Crímenes del franquismo
La incansable búsqueda de la memoria de Ascensión Mendieta

Una gran cruz con el lema ‘Presentes’, la inscripción ‘Caídos por Dios y por España’ sobre una lápida pulcra y cuidada, y otra con la frase ‘Os tiene Dios y os guarda España’ dan la bienvenida al cementerio de Guadalajara. A escasos 200 metros, un grupo de personas trabaja en lo que parece una excavación.

Estamos en 2017 y la comparación sigue siendo escalofriante: lo que hace ese grupo es tratar de exhumar los restos de, al menos, 24 personas ejecutadas y lanzadas a una fosa común en ese cementerio en noviembre de 1939, víctimas de las represalias de la dictadura a las que sus familiares jamás han podido dar sepultura. Los otros caídos de la historia de este país, nunca guardados por ningún dios ni por patria alguna pero siempre vivos en el recuerdo de sus seres queridos.

Reanudados hace unas semanas, los trabajos de exhumación en esta fosa del cementerio de Guadalajara se iniciaron en enero de 2016, por un exhorto de la juez argentina María Servini que en 2014 dio la orden internacional para la recuperación de los restos de una de las personas asesinadas allí.

Hasta Argentina había tenido que viajar la familia de Timoteo Mendieta, sindicalista ejecutado en noviembre de 1939 y arrojado al agujero en el que desde entonces reposan sus restos, para interponer en 2012 la querella que les ha dado la oportunidad de poder identificar y recuperar al padre y abuelo.

Ascensión Mendieta, hija de Timoteo, guarda buen recuerdo de la licenciada y no escatima el agradecimiento debido: “Un día vino mi hija y me preguntó si quería ir a Argentina. Fuimos a hablar con la juez, una señora buenísima, nos atendió muy bien. Ella fue la que ha movido todo esto”.

Gracias a esa denuncia y a ese exhorto internacional estamos trabajando aquí. El ayuntamiento no ha dado el permiso por voluntad propia sino por esa orden del juzgado

“Gracias a esa denuncia y a ese exhorto internacional estamos trabajando aquí. El ayuntamiento no ha dado el permiso por voluntad propia sino por esa orden del juzgado”, asegura a El Salto René Pacheco, arqueólogo que encabeza la cuadrilla de voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que está llevando a cabo la exhumación.

Pacheco precisa que, aunque la orden sólo cubre la búsqueda de los restos de Mendieta, su intención es poder identificar al mayor número, “y ya veremos si se los podemos entregar a sus familiares para que se los lleven a otros cementerios, como quieren”.

De momento, ya han recuperado en esta fosa los restos de 16 represaliados pero Pacheco señala que la intención del Consistorio es “volver a enterrar en el mismo lugar del que han sido sacados los restos de quienes no han sido reclamados oficialmente a través de la justicia”. Traducción: crear en 2017 una fosa común sobre otra existente.

A sus 91 años, Ascensión no olvida una fecha: “Yo tenía 12 años cuando se lo llevaron. Lo mataron el 15 de noviembre. Una hermana de mi madre, de Sacedón, la avisó: ‘Baja a Guadalajara pronto’. Y cuando llegó, ya lo habían enterrado. Habían tapiado y no pudo entrar”.

Su hija, la abogada Chon Vargas Mendieta, recuerda el momento en que su hermana melliza y ella tomaron conciencia de los “acontecimientos de la familia”, no sólo lo que había sucedido a su abuelo Timoteo sino que su padre estuvo diez años preso tras la guerra. “Fue cuando volaron por los aires a Carrero Blanco. A mi madre le vino a la memoria lo que le pasó a su padre, le entró miedo, como si eso fuera el inicio de algo malo, la represión que podían llevar a cabo, ‘qué nos van a hacer ahora’. Creo que ése fue el momento en que mi hermana y yo nos enteramos porque oímos mentar al abuelo”.

Unos años después, a partir de 1979, empezaron a luchar para recuperar los restos de Timoteo. En 1980 pudieron poner la lápida con su nombre.

Las tareas de exhumación en el cementerio de Guadalajara se desarrollan en la parte civil del mismo, separada de la sagrada por un muro hasta 1979. En total, Pacheco cifra en 16 las fosas de este camposanto, con 265 víctimas enterradas sin localizar. Aunque existe un libro de registro, en el que los verdugos anotaron las fosas, nombres de los asesinados y fechas de la muerte, su precisión deja dudas. De hecho, el primer intento de recuperación de Timoteo Mendieta resultó infructuoso, ya que los restos exhumados en enero de 2016 no coincidieron finalmente con el ADN de los familiares. 

El cotejo genético es el último paso de un proceso de recuperación e identificación que desde 2011 se realiza sin aportación alguna por parte del erario público. “Esto debería ser una labor de Estado, desde el momento en que se trata de desapariciones forzosas –recuerda el arqueólogo–. Mientras el Estado no lo haga, seguiremos haciéndolo como podamos, con gente voluntaria que te presta sus manos. Si tuviéramos los recursos para que profesionales pudieran encargarse de esto, sería fundamental porque ahora tenemos que mirar cada euro que gastamos. La identificación genética de las víctimas conlleva un gasto muy elevado”.

Cuando yo salí en la tele, Rafael Hernando del PP dijo que lo hacíamos por el dinero. Y nosotros lo hemos hecho pagándolo todo, sin pedir dinero a nadie

Ascensión se indigna al recordar una declaración que figura por méritos propios en el catálogo de las infamias proferidas por políticos en los últimos tiempos: “Cuando yo salí en la tele, Rafael Hernando del PP dijo que lo hacíamos por el dinero. Y nosotros lo hemos hecho pagándolo todo, sin pedir dinero a nadie. Hace cinco años murió mi hermana. Ella era viuda y decía que tenía dos millones para su vejez, lo que había ido ahorrando. Yo le decía que tenía un millón. Y eso era el dinero que teníamos para encontrar a nuestro padre”.

Otra de las dificultades, reconoce Pacheco, es vencer el miedo a hablar. Además de la elemental reparación de las víctimas, de su derecho a enterrar dignamente a sus familiares, las exhumaciones también persiguen romper el silencio en torno al drama. Cuando en enero de 2016 abrieron la fosa número 2 del cementerio de Guadalajara, la primera en la que trabajaron, tenían dos reclamaciones de familiares. A las dos semanas, tras el revuelo mediático, ya había 123.

De ese miedo sabe Nicole A. Iturriaga, socióloga de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) que está ultimando una tesis sobre el uso de la ciencia forense para desmontar los discursos de varias dictaduras con respecto a las desapariciones, y que también colabora en la exhumación en Guadalajara. En sus entrevistas, reconoce que algunas personas en España le han comentado que “no tienen confianza en la democracia como para hablar del pasado. Es la resaca de tantos años de dictadura”.

La diferencia con Argentina, punto de partida de su investigación, es que “la dictadura allí duró siete años, aquí casi 40. El sistema y la estructura social siguen siendo parecidos al de la dictadura. En los dos países ha habido leyes de amnistía. En Argentina siguen marchando contra la impunidad pero aquí hay mucho silencio y miedo”.

Cuando ven a Ascensión con 91 años diciendo que lo único que quiere es poder llevarse un hueso de su padre a su tumba cuando se muera, quién le puede negar ese derecho

“Cuando empiezan a aparecer restos, te empiezan a contar absolutamente todo y el espacio de la exhumación se convierte en un lugar al que se acercan los vecinos, están los familiares, estamos los técnicos,… Se crea un conjunto de sentimientos, cercanías. Eso es lo que importa que pase –evalúa Pacheco–porque involucras a la parte de la sociedad que no está implicada o relacionada con las desapariciones. Cuando ven a Ascensión con 91 años diciendo que lo único que quiere es poder llevarse un hueso de su padre a su tumba cuando se muera, quién le puede negar ese derecho”.

En España hay 114.226 víctimas desaparecidas de la represión franquista, sin resolver ni investigar, aunque esta cifra es considerada por la ARMH como la mínima, ya que en la asociación han recibido reclamaciones de personas que no están en ese listado. 

“Son 40 años de dictadura y 40 de democracia en los que no se ha hecho nada por las víctimas”, lamenta el arqueólogo, para quien la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 tiene dos carencias importantes: la falta de centralización de los datos recabados por las asociaciones memorialistas y de una ventanilla a la que los familiares pueden acudir para reclamar. La segunda es la no existencia de un banco de ADN.

“Los familiares no buscan otra cosa que no sea encontrar los restos. Saben que los asesinos están muertos y buscar responsabilidades es un proceso mucho más complicado. El caso es encontrar a las víctimas. Es una cuestión de empatía. A mí no me gustaría tener a mi padre o a mi abuelo tirado junto a una señal de ‘Reduzca a 50’ a la entrada del pueblo”, concluye Pacheco.

“¿Sabes por qué a fecha de hoy no ha habido reconciliación?”, pregunta en voz alta Chon. Y ella misma lanza la respuesta: “Porque no se ha hecho justicia. Todos los pasos que han dado la derecha y los palmeros de la derecha han ido en contra de eso”.

Su madre, emocionada, expresa su deseo de que en esta exhumación “saquen a todos, no sólo a mi padre. Ahí están muchos de los pobres del pueblo, que muchas veces no hemos comido porque no teníamos para comer”.