Trabajo sexual
Frente a la abolición, más derechos

Desde hace una década venimos asistiendo al desarrollo de una tendencia normativa que se dirige frontalmente contra el trabajo sexual. Los primeros referentes los encontramos en las ordenanzas municipales que, bajo la excusa de la —necesaria— lucha contra la trata de seres humanos, sancionaban económicamente a las prostitutas de calle que realizaran determinadas conductas. Estas ordenanzas fueron aprobadas en diferentes localidades, con ayuntamientos gobernados por el PP o el PSOE, como Murcia, Barcelona, Sevilla, Jun o El Puerto de Santa María. En el caso de El Puerto de Santa María, por ejemplo, se llegó a comprobar que algunas trabajadoras sexuales acumulaban sanciones que ascendían hasta un total de más de 2.000 euros.

En la misma línea podemos situar la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la denominada Ley Mordaza, impulsada por el gobierno del Partido Popular, que incluía también sanciones a las trabajadoras sexuales. En concreto, el artículo 36.11 señalaba que la policía requeriría a las personas que ofrecieran servicios sexuales para que se abstuvieran de realizarlo, bajo la amenaza de sancionarlas por desobediencia con una multa mínima de 601 euros.

En las últimas semanas, esta campaña contra el trabajo sexual se ha intensificado. En primer lugar, con el proyecto de la ley de “solo sí es sí”, que pretende penalizar la tercería locativa, es decir, el lucro por alquilar un espacio donde se prostituye una persona, lo que estigmatizará y precarizará aún más a las trabajadoras sexuales.

El último paso se ha dado en el congreso del partido mayoritario en el Gobierno. En las resoluciones de su 40º Congreso, el PSOE se ha comprometido a aprobar una ley para “abolir la prostitución” en el plazo de esta legislatura.

Si, como dice la RAE, abolir es suspender una costumbre por disposición, pretender abolir una práctica como la prostitución, que se desarrolla desde la antigüedad y en casi la totalidad de las sociedades, puede calificarse casi de iluso

A estas alturas, ya sabemos lo que valen los compromisos del PSOE, aunque, como no se trata de una promesa electoral, quizá convendría analizarla seriamente, a pesar de que el objetivo de abolir la prostitución resulte muy poco realista. Si, como dice la RAE, abolir es suspender una costumbre por disposición, pretender abolir una práctica como la prostitución, que se desarrolla desde la antigüedad y en casi la totalidad de las sociedades, puede calificarse casi de iluso. El problema es que esa pretensión teórica generará una mayor estigmatización y vulnerabilidad para las trabajadoras sexuales cuando, paradójicamente, el objetivo que se plantea es protegerlas.

No hemos visto en las resoluciones del Congreso del PSOE la misma contundencia para mejorar las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar o poner fin a la feminización de los cuidados y de la pobreza, al techo de cristal...

Los planteamientos abolicionistas contemplan a las trabajadoras sexuales como víctimas del patriarcado y, por ello, exigen, y ahora pretenden imponer por ley, la desaparición de la prostitución. Resulta llamativo que se pretenda acabar con el patriarcado únicamente acabando con el trabajo sexual. Sería algo así como pretender talar un árbol arrancándole una hoja. No hemos visto en las resoluciones del Congreso del PSOE la misma contundencia para mejorar las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar o poner fin a la feminización de los cuidados y de la pobreza, al techo de cristal... Ojalá tanta combatividad para otras muestras claras de la sociedad patriarcal en la que vivimos.

En este sentido, la vía que se pretende seguir para acabar con la prostitución es la continuidad de la que, como hemos puesto de relieve, lleva desarrollándose durante los últimos años: la vía punitiva. Imponer su propia visión de la sociedad con base en el castigo, en la sanción.

Los ejemplos de los países nórdicos, en los que se ha seguido este sistema, han puesto de relieve que la criminalización del cliente no provoca la desaparición del consumo de prostitución. Es decir, no se acaba con la prostitución, no se abole, sino que se oculta, se clandestiniza

Una vía punitiva que, como en el caso de la Ley Mordaza, se va a dirigir primero contra los clientes. Sin embargo, los ejemplos de los países nórdicos, en los que se ha seguido este sistema, han puesto de relieve que la criminalización del cliente no provoca la desaparición del consumo de prostitución. Lo que sucede ante la imposición de sanciones al cliente de la prostitución es que estas prácticas se remiten aún más a la clandestinidad. Es decir, no se acaba con la prostitución, no se abole, sino que se oculta, se clandestiniza. La consecuencia directa de estas posiciones no es acabar con la prostitución. Tampoco acaban con las redes de trata sino más bien al contrario, aumentan el poder de estos entramados criminales ante la desaparición del trabajo sexual voluntario.

Desde las posturas abolicionistas se rechaza la existencia del trabajo sexual voluntario y se identifica el trabajo sexual con la trata, como si se rechazara la existencia del trabajo por cuenta ajena por la existencia de la esclavitud o la explotación laboral

Bien es cierto que desde las posturas abolicionistas se rechaza absolutamente la existencia del trabajo sexual voluntario y se identifica el trabajo sexual con la trata, como si se rechazara la existencia del trabajo por cuenta ajena por la existencia de la esclavitud o la explotación laboral. Se produce con ello la paradoja de que si todo es trata, nada es trata. Es decir, si da igual la voluntariedad de la mujer que ejerce la prostitución, las situaciones de mayor vulnerabilidad, las de explotación, las de amenazas y coacciones, las auténticas situaciones de trata se diluyen y desaparecen. Así se explica que, pese a la tan cacareada identificación entre prostitución y trata, la realidad nos muestre las dificultades para obtener asilo como víctima de trata o las exiguas cifras de autorizaciones de residencia para víctimas de trata que se han concedido en España en los últimos años, incluso bajo el Gobierno del partido que ahora en su Congreso aprueba la abolición de la prostitución con el argumento de acabar con la lacra de la trata de seres humanos. Podrían resultar más creíbles si realmente hubieran puesto las condiciones necesarias para combatir la trata y apoyar a las víctimas.

Porque ese es el gran problema de las perspectivas que pretenden abolir la prostitución: su desprecio y desatención a quienes ellas califican como víctimas, a las trabajadoras sexuales, a las prostitutas. Tan es así que cuando las voces de éstas se hacen oír, son directamente descalificadas por sus “defensoras”. Compleja postura esa que para la “defensa de los derechos humanos” de las trabajadoras sexuales, ignora a las afectadas cuando no las desacredita o las ridiculiza; cuando les niega su derecho a expresarse, a asociarse, a organizarse.

La defensa de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales no pasa por condenarlas a la clandestinidad, por incrementar su vulnerabilidad. No pasa por sancionarlas con multas si no obedecen al imaginario social del feminismo militante socialista. Pasa por oír su voz, por empoderarlas, por hacerlas sujetos partícipes de las decisiones sobre ellas.

Así podrían entender que la abolición y la vía elegida para ello, la punitiva, conduce a las mujeres que se dedican a la prostitución a una mayor vulnerabilidad, a una mayor precariedad. Porque nada se dice de cómo van a poder ganarse la vida estas mujeres cuando la prostitución esté prohibida, nada se dice de garantizar unas condiciones vitales mínimas. Más aún teniendo en cuenta las difíciles condiciones de partida de estas mujeres.

Sí, la gran mayoría de ellas están en condiciones muy difíciles porque son extranjeras y pende sobre ella la durísima Ley de Extranjería que les dificulta la regularización, las precariza, las estigmatiza. Pero nada se dice de modificar esa norma, de garantizar autorizaciones de residencia para las mujeres que viven en España. Para las que se dedican al trabajo sexual y para las demás extranjeras. Como nada se dice de ofrecer una renta básica para estas y para todas las mujeres. O de asegurar escuelas infantiles gratuitas para los hijos e hijas de estas mujeres y de las demás.

Si se trata de permitir escoger con libertad, construyamos una sociedad en la que todas las mujeres puedan decidir sobre su futuro, sobre su cuerpo, sobre su vida con plenitud y autonomía

Ojalá la preocupación por la falta de libertad de elección de las prostitutas se extendiera a la falta de libertad de elección de tantas y tantas mujeres que se ven abocadas a condiciones deplorables de trabajo por la precariedad en la que viven. Si se trata de permitir escoger con libertad, construyamos una sociedad en la que todas las mujeres puedan decidir sobre su futuro, sobre su cuerpo, sobre su vida con plenitud y autonomía.

Mientras tanto, si hay que hacer leyes sobre la prostitución que sean leyes que permitan reconocer derechos a las mujeres que la realizan, leyes que protejan su integridad física, su salud sexual y reproductiva, sus derechos laborales, su vejez. Las leyes que ellas desean y necesitan.

Construir cualquier posición sobre la prostitución sin oír la voz de las principales afectadas, de las trabajadoras sexuales, nos parece una imposición inaceptable, un planteamiento absolutamente rechazable. Más aún cuando estas posiciones pretenden hacerlas desaparecer como si fueran meros objetos prescindibles, mártires sacrificadas en la pira de su defensa.