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En la Comunidad de Madrid la lista para una plaza de atención temprana supera los 4 años de espera

1.706 niños y niñas con alteraciones en el desarrollo están en lista de espera para acceder a una plaza de atención temprana en la Comunidad de Madrid. Algunos de ellos llevan desde 2017 aguardando, cuatro años para una prestación médica pública que posiblemente nunca llegue. Una dilación que suele tener consecuencias de extrema gravedad para el crecimiento del menor e, incluso, puede poner en riesgo su vida.

Ha sido la propia Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid la que ha reconocido las graves deficiencias del funcionamiento del servicio en la región, en respuesta a una solicitud de acceso a información pública requerida por la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional (PATDI).

De 1706 menores en lista de espera para acceder a una plaza de atención temprana, 866 llevan por lo menos un año aguardando. Más dramática es la situación de uno de ellos, con más de cuatro años de demora

De los datos proporcionados, se deriva que 866 de esos menores, poco más de la mitad, lleva por lo menos un año en lista de espera para acceder a una plaza de atención temprana. Mucha más dramática es la situación de uno de ellos, con más de cuatro años de demora y otros quince, con más de tres años. En el cómputo anual, 10 niños y niñas están en lista de espera desde 2017, 104 desde 2018 y 502 esperan desde 2019 y 633 desde el año pasado. En 2021 se han sumado 459 nuevas solicitudes.

La atención temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil menor de 6 años, a su familia y entorno que tienen como objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo.

Esta demora, por consiguiente, implica una pérdida de oportunidades en la mejora de las niñas y niños afectados, la atención temprana implica, precisamente, una intervención lo más precoz posible ante un problema de desarrollo, para garantizar una mayor efectividad en la recuperación. “Esto se basa en una cualidad del cerebro: la plasticidad, entonces cuanto antes se intervenga, mejor”, explica el portavoz de PATDI, Oscar Hernández.

“En términos de desarrollo de la salud del niño esta situación es terrible, porque no se trata solo de oportunidades para aprender cosas que son básicas y funcionalmente fundamentales, como el comunicarse, sino que incluso puede conllevar el riesgo de poner en peligro una vida. Porque si un niño tiene parálisis cerebral o cualquier otra circunstancia que le da problemas para masticar y tragar, una disfagia, por ejemplo, si no está atendido por un logopeda tendrá problemas con la alimentación y podría derivar en un atragantamiento”, asegura Hernández.

Se trata de niños y niñas que necesitan atención para solventar problemas en su desarrollo y el hecho de que no se les esté proporcionando puede derivar en una menor o mayor autonomía, en casos de discapacidad o, como apunta, Hernández, en la muerte. “Si un niño con parálisis cerebral no consigue sentarse con dos años, es muy difícil que llegue nunca a caminar”, grafica.

“Al estar negándose la asistencia, habrá familias con mayor capacidad económica que puedan pagar los tratamientos que no da el sistema público. Y en aquellas con mayor vulnerabilidad social, que hay muchas, esos chicos directamente quedarán desatendidos”

“El fundamento es aprovechar esos primeros años de vida, cuando hay mayor plasticidad cerebral, a través de las intervenciones terapéuticas que prestan profesionales de la salud. Entonces al estar negándose, habrá familias con mayor capacidad económica que puedan pagar una factura al mes por los tratamientos que no da el sistema público. Y en aquellas con mayor vulnerabilidad social, que hay muchas, esos chicos directamente estarán perdidos porque se quedarán desatendidos. Eso es lo más dramático”, reconoce el portavoz de PATDI.

Desde mediados de abril, las familias cuyos hijos e hijas siguen en lista de espera o han tenido que pasar por el trauma de esperar durante meses o años, han iniciado una campaña en redes sociales bajo el hagstag #Unade1706 para contar las experiencias vitales y concienciar sobre la gravedad de esta situación.

Quienes trabajan en la atención temprana son logopedas, terapeutas, psicólogas o terapeutas ocupaciones. Todos profesionales del ámbito de la Sanidad. Sin embargo, desde la Asociación advierten que “además de la lista de espera para acceder a plaza, previamente las familias han de soportar otra lista de espera: la de valoración de la necesidad de atención temprana, un dictamen necesario e independiente del diagnóstico médico”, que se hace en el ámbito de lo social.

“Este dictamen lo realiza sólo un órgano en toda la Comunidad de Madrid: el Centro Regional de Valoración Infantil (CRECOVI), dependiente también de la Consejería de Políticas Sociales, y los últimos datos publicados por la Consejería sitúan en 7,5 meses la espera media para este trámite, lo que habría que sumar a la posterior espera para acceder a una plaza”, destacan desde PATDI en un comunicado.

Al respecto Hernández explica que se trata de un problema estructural que obedece a la propia definición del concepto de atención temprana. “En muchas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, la atención temprana no se trata desde el ámbito de la salud, sino desde el ámbito de la atención a las personas con discapacidad, en los servicios sociales, y eso conlleva menores recursos, menores presupuestos, privatización del servicio, externalización, peor control de la calidad y una burocracia que no existe en sanidad”, clarifica.

“Aquí el médico detecta una situación de peligro o de alteración del desarrollo del niño, y la familia lo que tiene que hacer es una solicitud en la Consejería de Servicios Sociales para que lo valore de nuevo. Con un diagnóstico médico de valoración del espectro autista que determina un neuropediatra, por ejemplo, la familia presenta una solicitud en servicios sociales para que CRECOVI, a su vez, le vuelva a valorar si tiene o no necesidad de atención temprana y aplicándole un baremo determinar una priorización para acceder luego a las listas de espera”, describe Hernández sobre el tortuoso procedimiento.

El plazo medio de valoración se sitúa en estos momentos en casi ocho meses de espera, aunque los datos aportados por la Consejería de Políticas Sociales reconocen que en diciembre de 2020 la espera rondaba los diez meses.  Esta bajada, sin embargo, tendría su causa en una bajada en la presentación de solicitudes, fruto de la pandemia.

“Hay que destacar que la bajada del plazo medio para valoración (y el consiguiente estancamiento de incremento de la lista de espera para acceso a plaza) ha coincidido con un extraño y significativo decremento de la entrada de solicitudes registradas en la Consejería, que pasó de registros previos a la situación de pandemia de 359 solicitudes en febrero de 2020 a solo 8 en todo el último cuatrimestre de 2020. Sin esta parada de facto registrada en la entrada de solicitudes es muy probable que los datos de tiempo de espera para valoración fueran aún mayores”, advierten desde PATDI.

A nivel del Estado se estima que unas 250.000 niñas y niños necesitan de atención temprana, un 10% de la población infantil. Sin embargo los datos revelan que solo un 4,2% la estaría recibiendo, poco más de los 100.000. Canarias es la comunidad autónoma con mayor déficit, apenas 36 niños de los 97.286 menores de seis años que residen en las islas. Madrid se encuentra entre las cuatro peores, con 369.976 infantes en edad de recibir la atención temprana y solo 5736 que tienen acceso a ella (el 1,6%).

Desde la Asociación consideran que es urgente que se dote de recursos necesarios al CRECOVI y a la red pública de centros de atención para aliviar las listas y los tiempos de espera de un servicio que es vital para las necesidades de los niños que afrontan barreras en su desarrollo.

“A medio plazo pedimos una reflexión profunda para que esto deje de formar parte de servicios sociales y pase a ser parte de sanidad. Porque esto afecta a niños y niñas que de ser tratados a tiempo se podría evitar mucho sufrimiento y consecuencias que en un momento pueden resultar irreversibles”, concluye Oscar Hernández.

Desde PATDI también impulsan que antes del verano de 2022 se apruebe un plan que evolucione de un modelo actual de gestión temprana “privatizado e infradotado”, hacia otro modelo de gestión pública que garantice la universalidad y la calidad del servicio.