Rodolfo Rieznik

La última revolución tecnológica se configura arrebatando más derechos comunes y sociales a los ya perdidos en la privatización paulatina de los servicios del Estado del bienestar desde finales del siglo pasado.

Los Oligopolios de construcción, energéticos, de telecomunicaciones y bancarios españoles se nutren de ingresos cautivos. Son los trabajadores los precarios legales.

La formalización económica en curvas y gráficos sirve muchas veces para engañar a la gente y aplicar políticas públicas reaccionarias.

Es un sinsentido proponer bajar impuestos. Si el gasto publico incrementado es el que ha evitado que la economía se paralice es allí a donde hay que dirigir el dinero.

El incremento del coste de la luz no tendrá ninguna solución mientras su precio se establezca a través de una simulación de mercados competitivos.

El acuerdo de la OCDE para fijar en un 15% mínimo de Impuesto de Sociedades no resuelve los retos de la progresividad, justicia y suficiencia del pago de impuestos.

Los impuestos que algunos youtubers no quieren pagar no son un invento de “socialcomunistas” ni una ocurrencia socialdemócrata. Están en el origen del capitalismo

El indecente espectáculo de la construcción de un hospital en Madrid para pandemias sin médicos, enfermeras y auxiliares, limpiadores ni celadores responde a la prioridad política de la Comunidad de Madrid de gastar recursos en las empresas, constructoras en este caso, para garantizar, con dinero público, el mantenimiento del negocio del ladrillo.

No es materialmente posible que los retos económicos y sociales que plantea esta pandemia se alcancen de manera suficiente sin una subida progresiva y justa de los impuestos a los que detentan las rentas de capital y concentran crecientemente grandes patrimonios monetarios y reales.

El fortalecimiento del Estado del Bienestar español es incompatible con las normas vigentes de sostenibilidad financiera. Atender a las necesidades sociales de los ciudadanos más vulnerables exige la derogación del artículo 135 de la Constitución y de la LOEPSF que lo desarrolla.

Los ciudadanos económicamente débiles y las familias vulnerables necesitan de lo público para acceder a una vida modestamente digna.

Si el Estado no redistribuye la renta generada, el crecimiento económico no llegará nunca a los excluidos.