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Luchar contra la violencia de género; un pilar de la responsabilidad ambiental

El 8 de noviembre, cuando las calles de Valencia se inundaban y las alarmas ambientales se activaban en todo el país debido a la DANA, el Ministerio de Igualdad reforzaba el servicio 016 de atención a la violencia contra las mujeres en las zonas más afectadas en la Comunidad Valenciana. Tres días después, el 11 de noviembre, se aprobaba un paquete de ayudas destinado al desplazamiento y alojamiento temporal de las víctimas de violencia de género en los municipios afectados por el fenómeno meteorológico y la crisis política que conlleva. Entender y hacer frente a la violencia de género hoy en día requiere situarla en el contexto de desigualdades que la rodea.

Aunque la efectividad de estas medidas sigue siendo objeto de debate —pues, muchas veces, llegan de forma esporádica y solamente en momentos de crisis—, resultan esenciales para reconocer la intersección entre la violencia de género y la violencia ambiental. Estas dos violencias, que atraviesan nuestras estructuras sociales y políticas,  no solo coexisten, sino que se refuerzan mutuamente, creando un círculo vicioso que agrava las vulnerabilidades específicas de las mujeres frente a los desastres naturales y las crisis climáticas.

Las catástrofes ambientales amplifican las estructuras de desigualdad, exponiendo a las mujeres a formas de violencia física y psicológica, en un contexto de desprotección y crisis

Parece ya evidente que el cambio climático no es un fenómeno aislado; es, de hecho, una manifestación palpable de las desigualdades sociales, económicas y culturales que sustentan nuestro sistema político y económico. Mientras se conoce que las causas de la crisis ambiental son antropogénicas, es decir, causadas por la actividad industrial y de explotación de la naturaleza por parte del hombre, sus efectos también han afectado más a los colectivos vulnerabilizados, y ponen mayormente en crisis a los países del sur global. De esta manera, las catástrofes ambientales amplifican las estructuras de desigualdad, exponiendo a las mujeres a formas de violencia física y psicológica, en un contexto de desprotección y crisis. 

Lo sucedido en Valencia es un claro ejemplo de cómo los desastres climáticos son un factor que expone y agrava las desigualdades de género. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. En distintas partes del mundo, la intersección entre violencia de género y degradación ambiental se manifiesta de manera brutal. Como señalaba un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2020,  resulta cada vez más difícil disociar la violencia de género de las dinámicas de violencia ambiental, que también responden a una lógica de explotación y opresión. 

Existen casos muy ligados a conflictos sobre los recursos, como por ejemplo en la República Democrática del Congo. En la RDC, uno de los estudios de caso investigados por IUCN, las milicias que buscan controlar la tala de bosques y la comercialización del carbón, participan en abusos sexuales sistemáticos de mujeres locales y niñas. La escasez de recursos esenciales, agravada por los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, también conllevan situaciones de violencia de género. Por ejemplo, en India la violencia de género se ha vuelto una de las violencias más presentes frente a contextos de escasez de agua, donde son las mujeres quiénes se desplazan hacia la búsqueda de este recurso, emprendiendo un viaje donde se encuentran expuestas a violencias sexuales. 

Cuando el sistema político y económico capitalista entra en crisis, como es el caso de las recientes inundaciones en Valencia, las comunidades y los sistemas que sostienen la vida son los más afectados

De forma similar, y en ocasión de la COP29 estos días en Azerbaiyán, es crucial recordar que la violencia de género tampoco ha conseguido escapar de las políticas de adaptación ambiental. De hecho, adoptando una perspectiva de género sobre los proyectos de transición energética, se ha podido observar que este tipo de proyectos, lejos de mejorar la vida de las comunidades locales, muchas veces ha expuesto a las mujeres a mayores riesgos, al tiempo que ha continuado a contribuir a la explotación y destrucción del entorno natural y social bajo la premisa de una política “sustentable”.

Este ha sido el caso en México. Como denunciado por la Iniciativa Global por los Derechos Económicos Sociales y Culturales, durante la construcción y actividad de proyectos de energía eólica en la región de Oaxaca, las mujeres de la comunidad Unión Hidalgo han sido particularmente afectadas por el deterioramiento del territorio, la poca atención y participación política, y las amenazas, agresiones y criminalización de su activismo. 

Tres de cada cuatro personas en España ligan la virulencia de la dana con el cambio climático

Redacción El Salto

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Encuesta Tres de cada cuatro personas en España ligan la virulencia de la dana con el cambio climático

Redacción El Salto

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Una encuesta realizada por More in Common señala que una amplia mayoría de la población considera que el país está mal preparado para adaptarse a los fenómenos extremos que trae la crisis climática y debe hacer más esfuerzos al respecto.

Cuando el sistema político y económico capitalista entra en crisis, como es el caso de las recientes inundaciones en Valencia, las comunidades y los sistemas que sostienen la vida son los más afectados. En esta lógica, las mujeres siguen siendo las más afectadas, pues son las encargadas de los trabajos de reproducción social y de cuidado, tareas esenciales para la supervivencia de las comunidades, pero que han sido invisibilizadas en el sistema de mercado. Este análisis, que comparten muchas pensadoras ecofeministas como Yayo Herrero, revela cómo el capitalismo ha construido y mantenido una relación de explotación tanto sobre las mujeres como  sobre la naturaleza, y cómo ambas realidades se entrelazan y se agravan de forma estructural. 

De todas maneras, mientras la intersección entre estas dos dinámicas es evidente, es aún difícil encontrar instrumentos políticos y jurídicos que hagan frente a esta realidad. Luchar contra la violencia de género, como perseguir la violencia ambiental, requieren de un ejercicio de responsabilización, que atraviese las estructuras de desigualdad y violencia sostenidas por un sistema cada vez más neoliberal. Como siempre, este ejercicio no solo necesita de la voluntad ciudadana de libre expresión y manifestación, sino que requiere que estas voces transpiren a la voluntad y los mecanismos políticos.