Educación concertada
La salud de hierro de la poco diversa concertada valenciana

El debate sobre la educación concertada en el Estado español está de actualidad. Las declaraciones el pasado noviembre de la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá —que expuso que el derecho de elección del centro docente no es un derecho constitucional— y la respuesta del PP de defender “política y jurídicamente la libertad de los padres para elegir centro docente” volvió a poner este tipo de docencia en el foco de atención mediática. También en el País Valencià la concertada ha ocupado titulares a raíz de los decretos publicados la semana pasada y ayer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que establecieron que también los centros concertados estarán sometidos a una evaluación externa por parte de la Conselleria. 

La concertada es un asunto delicado, especialmente si hablamos de España, uno de los países de Europa donde la educación está más segregada. La concertada tiene poder. De hecho, a raíz de la controversia por sus declaraciones, Celaá expresó más tarde una postura más conciliadora: “No existe ningún plan para la revisión de nada. El sector puede estar tranquilo: llevamos 30 años gestionándolo y no hay motivos para esta controversia exagerada”.

Pese a la aparente fuerza del modelo, en el País Valencià son muchas las voces —desde los partidos conservadores, de organizaciones religiosas o medios de comunicación de masas, entre otros— que hablan como si la educación concertada padeciera un ataque sin precedentes por parte del tripartito valenciano formado por el PSPV, Compromís y Podemos. Pero, ¿son recelos fundamentados?

Problemas comunes en la concertada del País Valencià

Según los últimos datos recogidos por el Portal Estadístico del Ministerio de Educación, en el curso 2017-2018 de todos los centros educativos, 1.245 son escuelas concertadas, lo que supone el 20% de los centros, un poco por debajo de la media del Estado, donde el 21% de las escuelas son concertadas. En total, 6.136 son escuelas públicas, alrededor del 64% de los centros. La educación concertada al País Valencià tiene un peso bastante importante, pero estas cifras se alejan del modelo vasco donde las concertadas llegan al 48%.

La enseñanza concertada en el País Valencià padece los mismos problemas que en el resto del Estado español. Uno de ellos, la segregación por nacionalidad, es bastante clara. El País Valencià tiene una brecha entre el porcentaje de alumnos extranjeros que acuden a la pública y la privada mayor que en el resto del Estado. Si la media de la concertada española es de casi un 11% de alumnos extranjeros en los centros públicos, en los concertados es del 5%. En nuestro territorio esas diferencias son aún más importantes: un 13,7% de los alumnos son extranjeros en la pública frente a un 4,7% en la concertada. Este contraste es especialmente importante en las escuelas alicantinas y castellonenses, con diferencias que superan los 11 puntos porcentuales entre los públicos y los concertados.

La segregación por nacionalidad es especialmente importante en las escuelas alicantinas y castellonenses, con diferencias que superan los 11 puntos porcentuales entre la pública y la concertada

Si bien es cierto que no todo depende de la educación en el centro educativo (también hay otros factores como la situación socioeconómica, el entorno familiar, etc), el ambiente en la escuela es determinante a la hora de configurar la visión del mundo del alumnado. Un ambiente con poca multiculturalidad puede ser sinónimo de una educación desconectada de la realidad del país. Un informe de Save the Children  contextualizaba que la concentración del alumnado del perfil socieconómico bajo en el Estado afecta al 46,8% de los centros, y que 9 de cada 10 de éstos son públicos. "Todo ello produce una segregación escolar con consecuencias nefastas para la cohesión social y cultural de nuestra sociedad", añade el informe 'Proyecto Escolar Mapas', presentado por la Universidad de Valencia en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

Y es que la concertada también tiene carácter elitista. Las notas más altas de la PAU acostumbran a ser de esos centros o de otros privados. En 2019, por ejemplo, el primer puesto fue para el concertado La Asunción de Riba Roja. La segregación por condición socioeconómica facilita el trabajo de los y las docentes en las escuelas privadas, dado que los alumnos pertenecientes a familias de menor renta o a grupos minoritarios tienen tendencia a obtener peores resultados escolares. El informe de Save the Children explica que “una de las consecuencias más claras de la segregación es el aumento de la probabilidad de niños y niñas de centros concertados a repetir curso”. Los profesores de los centros públicos deben enfrentarse a grupos más difíciles de gestionar, más diversos. Además, cuentan generalmente con recursos materiales más limitados. El mismo informe añade que la falta de vinculación al centre que muestra este tipo de alumnado es una de las causas que pueden explicar un menor rendimiento académico, "lo que se acaba traduciendo en una mayor probabilidad de repetir curso y sufrir abandono escolar prematuro".  

La lengua, patrimonio de la escuela pública

Por otro lado, el tema de la lengua también es otro foco de conflicto en lo que se refiere a la educación concertada. Según este informe, del 20% de las plazas escolares que tienen como lengua vehicular el valenciano en la ciudad de Valencia, la escuela pública las ofrece casi todas —94,77% en infantil, 91,48% en primaria y 92,12% en la ESO—. Como se puede ver, la lengua propia no es una prioridad para los centros concertados. Este aspecto es esencialmente contrario al modelo de la Ikastola vasca, donde el euskera es la principal lengua vehicular. El modelo concertado valenciano parece apostar por el rechazo a la cultura valenciana.

Del 20% de las plazas escolares que tienen como lengua vehicular el valenciano en València, la escuela pública las ofrece casi todas: la lengua propia no es una prioridad para la concertada

Este otro documento de la Conselleria de Educación apunta que en 2016 sólo el 7% de las plazas concertadas en el País Valencià eran en valenciano. De los datos se concluye que la concertada no garantiza los derechos de los valencianoparlantes ni intenta luchar contra la situación de una lengua minorizada. Algunos sindicatos como el STEPV denuncian esta situación y apuestan por una educación concertada “al servicio del conjunto de la sociedad, diversa, participativa, democrática y en valenciano”. Paralelamente, voces conservadoras procedentes de Madrid denuncian la supuesta situación de discriminación de la lengua de Cervantes en el País Valencià o en Catalunya mientras que alumnos madrileños no pueden estudiar en castellano por el apogeo del modelo bilingüe en inglés.

El gasto público

Bajo el gobierno del Partido Popular en la Generalitat, los gastos durante la crisis del 2008 en la educación pública decrecieron con contundencia (11 por ciento negativo en 2011). En esos años —la presidencia de Camps, en primer lugar, y después de Fabra— redujeron en menor medida los gastos en conciertos y subvenciones. Cuando se recuperó el aumento del gasto público en 2013 se superó las inversiones de la concertada, y a partir de la llegada de Compromís a la Conselleria de Educación en 2015 la tendencia se ha mantenido. Los datos se aproximan a una conclusión: cuando hay crisis, la escuela pública es la que más padece.

Las cifras muestran el aumento presupuestario en los dos modelos, al tiempo que el alumnado crece en número. En el régimen general de enseñanza, el número de alumnos se ha elevado un 13% en los centros concertados y un 21% en los públicos. Cuánto de este aumento presupuestario se ha destinado al aumento de estudiantes y cuánto a mejorar los servicios educativos es una incógnita. En este punto la concertada tiene una ventaja: además de los fondos públicos, los colegios concertados cuentan con las aportaciones de sus clientes, es decir, sus alumnos, lo que incrementa sus posibilidades para obtener mejores instalaciones y recursos de todo tipo.

Muchas dificultades y oposiciones para pocos avances

El artículo 27.3 de la Constitución española habla de la libertad de los padres para elegir escuela: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Algo que parece contradecir el supuesto carácter laico del Estado para garantizar la enseñanza religiosa que ya existe en una institución con siglos de historia encargada de eso: la Iglesia católica.

Al mismo tiempo, según las declaraciones alarmistas de diversos grupos de interés, como la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia o Escuelas Católicas, parece que la Generalitat no tiene legitimidad y comete una terrible injusticia. Sin embargo, el artículo 53 del Estatuto recoge las competencias al respecto al anunciar que es la Generalitat quien regula la enseñanza “en toda su extensión. Además, el artículo 149 de la Constitución española ya resuelve a favor de los Estatutos autonómicos, considerando las competencias en determinadas materias del Estado como supletorias.

El TSJCV ha tumbado alrededor de 40 propuestas de ley de la Conselleria de Educación

 El TSJCV ha tumbado alrededor de 40 propuestas de ley de la Conselleria de Educación. Estas propuestas han estado principalmente relacionadas con la lengua, pero también ha paralizado recortes a la concertada; cabe destacar que el 86% de los alumnos becados pertenecen a la educación pública. Una de las propuestas tumbadas fue la anulación de la orden de reducir la ratio de 23 alumnos por clase, por lo que se mantienen el 25 por clase en la educación infantil pública. Un aumento de la ratio a las aulas públicas supone una situación beneficiosa para la educación concertada: más alumnos significa un incremento de ingresos. Y, con ello, una continuidad en la segregación, ya que el elevado precio de la oferta de servicios complementarios (comedor, actividades extraescolares...) y las cuotas pseudo-obligatorias que acostumbran a exigir en la concertada y que desincentivan a muchas familias con menos recursos son factores que también explican la segregación, según el informe de la Universidad de Valencia.

Se habla mucho de la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, pero habría que preguntarse si todo vale en terreno educativo. El Estado, y también el Gobierno del País Valencià, como interesados en la búsqueda de una sociedad más justa, deben pensar si es razonable la enseñanza religiosa a menores en un país supuestamente laico, la adecuación del modelo lingüístico o la segregación por nacionalidad y clase social. Y la concertada al País Valencià parece tener una salud de hierro: el modelo poco inclusivo continúa vigente.