Fronteras
El 70% de las personas migrantes detenidas por irregularidad administrativa ve afectada su salud mental

Las políticas migratorias europeas generan una crisis masiva de salud pública. Esta es la premisa del informe presentado ayer 22 de octubre por Salud por Derecho, plataforma que ha querido poner sobre la mesa, con un completísimo documento, por qué el marco migratorio de la Unión Europea, asentado en la externalización, la detención y la deportación es incompatible con el mandato de protección de la salud que deberían respetar los estados. Y es que, destacan en el informe, esta crisis de salud pública no es inevitable, sino que responde a una voluntad política: la misma que explica que la UE, que cuenta ya con muros y valles en el 15% de sus fronteras, haya aumentado un 94% la financiación destinada al control de la migración para el periodo 2021-2027.

“Para nosotros la política migratoria es un poco como el elefante en la habitación de la salud pública”, explica a El Salto Jaime Manzano Lorenzo, autor del informe e integrante de la organización, destacando la paradoja entre la evidencia de cómo las políticas migratorias impactan en la salud de las personas, y la ausencia de un enfoque sobre las migraciones desde la perspectiva de la salud pública. El efecto de las políticas migratorias en la salud ha sido más investigado en otras geografías, explica, como en la frontera mexicano-estadounidense, pero en Europa apenas se ha tratado. 

Sin embargo, los hechos son los que son, entre los múltiples datos que recoge el informe recuerda que entre 2015 y 2018, como consecuencia de las políticas restrictivas, las llegadas de personas migrantes se vieron 10 veces reducidas. Paralelamente, la tasa de mortalidad se multiplicaba por cinco. Las consecuencias de la securitización profundizada en los últimos años son claras.  

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El informe, que ha sido revisado por investigadores, organizaciones de derechos humanos y plataformas de salud, alerta del endurecimiento de las políticas migratorias y el control de fronteras: “desde 2014, más de la mitad de las muertes registradas en procesos migratorios han ocurrido en Europa o en rutas hacia el continente, tanto marítimas como terrestres”. Esto se traduce, en un marco de subestimación de las cifras, en al menos 30.356 migrantes muertos o desaparecidos en el Mediterráneo en los últimos diez años. En el Sáhara, el número podría ser el doble.

Siendo la mortandad la manifestación más clara de la vulneración del derecho a la salud, esta es producto de las condiciones que sufren las personas migrantes al verse “expuestas durante el viaje a condiciones extremas, como calor sofocante, frío intenso y deshidratación, además de sufrir violencia física en las fronteras y detenciones. La falta de acceso a atención médica y la interrupción de tratamientos agravan aún más su estado, afectando también su salud mental”. Ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático es un cuadro de salud mental frecuente entre quienes migran. 

El informe llega en un momento de endurecimiento y normalización de estas mismas políticas migratorias. Tras el acuerdo político alcanzado el pasado diciembre, y su aprobación por el Consejo y el Parlamento europeos en mayo —en un contexto donde las posturas más securitarias han liderado la agenda migratoria en la UE— el PEMA, que deberá ser implementado por los estados miembros antes del fin de 2026 está habilitando la aceleración de políticas de migración. El rápido avance de la extrema derecha en los últimos meses, ha empujado a acelerar este marco securitario y de externalización. La semana pasada, la presidente de la Comisión Europea Úrsula Von der Layen, dirigía una carta a los líderes europeos apoyando el modelo de centros de deportación fuera de las fronteras comunitarias, liderado por Giorgia Meloni. 

En el plano de la salud mental, el trauma, la depresión, el estrés, la soledad y tristeza son afectaciones que la mayoría de personas sufren durante el trayecto migratorio

Con esta amplia investigación, explica Manzano, se intenta “poner en relieve hasta dónde podemos llegar si continuamos profundizando en las prácticas actuales”. Para ello era necesario hacer un gran trabajo de documentación frente a un escenario de “información incompleta, infraestimaciones de lo que está ocurriendo y falta de transparencia”. Información que acaba siendo completada por organizaciones de la sociedad civil, pero también múltiples informes sobre salud pública, una literatura gris que puede dar una pista.

El informe, realizado antes de la última iniciativa de la Comisión Europea, alerta sobre las consecuencias del PEMA “una constatación de las prácticas actuales”.  Prácticas que incluyen una serie de amenazas para la salud en las distintas fases del proceso migratorio. Para empezar, el uso del terreno como una forma de disuasión —desde el desierto al mar— obliga a tomar rutas cada vez más peligrosas que generan consecuencias visibles en la salud  “En zonas desérticas el impacto en la salud más importante que señalan los estudios son los relacionados con el estrés térmico. La deshidratación ha sido extensamente documentada como uno de los principales predictores de la mortalidad, y las muertes por hipotermia, insolación y otras exposiciones ambientales tienden a aumentar exponencialmente durante la aplicación de estas operaciones de control fronterizo”, se explica. En el plano de la salud mental, el trauma, la depresión, el estrés, la soledad y tristeza son afectaciones que la mayoría de personas sufren durante el trayecto migratorio. 

 A ello se suman las consecuencias de la violencia directa contra las personas en forma de secuestro, explotación, tortura, agresiones sexuales o físicas, o la frecuencia de accidentes de tráfico o arrollamientos por seguir las vías del tren. Otra de las situaciones descritas son las derivadas del viaje por mar:  “una gran morbilidad de afecciones cutáneas, normalmente con sobreinfección, problemas gastrointestinales, deshidratación e hipotermia”. La insalubridad en estos viajes también produce enfermedades como sarna. Las condiciones de hacinamiento y las largas esperas para el desembarco —con gobiernos como el italiano que niegan el uso de sus puertos— contribuyen a esa situación. Y es que, como señala el documento, son las decisiones políticas las que ponen en riesgo la salud de las personas. En el caso español, el informe apunta cómo la militarización del rescate marítimo, ha aumentado la mortalidad en la vía occidental del Mediterráneo ( multiplicándola por 2,5 entre 2017 y 2022)

La criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Europa marca un nuevo récord en 2023

Redacción El Salto

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Migración La criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Europa marca un nuevo récord en 2023

Redacción El Salto

La tendencia de criminalizar tanto la solidaridad con las personas migrantes, como el mismo hecho de atravesar fronteras de manera irregular, afianza un entorno hostil para quienes intentan llegar a la Unión Europea.

La persecución judicial  de las ONG de salvamento en toda Europa, las iniciativas legislativas como la italiana de 2023, que criminaliza a estas organizaciones, o la inclusión del epígrafe de instrumentalización en el Reglamento de Crisis, que genera inseguridad jurídica para las organizaciones, son otros escenarios que obstaculizan la asistencia debida a las personas que migran, con las consecuencias en la salud que estas decisiones entrañan, se explica en el informe. La directiva de facilitación, que criminaliza la solidaridad con las personas migrantes, amplía los riesgos para su salud, siendo además estas personas las principales candidatas a ser criminalizadas.  

Otra de las decisiones políticas que suponen una amenaza a la salud de las personas migrantes es la externalización, apunta el informe, que denuncia la utilización de la Unión Europea de la cooperación económica como una forma de imponer su agenda: condicionando “la asistencia financiera, los acuerdos comerciales, de desarrollo o de visados”,  al control de la migración. Así, desde el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, puesto en marcha en 2015, al posterior Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, la UE ha supeditado su apoyo económico a que los terceros países sean funcionales a las políticas migratorias comunitarias. Una muestra de ello, es el condicionamiento de la concesión de visados a la aceptación de las deportaciones. En el caso de los Balcanes, se recoge en el informe, lo que opera es una forma de chantaje en la externalización de las fronteras, pues condicionan la entrada a la UE de estos países al respeto de los objetivos migratorios.

“Las directivas, los reglamentos, los protocolos, las prácticas… tanto por una acción violenta como por una inacción violenta, acaban generando la enfermedad de las personas”, explica Manzano. “En el informe, repasamos desde los códigos de visados a los acuerdos llamados de soft law que cada vez están más en boga. Acuerdos bilaterales como los de España con Mauritania o Senegal. Pero también de la Unión Europea con Túnez o Egipto”. En el documento también se problematiza por qué se decide financiar algunas cuestiones y no otras. 

“Queremos poner el foco en que este es un sistema que genera un incentivo para que, en vez de permitirles coger un avión directo, estemos exponiendo a un gran número de la población a factores que enferman”

Y es que la decisión de dónde se pone el dinero es una decisión política central, y en este caso la UE habría dejado claro cuáles son sus prioridades. Según se lee en el informe “la revisión del Marco financiero plurianual 2021-2027 (MFF, por sus siglas en inglés), acordó que mientras se recortaban fondos de desarrollo y cohesión o se limitaba el aumento para fondos para la ayuda al desarrollo y humanitaria, se incrementarían aquellos para el control de la migración y la gestión de las fronteras”.  De hecho entre los programas más afectados por los recortes se encuentra EU4Health y Horizon Europe, que perdieron en total 3300 millones. Se trata de “programas necesarios para el desarrollo de innovación, acceso a medicamentos, salud pública e inversión en sistemas de salud más resilientes”.  Este recorte contrasta con el citado incremento del 94% en las partidas dedicadas al control migratorio.

En definitiva, para el autor del informe resulta crucial confrontar esta “naturalización de la peligrosidad de las rutas”. Como si fuera el desierto el que pone a las personas en riesgo o el mar el que hace a la gente naufragar, “nosotros queremos poner el foco en que este es un sistema que genera un incentivo para que, en vez de permitirles coger un avión directo, estemos exponiendo a un gran número de la población a factores que enferman”. 

Un aterrizaje claro de cómo estas preferencias presupuestarias impactan en la salud de las personas migrantes se ve en la construcción de muros y vallas en el perímetro de la Europa comunitaria, que se ha multiplicado por 15 en los últimos años. Se trata de dispositivos diseñados para infligir heridas y que pueden alcanzar más de 10 metros, incrementando los riesgos sobre la salud de las personas que intentan cruzarlas. También en las fronteras las devoluciones en caliente generan un cúmulo de afecciones de salud mental. El trastorno de estrés postraumático se extiende entre quienes han sido rechazados. La “acumulación de experiencias traumáticas, junto a los largos tiempos de espera para poder atravesar las fronteras, se ha identificado como un factor que dificulta el manejo de lo que, en un inicio, son reacciones agudas de malestar que acaban convirtiéndose en condiciones más complejas de salud mental”, se señala en el informe. Depresión, ansiedad, sensación de pérdida de control, desesperanza, profundizan el sufrimiento psíquico de quienes migran.  

Detenciones: la salud en jaque

“Cada año más de 100.000 personas son detenidas en Europa por su estatus administrativo, y en España, el 70% de las personas detenidas en centros de internamiento desarrollan graves problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, y dos de cada diez intenta autolesionarse”, expresa Salud por Derecho en la nota de prensa de presentación del informe. De hecho, ya en el documento se señala que la salud de quienes se encuentran bajo detención por razones relacionadas con la migración sufren aún peores resultados de salud que quienes se hallan en prisión.

En base a distintos informes de la UE, recuerdan que la duración de la detención, que en el marco del PEMA se amplía en todas las situaciones pudiendo llegar hasta los 18 meses, “está directamente relacionada con peores resultados en salud, triplicándose el porcentaje de personas que califican su salud como mala tras cuatro meses de detención”. Cuadros de salud que, como ya se ha constatado en lugares como Malta o Grecia, pueden acarrear un “mayor riesgo de enfermedades infecciosas respiratorias, digestivas o dermatológicas, particularmente en casos de hacinamiento, condiciones higiénicas o largos períodos de detención”.

Incluso las detenciones de corta duración, que el PEMA pretende sistematizar en las fronteras, en el marco de la ficción de no llegada (no considerar que las personas se encuentran en territorio comunitario aunque hayan llegado al espacio Schengen), tienen impactos negativos en la salud mental que pueden perdurar en el tiempo. En el marco del Pacto, que parece ya superado por los últimos desarrollos en el marco europeo, los menores no se libran de la detención, sufriendo mayores impactos en la salud que los adultos, tanto en el corto plazo como a futuro, comprometiéndose su salud mental y física, así como su desarrollo. 

Una frontera infinita que enferma

Incluso cuando se ha conseguido penetrar la frontera, esta no acaba. La reintroducción de controles internos habilita las devoluciones internas, sometiendo a las personas que migran a una persecución infinita, y agravando el síndrome de deportabilidad, sobre la base de un mayor control policial y la normalización del perfilamiento racial.  El informe recuerda que el efecto de la idea de deportabilidad actúa en dos niveles en la salud de las personas que migran: por un lado es un vector de inseguridad continua, dejando a la persona migrante “bajo el efecto de un clima hostil que impone un miedo a ser deportado”, un miedo a la deportación “con efectos negativos en la salud cardiovascular y la salud” y que “actúa además como una barrera en sí misma para buscar atención sanitaria”. 

Además, se recuerda, no se acaba de conquistar la tranquilidad mientras persiste la posibilidad de caer de nuevo en la irregularidad por no cumplir en algún momento los requisitos, lo que supone “una forma de ‘violencia lenta’”. La deportación en sí, con la coacción física que conlleva en muchos casos, implica sus propios riesgos de salud, que en varios casos en los últimos años se ha traducido en la muerte de las personas deportadas. Sus impactos continúan una vez las persona han sido deportadas, uniéndose “los efectos acumulados en la salud previos a la deportación, junto a los que surgen tras la deportación”, con fuertes consecuencias relacionadas con el estrés psicológico.

Deportabilidad: de cómo la amenaza de expulsión disciplina a la población migrante

Sarah Babiker

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Sarah Babiker

La deportación es un elemento central en las políticas migratorias de los últimos años, consolidada al calor del Pacto Europeo sobre migraciones, y caracterizada por la opacidad y la vulneración de derechos.

Ante esta panorámica, Salud por Derecho llama a profesionales sanitarios y activistas a la movilización. Más allá de la exigencia de mejoras en el sistema actual, apunta a la necesidad de subvertir toda la estructura puesta en pie por las políticas migratorias europeas. “Es necesario un cambio de paradigma y políticas que consigan una transformación sistémica para que ni se ejecuten ni se financien estas políticas que enferman”, concluyen en su nota de prensa. De hecho, precedentes no faltan, el propio Manzano evoca el caso italiano, donde organizaciones médicas y de la sociedad civil han organizado campañas “con el fin de movilizar a la comunidad médica para oponerse a la detención de migrantes en base a su estatus migratorio”. En Reino Unido, recuerda, hace muchos años otra iniciativa cuestionaba “la participación de personal médico en los vuelos de deportación”

Con su informe, la organización Salud por Derecho, cuestiona que las políticas de migración y las de salud solo parecen cruzarse desde un enfoque securitario, como es el de la prevención pandémica, en el que “las amenazas a la seguridad nacional pasan a ser los patógenos y, en última instancia, sus portadores”, explican en el informe. En este marco: “el foco acaba por ser, no la seguridad humana y salud de las personas, sino la seguridad de las fronteras nacionales”. Manzano profundiza en este análisis:  “incluso el screening que se hace en el monitoreo para enfermedades en frontera, persiste este halo colonial: ‘veamos si son portadores de algo, si traen el mpox’”. “Para sorpresa de nadie”, ironiza, “la mayor carga de enfermedad que tienen las personas que llegan a España es muy parecida a la nuestra en cuanto a cuestiones crónicas como la diabetes. Y lo que solicitan son sobre todo consultas de salud materno infantil y perinatal”. El hecho de que las pruebas médicas se centren en cuestiones no demandadas por las personas migrantes, le hace preguntarse al autor del informe: “¿La salud de quién se está protegiendo?”. 

Determinantes sociales de la salud

El autor del informe lo enmarca en el debate sobre los determinantes sociales de la salud, una cuestión que no resulta ajena al discurso del gobierno progresista. Así, reivindica esta mirada de las migraciones desde el derecho a la salud, para superar discursos y “narrativas polarizadoras”, en las que gobierna la retórica de la crisis, o de la “utilidad” de las personas que migran. “Podemos generar un nuevo discurso en torno a la cohesión social, en torno a la salud. Un discurso que ya se da cuando hablamos del acceso universal al sistema sanitario, pero ahí estamos dejando de lado todo el proceso anterior que enferma”. 

Para ello, es necesario que las políticas sanitarias y las de migraciones sigan caminos paralelos. “Es un mandato democrático y una cuestión de rendición de cuentas, no puedes garantizar el derecho a la salud si dejas a parte de la población fuera”, insiste Manzano, si las políticas migratorias chocan con las de salud, son las primeras las que no deberían sostenerse. Pero esto, advierte, ni siquiera está entrando en el debate. “Si bien es muy necesario garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud y esperemos que la nueva ley de universalidad que plantea el Gobierno pueda cubrir todos los fallos que tenía en el 2012 y el Real Decreto 2018, ¿de qué sirve que dejemos que la gente acceda al sistema si les estamos haciendo enfermar con todo el proceso anterior?”

En suma, las recomendaciones a las que llega el informe apuntan a dar un giro de volante total a las políticas europeas y estatales: El fin de la detención y de la externalización de fronteras, o la creación de un dispositivo europeo que permita los rescates marítimos, forman parte de las exigencias realizadas ante Europa. Mientras, al Estado se le pide que su implementación de las políticas europeas cuente con “plenas garantías” para los derechos de las personas migrantes, algo que excluye el uso de la detención. Asimismo, se propone establecer un “sistema de monitoreo de salud en las fronteras” y priorizar la dimensión sanitaria dentro de las políticas de migración. La regularización extraordinaria planteada en la Iniciativa Legislativa Popular que se encuentra ya lista para su debate en el congreso, también sería un buen punto de partida.