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El PSOE impulsó la suspensión de la prestación de desempleo a los parados que no presenten la renta de 2024

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), se guarda de enfrentarse al PSOE y y de acusar a sus compañeros de coalición. Cree que el cimiento para una buena gobernanza entre distintas formaciones políticas es una relación leal y sin reproches. La pasada semana, tras la presentación del Congreso Internacional Laborista, celebró una rueda de prensa y, ante la pregunta de un periodista de El Español, Díaz explicó con naturalidad que el Ministerio de Hacienda (PSOE) fue quien introdujo la obligatoriedad para los perceptores de la prestación por desempleo de presentar la declaración de la renta. No le dio mayor importancia ni parecía un reproche. Al fin y al cabo, probablemente a los desempleados no les saldrá a pagar. 

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Los nombres formales son “jubilación flexible” y “baja flexible”. El 31 de julio se aprobó un plazo de seis meses para darle un empujón a la primera; ayer se anunció la creación de un grupo de trabajo para impulsar la segunda.

Un periodista de El País publicó ayer otra letra pequeña del Real Decreto del 22 de mayo: el artículo 299 1.k establece la obligatoriedad de presentar la renta, tal y como advertía El Español, y el artículo 271 1k establece la sanción por incumplimiento: la suspensión del paro. El artículo del Grupo Prisa insiste en que esta modificación parte del Ministerio de Trabajo, y no de Hacienda, e incluso recoge que Hacienda no tiene previsto aplicar la norma —el Ministerio no es el responsable de ejecutarla, sino las diputaciones forales o comunidades autónomas—. 

El Real Decreto entrará en vigor el 1 de noviembre y sus repercusiones no han sido publicitadas por ningún ministerio. El preámbulo justifica las medidas adoptadas ubicándolas en la Reforma 10 de la Componente 23 de la Unión Europea, necesaria para recibir los fondos Next Generation, que hace referencia a la Simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo.

La brecha digital repercute en la falta de alcance de las prestaciones sociales 

La falta de alcance del Ingreso Mínimo Vital ha demostrado la enorme brecha digital que existe en España. Según la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (la Airef), “la tasa del non take-up del IMV se sitúa en el entorno del 56%”, tras más de tres años de funcionamiento, una situación sobre la que El Salto ha alertado reiteradamente. Las consecuencias de esta situación son, de una parte, que el Estado ahorra presupuesto que ni se ejecuta. De otra, el Ingreso Mínimo Vital no llega a más de la mitad de las personas que lo necesitan. Non take-up es un término inglés para referirse a las personas que podrían recibir una prestación y no la reciben.

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Renta básica

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Colectivos y personas afectadas han presentado una reclamación colectiva contra la administración por infringir la Carta Social Europea por su gestión de una prestación que, denuncian múltiples actores, tiene un alcance muy inferior al prometido.

Hasta ahora, los motivos para estar exenta de presentar la renta eran haber cobrado menos de 22.000 euros brutos anuales y haberlos recibido de un solo pagador. En el año que se extingue un contrato y se cobra el paro, ya figuran dos pagadores. Es obligatorio presentar la renta, pero al año siguiente deja de serlo, alertan abogados laboralistas consultados por El Salto. Temen que el cambio introducido por Hacienda se cebe en los parados de larga duración, que suelen ser los más mayores y vulnerables ante la pérdida de su única fuente de ingresos.

La respuesta de la ministra de Trabajo al periodista en aquella rueda de prensa se puede escuchar a partir del minuto 20. Sus consideraciones iban en otra dirección: “El debate sobre la necesidad, o no, de incorporar a las personas a la declaración de la renta [debe tener en cuenta] que se pueden ver beneficiadas de todas las actuaciones que, por la sencillez de no hacer la renta, quedan al margen de los beneficios”, explicó antes de augurar que en el Congreso abordarían este tema, ya que en Europa varios países requieren a todos sus ciudadanos, sin excepción, presentar la renta.

El secretario de Trabajo, Joaquín Pérez, agregó que la obligatoriedad de presentar la declaración en el colectivo de desempleados “puede ser beneficiosa para muchos”, dado que no llegarán al SMI —15.876 euros brutos anuales— y se refirió a este trámite como “una obligación documental”. Tampoco mencionó que esta obligación burocrática conlleva una sanción —la suspensión del paro— y que es un trámite para el que hay gente que no está preparada y las administraciones, tampoco. 

Entrar a la oficina virtual de Hacienda para acceder a un borrador de la renta requiere de habilidades y certificados digitales. Paralelamente, las administraciones públicas han recortado desde 2008 en servicios al público. España se sitúa en una tasa muy inferior (16%) a la media europea de personal público, solo por detrás de Alemania, Países Bajos, Italia y Luxemburgo. 

En vez de automatizar el cruce de datos entre administraciones, como hacen otros países europeos, Hacienda ha elevado la exigencia a la ciudadanía de burocracia, como ya ocurrió con el IMV. 

El Ministerio de Seguridad Social, gestionado también por el PSOE, lanzó la semana pasada un globo sonda: las “bajas flexibles”, lo cual implica incorporarse al trabajo estando aún enfermo. En agosto ya firmó en la Mesa de Diálogo social ampliar la “jubilación flexible”.

Los abogados laboralistas consultados concluyen que, además de la gravedad de la extinción de la prestación en parados de larga duración, el Real Decreto abre el camino para que el cobro de una prestación contributiva vaya aparejado a la declaración de la renta. “¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Estar toda la vida cotizando y que, a la hora de cobrar la jubilación, te pidan también la declaración de la renta?”, se preguntan. Este razonamiento se aborda en la parte segunda de la exposición de motivos, y también se relaciona con la Reforma 10 de la Componente 23.