Infancia
Organizaciones de infancia piden que se tramite de urgencia la Ley Rhodes y esperan algunas mejoras

El Consejo de Ministros dará hoy luz verde al anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Lo hará por segunda vez: el pasado 28 de diciembre de 2018 ya aprobó un anteproyecto de Ley de Infancia promovido por el Gobierno del PSOE que no llegó a culminar los trámites para su aprobación en la pasada legislatura. 

El texto llega esta vez de la mano de la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que encabeza Pablo Iglesias y tiene el apoyo de las principales organizaciones de infancia y adolescencia, que vienen reclamando una ley de carácter integral como la que plantea este anteproyecto al menos desde 2014. Su demanda viene respaldada por la del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en 2018 repitió la recomendación de un abordaje integral a las violencias contra la infancia y la adolescencia que se remonta al año 2010.

El texto incluye demandas de los colectivos como el aumento del plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra niños y niñas. Además, contempla la obligatoriedad de protocolos de prevención y protección frente a la violencia en escuelas y centros deportivos, refuerza el deber de comunicación de actos o indicios de violencia e instaura la obligatoriedad de grabar un único interrogatorio al menor víctima de un delito como prueba, es decir, generaliza la prueba preconstituida que recomiendan organismos internacionales para evitar la revictimización de los menores.

El Resumen del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia al que ha tenido acceso El Salto detalla otras medidas, entre ellas la creación de la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia como órgano de cooperación entre las Administraciones Públicas o la introducción de la figura del “coordinador o coordinadora de bienestar y protección” en los centros educativos.

El texto que se aprobará en el Consejo de Ministros contempla también crear nuevos tipos delictivos “para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, y que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad”. Además, se penarían “aquellas que promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad”.

Otra novedad es que se da una nueva regulación para los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los niños, niñas y adolescentes como sobre las personas de edad avanzada e incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.

Sobre la posible creación de juzgados especializados, como pedían las organizaciones y como hace la Ley de Medidas contra la Violencia de Género que las asociaciones y el propio Gobierno toman como referencia, el texto indica textualmente que “se encomienda al Gobierno la elaboración de dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, así como del Ministerio Fiscal”. En el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial sobre este anteproyecto hace ahora un año, el Pleno de este organismo judicial pedía más claridad sobre este asunto.

En la rueda de prensa convocada en la tarde del lunes por Save The Children junto la Plataforma de Infancia, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Fundación Vicki Bernadet y James Rhodes, pianista y superviviente de abusos sexuales durante su infancia, que ha participado en la elaboración de esta ley conocida como Ley Rhodes,representantes de estas organizaciones pedían que la ley se tramite de urgencia para evitar nuevos retrasos. 

AúN MÁS TIEMPO PARA DENUNCIAR 

Algunas de estas entidades señalaban aspectos que, esperan, puedan aún debatirse en el proceso hasta que el texto llegue al Congreso para su aprobación. Así, por ejemplo, la Fundació Vicky Bernadet entiende como un gran paso la ampliación de la prescripción de los delitos, pero pide más tiempo. El texto propone extender el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo de modo que el plazo de prescripción se cuente a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años de edad. 

Vicky Bernadet, presidenta de esta fundación y superviviente de abusos sexuales, adelanta que esta organización defenderá que este plazo se amplíe hasta al menos los 40 años. Bernadet justifica esta postura en el hecho de que la horquilla de edad en la que es más frecuente que se produzca una revelación de los abusos es la comprendida entre los 35 y los 50 años, una aspecto que apoya también Save the Children.

Otro aspecto mejorable en la ley según el director de Save the Children, Andrés Conde, es el trabajo de sensibilización para garantizar que niños y niñas sean escuchados: “En violencia hacia su infancia, uno de los grandes problemas es que a los niños no se les cree ni se les escucha, y creo que la ley puede reforzarse en ese sentido”, justificaba.

Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, también presente en la rueda de prensa, destacaba dos aspectos más que podrían mejorarse en el camino que inicia ahora este texto: la perspectiva de género y la atención a la violencia contra infancia con discapacidad. Para Pedernera, “la forma en que viven la violencia niños y niñas varía, y las niñas son particularmente vulnerables a algunas formas de violencia”, aspecto que debe abordar la ley. En cuanto a la infancia con discapacidad, Pedernera cree que su situación, y la institucionalización en la que viven muchos de ellos, ha de ser contemplada en una ley que pretende ser integral.

DENUNCIAR INDICIOS DE VIOLENCIA

Dos aspectos novedosos de la ley y valorados positivamente por la organizaciones son la generalización del deber de comunicar cualquier situación de violencia a la autoridad competente aun cuando no sea constitutiva de delito y la creación del “coordinador de bienestar”.

Andrés Conde explica que el refuerzo del deber de comunicar una situación de violencia es fundamental pues, aunque ya existe el deber ciudadano de poner en conocimiento de las autoridades competentes un acto de violencia contra un niño o adolescente, este deber se extiende a los indicios. Se trata, explica, de una comunicación a las autoridades —y no de una denuncia penal—, que son quienes deben actuar. Además, el texto pretende configurar este deber que ya tienen los profesionales que trabajan con infancia y adolescencia “de una forma más exigente”.

Save the Children recuerda que en el 70% de los casos en lo que un niño o niña revela que sufre violencia sexual a un adulto, esta comunicación no provoca una movilización en el adulto, y de ahí la insistencia de las organizaciones en los aspectos de la ley que tienen que ver con prevención y sensibilización.

Sobre la figura del “coordinador de bienestar” Carles López, presidente de la Plataforma de Infancia, explicó que esta figura ya tiene un precedente en los llamados “coordinadores de convivencia”. Pese a que es pronto para avanzar qué tipo de perfil profesional se requirirá para este puesto, la figura a la que hace referencia López recae en este momento en el propio profesorado, lo que se ha topado con la oposición de profesionales de la Educación Social.

UNA LEY DE CONSENSO

“Esta ley es la culminación de un proceso político largo, que comenzó el Gobierno del PP en el año 2016, retomó luego el Gobierno socialista llegando a aprobar un anteproyecto de ley en diciembre de 2018, y que culmina un Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos”, recordó Andrés Conde, que espera que el hecho de que tres fuerzas políticas hayan contribuído a hacer realidad esta ley sea garantía de consenso para aprobarla. 

La ley tiene también el visto bueno de otras organizaciones de referencia. Desde la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), organización de gran trayectoria en infancia y que gestiona el teléfono de ayuda de referencia en violencia contra niños y adolescentes, la valoración inicial —a falta de conocer los detalles— es positiva. “Venimos pidiendo esta ley desde el año 2008”, recuerda Leticia Mata, miembro del Patronato de Fundación ANAR y de la Junta Directiva de la Plataforma de Infancia e impulsora histórica de esta norma.

Mata cree que es un proyecto consensuado y “muy innovador” que se ajusta a lo que las organizaciones vienen demandando: una ley integral tomando como referencia la Ley Integral de Violencia de Género, porque la violencia contra la infancia y la adolescencia, recuerda, es sistemática y “en ANAR la escuchamos todos los días”. 

También Unicef hace una valoración positiva de una ley “que se lleva años trabajando”, recuerda Almudena Olaguibel, especialista en políticas de Infancia de Unicef España. Olaguibel cree que la ley “da un marco jurídico muy bueno” y valora que “recoge todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida de un niño: el entorno sanitario, educativo, familiar, deporte y ocio”.

Esta experta recuerda que, cuando se apruebe, tiene que hacerse junto a una dotación presupuestaria que permita desarrollarla porque “el compromiso de la sociedad con algo se mide en los recursos que está dispuesta a poner”. Por último, espera que los aspectos de la ley relacionados con la sensibilización sirvan para revertir la situación actual, una situación en la que no se cree ni se escucha a los niños: “Tenemos el deber de estar vigilantes con la infancia, eso es un cambio de mentalidad que va a costar porque se entiende como parte del ámbito privado, es momento de cambiar esa forma de pensar”.