Raquel Rodrigo Henfling

La situación generada por el Covid-19 en el Estado Español, ha afectado al ordenamiento jurídico desde el momento en que se regularon medidas para su contención. De hecho, una de las principales medidas se exteriorizó a través de la declaración del Estado de Alarma aprobado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con entrada en vigor del mismo día. Esta situación excepcional por la que atraviesa todo el mundo, y en concreto el Estado, también ha afectado al ámbito penitenciario.

Diversos colectivos denuncian que muchas empresas sortean los convenios colectivos sectoriales externalizando servicios a través de empresas multiservicios o también llamadas “outsourcing”, lo que lleva de la mano la precarización laboral, devaluación de salarios y contratación temporal y a tiempo parcial.

Los datos personales se han convertido en el nuevo negocio.

El pasado septiembre, recibimos la noticia de que después de cuarenta años el icónico cine de la Alameda cierra sus puertas para convertirse en un complejo hotelero. Según datos dados por el INE correspondientes a julio de 2018, Sevilla contaba entonces con 21,629 plazas hoteleras repartidas en 223 establecimientos; mientras que las viviendas con fines turísticos suponían 7.305 plazas repartidas en 3.441 pisos.

Son numerosas las noticias que nos van llegando año tras año de incendios producidos tanto en el Estado Español como en el resto del mundo, la mayoría de ellos producidos por la mano humana. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) estima que en agosto de este año se quemaron 2,5 millones de hectáreas en el Amazonas. En África, otro tanto del mismo.

A pesar de que en los últimos 25 años se han construido en el Estado Español, y en concreto en Andalucía, más viviendas que nunca, llegando a superar las 650.000 entre los años 2005 y 2007, estas no han podido cubrir las necesidades de la población. Algunas zonas de Andalucía se encuentran en una situación de emergencia habitacional que no para de crecer. Son muchas las familias que tienen problemas para acceder a una vivienda digna, un derecho que, según el Artículo 47 de la Constitución Española, tienen todas las personas en el Estado.

Cada año aumenta el número de hogares que busca personas trabajadores del hogar para empleo doméstico y el cuidado de personas. De hecho, España es el país europeo con mayor número de empleadas domésticas, rozando el 30% del total de empleo del sector en toda Europa. A pesar de este hecho, sus condiciones laborales lejos de mejorar, cada vez se ven más diezmadas.

Andalucía cerró el año con un total de 126.300 jóvenes de 16 a 24 años en situación de desempleo, cuando la tasa de paro juvenil de la comunidad fue, además, once puntos superior (+11,54%) a la registrada a nivel estatal, que se quedó en el 33,54% al final del pasado año, según datos de la EPA que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Andalucía continúa a la cabeza de las comunidades autónomas con más accidentes laborales, cerrando 2018 con 94.

¿Qué ocurre en esos casos donde la libertad de expresión choca con el derecho a la propia imagen de las personas que aparecen en imágenes publicadas?