Opinión
La autorización de vertido de la Mina de Aznalcóllar al Guadalquivir ignora aspectos científicos claves

La Autorización Ambiental Unificada otorgada por la Junta de Andalucía a la Mina de Aznalcóllar para verter al estuario del Guadalquivir no ha tenido en cuenta aspectos claves de los informes científicos que hemos realizado investigadores de las Universidades de Granada, Cádiz y Sevilla.

La Junta de Andalucía autoriza a la Mina de Aznalcóllar a verter hasta 11.680.000 m³/año en su fase pre-operacional de vaciado de las dos cortas mineras inundadas (con caudales máximos previstos de 450 l/s), y hasta 4.000.000 m³/año en la fase operacional de 17 años con caudales máximos de 140 l/s. Como venimos alertando desde la comunidad científica, la clave en este caso no es la concentración de contaminantes (metales) en el vertido, sino su enorme volumen que hace que puedan llegar al estuario más de 6.300 kg de níquel, más de 3.000 kg de arsénico, más de 900 kg de plomo y selenio, y más de 750 kg de zinc, entre otros contaminantes potencialmente muy tóxicos.

Mejor prevenir que curar

En los informes científicos previos al otorgamiento del permiso concluíamos que, según el Principio de Precaución, no debía autorizarse este vertido minero al estuario del Guadalquivir hasta que se estudiaran en profundidad varios aspectos. Entre estos destacan conocer cómo se comportan los metales en el estuario dada su peculiar hidrodinámica marcada por los efectos del “tapón salino” y el “fondo de saco”, qué porcentaje de metales precipitan a los sedimentos del fondo y dónde lo hacen en función de la físico-química de sus aguas, y si estos metales se acumulan y biomagnifican en la biota. Nada de esto se ha estudiado y ya está concedido el permiso de vertido. Por lo tanto, el vertido se autoriza con grandes incertidumbres sobre sus posibles impactos socio-ambientales. 

Existe el riesgo de que el estuario del Guadalquivir se convierta en otro río Tinto en décadas porque no se ha estudiado previamente aspectos claves del comportamiento de los metales

Desde la comunidad científica insistimos mucho en cuantificar la precipitación de metales a los sedimentos del fondo del cauce antes de autorizar el vertido porque es mucho más difícil y caro eliminar la contaminación acumulada en sedimentos que evitarla. Si los metales continúan acumulándose en los sedimentos de la zona interior del estuario, estos podrían cambiar de color, con el paso de los años, hacia el rojo, convirtiéndose en un nuevo “río minero” altamente contaminado, como hay tantos en la Faja Pirítica Ibérica. En este contexto, los metales pasan de los sedimentos al agua y a la biota cuando cambian las condiciones físico-químicas. Existe el riesgo de que el estuario del Guadalquivir se convierta en otro río Tinto en décadas porque no se ha estudiado previamente aspectos claves del comportamiento de los metales y el plan de seguimiento, como veremos más adelante, es insuficiente.

Tampoco se ha tenido en cuenta que los sedimentos de la zona del vertido ya están contaminados con metales con efecto ecotóxico (posiblemente provenientes de un vertido anterior de la Mina Cobre las Cruces) y que los metales de este nuevo vertido se sumarán a estos metales presentes y a los que también pretende verter en un segundo vertido la Mina Cobre las Cruces. Así, la Junta de Andalucía no ha tenido en cuenta que la misma masa de agua se mueve aguas arriba y abajo en cada ciclo mareal, pasando varias veces por el punto de vertido lo que haría que la concentración de contaminantes aumentase. Es más, la misma masa de agua podría recibir metales de los vertidos de las Mina Cobre las Cruces y Aznalcóllar. Curioso que esto se tenga en cuenta en la autorización cuando se dice que en “el diseño del Plan [de seguimiento] se tendrá en cuenta la existencia de otros vertidos en la zona y, a ser posible, será conjunto para todas las empresas situadas en la zona afectada” y, sin embargo, no se tenga en cuenta previamente para autorizar del vertido.

Una depuración mejorable

El proceso de depuración del vertido propuesto por la Mina de Aznalcóllar y aprobado por la Junta de Andalucía consiste, fundamentalmente, en aumentar el pH del agua para que precipiten ciertos metales y un filtrado con filtros-prensa. A este respecto, la Junta de Andalucía indica que “la autorización de vertido se otorgará teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles”. En este sentido, el proceso de depuración podría mejorarse mediante un filtrado a través de membrana, como la osmosis inversa. ¿Por qué La Junta de Andalucía no impone incorporar esta tecnología a la depuración?

Por otro lado, llama la atención que la autorización de vertido recoja que “queda prohibido, en todo caso, mezclar aguas limpias […] con aguas residuales al objeto de alcanzar las especificaciones de vertido por dilución”. Sin embargo, sí se permite que esta dilución se dé directamente en el estuario del Guadalquivir con los riegos no evaluados convenientemente de precipitación y bioacumulación de metales.

Unos objetivos de calidad ambiental mal definidos

Los procesos de autorizaciones de vertidos de las Minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar al estuario del Guadalquivir están poniendo de manifiesto que el objetivo de mejorar la calidad ambiental de las masas de agua interiores del estuario del Guadalquivir en 2027 está mal definido en el Plan Hidrológico. Esta deficiencia viene dada porque este objetivo de calidad ambiental se basa en la calidad de las aguas, mientras que los vertidos mineros pueden contaminar gravemente los sedimentos y la biota. En esta línea, la Directiva Marco del Agua de (2000/60/CE) y la Directiva relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas (2008/105/CE) ponen a sedimentos y biota en primer plano a la hora de controlar los niveles de contaminación.

Se interpreta mal el compartimento de los contaminantes

La autorización de la Junta de Andalucía da por bueno el deficiente modelo de comportamiento de metales en el estuario del Guadalquivir propuesto por la Mina de Aznalcóllar. Nada se dice de los efectos del “tapón salino” y el “fondo de saco” y los tiempos de residencia del agua en el estuario del Guadalquivir, ni de la precipitación de metales a los sedimentos. Fruto de esta mala interpretación, la autorización establece como medida correctora de impacto que no se vierta durante pleamares y bajamares cuando el caudal mareal es menor. Sin embargo, los metales serían más dispersados en momentos de mayor hidrodinámica, durante la baja y subida de las mareas, lo que podría hacer que los sedimentos de más zonas del río se vieran afectados por la precipitación de metales.

Un plan de seguimiento mejorado pero insuficiente

La Junta de Andalucía ha mejorado el plan de seguimiento para detectar posibles impactos socioambientales respecto al que proponía la Mina de Aznalcóllar, posiblemente teniendo en cuenta nuestros informes científicos. Sin embargo, el plan de seguimiento aprobado sigue siendo deficiente. Para empezar, llama la atención que solo se establezcan normas de calidad ambiental en la biota para el mercurio, el cual no es preocupante en el vertido de Aznalcóllar. Existen muchos estudios científicos que permiten establecer normas de calidad ambiental para todos los metales potencialmente más contaminantes.

Las mejoras introducidas están en la línea de aumentar el monitoreo de aguas, y hacerlo tanto en superficie como en profundidad, sedimentos y biota. Pero el análisis de sedimentos aprobados tiene varias deficiencias. Por un lado, se dice que “las muestras para el análisis de sedimentos […] se tomarán en el entorno de los puntos de control propuestos en función de las zonas de deposición de sedimentos existentes”. ¿Cómo se localizan estas zonas de deposición? Los sedimentos deberían muestrearse en un gradiente desde el centro del cauce hacia sus orillas para asegurar un muestreo representativo. Además, la Junta de Andalucía establece que se cuantificarán los metales disueltos en el agua intersticial del sedimento, cuando deberían analizar las concentraciones de metales totales y absorbidos en diferentes fases de los sedimentos para, realmente, conocer si los vertidos mineros están contaminándolos.

Una mejora positiva es que se establece el seguimiento de bioacumulación de metales en las dos especies de peces más abundantes; posiblemente el albur y el barbo. Sin embargo, no se establece seguimiento de bioacumulación de metales en la vegetación de las orillas, aspecto clave para detectar la salida de los contaminantes metálicos desde el estuario a los ecosistemas terrestres adyacentes donde, por ejemplo, pastan miles de cabezas de ganado.

Los análisis deberían realizarse por un organismo independiente que no estuviera contratado directamente por la Mina de Aznalcóllar

Finalmente, los análisis deberían realizarse por un organismo independiente que no estuviera contratado directamente por la Mina de Aznalcóllar, como recoge la autorización, sino que respondiera directamente a la Junta de Andalucía. No sería la primera vez que una empresa minera oculta datos de contaminación hasta que es demasiado tarde para mitigarla.

En definitiva, la Junta de Andalucía ha autorizado un vertido minero al estuario del Guadalquivir sin valorar adecuadamente su comportamiento en la situación actual, sin garantías de que no va a contaminarlo gravemente, y con un plan de seguimiento deficiente que podría no detectar un proceso de acumulación de contaminantes metálicos en sus sedimentos y biota. Al respecto, tenemos un precedente: la acumulación de metales a niveles biotóxicos en los sedimentos, en la zona próxima al vertido que ha estado realizando Mina Las Cruces entre 2009 y 2021, no ha sido detectado por la Junta, aunque está documentada por la investigación de Bonnail y otros.