los indirectos y que el capital pague impuestos por su rentabilidad como el trabajo paga por sus ingresos.

En fin, una verdadera reforma fiscal ha de incluir la reducción o supresión de incentivos y deducciones del impuesto de sociedades. Y, por supuesto, debe suponer la presión fiscal que los países de la eurozona. Según los últimos datos de Eurostat sobre presión fiscal en la UE, España tiene un 34,6%, frente al 41,4% de los países de la zona euro (de la que formamos parte). Dicho de otro modo, si en España la presión fiscal fuera la de la eurozona, recaudaría 60.000 millones de euros más al año.

Y, por supuesto, una verdadera reforma fiscal incluiría más personal y más medios para la Agencia Tributaria para acabar con el fraude fiscal, sobre todo de los grandes a los que ni siquiera se molesta, no se vayan a enfadar. Pero, sobre todo, ha de imperar el principio de suficiencia fiscal: no gastar en función de los PGE aprobados sino elaborar éstos según las necesidades y derechos de la ciudadanía.

Una fiscalidad justa, progresiva y suficiente es la mejor vía para acabar con la desigualdad y cumplir los objetivos y fines de la Constitución de bienestar de la ciudadanía. Pero en el Reino de España es harto difícil pues se ha instalado entre nosotros un reinado de injusticia fiscal y de corrupción. Habrá que hacer algo al respecto.