Violencia sexual
Sara Bailac: “El PP está dispuesto a hacer lo que sea para entorpecer leyes que garantizan los derechos de las mujeres”

La senadora de Esquerra Republicana de Catalunya Sara Bailac defendió en el debate de este martes sobre la ley de libertad sexual una enmienda para garantizar la gratuidad de las matrículas universitarias a las víctimas de violencias sexuales. La enmienda no salió adelante, como todas excepto una, que gracias a los 101 votos del PP fue aprobada, obligando al Senado a devolver el texto al Congreso para su aprobación definitiva y modificando a última hora los titulares que llevaban horas en la nevera: lo que se esperaba era una aprobación modificaciones en un pleno extraordinario, que habría supuesto la aprobación definitiva de una ley que en marzo de 2020 recibió el visto bueno del Consejo de Ministros sin que haya podido materializarse en el BOE más de dos años después.

Bailac denuncia el compadreo del PP y Vox en su actitud contra la ‘ley del solo sí es sí’ y pide al Gobierno valentía para sacar adelante propuestas por los derechos de las mujeres en un contexto internacional de reacción a los pasos firmes del feminismo por los derechos de las mujeres, como ha puesto en evidencia la revocación del derecho al aborto en EE UU.

Uno de los reproches que se repitieron el martes desde la tribuna de oradores durante el debate de la ley de libertad sexual es que la tramitación de urgencia ha impedido un debate más sosegado que permitiera mejorar el texto. ¿Qué consecuencias ha tenido esa urgencia en el texto final?
Desde el caso de La Manada, que fue uno de los más mediáticos y que provocó un rechazo social en las calles por la sentencia hubo una necesidad de hacer un cambio normativo y esa exigencia que hacía la propia sociedad para que las normas fueran mucho más protectoras de las víctimas de las violencias sexuales ha tardado mucho tiempo en materializarse. En parte, esto ha sido por las desavenencias que existen dentro del propio Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos para concretar el texto de esta ley. Y, por otro lado, por la falta de valentía del Partido Socialista cuando se refiere a la defensa de los derechos de las mujeres. Este martes ha llegado el trámite final de esta ley en el Senado, la hemos podido trabajar con poco tiempo, eso es verdad, pero también pensamos que era muy importante que esta ley pudiera salir adelante cuanto antes. En Esquerra Republicana hemos defendido que esta ley tenía que ser una realidad lo antes posible, porque ya llevábamos mucho tiempo de demoras por la lentitud que ha habido en el gobierno. 

Además, hemos visto claramente cómo la derecha y la ultraderecha desconfían de la palabra de la mujer, y todo el debate gira alrededor de si su testimonio es fiable o no es fiable, si miente o no miente. Y eso a nosotras nos  parece que evidencia que al Partido Popular no le importa proteger los derechos de las mujeres, tiene otras prioridades en su agenda y además está dispuesto a hacer lo que sea para entorpecer y para retrasar la aprobación de leyes como esta, que son necesarias para garantizar los derechos de las mujeres. Y fruto de eso es lo que hemos visto esta tarde.

¿Cómo actuar desde la izquierda las provocaciones de VOX?
La mejor forma de plantar cara y de combatir el discurso de la extrema derecha es gobernando y haciendo políticas valientes de izquierdas. Y aquí a veces se echa en falta esa valentía por parte del Gobierno, por parte del Partido Socialista. Y pensamos que esa es la mejor forma de frenar los planteamientos de la ultraderecha. Tenemos ejemplos en elecciones recientes, donde hemos visto cómo ha aumentado el apoyo, en este caso a la derecha, y pensamos que el mejor antídoto ese que la izquierda haga realmente políticas de izquierdas.

ERC llevaba varias enmiendas, entre ellas la de la gratuidad de las matrículas universitarias para víctimas de violencias sexuales. ¿Por qué esto es importante?
Nuestras enmiendas sobre la gratuidad de las matrículas universitarias para todas las víctimas de las violencias machistas surgen del conocimiento directo de la realidad. Tenemos conocimiento de víctimas de violencias sexuales que no han podido optar a esa gratuidad de la matrícula que sí se reconoce a las víctimas de violencia de género. Y es por ello que hemos planteado esta enmienda. Nos parece que es de justicia. También es de justicia que el Estado español reconozca como víctimas de la violencia machista a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y por eso planteamos hacer este paso de que la matrícula universitaria pueda ser gratuita para todas las víctimas de violencias machistas, ya que eso incluiría a las víctimas de las violencias sexuales también.

La tercería locativa generaría una situación de indefensión de las personas que ejercen libremente el trabajo sexual y que provocaría aún más una precarización de estas trabajadoras

La tercera locativa volvió a copar una parte de las intervenciones. Esta figura jurídica serviría para penalizar a quienes se lucren de la prostitución facilitando locales donde ejercerla. El PSOE renunció a introducirla para que la ley saliera adelante en el Congreso hace unas semanas. ERC se felicitaba ayer de que hubiera salido del texto. Por qué?
Nosotros hemos insistido en que la tercería locativa tenía que salir de este proyecto de ley. Es una cuestión que no genera consensos dentro de los propios feminismos. Existe, como es sabido, un debate abierto, no resuelto, sobre cómo debe tratarse el fenómeno de la prostitución, del trabajo sexual. Creemos que con la incorporación de la tercería locativa se quería abordar parcialmente esta cuestión que merece un debate de fondo. Y además nos parece que esta medida por sí sola que generaría una situación de indefensión de las personas que ejercen libremente el trabajo sexual y que provocaría aún más una precarización de estas trabajadoras.

Otra medida en línea con el  abolicionismo de la prostitución y que sí ha llegado al texto final es la prohibición  de la publicidad de la prostitución. ¿Cuál es vuestra postura sobre este punto de la ley?
Nosotras, como sabéis, hemos presentado una enmienda precisamente a este punto, el de la prohibición de la publicidad de la prostitución, porque nos ha parecido importante matizar que esta prohibición se haga en aquellos medios a los que puedan acceder los menores de edad. Y en este sentido hemos tratado de matizar esta cuestión en la ley, aunque, como hemos visto, nuestra enmienda no ha sido aprobada.

El Consejo de Ministros vio esta ley en marzo de 2020 y en julio de 2022 acabamos de ver que se retrasa al menos hasta después del verano. ¿El covid sirve como excusa para esta dilación?
No hay excusa que valga para desproteger a las mujeres, para mantener la impunidad con la que ahora vivían ciertos agresores sexuales. Era y es una cuestión de urgencia garantizar cuanto antes los derechos de las mujeres, la libertad sexual de las mujeres. Es una necesidad que hay que resolver cuanto antes, no dejar a las mujeres desprotegidas. Cuando vemos la enorme cifra de casos de violencias sexuales que ocurren día a día en nuestro país y por lo tanto no hay excusas que valgan para no dotarnos de todas las herramientas posibles para proteger los derechos de las mujeres.

Además estamos en un contexto donde la derecha y la ultraderecha atacan sistemáticamente los derechos de las mujeres, los cuestionan a nivel internacional también estamos en un contexto de retroceso y amenaza, los hemos visto con el derecho al aborto en los EE UU y tendríamos también otros ejemplos. Por tanto en este contexto es más necesario que nunca que los gobiernos actúen con diligencia y valentía. Pedimos al Gobierno que sea valiente para avanzar en los derechos de las mujeres en este contexto.

¿Qué aporta la ley del solo sí es sí? ¿En qué se tenía que mejorar?
Nos parece que es un paso adelante poder concretar qué es lo que se entiende por consentimiento, así como poner el consentimiento en el centro. Porque poner el consentimiento en el centro implica pasar la responsabilidad de las mujeres que hasta ahora se ha atribuido a las mujeres, pasarla a quien realmente tiene esa responsabilidad de las violencias sexuales, que es sin duda quien las ejerce, que son los agresores. Por tanto, nos parece que esto marca un punto de inflexión muy relevante. 

Por otro lado, la ley reconoce, garantiza el derecho a la reparación de las víctimas. Esto también es ha sido una de nuestras apuestas. Hemos insistido mucho para que este derecho de reparación fuera reconocido, porque eso sitúa a las víctimas, a sus derechos, sus necesidades, sus vivencias en el centro de las políticas públicas. Y por eso también planteábamos que tienen que ser las víctimas y las supervivientes quienes puedan participar del diseño de estas políticas públicas de reparación. 

Y por otro lado, la equiparación, la eliminación de la diferencia entre el abuso y la agresión sexual, que era una de las cuestiones que más dejaban a las mujeres en una situación de vulnerabilidad cuando acudían a la justicia buscando precisamente ser reparadas de los casos de violencia sexuales. Estos son algunos de los puntos que creemos que aporta la ley, que pueden ser interesantes para proteger a las mujeres. 

Algunas de las cuestiones que echamos en falta tienen que ver precisamente con la gratuidad de las matrículas de las carreras universitarias. Nos parece que esta gratuidad debería ampliarse a todas las víctimas de violencias machistas y, por tanto, debería también reconocer a las víctimas de las violencias sexuales. Y, por otro lado, hay que reconocer que en el contexto normativo español todavía no se ha hecho una aplicación clara, valiente de los elementos que incorpora el Convenio de Estambul. Por ejemplo, en lo que se refiere a los diferentes tipos de violencias machistas, de los diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres, y nos parece que el gobierno debería ser valiente para adaptar el marco normativo al Convenio de Estambul. 

La normativa catalana de protección a las víctimas de violencias machistas es una de las más avanzadas del Estado español

¿Va Catalunya por delante del Estado español en legislación contra las violencias machistas?
Sin duda. La normativa catalana de protección a las víctimas de violencias machistas es una de las más avanzadas del Estado español. Es una ley que está en consonancia con el convenio de Estambul. Fue aprobada en 2008, ya en ese momento iba mucho más allá del concepto de violencia de género que existe todavía a día de hoy en España, que se restringe únicamente al ámbito de la pareja o la expareja. Y hace dos años, en 2020, esta norma fue actualizada en consonancia y en coherencia con el Convenio de Estambul. 

La ley catalana refleja algunos tipos y ámbitos donde se producen las violencias machistas con esta lógica mucho más allá de las violencias que se producen en el ámbito de la pareja. Y, por ejemplo, como novedades en esta última modificación se incorporó el reconocimiento de la violencia obstétrica que sufren las mujeres y también la violencia de segundo orden, que es esa violencia que sufren las personas profesionales que se dedican a acompañar a las mujeres que son víctimas de violencias machistas. Creo que son algunos de los elementos destacados de la norma catalana que reflejan que realmente se ha hecho ese ejercicio de actualización que debería hacer también el Gobierno de España en relación a la normativa en el Estado español, pero que seguramente por falta de valentía no está llevando a cabo.

¿Cómo es la definición de consentimiento en la ley catalana?
La última modificación de la ley catalana que protege a las víctimas de violencias machistas incluyó el concepto de consentimiento sexual, entendido como la voluntad expresa, enmarcada en la libertad sexual y en la dignidad personal, que da paso al ejercicio de prácticas sexuales y la avala. Concretamente, se entiende que la prestación del consentimiento sexual tiene que hacerse desde la libertad, tiene que permanecer vigente a lo largo de toda la práctica sexual y está acotada a una persona o a varias personas, está acotada a unas determinadas prácticas sexuales y también está acotada a unas determinadas medidas de precaución, tanto en lo que se refiere a la protección de un embarazo no deseado como a respecto de la infección de enfermedades de transmisión sexual. 

También se concreta en esta definición del consentimiento que no hay consentimiento si el agresor crea unas condiciones o se aprovecha de un contexto en el que directamente o indirectamente se imponga una práctica sexual sin contar con la voluntad de la mujer. Yo creo que esta es una definición muy amplia, muy exhaustiva y que analizada en detalle, da respuesta a las diferentes situaciones con las que nos encontramos actualmente, ya sean situaciones sobrevenidas o que hemos visto como emergen más recientemente, como la práctica de la sumisión química, pero que también dan respuesta a otras casuísticas que vamos identificando como la conocida como el stealthing, que es esta práctica de retirar sin avisar el preservativo mientras se tienen relaciones sexuales y donde por tanto no existe un consentimiento de la mujer respecto de esa no utilización de medidas de precaución.  

¿De qué debería tomar nota el Gobierno español sobre Catalunya en lo que se refiere a violencias machistas?
Identificaría dos cuestiones. La primera es que el marco normativo debería adaptarse a lo que establece el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es un acuerdo a nivel europeo que marca una línea a seguir, que establece cómo abordar las violencias machistas desde los Estados miembros. Y por eso creemos que es importante que la normativa estatal esté alineada, sea coherente con lo que establece el Convenio de Estambul, sobre todo en lo que se refiere a reconocer que las violencias machistas van mucho más allá de las que se producen en el ámbito de las parejas o de las exparejas. Esa sería una primera cuestión fundamental que creemos que el Gobierno debería, debería abordar y que ya está sucediendo en Catalunya. 

En segundo lugar, de la experiencia catalana podemos aprender como la Generalitat de Catalunya hace llegar fondos, recursos extra a los ayuntamientos para que puedan sostener unas políticas realmente de recuperación, de atención a las víctimas de violencias machistas que se encuentran en situaciones de urgencia ante emergencias. Recientemente, la Generalitat anunció que va a cuadriplicar los fondos que que envía a las entidades locales para que puedan llevar a cabo toda esta red de atención, de emergencias de violencias machistas. Eso es muy importante porque además de reconocer cuáles son las las obligaciones de las administraciones públicas, también es necesario que esas obligaciones vayan acompañadas de fondos para que puedan ser una realidad. Creo que podemos aprender de esta experiencia en Catalunya, extrapolarla al contexto del Estado y ver cómo medidas como las que incluye esta nueva ley, medidas como las que incluye el Pacto de Estado, deben ir acompañadas de fondos para que puedan ser una realidad y para que podamos dar una atención a las mujeres desde la proximidad y desde el conocimiento de la cercanía que tienen las entidades locales o que puede tener la propia Generalitat de Catalunya.