Derecho a la vivienda
Capitalismo, vivienda y salud: la precariedad habitacional como problema de salud pública

El acceso a la vivienda es un derecho recogido en nuestra Constitución, como un principio rector de la política social y económica, para garantizar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, en las últimas décadas hemos presenciado un proceso implacable de mercantilización de este derecho en nuestras ciudades. La lógica capitalista ha transformado la vivienda en una mercancía, alejándola de su función social.

Los fondos de inversión, que han visto en las ciudades turísticas una oportunidad para obtener beneficios rápidos, acaparan el mercado inmobiliario lo que reduce drásticamente la oferta de viviendas accesibles para la población local. El Estado, lejos de actuar como garante de derechos, se convierte en cómplice de esta especulación a través de la liberación del suelo, favoreciendo una turistificación descontrolada. El resultado es un modelo urbano que prioriza los intereses de los inversores y de los turistas, pero desatiende las necesidades de los residentes.

La ruptura social, la otra cara del incremento de precios de la vivienda

José Mansilla

Derecho a la vivienda

Opinión La ruptura social, la otra cara del incremento de precios de la vivienda

José Mansilla

El paisaje urbano del que tanto nos enorgullecemos está conformado en tanto somos y conformamos grupos relativamente estables de miembros. La salida involuntaria de los mismos impide el continuo que nos ha traído hasta aquí, que nos ha conformado como sociedad.

Las políticas urbanas que anteponen la especulación y el turismo al bienestar de las comunidades no sólo afectan al acceso a la vivienda, sino que erosionan los vínculos sociales, generando consecuencias negativas que impactan en la salud pública. Un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona en 2023 asocia la turistificación de los barrios con el aumento en los problemas de salud mental entre la población residente, debido al aumento del estrés y a la pérdida de cohesión social La proliferación de viviendas turísticas ha alterado profundamente la dinámica social; el ruido constante y el tránsito incesante de personas ajenas a la comunidad hasta altas horas de la noche, dificultan el descanso y aumentan los niveles de estrés de los vecinos.

Pero las consecuencias van más allá del mal dormir. La turistificación transforma nuestros barrios en entornos despersonalizados, deshaciendo el tejido social que históricamente ha actuado como un pilar de apoyo mutuo. Desmanteladas las redes familiares y vecinales, sobreviene el aislamiento social. La falta de un entorno comunitario cohesionado deja a las personas más vulnerables, aisladas y desprotegidas, privándolas del soporte social esencial para su bienestar emocional. Y así, la soledad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un factor que contribuye a problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, se convierte en una amenaza creciente.

El vínculo más crudo entre la crisis habitacional y la salud mental se manifiesta en los casos de suicidio relacionados con los desahucios, la llamada pandemia silenciosa

El vínculo más crudo entre la crisis habitacional y la salud mental se manifiesta en los casos de suicidio relacionados con los desahucios, la llamada pandemia silenciosa. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2019 reportaron 3671 casos de suicidios en España; 3941 en 2020; 4005 en 2021; 4228 en 2022 y 3952 (dato provisional) en 2023.

Estas cifras muestran una realidad que no puede ser ignorada y pone de relieve una creciente crisis de salud mental relacionada con la precariedad económica y social.

Como escribió Roberto Mazorra, portavoz de la Red Antidesahucios, afectado por un desahucio y neuropsicólogo de profesión, resulta bastante sencillo llegar a comprender la situación de aislamiento y desamparo y los sentimientos de culpa que sufren las personas que se enfrentan a un proceso de desahucio.

Dos hermanas se suicidan horas antes de ser desahuciadas en Barcelona

Martín Cúneo

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Ley de Vivienda

Derecho a la vivienda Dos hermanas se suicidan horas antes de ser desahuciadas en Barcelona

Martín Cúneo

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Estas nuevas muertes evidencian el fracaso de las políticas públicas, incapaces de “garantizar el derecho a la vivienda”, denuncian desde la PAH.

Un escenario insostenible que tiene consecuencias tanto a nivel social como sobre la salud de las personas, pues crea un entorno de vida que perpetúa la inestabilidad, el estrés y la falta de arraigo. Si atendemos a la definición de salud de la OMS, esta es un estado de bienestar físico, mental y social, y es evidente que el actual modelo económico está en conflicto directo con ese bienestar.

Este fenómeno de emergencia habitacional, exacerbado por la expansión de los apartamentos turísticos y los desorbitados precios de alquiler, nos obliga a reflexionar sobre cómo el capitalismo puede calar hasta lo más profundo de nuestras vidas y afectar nuestra salud de forma devastadora.

La salud está condicionada por los determinantes sociales entre los que se encuentran el acceso a servicios básicos como la vivienda. Se ha documentado ampliamente que la falta de acceso a una vivienda adecuada tiene un impacto directo sobre la salud, y que provoca una amplia gama de patologías que van desde enfermedades mentales hasta procesos crónicos. La inflación acelerada del mercado inmobiliario ha dejado a muchas personas atrapadas en una situación de precariedad habitacional. La incertidumbre de no saber si podrán renovar el contrato de alquiler, el temor a ser desplazados por no poder asumir subidas de precio desmesuradas o la imposibilidad de encontrar una vivienda adecuada afecta gravemente la salud mental.

La inseguridad y el miedo a perder el hogar impacta directamente en el sistema inmunológico, debilitando la capacidad del cuerpo para hacer frente a las enfermedades

La situación es aún más angustiante para las familias con hijos, quienes temen no poder ofrecer un hogar seguro y estable. El coste elevado de los alquileres obliga a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda, lo que limita su capacidad para cubrir otras necesidades básicas como la alimentación, la salud o la educación. El Banco de España admitió en 2022 que la presión económica obliga a las familias a destinar una cuantía desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler, a costa de no poder cubrir otras necesidades básicas.

Esta precariedad financiera se traduce en una carga mental de estrés sostenido que aumenta el riesgo de padecer problemas de salud graves a largo plazo.

La inseguridad y el miedo a perder el hogar impacta directamente en el sistema inmunológico, debilitando la capacidad del cuerpo para hacer frente a las enfermedades. Las personas que viven en esta constante inestabilidad sufren de un estrés sostenido que termina por afectar la salud general.

Es imperativo cambiar el enfoque con el que se aborda el problema de la vivienda. La salud de las personas no puede estar supeditada a las fluctuaciones del mercado inmobiliario ni a los intereses del turismo masivo. Debemos entender la vivienda no sólo como un bien material, sino como un determinante fundamental de la salud pública. Esto implica repensar las políticas de vivienda desde una perspectiva de derechos, tal como plantea la Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda, Leilani Farha, quien enfatiza la necesidad de un enfoque centrado en los derechos humanos para abordar la crisis habitacional.

Es urgente que se planteen soluciones a largo plazo que frenen el avance de la turistificación y aseguren que el derecho a la vivienda esté por encima de los intereses económicos. Esto no sólo implica una prohibición de los alquileres turísticos, y topar los precios de los alquileres, sino también un replanteamiento de las políticas de vivienda pública que devuelva a los barrios su capacidad de ser espacios de convivencia, apoyo mutuo y salud.

La vivienda no es sólo un techo bajo el que vivir, sino un determinante clave de la salud pública.