Guatemala: la indignación que no cesa

Semana de movilización social en Guatemala contra el presidente Jimmy Morales, acusado de financiar ilegalmente su campaña electoral.

Irene Barrientos
Álvaro Minguito Irene Barrientos, representante del Comité de Unidad Campesina de Guatemala.

Guatemala vive otra vez una semana de agitación social en su lucha contra el gobierno del presidente Jimmy Morales, acusado de financiación ilegal de la campaña electoral que le llevó a la presidencia. La Asamblea Social y Popular contra la Corrupción y la Impunidad ha convocado para este jueves a manifestaciones en todo el país, protestas previas a la visita que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, realizará en días siguientes.

“Hemos hecho una serie de encuentros de discusión para poder organizar las acciones futuras, en especial dada la persecución política y criminalización que se está llevando adelante contra defensores de derechos humanos”, cuenta en su visita a Madrid la representante del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, Irene Barrientos. “Este jueves la idea es calentar motores desde los movimientos sociales previo a la llegada del Alto Comisionado”.

La indignación del pueblo guatemalteco no es nueva. Ya en 2015, como contamos en El Salto, la presión social forzó la renuncia del presidente anterior, el militar Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, también por casos de corrupción. Desde hace al menos seis meses, las mismas organizaciones sostienen un pulso reivindicativo frente al gobierno de Morales y las élites políticas.

“Pedimos la renuncia del presidente Jimmy Morales, de su vicepresidente y de los diputados del Congreso que han querido amparar a todos los partidos políticos que estaban siendo señalados por casos de corrupción y financiamiento electoral ilícito", precisa Barrientos. "En Guatemala creemos que ningún partido se salva de la corrupción. Ya vimos como en septiembre quisieron taparse todos con la misma 'chamarra' haciendo una modificación al código penal que los amparaba ante más de 200 delitos”.

Cerco al congreso

En aquella ocasión, el pasado 15 de septiembre, día de la Fiesta Nacional, la respuesta de la sociedad civil fue inmediata frente a lo que denominaron “El Pacto de los Corruptos”: rodearon el Congreso y mantuvieron encerrados a los legisladores durante más de siete horas exigiendo su renuncia inmediata. Solo pudieron salir con custodia policial y tras derogar esas leyes que apenas días antes habían promulgado.

Para este jueves 16 hay convocadas movilizaciones en todo el país, con concentraciones en todas las plazas de las cabeceras departamentales y municipales, para lo cual Barrientos plantea que será imprescindible el trabajo conjunto de todos los movimientos.

“Es fundamental la articulación de movimientos de todos los colores, tamaños y sectores: movimiento campesino, indígena, autoridades ancestrales, feminista, LGTBI, sindicatos, estudiantes universitarios, etcétera. Recuperamos la consigna 'En el campo y la ciudad lograremos la unidad', porque es un punto donde confluimos las organizaciones históricas con estos nuevos movimientos urbanos, que no se han masificado en términos de organicidad, pero que sí son importantísimos en función de la convocatoria que hacemos para las acciones”, destaca la líder campesina.

También reafirma la fuerte presencia de la mujer en estas luchas. “En la mayoría de las acciones ha habido muchas más mujeres que hombres, mujeres jóvenes que han hecho suya la voz contra la corrupción y la impunidad, y también en todo el planteamiento de ir reformando leyes, por ejemplo de la Ley Electoral y de partidos políticos, exigiendo una paridad que no existe. Y en especial el tema de la equidad y la igualdad ante la Justicia, en el acceso a ella, para que seamos tratadas de la misma manera que los hombres”, remarca.

Al respecto, el propio procurador de los Derechos Humanos en Guatemala (PDH), Jordán Rodás, ha admitido un “retroceso” en algunas áreas de su competencia, destacando la necesidad de que el Congreso dé pronto señales de “ratificar” el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye el trabajo doméstico. 

No solo en la calle

La acción de las organizaciones no se limitará, sin embargo, a la protesta en la calle. Según cuenta Barrientos, ante la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, vienen trabajando en la elaboración de una política de protección de las defensoras y defensores de derechos humanos, en especial del derecho al territorio y a la tierra, quizá contra los que mayor persecución se está ejerciendo en este momento.

“Hay delegaciones ya definidas, estamos trabajando muy cerca de la oficina del Alto Comisionado en Guatemala y a partir de este espacio, esta mesa de la sociedad civil, es que vamos a tener una participación directa en esta visita”, concluye.

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