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Tribuna
Reducir el consumo de petróleo y gas: el mejor plan para atajar la guerra, el cambio climático y la pobreza energética
@Nuriablazs Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción
“Quitar impuestos al combustible es mala idea”. Así se titulaba una editorial del reconocido y periódico británico The Economist a finales de marzo. Un par de días antes, otro importante periódico de negocios, Bloomberg, incluía un artículo con argumentos similares y con un titular más incisivo: “Los recortes de impuestos al petróleo ayudan al Kremlin y castigan a Ucrania”. Estas tribunas de medios internacionales se unían a muchas otras recomendaciones realizadas por economistas con especialización en impuestos ambientales, también en el Estado español, como esta de Xavier Labandeira u otras de entidades como el ESADE.
En esos días, se discutía en muchos países la conveniencia de reducir los impuestos al combustible como herramienta para evitar un nuevo alza en la inflación y los males mayores que eso provocaría en las economías. Para más inri, en España el debate se realizaba en un clima de agitación, con huelgas de transportistas y piquetes que impedían que algunos productos básicos como la leche o el pescado llegasen a los puntos de venta.
Quizá ese ambiente contribuyó a que el Gobierno de España, como muchos otros, desoyese las recomendaciones de cabeceras, institutos y gurús de la economía y aprobase una medida nefasta. El escenario desde entonces ha cambiado, pero la intención de la Unión Europea es continuar imponiendo sanciones económicas a Rusia, incluido el embargo de petróleo con origen en ese país. Así las cosas, es obligatorio repensar las medidas a poner en práctica para que las medidas que se impongan sean realmente efectivas, y de paso ayuden a los compromisos que la Unión ya tenía, como es el caso de la lucha contra el cambio climático o la pobreza energética. Algo que la reducción de impuestos a los combustibles desde luego no consigue.
El efecto de una bajada sustancial del consumo de petróleo conseguiría reducir la demanda y, por tanto, el precio del crudo, evitaría emisiones de efecto invernadero y ahorraría cuantiosas cantidades a los gobiernos
Lo argumenta muy bien el corresponsal jefe en energía de Bloomberg, Javier Blas, en una de las referencias citadas al comienzo: bajar los impuestos a los combustibles reduce su precio, y eso aumenta la demanda, lo que hace que aumente la exportación de crudo ruso y los petrodólares que el Kremlin tiene disponibles para continuar con la invasión de Ucrania (a Europa o a otros lugares). Es obvio que el aumento del consumo de combustibles fósiles hace además aumentar las emisiones de efecto invernadero y agravar la crisis climática. Y la menor disponibilidad de fondos públicos que supone la medida pone los servicios públicos de calidad y las políticas sociales necesarias para paliar la desigualdad y hacer frente a la pobreza.
Sin embargo, el efecto de una bajada sustancial del consumo de petróleo sí tendría beneficios en esas tres dimensiones: conseguiría reducir la demanda y, por tanto, el precio del crudo, evitaría emisiones de efecto invernadero y ahorraría cuantiosas cantidades a los gobiernos.
Por otro lado, es muy probable que tarde o temprano tengamos que poner en marcha medidas de este tipo. Y es que la guerra en Ucrania está agravando una crisis energética que llevamos tiempo arrastrando, y ya está originando problemas de escasez del diésel en muchos países y podría incluso obligar a racionar el diésel. De hecho, la misma Agencia Internacional de Energía (AIE) ha recomendado medidas para reducir el consumo de derivados del petróleo para evitar la escasez de combustibles en los próximos meses.
Y para lograr el objetivo de rebajar el consumo de petróleo, la misma AIE ha recomendado apoyarse es una reducción de la velocidad máxima permitida en 10km/h, una medida que según los cálculos que hizo el Gobierno de España en el 2011 supondría por sí misma un 15% de ahorro en combustibles, y su implementación puede hacerse en cuestión de días.
Todas estas medidas tendrían triple beneficio, ya que también bajaría el precio del combustible, y se dañaría menos a todas las economías
Es oportuno recordar medidas que se dieron durante la crisis energética de los 70, donde se pusieron en marcha iniciativas como la restricción de la circulación por matrículas. En nuestros días, disponemos de fórmulas mejor elaboradas, como las zonas de bajas emisiones o peajes a la entrada de las ciudades, que además deben ser implementados en los próximos meses en todas las ciudades españolas. Diseñarlos bien y asegurar que suponen una disminución en el consumo de combustibles es vital.
Las medidas de restricción al coche privado deben acompañarse de alternativas más eficientes de movilidad, que fomenten la movilidad a pie y en bicicleta cuando sea posible y el transporte público cuando la movilidad activa no sea una opción. Por ejemplo, medidas similares a las de la desescalada de la pandemia como carriles bici de emergencia o reservar aceras para uso peatonal exclusivo. En cuanto al transporte público, se deben reservar carriles bus-VAO a la entrada de las grandes ciudades, además de asegurar una adecuada oferta de transporte público en cuanto a cobertura y frecuencias de acuerdo con las necesidades reales de movilidad de la población.
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Algo que no se debe olvidar es el papel de la aviación en la bajada del consumo de hidrocarburos. Es algo que ha propuesto incluso el propietario de la compañía aérea Virgin Atlantic, Richard Branson, que ha sugerido que las aerolíneas podrían recortar algunas líneas con pocos beneficios. Por supuesto, si esto lo proponen las propias aerolíneas, hay mucho más margen para contribuir a este rápido decrecimiento del consumo.
Estas serían medidas a poner en marcha de forma inmediata. Por otro lado, la aceleración de la transición ecológica, la desinversión en activos de la industria fósil y una apuesta por sistemas de transporte que no dependan del vehículo privado, son medidas que se deben poner en práctica a medio plazo. Porque esta guerra parece que se va a prolongar, y porque la transición energética sigue siendo una obligación.
Otra brecha que habría que cubrir de forma momentánea es la que se da entre el ámbito rural y el urbano, ya que en el primero hay una dependencia obligada del vehículo privado
Como ya se ha explicado, todas estas medidas tendrían triple beneficio, ya que también bajaría el precio del combustible, y se dañaría menos a todas las economías. No obstante, mientras llega la bajada del precio, hay que asegurar que las personas con menos recursos no sufran aún más por causa de esta crisis. Estas personas no suelen disponer de coche propio o no pueden permitirse grandes desplazamientos, y son las menos beneficiadas de la rebaja de los impuestos al combustible, que beneficia a las personas con más poder adquisitivo. Sin embargo, hay fórmulas, como la apuntada por el profesor Labandeira, que permiten la devolución del coste excesivo a los hogares con menores rentas, a través del ingreso mínimo vital, la RAI u otras ayudas. Otra alternativa es la adoptada en Grecia, cuyo gobierno ofrece subsidios directos al combustible para hogares con rentas de hasta 30.000 euros al año.
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Este tipo de compensaciones serían más justas socialmente, además de permitir que los impuestos al carburante sigan cumpliendo su papel recaudatorio, que permitirá a su vez devolver más servicios públicos, que benefician más a las clases bajas y medias.
Otra brecha que habría que cubrir de forma momentánea es la que se da entre el ámbito rural y el urbano, ya que en el primero hay una dependencia obligada del vehículo privado. Hemos de pensar en miles de personas que no tienen alternativa para ir al trabajo o incluso al hospital (que puede estar a cientos de kilómetros) más allá del coche. Para paliar este problema, se podrían poner en marcha medidas de devolución similares a las expuestas en el párrafo anterior, pero con un incremento dirigido a las familias más afectadas que habitan en núcleos rurales. Una aproximación a cómo llevar esto a cabo la llevó a cabo el think tank BC3.
En definitiva, reducir los impuestos al combustible no es buena idea en ningún caso, y menos cuando no queremos apoyar una guerra ni escalar la crisis climática. Reducir el consumo de petróleo y proteger a las personas vulnerables son medidas mucho más efectivas y eficientes.