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Opinión
El TPI finalmente emitió las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. La lucha está lejos de terminar
Craig Mokhiber es un abogado internacional de derechos humanos y ex alto funcionario de las Naciones Unidas. Abandonó la ONU en octubre de 2023 y escribió una carta muy leída en la que advertía sobre el genocidio en Gaza, criticaba la respuesta internacional y pedía un nuevo enfoque para Palestina e Israel basado en la igualdad, los derechos humanos y el derecho internacional.
El 21 de noviembre de 2024, se ha derrumbado otro ladrillo del muro de impunidad construido por Occidente en Israel. En una sorprendente decisión que rechaza todos los desafíos legales y jurisdiccionales, desafiando las amenazas israelíes, el acoso de los trolls del lobby israelí y la obstrucción del gobierno y el Congreso de Estados Unidos, el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió órdenes de arresto contra dos de los líderes de Israel.
Por unanimidad, la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, ambos acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Acusan a los dos políticos de privar “intencionadamente y a sabiendas” a la población civil de Gaza de alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos
Con ello, los jueces han dado al mundo un atisbo de esperanza de que el sistema jurídico internacional no ha muerto todavía, de que Israel no está por encima de la ley, de que el poder abusivo del imperio estadounidense no está exento de desafíos y de que la justicia puede estar en el horizonte. Pero para que esa justicia prevalezca, todos los que creen en ella deben permanecer vigilantes.
Las órdenes de arresto del TPI se emitieron después de la demora más larga en la historia de la Corte, durante la cual la persecución israelí y estadounidense de la corte, la calumnia de la corte por parte de medios de comunicación pro israelíes y representantes de grupos de presión, y los cambios de personal también fueron sin precedentes.
Rechazo de impugnaciones jurídicas
Mientras Israel difamaba públicamente a la corte y trabajaba tras bambalinas para obstruir la justicia , también presentó recursos legales contra la jurisdicción del TPI, alegando que la Corte no tenía jurisdicción sobre la situación en Palestina ni sobre los ciudadanos israelíes, ya que Israel no había dado su consentimiento a dicha jurisdicción. El Tribunal rechazó de plano esta afirmación, basándose en la “jurisdicción territorial de Palestina”, basada en la aceptación por parte de Palestina de la jurisdicción de la Corte.
También se desestimó la afirmación de Israel de que debería haber recibido notificaciones de proceso adicionales, debido a que la notificación requerida, de hecho, ya se proporcionó en 2021 cuando se inició la investigación, e Israel se había negado a solicitar un aplazamiento.
Órdenes secretas
Es importante destacar que el TPI reveló que, si bien la Sala de Cuestiones Preliminares calificó las órdenes de “secretas” (para proteger a los testigos y la conducción de la investigación), se vio obligada a hacerlas públicas porque “una conducta similar a la abordada en la orden de arresto parece estar en curso” y para que las víctimas y sus familias puedan estar al tanto de la emisión de las órdenes.
Los crímenes
Las órdenes de arresto acusan a Netanyahu y Gallant de ser coautores de crímenes de guerra como el de inanición y de dirigir deliberadamente ataques contra la población civil, también de crímenes contra la humanidad como el de asesinato, persecución y otros actos inhumanos, como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza. También acusan a los dos autores de privar “intencionadamente y a sabiendas” a la población civil de Gaza de alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como de combustible y electricidad. Y el TPI alega que bloquearon y condicionaron ilegalmente la ayuda humanitaria a la población sitiada de Gaza.
Cada uno de los 124 firmantes del Estatuto de Roma del TPI está ahora obligado a arrestarlos y entregarlos para ser juzgado
En un hallazgo sorprendente, si bien el Tribunal aún no acusó a Netanyahu y a Gallant de haber “creado condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de parte de la población civil en Gaza”, un lenguaje jurídico familiar que podría conducir a posteriores acusaciones de genocidio.
Pero la atención pública mundial, sus demandas de justicia y las convicciones de principios de los jueces de la CPI prevalecieron, al menos por ahora.
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¿Qué viene a continuación?
Es probable que se formulen más cargos a medida que avance la investigación. Muchos expertos legales y especialistas en genocidio esperan que se añada un cargo de genocidio a medida que se recaben más pruebas y el caso de genocidio contra el Estado de Israel avance en La Haya ante el Tribunal Internacional de Justicia.
Por su parte, Israel y el propio Netanyahu han rechazado las órdenes de arresto con el habitual vitriolo y difamaciones contra la Corte. Es poco probable que Netanyahu y Gallant se entreguen al TPI, y es poco probable que Israel los entregue.
Pero hoy ambos se despertaron en un mundo más pequeño, uno en el que no podrán viajar a (o pasar por) al menos 124 países, incluidos muchos de sus aliados occidentales, ya que cada una de estas partes del Estatuto de Roma del TPI ahora está obligada a arrestarlos y entregarlos para ser juzgados.
Y, tildados de criminales de guerra acusados y autores de crímenes contra la humanidad, su notoria posición en el escenario mundial y en la historia está ahora asegurada.
No hay duda de que Estados Unidos y otros actores ilegales saldrán en su defensa, lanzarán más amenazas y ataques contra la Corte y tratarán de obstruir la justicia.
Pero el mundo seguirá exigiendo justicia. Y cuando se escriba la historia del horror de este genocidio, el 21 de noviembre quedará registrado como el momento en que se abrió otra brecha clave en el muro de la impunidad israelí.
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