Crisis climática
La huella climática de la carrera armamentística europea

En tiempos de emergencia climática, todos los sectores productivos están bajo la lupa pública para ver si arriman el hombro y contribuyen a frenar desastre global. O esa es la teoría. En la práctica, hay uno que tradicionalmente ha estado exento de rendir cuentas. De hecho, los militares están exentos de informar públicamente sobre su actividad contaminante y no existe un consenso en la Unión Europea sobre si estos deberían informar. Tampoco hay objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Un informe, hecho público este 23 de febrero y elaborado por las organizaciones independientes británicas Observatorio del Conflicto y el Medio Ambiente (Conflict and Environment Observatory, CEOBS) y Científicos por una Responsabilidad Global (Scientists for Global Responsibility, SGR), y encargado por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica en el Parlamento Europeo (The Left), estima que, con cifras de 2019, las emisiones de las fuerzas armadas europeas son de 24,8 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) equivalente, un valor utilizado para contabilizar las emisiones de todos los gases de efecto invernadero. 

La cifra equivaldría a los GEI de 14 millones de automóviles y, como remarcan los autores de la investigación, se trata de “una estimación conservadora”, dada la tradicional dificultad en la adquisición de datos en todo lo relativo al estamento militar.

Ejército español

Las fuerzas armadas del Estado español, con 2,79 millones de toneladas de CO₂ equivalente, serían las terceras que más emisiones emiten, según las estimaciones de CEOBS y SGR, solo por detrás de Francia, el mayor contribuyente europeo, con 8,38 millones de toneladas, y Alemania, con 4,53 millones. 

La contribución española, sin embargo, sería hoy superior. El recientemente aprobado presupuesto militar para 2021 supone un incremento del 6,5% respecto a 2020 si se atiende solo al monto relativo al Ministerio de Defensa: 10.853 millones. No obstante sería del 10,3% “si se tienen en cuenta las partidas repartidas entre otros ministerios de carácter militar”, tal como señala Pere Ortega, presidente del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Aunque el Gobierno sí ofrece cifras a Naciones Unidas sobre las emisiones de algunas áreas militares, quedarían muy lejos de las recopiladas en el estudio de CEOBS y SGR: apenas llegan a un sexto de las contabilizadas por los investigadores. Asimismo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, una de las principales herramientas para organizar la llamada transición ecológica en España, no hace ninguna referencia al estamento militar.

Respecto a la contribución de la industria militar española, Airbus, con más de 8.000 empleados en España y varias plantas repartidas por el territorio, sería la empresa armamentística que más emisiones produce, con 7,3 toneladas de CO₂ equivalente por empleado y año, atendiendo solo a su división militar. Navantia, Indra, Thales e ITP Aero, completan el listado de las compañías dedicadas a la fabricación de material militar más sucias del Estado español.

Opacidad

En lo relativo a la transparencia es donde los autores del estudio ponen un asterisco, ya que no existen datos específicos de emisiones por parte de las fuerzas armadas polacas. Tampoco de corporaciones clave en el sector como MBDA, Hensoldt, KMW, and Nexter, con lo que desde las organizaciones detrás del estudio se destacan la “bajo nivel de transparencia y concreción” de la información disponible al respecto, lo que incluye “omisiones, cifras a la baja y datos imprecisos”. Razones de seguridad nacional suelen ser las esgrimidas como excusa para no publicar datos.

“Debemos exigir el acceso a cifras que nos digan cómo se gasta el dinero público y su impacto en el calentamiento global. El sector militar no puede estar exento de ser examinado desde la perspectiva del impacto climático”, denuncian las organizaciones a cargo del estudio.

Gasto militar y beneficios

En un continente que es hogar de ocho de las 30 corporaciones militares que más venden del mundo —116.000 millones solo en 2019, incluyendo al Reino Unido, según la patronal europea Aerospace and Defence Industries Association of Europe— la contribución de la industria es clave. Solo en los seis países en los que más se ha centrado el estudio —Francia, Alemania, Italia, España, Polonia y Holanda— cinco compañías producen más de un millar de kilotoneladas de CO₂ equivalente: PGZ, Airbus, Leonardo, Rheinmetall y Thales. 

En semejante negocio milmillonario, no hay ventas sin gasto militar. En conjunto, este ha aumentado un 4,3% en los países de la OTAN, siguiendo la directriz de la organización, que pide un 2% del PIB para los ejércitos que la integran. Las naciones que forman parte de la Alianza Atlántica son responsables de más de la mitad de dicho gasto a nivel global.

De hecho, el documento, titulado Under the radar: the carbon footprint of Europe’s military sectors (Bajo el radar: la huella de carbono de los sectores militares europeos), denuncia que “el sector militar mundial está reviviendo una especie de lógica de Guerra Fría en la carrera armamentística internacional”. Y más gasto son más operaciones, más armamento y más emisiones derivadas no solo de la industria que construye los ingenios creados para matar, sino también de la vida operativa de aviones de combate, buques de guerra, funcionamiento de bases militares y, en general, de todas las actividades bélicas.

Como señala Idoia Villanueva, eurodiputada de Podemos, partido integrado en la coalición que encargó el informe, “lo que nos dice este estudio es que las armas matan de muchas más formas de las que pensamos, y que la lucha contra el cambio climático va mucho más allá de reducir las emisiones cambiando nuestros modelos de movilidad y consumo”.

“El desarme de los Estados y el trabajo por la paz también forman parte de la lucha por la justicia climática”, añade esta integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento europeo, una cámara que declaró la emergencia climática en noviembre de 2019.

Más control, menos armas

El estudio no se queda en la recopilación de datos, sino que establece toda una serie de recomendaciones para hacer más efectivo el control de las emisiones provenientes del sector militar, así como para que este haga su trabajo para contribuir a frenar el cambio climático.

SGR y CEOBS llaman a “una revisión urgente de las estrategias de seguridad nacionales e internacionales”. Poner el foco en la minimización del despliegue de tropas y la resolución de conflictos por la vía diplomática, así como evaluar el potencial del control de armas y las iniciativas de desarme son dos de las principales. En dicha revisión, señalan, deben establecerse objetivos exigentes de reducción de GEI, de acuerdo con el compromiso del Acuerdo de París de intentar no sobrepasar un calentamiento de 1,5ºC sobre los niveles preindustriales.

Por supuesto, “todas las naciones de la UE deberían publicar datos nacionales sobre las emisiones de GEI de sus ejércitos e industrias militares tecnológicas como práctica estándar”, señalan. Dicha información debe ser “transparente, coherente y comparativa” y las corporaciones militares deben, según los expertos, estar sometidas a controles y auditorías similares.

Por último, entre otras iniciativas, reclaman la necesidad de una revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de la UE, así como la puesta en marcha de prácticas como el uso de terrenos militares para la captación de CO₂, por ejemplo mediante la plantación selectiva, o la generación de energía renovable.

“El multilateralismo, la apuesta por la diplomacia para resolver conflictos y una agenda de paz y desarme reducirían el número de despliegues militares y la fabricación de armamento”, apunta Villanueva. “De este modo combatiríamos dos amenazas para la vida de las personas: la de la violencia de las operaciones armadas y la del cambio climático”.