Madrid, la comunidad con más exceso de mortalidad en la pandemia de covid-19

Las diferencias en la gestión del covid-19 provocaron una asimetría en el exceso de fallecimientos registrados a lo largo de España, según demuestra un estudio liderado por un epidemiólogo de la Universidad de Southampton.
Ayuso comparecencia hermano
David F. Sabadell La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El 31 de enero de 2020 el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III confirmó el primer caso de covid-19 en España: un alemán que veraneaba en Canarias. Desde entonces, la diferente gestión de la pandemia desplegada por los diferentes gobiernos autonómicos generaron una asimetría en el exceso de mortalidad atribuido a la pandemia. Así se demuestra en una reciente investigación publicada en la Gaceta Sanitaria que indica que Madrid, la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) fue la comunidad con mayor exceso de muertes en términos absolutos y relativos al tamaño de la población, con 22.000 fallecimientos de más, lo que representan casi un 25 % de la sobremortalidad que se dio en todo el Estado que fue de 89. 200 personas.

Tras Madrid se encontrarían Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Castilla y León (estas, en términos relativos). La situación opuesta se vivió en las Islas Canarias, donde se estimó un leve descenso en las muertes esperadas (-210). En Murcia, las Islas Baleares, La Rioja y Cantabria, el exceso de mortalidad fue muy pequeño.

El estudio, que analiza los datos de 2020 y el primer semestre de 2021 ha estado liderado por Nazrul Islam, epidemiólogo de la Universidad de Southampton (Inglaterra), y cuenta con la colaboración de los epidemiólogos españoles Fernando José García López, Miguel Ángel Royo Bordonada y María Victoria Zunzunegui. El análisis prueba también que la Comunidad de Madrid lideró también en el descenso en la esperanza de vida. 

La Comunidad de Madrid lideró también el descenso en la esperanza de vida, cayeron en 3,58 años para los hombres y en 2,25 para las mujeres

Así, en hombres cayó 3,58 años —lo que retrotrajo su esperanza de vida a la que había en 2010— y 2,25 años en mujeres, seguida de sus comunidades limítrofes, Castilla-La Mancha (2,72 años en hombres y 2,38 años en mujeres) y de Castilla y León (2,13 y 1,39, respectivamente). Por el contrario, en 2020, en las Islas Canarias y en Murcia apenas hubo cambios en la esperanza de vida al nacer y a los 65 años, mientras que los descensos fueron pequeños en Asturias, Galicia y en las Islas Baleares.

Los investigadores apuntan que detrás de esta asimetría en los resultados están las diferencias en la gestión de la pandemia, ya que cada comunidad autónoma "adoptó políticas de salud pública distintas, algunas ajenas a las buenas prácticas profesionales

Las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León vuelven a encabezar el ranking de mayor número de años perdidos por muertes prematuras en 2020 —es decir, años que se habrían vivido si no hubiera aparecido la pandemia—, con cifras próximas a cinco años de vida perdidos por cada 100 hombres y tres años perdidos por cada 100 mujeres. En las Islas Baleares, Extremadura, Galicia, Euskadi y las Islas Canarias, apenas hubo aumento del número de años perdidos.

Según los datos que emitió el INE en el verano de 2021, durante 2020 fallecieron en todo el Estado 492.930 personas, un 17,7% más que en 2019. Esas cifras ya indicaban que la Comunidad de Madrid lideró el incremento de mortalidad de todo el año que alcanzó hasta el 41,2%, con 66.584 fallecidos.

La huella del covid-19 es evidente en estos datos, máxime cuando se analiza el aumento de muertes por meses, que coincide con la primera ola de coronavirus. Así, en marzo hubo un aumento del 56,8% mientras que en abril un 78,6%.

Consecuencia de las diferencias en la gestión

Los investigadores apuntan que detrás de esta asimetría en los resultados están las diferencias en la gestión de la pandemia, ya que cada comunidad autónoma “adoptó políticas de salud pública distintas, algunas ajenas a las buenas prácticas profesionales, que afectaron a la salud y a la vida de sus poblaciones”.

Fernando García López, investigador del Centro Nacional de Epidemiología explica que en Madrid se tomaron medidas “propagandísticas y efectistas” pero sin eficacia, “como estos cribados masivos por barrios”

Fernando García López, investigador del Centro Nacional de Epidemiología y uno de los autores de este análisis, explica a El Salto que en Madrid se tomaron medidas “propagandísticas y efectistas” pero sin eficacia, “como estos cribados masivos por barrios que no tenían sentido epidemiológico o los aislamientos por zonas de salud”. Por otro lado, denuncia que no hubo una red de rastreadores eficiente para facilitar que los contactos estuvieran aislados. 

Añade López que en esta comunidad hubo un levantamiento prematuro de las medidas en la desescalada de junio. En cuanto al inicio de los casos, este epidemiólogo valora que no se tomaron medidas previas. “Era voz populi que había muchos enfermos en los hospitales con neumonías no habituales y esto no se trasladó a medidas de salud pública que investigaran la posible relación con la covid que ya estaba en Italia. Hubo mucha lentitud a la hora de tomar medidas y cuando se quisieron dar cuenta la transmisión ya era masiva. Si se hubiera actuado con mucha más rapidez se habría evitado mucha transmisión”, zanja.

“La localización geográfica de la población en España no puede ser un factor que determine el riesgo de morir en una pandemia”, valoran los investigadores de este estudio. “Corresponde a las autoridades hacer una reflexión profunda para analizar y comparar las políticas de salud pública de las comunidades autónomas y aprender de las que lo hicieron mejor para afrontar futuras pandemias”, añaden.

Detrás de estas “malas prácticas” está la gestión realizada en las residencias de mayores. En la Comunidad de Madrid, durante los meses más duros del covid fallecieron 9.468 ancianos y ancianas, el 21,5% de los que ocupaban plazas. El 77% de ellos, esto es 7.291, murieron sin ser trasladados a un hospital a causa de los protocolos de exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

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