Habla el medio rural
Posibles respuestas público-legislativas a los desafíos agro-rurales

Segunda parte del análisis del panorama rural por parte de Albert Massot Martí, administrador-investigador retirado del Parlamento Europeo: posibles respuestas público-legislativas a los desafíos agro-rurales.

Administrador – Investigador retirado del Parlamento Europeo.

29 nov 2022 07:30

A la vista de los desafíos planteados parece evidente que una buena parte de sus eventuales soluciones deberán encontrar su acomodo en marcos de decisión multilaterales (comercial, climático) y/o políticas europeas (PAC, Política de Cohesión, Política medioambiental, Política energética). Pero no se puede olvidar que las políticas comunes dejan un margen de maniobra cada vez más amplio a la actuación estatal o autonómica en la delimitación de los objetivos definidos a nivel supranacional o multilateral y en las modalidades para alcanzarlos.

Habla el medio rural
Los desafíos de las agriculturas y ruralidades
Primera parte del análisis del panorama rural por parte de Albert Massot Martí, administrador-investigador retirado del Parlamento Europeo: desafíos de las agriculturas y ruralidades.

El próximo Plan Estratégico español (PEPAC) para el periodo 2023-2027 y los Programas autonómicos de Desarrollo Rural que en él se integran constituyen en este sentido un marco idóneo para que nuestras administraciones concreten algunas de las respuestas a los retos enunciados. Y si algunas acciones no fuera posible u oportuno insertarlas dentro de la PAC, se pueden siempre desplegar de forma autónoma por medio de actos legislativos internos. Hecha esta acotación, algunas posibles líneas de actuación legislativa podrían ser escuetamente:

Frente a la transición energético-climática. Como conclusión a los últimos debates sobre el Pacto Verde Europeo, a mediados de noviembre pasado los legisladores europeos fijaron los niveles de reducción de emisiones de efecto invernadero de origen agrario y los repartieron entre los Estados miembros. Una vez publicados estos objetivos formarán parte de los Planes Estratégicos Nacionales de la PAC a aplicar desde enero de 2023. Estos documentos cuentan con una “arquitectura verde” con diversos instrumentos que las autoridades internas están obligadas a activar de la manera más idónea para cumplir con los compromisos contraídos. En primer término, se sitúan los nuevos “regímenes ecológicos” del sistema de pagos directos en respaldo de los esfuerzos que realicen los agricultores en descarbonización, mejora de la eficiencia energética y resiliencia en general. Como complemento, sería conveniente que los responsables de los programas autonómicos de desarrollo rural apostaran por un decidido fomento de las ayudas agroambientales y por el mayor despliegue posible de los sistemas de asesoramiento y transferencia de tecnologías verdes en favor de las explotaciones con menores capacidades financieras y de gestión.

... sería conveniente que los responsables de los programas autonómicos de desarrollo rural apostaran por un decidido fomento de las ayudas agroambientales y por el mayor despliegue posible de los sistemas de asesoramiento y transferencia de tecnologías verdes en favor de las explotaciones con menores capacidades financieras y de gestión

Pero no son solamente los agricultores los que deberán revisar algunas de sus prácticas (en laboreo, el uso del gasóleo, de semillas más adaptadas al calor, de la electricidad en regadío, o en fertirrigación). La administración comunitaria deberá replantearse más pronto que tarde sus apoyos a los biocombustibles de origen agrario en plena crisis alimentaria. Y nuestras administraciones internas deberán involucrarse más en el fomento de los seguros agrarios, revisar a fondo la vigente política de precios del agua, e introducir en sus dispositivos legislativos el principio de “verificación rural” propuesto por la Comunicación de la Comisión Europea sobre la visión a medio plazo para las zonas rurales de junio de 2021 como marco de análisis de impacto de las iniciativas públicas y privadas (fundamentalmente energéticas) en los espacios rurales.

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Frente al desafío de la transición digital. Es necesario en primer término vigilar los impactos reales de las mejoras tecnológicas previstas en el próximo Plan Estratégico español (PEPAC) y los Programas autonómicos de Desarrollo Rural a él asociados en: la vertebración de una ruralidad viva y diversificada, el empleo (agrario, rural y agro-industrial), la provisión de bienes públicos por el sector agrario y el mundo rural, el endeudamiento de las explotaciones, la concentración (productiva, territorial) y el monocultivo, las relaciones de poder dentro de la cadena, y la dependencia de las grandes firmas tecnológicas. De confirmarse efectos indeseados en cualquiera de estas áreas, las administraciones deberían aplicar las correspondientes medidas correctoras.

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Frente a los desequilibrios de la cadena de alimentaria. A fin de mejorar el reparto del valor añadido de la cadena en favor de los productores el primer ámbito de actuación sería a nivel europeo, mejorando la Directiva 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales y revisando la política de competencia en cuanto a la definición de posición dominante en el sector agrario y las fórmulas admisibles de acción cooperativa. Desde la perspectiva española convendría insistir en la mejora de las disposiciones de la Ley de la cadena alimentaria (Leyes 12/2013 y 16/2921) relativas a ventas a pérdidas, productos reclamo, formación de precios en origen, y márgenes. Dando por sentado que difícilmente van a derogarse las 17 leyes cooperativas autonómicas existentes y superarse las reticencias de sus autoridades a fusiones interregionales, debería hacerse más atractiva la integración cooperativa mediante mayores incentivos estatales para las “entidades asociativas prioritarias” de la Ley 13/2013.

Desde la perspectiva española convendría insistir en la mejora de las disposiciones de la Ley de la cadena alimentaria relativas a ventas a pérdidas, productos reclamo, formación de precios en origen, y márgenes

En último lugar, es indispensable aumentar la dimensión de las Organizaciones de Productores para lo que habría que proseguir con la subida paulatina de los umbrales exigidos para su clasificación. En lo que respecta a la lucha contra el despilfarro alimentario, a nivel comunitario es urgente la mejora de la Directiva 2008/98 de residuos, así como de la Plataforma sobre pérdidas y desperdicio de los alimentos impulsada por la Comisión desde 2016. En este ámbito en España está pendiente de adopción un “anteproyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario”. En el redactado actual se enfatizan las acciones de información. Para mejorar su efectividad debería insistir más en el seguimiento de los planes de los operadores (objetivos y calendarios) así como en las consecuencias de posibles incumplimientos. Por último, señalemos que los Programas autonómicos de Desarrollo Rural deberían poner más atención en ayudar a las inversiones post cosecha y logísticas orientadas a reducir las pérdidas de producción del eslabón primario.

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¿Y si fuésemos los consumidores quienes impulsásemos una nueva forma de consumir basada en el respeto entre los eslabones de la cadena alimentaria?

Frente a la crisis alimentaria desatada por el retorno de la inflación. Los consumidores europeos han de asumir el pago de unos precios justos por unos alimentos con los más altos estándares del mundo en cuanto a calidad, salubridad, sostenibilidad, y trazabilidad. El problema radica en cómo abordar las consecuencias sociales de unos precios elevados, sobre todo en las capas más pobres. Habrá para evaluar con detenimiento el éxito efectivo de las “cestas básicas de compra” ofertadas recientemente por la distribución en algunos países. Debería analizarse igualmente cómo mejorar el funcionamiento de los bancos de alimentos (por ejemplo, con medidas desgravables para OPs y cooperativas que lleguen a acuerdos de suministro regular y gratuito, tal como propone el ya citado anteproyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario).

En última instancia quizás habrá que abrir el melón sobre el papel de los “bonos alimentarios” como instrumentos de las políticas agroalimentarias europeas. En este ámbito es de especial interés la experiencia de los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de los Estados Unidos. De todos modos, cualquier avance en esta área deberá ubicarse dentro del debate sobre los futuros sistemas de apoyo de la PAC y de las modalidades de protección en frontera del modelo agrícola europeo.

En última instancia quizás habrá que abrir el melón sobre el papel de los “bonos alimentarios” como instrumentos de las políticas agroalimentarias europeas

Frente al desafío de modelo agrícola. Afrontar los retos del ajuste estructural y ecológico de las agriculturas europeas y sus crisis de rentas pasa de manera preferente por la reforma del sistema de pagos directos de la PAC para más allá de 2028. Un cambio radical del mismo sólo será posible tras un profundo debate político al más alto nivel por lo que, haciendo gala de pragmatismo, nos limitaremos aquí y ahora a plantear algunas propuestas de mínimos. La primera opción sería proseguir por la vía de la redistribución de los pagos básicos a la hectárea mediante la convergencia interna (pago único por sistema agronómico) y topes máximos más estrictos por beneficiario. Los recursos liberados por esta opción engrosarían prioritariamente tanto los eco-regímenes en aras de la transición verde como el pago redistributivo en favor de las primeras hectáreas de las explotaciones.

La primera opción sería proseguir por la vía de la redistribución de los pagos básicos a la hectárea mediante la convergencia interna (pago único por sistema agronómico) y topes máximos más estrictos por beneficiario

A modo de simple complemento, se podrían incluso incorporar a los pagos básicos a la hectárea una primas por el empleo de cada explotación (incluyendo tanto los activos familiares como los asalariados). Pero con independencia del resultado de la revisión del sistema de apoyo de la PAC, existen otras posibilidades de avance. Sin ir más lejos, los futuros Planes Estratégicos nacionales podrían aplicarse bajo una forma contractual (compromisos plurianuales por explotación con paquetes de medidas de los dos Pilares de la PAC). Así mismo, se podrían fijar objetivos socioeconómicos cuantificados por la DG AGRI de la Comisión, a nivel europeo primero y luego en cada Plan Estratégico. Paradójicamente, las Estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030” ya lo hacen, pero a instancias de otras Direcciones Generales de la Comisión (de reducción del uso de pesticidas, fertilizantes, antimicrobianos, y de aumento de la superficie de agricultura ecológica).

... los futuros Planes Estratégicos nacionales podrían aplicarse bajo una forma contractual (compromisos plurianuales por explotación con paquetes de medidas de los dos Pilares de la PAC). Así mismo, se podrían fijar objetivos socioeconómicos cuantificados por la DG AGRI de la Comisión, a nivel europeo primero y luego en cada Plan Estratégico

A título de simples ejemplos, la DG AGRI podría establecer objetivos propios de incorporación de jóvenes y nuevos agricultores, o de superficie con derecho a eco-regímenes. Finalmente, parece imprescindible desarrollar la vertiente externa de protección del modelo agrícola europeo mediante: la extensión en los acuerdos comerciales de cláusulas espejo en cuanto a los estándares exigibles a las importaciones (en cuanto a bienestar animal, fitosanidad, ingredientes, etc.); la aplicación de tasas de carbono en frontera para los alimentos; y el reforzamiento de las restricciones para determinadas importaciones siguiendo el ejemplo de las recientes propuestas de prohibición para productos responsables de la desforestación.

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Frente al desafío de la despoblación rural. La España vaciada necesita actuaciones simultáneas a nivel europeo e interno. Dada la multidimensionalidad del fenómeno de la despoblación, sería conveniente que se creara un eje de “cohesión rural” dentro de la política regional comunitaria, tal como ya existe para la “cohesión urbana”. Esta política de cohesión rural podría acoger en su seno, aparte del despoblamiento, actividades de desarrollo local y diversificación económica, y el fomento de servicios de interés general, sin menoscabo que la política de desarrollo rural (PAC) prosiguiera con sus incentivos a la cooperación e inversiones en las explotaciones y cooperativas agrarias y reforzara el fomento de la movilidad fundiaria.

Dada la multidimensionalidad del fenómeno de la despoblación, sería conveniente que se creara un eje de “cohesión rural” dentro de la política regional comunitaria, tal como ya existe para la “cohesión urbana”

Por la enjundia del reto en España, al nivel europeo sería indispensable sumar actuaciones internas específicas. La (desaprovechada) Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural podría convertirse en su crisol reforzando algunos de sus ejes (rehabilitación de viviendas, género, integración de neorrurales e inmigrantes, fiscalidad, etc.). En última instancia, podría definirse una tipología de sistemas rurales prioritarios por despoblamiento según criterios objetivos (densidad, envejecimiento, natalidad, etc.) y crear sinergias con el Plan Estratégico nacional de la PAC (PEPAC) y los Planes de Desarrollo Rural autonómicos mediante planes plurianuales paralelos contra el despoblamiento.

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Frente al abandono y/o el acaparamiento de tierras agrarias. Ambos fenómenos son a la vez causa y efecto de la crisis del modelo de agricultura familiar. El raquitismo de las medidas implantadas en el pasado por la PAC en materia fundiaria merecería ser subsanado mediante un tratamiento específico en la política europea de desarrollo rural en favor de la movilidad del factor tierra. La Estrategia Forestal de la UE para 2030, así como las medidas de regeneración de los espacios naturales del Pacto Verde también tendrían algo que decir al respecto. Y si las autoridades autonómicas, en última instancia responsables del diseño de los Programas de Desarrollo Rural, se obstinaran en no incluir acciones ambiciosas sobre el mercado de tierra, lo podrían hacer los planes específicos contra el despoblamiento propuestos en el apartado anterior.

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