Repartidores
“La Ley Rider no está funcionando”: los repartidores organizan huelgas y critican las irregularidades de Glovo

“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice el refrán. También lo sostienen muchos de los repartidores de comida a domicilio bajo plataformas web como Glovo, Uber Eats o Just Eat. Critican que dos años después de haber aprobado la Ley Rider por el Ministerio de Trabajo, siga habiendo falsos autónomos, condiciones laborales precarias e incluso represalias a los trabajadores que protestan. Desde que empezó el verano ha habido huelgas en Barcelona, Algeciras, Cádiz y Palma de Mallorca.

Un año de la Ley Rider y Uber quiere dar un paso atrás: ¿qué está fallando?

Yago Álvarez Barba

Falsos autónomos

Laboral Un año de la Ley Rider y Uber quiere dar un paso atrás: ¿qué está fallando?

Yago Álvarez Barba

Se cumple un año del Real Decreto que prohibe el uso de falsos autónomos en el sector de los repartidores, pero Glovo sigue sin cumplirlo y Uber Eats amenaza con dejar de hacerlo.

El nuevo modelo de trabajadores desde la entrada en vigor de la Ley Rider establece una forma de registro libre en la plataforma y una serie de multiplicadores. Esto permite que haya más repartidores conectados que pedidos en curso, “lo que origina largas esperas y repartidores sin trabajar”, apuntan desde CGT Riders. La tarifa base del pedido lleva recortada desde el año 2020, en plena pandemia. Antes estaba en 5 euros por pedido, ahora está en los 2,5 euros. “Esto sin tener en cuenta la subida del precio de la gasolina o los gastos que puedas tener en tu vehículo”, indican desde el sindicato. 

Glovo cuenta con 15.000 repartidores —todos ellos autónomos—, Just Eat a 2.000, teniendo a algunos con contrato indefinidos y con otros de los restaurantes y Uber Eats no ha dado datos. “La gran mayoría son trabajadores operando como falsos autónomos”, asegura Núria Soto, de la plataforma Riders x Derechos. Para ella, uno de los mayores problemas de esta figura es que “se individualizan las responsabilidades, como las bajas médicas, que corren a cargo de los trabajadores”.

“Echo unas diez horas al día y de lunes a domingo”, dice Fernando Roan, repartidor de la empresa y portavoz de la Asociación Unificada de Riders (AUR) y añade que apenas tiene días de descanso

En 2022, Glovo ganó un total de 490 millones de euros. “Echo unas diez horas al día y de lunes a domingo”, dice Fernando Roan, repartidor de la empresa y portavoz de la Asociación Unificada de Riders (AUR) y añade que apenas tiene días de descanso. Critica también que el kilometraje se paga diferente dependiendo de la zona, “se paga más en Madrid centro que en las afueras”. También critica la falta de información de riesgos laborales por parte de la empresa: “Por norma no se pueden llevar más de 9 kilogramos. Si alguien nuevo entra, igual los carga sin saberlo y es algo más tipico y más lesivo de lo que se piensa”. 

Mohamed —nombre falso— atiende a El Salto mientras trabaja. Nos pide usar un nombre falso por miedo a ser penalizado en la plataforma si descubre que la critican, dice que bajo su condición de persona migrante “no hay muchas más alternativas”. Denuncia pagos por la baja del kilometraje: “es poco y muchas veces hago 6 kilómetros y me lo pagan como 4”. Sobre estas “irregularidades” también critica que bajo el anterior modelo, antes tenían unos horarios establecidos, “ahora te puedes pasar la tarde esperando a que entren nuevos”, asegura. 

“En un mes bueno antes podías llegar a los 2.000 euros netos. Ahora, con los impuestos y la subida de la gasolina apenas llegamos a unos 1.3000”. Cuenta que hace una semana ha estado enfermo dos días y no ha podido trabajar: “son días que nadie me paga”. Y alerta también de que hay personas que siguen alquilando cuentas a personas migrantes “de manera ilegal para ganar muchos beneficios económicos”. 

Los riders instan al Ministerio de Trabajo a realizar más inspecciones. Antes de la Ley Rider, destaparon 18.000 falsos autónomos en las aplicaciones de reparto a domicilio y sancionaron a las empresas

Roan critica también que no se sepa el funcionamiento del algoritmo: “si no tenemos esa transparencia no sabemos valorar nuestro trabajo”. “Tenemos que tener las claves y saber por qué se asignan de determinada manera los pedidos”, insiste y valora el sistema de “maquiavélico”. Desde la CGT, definen al modelo de Glovo como “de falsa autonomía”. Las demandas de los riders van hacia un aumento del precio por pedido, el aumento del pago por quilómetro y un plus en los momentos de alta demanda.

Los riders instan al Ministerio de Trabajo a realizar más inspecciones. Antes de la Ley Rider, destaparon 18.000 falsos autónomos en las aplicaciones de reparto a domicilio y sancionaron a las empresas. Desde el Ministerio de Trabajo no han respondido a las preguntas de esta redacción, pero en una entrevista en el diario El País, Joaquín Pérez Rey, número dos del Ministerio y secretario de Estado de Empleo, ha alertado de que ignorar las sanciones que pongan desde Inspección supondrá alcanzar las “vías penales”. “Si no hay una modificación de su comportamiento, naturalmente avisaremos a la Fiscalía y a la autoridad penal competente para que investigue por qué estas empresas no cumplen la ley”, ha apostillado a la vez que ha añadido que “en España ninguna empresa está por encima de la ley”. 

Huelgas y represalias

En Barcelona han estado de huelga del 14 al 17 de julio. Cuadró en fin de semana y fue organizada, sobre todo, por colectivos de repartidores migrantes. “En Glovo abrieron cuentas ese fin de semana, lo que nos acabó perjudicando a nosotros ahora cuando hay faena”, defiende Mohamed. Y en la falta de apoyo en la huelga ve motivos racistas: “no sabemos mucho castellano y son ellos quienes quieren tener protagonismo”.

La empresa también está “desconectando” a los trabajadores que se quejan. Según Fernando Roan, es una práctica habitual el bloquear las cuentas. “Vas a trabajar y la aplicación no te deja iniciar sesión. Dicen que es porque no reconocen tu cara. Desde Glovo no te dan respuesta y puedes estar así varios días”, explica y añade que, para él, “es una forma de represión”. “Es como un despido”, compara y recuerda que estas prácticas deben denunciarse en un plazo de 20 días. 

“Otro problema es que la plataforma intenta que no cuadremos entre nosotros demasiado tiempo y así no hablar de estos problemas. Ha habido compañeros que no sabían que esto era así hasta hace bien poco”, continúa Roan. Indica también que esto les suele suceder a los repartidores que han judicializado sus casos y han ganado ante el Tribunal Supremo; “es una forma de que el trabajador se vaya por su propio pie”.