Análisis
Diario de la crisis 3. Represión económica y ortopedias de la pobreza

La tercera entrada del «Diario de la crisis» se centra en un tema de gran importancia política y de decisiva actualidad: la renta. En este importante artículo, Andrea Fumagalli y Cristina Morini proponen una genealogía precisa de la cuestión y destacan la relevancia estratégica de la partida que se juega en torno a la misma. Se trata, por un lado, de comprender el ataque en curso librado por el actual gobierno de Giorgia Meloni a la renta de ciudadanía, insuficiente y limitada, introducida por el primer gobierno de Giuseppe Conte, cuyo objetivo es desencadenar una mayor represión sobre la vida de los trabajadores y trabajadoras mediante las consabidas políticas de obediencia y empobrecimiento, de coacción sobre el trabajo precario y de sometimiento de las formas de vida a los imperativos de la actual forma de acumulación; por otro lado, se trata de retomar y desarrollar con fuerza el debate sobre las políticas de bienestar necesarias hoy en cuya implementación la distribución de renta es esencial para inventar y reinventar caminos y perspectivas de liberación.

Esta columna nace de la colaboración entre Effimera y El Salto, que traducirá y difundirá los textos de esta iniciativa en español. Las publicaciones, de periodicidad quincenal, aparecerán simultáneamente en las tres páginas web.

*

Constreñidos en las garras de un capitalismo «que nos circunda», que coloniza los imaginarios así como los espacios temporales y las formas de vida, no es extraño sentirse cansado y fatigado. Precisamente por ello es más urgente que nunca examinar, por un lado, los mecanismos expropiatorios que atacan los propios ámbitos del vivir en lo social, de la reproducción social, y, por otro, el ataque organizado contra los estratos sociales menos favorecidos, cuyo objetivo es facilitar, una y otra vez, la separación entre los salvados y los sumergidos, haciendo que incluso las formas mínimas de asistencia social sean inexistentes para estos últimos.

La represión económica

El retroceso hacia el que se pretende empujar a «quienes no lo consiguen» recuerda a otras fases de la historia: será la caridad, serán los voluntarios y las parroquias, será la limosna ofrecida, la colecta, la recogida de alimentos o de libros para los niños los que proporcionarán ayuda a quienes son «cargas residuales». La lógica del mérito, que se declina especularmente mediante la humillación, ha sido erigida en bandera por el actual gobierno derechista de Giorgia Meloni, que fomenta el resentimiento y el rencor contra «los asistidos», los underserving poor, que «sólo merecen lo que tienen o ni siquiera eso», dicho en palabras de Eric Fassin (1).

Ciertamente, la penalización de las vidas no esenciales también ha sido objeto de las biopolíticas liberales interpretada por una sucesión de gobiernos de centro-izquierda, que, precisamente a través de los dispositivos de precarización introducidos a lo largo de los años, han propiciado progresivamente una interpretación no universalista del derecho y del Estado de bienestar. Pero ciertamente la derecha, que dirige el gobierno en Italia desde hace unos meses, ha demostrado con los Presupuestos Generales del Estado presentados para este ejercicio de 2023, lo importante que resulta para ella concentrarse en la discriminación para mantener unido el consenso de propio pueblo.

Evidentemente, la cuestión de la renta no podía permanecer ajena a esa agenda. Dentro de la interminable crisis económica que vivimos, los escenarios de economía de guerra ya están en marcha, porque sirven para desnaturalizar profundamente las premisas mismas del compromiso keynesiano vigente entre Estado y ciudadano, más allá de todas sus limitaciones. La pacificación oficial, la paz occidental de los valores occidentales, es sólo apariencia, ya que el campo de batalla está constituido por las condiciones de vida y la expulsión de todo lo que es considerado improductivo para el capitalismo financiarizado actual.

Por otro lado, como se ha señalado innumerables veces en el pasado y se ha puesto de manifiesto con la epidemia de la covid 19, la introducción de una lógica elitista en el área de las políticas de bienestar social mediante formas de privatización o de selección de su disfrute constituye un campo fundamental para acometer la generalización de la financiarización del «capital humano». La referencia a la «economía política de la promesa» sigue siendo fundamental en este modelo de financiarización de la vida (la «puesta en valor de la vida» tan citada por todos nosotros).

Los pobres son condenados al ostracismo, pero el Estado hace todo lo posible por aumentar su número para poder mantener una mayor capacidad de contención y control de las clases subalternas

La ausencia de remuneración se ha extendido, dotada de transparencia por la acumulación que permite la reproducción social y la extensión de formas de trabajo no reconocidas como tales. Se ha inducido «la normalización de unas expectativas en constante disminución que acaban favoreciendo la aceptación de ofertas a la baja [...]. El sujeto, inmerso en la precariedad, degradado aún más por la crisis, se entrega al trabajo que hoy puede asumir el “estatuto” de trabajo gratuito» (2). La despolitización de una fracción creciente del trabajo contemporáneo se halla conectada, pues, con la relevancia que asume la noción de «libertad de elección» neoliberal, la cual actúa negativamente en un sentido diametralmente opuesto a la conciencia política y a la construcción de una autonomía real. Es preciso aclarar, por consiguiente, con el único fin de proseguir fructíferamente el debate sobre el tema, el sentido en que se entiende (y se impone) la promesa: eres libre de elegir ser esclavo. «Aprendices de la obediencia», los ha llamado Marco Bascetta, acompañados «con repugnantes recordatorios de la virtud de la humildad» (3).

Diario de la crisis. ¿Quién paga la inflación de los beneficios?

Christian Marazzi

1

Análisis

Diario de la crisis. ¿Quién paga la inflación de los beneficios?

Christian Marazzi

1

En este final de 2022, las preguntas de los analistas son las siguientes: ¿ha tocado realmente techo la inflación? ¿Cuánto más pueden subir los tipos de interés? ¿Está a punto de estallar la recesión (Estados Unidos), cuánto durará (Europa) o ya estamos en ella (como en el Reino Unido)?

Los pobres son condenados al ostracismo, pero el Estado hace todo lo posible por aumentar su número para poder mantener una mayor capacidad de contención y control de las clases subalternas. El pasado diciembre, Fabrizio Balassone, director del Servicio de Estructura Económica del Banca d’Italia, explicó ante las comisiones de Presupuestos de la Cámara y del Senado italianos, que la posibilidad de recurrir a las ayudas de la renta de ciudadanía [reddito di cittadinanza], en medio de la pandemia y dado el incremento de la inflación, resultaba fundamental para sostener el poder adquisitivo de las personas con dificultades. Sin ella, el Banco de Italia calcula que habrá un millón más de pobres (4).

Por estas razones creemos que la época en la que nos encontramos se está dotando de un aparato no sólo normativo y material, sino también cultural y simbólico, que de nuevo se centra sin duda en la represión política de la desviación respecto a las normas del aparato de poder, pero sobre todo lo hace en la represión económica respecto al desajuste de la utilidad capitalista. Recordemos que si bien el trabajo se ha convertido objetivamente en un bien escaso, las condiciones de oferta de este trabajo son a menudo miserables: según el Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  italiano hay 4,5 millones de trabajadores (23 por 100), que ganan menos de lo que garantiza la renta de ciudadanía (780 euros al mes) (5). En ausencia total de alternativas, no se rechazarán ni siquiera los empleos y salarios más indecentes: nos enfrentaremos al problema de la difusión generalizada de situaciones cada vez más esclavizantes.

También el fenómeno de la «gran dimisión», a menudo comparado con la great resignation registrada en Estados Unidos, puede analizarse en Italia teniendo en cuenta la presencia del instrumento (defectuoso) de la actual renta de ciudanía. Nos parece, observando los datos, que puede sostenerse que la evolución del número de los que abandonaron su empleo en 2021 (un aumento de 40.000 abandonos voluntarios con respecto a dos años antes) obedece sobre todo a la perspectiva de obtener un nuevo empleo, por lo tanto, al deseo de mejorar la propia situación laboral (6). La existencia de amortiguadores que apoyen diferentes posibilidades es un requisito previo decisivo para la libre decisión de las personas, que las estimula a buscar nuevas oportunidades, obligando también al mercado laboral a hacerse más atractivo (con salarios más altos y horarios más humanos). De no ser así, a la inversa, nos enfrentaremos únicamente a la coacción de trabajar en una situación paradójica de creciente escasez de trabajo. Esta circunstancia, extremadamente pasivizadora para los sujetos sociales, hace mucho más complejas las posibilidades de reacción, porque juega con las propias posibilidades de supervivencia. Así, la represión económica previene de este modo, naturalmente, la represión política. Encierra el riesgo de propagar una sensación de impotencia y resignación. El proceso se desencadena para frustrar nuestro deseo y nuestra necesidad de recuperar de nuevo el control sobre nuestras vidas, así como las posibilidades de conflicto.

Así se desmontó la renta de ciudadanía por el gobierno Meloni

Explicitada nuestra tesis desde el principio, debemos precisar que la normativa que introdujo la renta de ciudadanía durante el primer gobierno de Giuseppe Conte (Decreto Legge n°4 del 28 gennaio 2019), entrada en vigor en enero de 2020, no propone una verdadera renta básica. En efecto, la propuesta de renta básica consta de una serie de parámetros ineludibles: la residencia (y no la ciudadanía), la individualidad (y no la familia), la mayor incondicionalidad posible (en términos de limitaciones de gasto y de comportamiento), la provisión de un nivel de ingresos no inferior al umbral de pobreza relativa (y no absoluta) y la creación de un fondo de financiación ad hoc, independiente de la asistencia social, y gestionado por la autoridad pública. Lo que es importante subrayar, en términos muy netos, es que la propuesta de renta básica forma parte de las políticas de distribución de la renta primaria y, por consiguiente, no tiene nada que ver ni con las políticas puramente asistenciales (aunque entre sus efectos colaterales se cuente la reducción de la exclusión social y la pobreza), ni con las políticas activas de empleo.

La propia Meloni ha declarado en repetidas ocasiones que hay que acabar con el escándalo de la «elección del trabajo» o con los «trabajos de ensueño»

La ley italiana sobre la renta de ciudadanía no cumple ninguno de estos parámetros. Se acerca a algunos de ellos, por ejemplo, al nivel de renta pagado, pero no avanza mucho más. Y no es casualidad que precisamente este aspecto estuviera en el centro de la funcional propaganda mediático-electoral del pasado verano contra este instrumento según la cual un nivel de renta excesiva desincentivaría la aceptación de empleos (precarios y mal pagados).

En otras palabras, hay que subrayar que la normativa del Movimento 5 Stelle se parecía más a un instrumento condicionado de ayuda a la renta concebido en a línea con la filosofía típica de un sistema de «workfare». Tanto es así que la iniciativa fue criticada, porque no era un medio eficaz para la inserción en el mercado laboral, es decir, no era una política de empleo activa. Sin embargo, aun con todas sus limitaciones, respondía a un problema que se había hecho más que notorio y que no podía eludirse: la ausencia de trabajo y la explosión del trabajo de mala calidad, como hemos señalado anteriormente.

El redimensionamiento por parte del gobierno de Giorgia Meloni de este instrumento, en sí mismo realmente débil e imperfecto, se mueve en dos frentes: el primero cuantitativo (duración), el segundo cualitativo (condicionalidad). Un requisito necesario para efectuar este rediseño es la introducción en el debate político del concepto de empleabilidad, un término ambiguo y difícil de definir. ¿Qué significa ser empleable? Debería ser la condición de quienes, por salud y edad, están teóricamente en condiciones de trabajar. Quien decide sobre la existencia de estas características no es el propio sujeto, sino una autoridad independiente no especificada, presumiblemente adscrita a los centros de empleo, pero también al empresario que solicita contratar al beneficiario. Desde luego, no es el destinatario quien tiene la palabra, lo cual niega toda posibilidad de elección y de autodeterminación personales.

La propia Meloni ha declarado en repetidas ocasiones que hay que acabar con el escándalo de la «elección del trabajo» o con los «trabajos de ensueño» (7). Evidentemente, los que son pobres no están en condiciones de decidir. Y, según una lógica ortopédica (etimológicamente, «enderezar desde pequeño», «ajustar lo que está torcido»), debe ser «fijado» paternalistamente por la autoridad política (el centro de empleo) o por la autoridad económica (el empresario, el «patrón»), que también le dirá cómo comportarse y qué consumir. De esta visión se derivan los dos principales cambios que se introducirán con los decretos de reforma ya anunciados, pero aún por deliberar en sede legislativa. La duración de la prestación se reduciría partir del 1 de enero de 2023 a siete meses para las personas consideradas «empleables». En una primera versión se hablaba de ocho meses, luego se optó por siete. Con esta nueva reducción del tiempo, no sólo aumentan los recursos que pueden ser recuperados, sino que los «empleables» estarán disponibles para trabajar a partir de agosto, no por casualidad el mes canónico de las vacaciones italianas.

De este modo, se garantiza forzosamente la disponibilidad necesaria para el trabajo a fin de satisfacer la demanda estacional de mano de obra en los lugares de vacaciones para los sectores del turismo y los servicios tradicionales. Además, en el «Decreto flussi» para 2023 [decreto que establece anualmente las cuotas de trabajadores extranjeros que pueden ingresar en Italia por motivos de trabajo], promulgado por el Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de 29 de diciembre de 2022, se establece que quien pretenda contratar desde el extranjero a un ciudadano extracomunitario tendrá que comprobar primero en el centro de empleo competente que no hay otros trabajadores ya presentes en el país para cubrir el puesto requerido (8). En la confusión, no se hace referencia explícita a los «empleables» a los cuales se privaría de la renta de ciudadanía, pero se confirma la filosofía racista de «los italianos primero».

Pero hay más. Se invoca la necesidad de vincular mejor la formación de la mano de obra más descualificada, que es la que tiene más dificultades para encontrar trabajo y, por lo tanto, la que más necesita la renta de ciudadanía. Se propone así introducir una nueva condición para el acceso a la renta de ciudadanía ligada a la asistencia satisfactoria a los correspondientes cursos de formación. Como afirma el ministro del Mérito y, subordinadamente, de la Instrucción [el nuevo nombre del departamento italiano encargado de la educación es Ministero dell’Instruzione e del Merito], los que suspendan estos cursos no podrán beneficiarse de la renta de ciudanía (9). Todo esto, como señala Chiara Saraceno, es imposible si el tiempo concedido es de sólo siete meses y, además, cuando ya han empezado las clases (10). De hecho, se trata de una burla, cuya única certeza es la pérdida del subsidio. Sin embargo, el vínculo entre pobreza educativa y clase social de origen emerge claramente de algunas investigaciones sobre los cursos de estudio (11).

Las condiciones económicas y culturales de la familia de origen llevan a muchos jóvenes a no poder representarse en un rol diverso a aquel en el que parecen atrapados por el destino social, entre empleos precarios, explotados y sin salida. Una vez más nos enfrentamos a la renuncia a imaginar una vida diferente, esto es, a la represión económica. Se trata de una forma autoritaria de resolver el posible cuello de botella de una oferta de mano de obra insuficiente destinada a cubrir una demanda creciente de trabajo estacional mal pagado. También hay que señalar que los recursos así ahorrados se destinarán a financiar el aumento a 600 euros de las pensiones mínimas de los mayores de 75 años, pero, que quede claro, sólo para 2023. Los jóvenes pobres financian así a los viejos pobres. ¡Sólo falta la introducción de las workhouses para volver al cuadro descrito por Marx en el capítulo XXIV de El capital sobre la «Acumulación originaria»! (12).

Hacia el trabajo coactivo

Esta situación, sin embargo, se aborda con el segundo cambio introducido por el gobierno de Giorgia Meloni, cambio este de carácter cualitativo, como hemos indicado, introducido en la normativa de la renta de ciudadanía aprobada por el Movimento 5 Stelle: la supresión del adjetivo «congruente» respecto a la oferta de empleo que debería, de hecho debe, aceptar el beneficiario de la renta de ciudadanía. La intención es evitar el rechazo de la primera oferta de trabajo, aunque esta no respete ningún parámetro que la haga aceptable para las expectativas de la persona correspondiente: distancia de su residencia al lugar de trabajo, nivel de ingresos y tipo de tarea congruente con la formación del beneficiario. Dado que el concepto de congruencia también aparece en otras medidas (por ejemplo, la Jobs Act de Renzi), su supresión en la nueva normativa sobre la renta de ciudadanía por sí sola no aclara las consecuencias reales de este cambio. Pero estamos seguros, como ya han manifestado varios representantes del gobierno, de que la voluntad es hoy finalmente obligar coactivamente a aceptar cualquier oferta de trabajo, incluso la más indecente.

Se trata de una búsqueda (eternamente retrasada) de nuevas formas de trabajo, partiendo siempre del principio de que lo que hay que proteger es la condición laboral, no la person

De hecho, como también ha declarado la nueva ministra de Trabajo y Políticas Sociales, Marina Elvira Calderone, la intención es volver a una renta de inclusión, como existía antes de la normativa sobre la renta de ciudadanía introducida por el Movimento 5 Stelle, una opción que también defienden el Partito Democrático y el centro-izquierda, colocada dentro del sistema de los amortiguadores sociales diseñados para afrontar las situaciones de desempleo (13). Se confirma así, en su sentido peyorativo, la lógica fordista-trabajista que hace depender los diversos instrumentos de seguridad social de la condición profesional de sus potenciales beneficiarios, interviniendo sucesivamente con un instrumento diferente cada vez que se abren, al hilo de las transformaciones del mercado de trabajo, nuevos agujeros en el sistema debido a la aparición de alguna nueva figura precaria y desprotegida.

Así, si durante los años de expansión económica funcionaba el subsidio de desempleo, cuya intervención se remitía a la figura dominante del trabajador dependiente y estable; con el inicio de la crisis fordista comenzó a tomar fuerza la casa integrazione, dicho en su denominación en la normativa italiana, y que funciona para proteger a los trabajadores y trabajadoras que dejan de trabajar pero formalmente no pierden su empleo por razón de las correspondientes reestructuraciones empresariales. Durante la década de 1990, tras la primera fase de liberalización de los despidos colectivos, se instauró la indemnización por movilidad a la que siguió la explosión de la precariedad, en la cual el Estado italiano intervine mediante diversas iniciativas legislativas dirigidas a gestionar un mercado de trabajo cada vez más precario, inestable y deteriorado, como ha sucedido con la Aspi (indemnización por desocupación instituida en 2012), la Naspi (el subsidio de desempleo introducido por la Jobs Act de Renzi en 2015), la indemnización por desocupación mensual denominada Dis-Coll (ayuda dirigida a diversos tipos de colaboradores de proyectos sobre todos de investigación en el campo académico como investigadores y doctores investigadores, 2015) y hoy la renta de ciudadanía para los llamados «pobres».

La larga historia de la renta básica

Se trata de una búsqueda (eternamente retrasada) de nuevas formas de trabajo, partiendo siempre del principio de que lo que hay que proteger es la condición laboral, no la persona. El resultado es una jungla de medidas en la que es inevitable que alguna categoría acabe excluida (14). Si la noción de ciudadanía ya era estrecha, puesto que el ciudadano tiene ciertas características, es blanco, residente con nacionalidad italiana y es un trabajador varón, imaginemos la contradicción en la que nos encontramos hoy cuando nos enfrentamos a la inclusión en las cadenas de valor de actos que hasta ayer no estaban catalogados bajo la noción de trabajo y a la explotación de todos lo viviente.

La gobernanza de la pobreza es, por un lado, un negocio económico y, por otro, el terrible terreno privilegiado de una forma renovada de represión y coerción

El trabajo, en suma, no tiene una sustancia, un significado, un contenido y un sentido unívocos, homogéneos e idénticos en todas las épocas y lugares, y debemos considerar finalmente la posible variedad del trabajo de las mujeres y los hombres, que se ha hecho explícita. Las formas esbozadas (y totalmente inadecuadas) de salarización de la reproducción se injertan en el declive de un modelo de sociedad occidental basado en el trabajo productivo asalariado masculino. Y, en efecto, desde un punto de vista tanto político como ético, debemos interrogarnos sobre cuestiones cruciales relativas a la libertad de elección y de autodeterminación, que debe tener realmente cada persona, y sobre el sistema de «justicia» (de equidad, de consideración y de derechos), que debe adoptarse para que esta libertad sea concretamente objeto de disfrute.

En resumen, la gobernanza de la pobreza es, por un lado, un negocio económico y, por otro, el terrible terreno privilegiado de una forma renovada de represión y coerción, la económica, que desgraciadamente se amplía y se suma a las formas de represión y coerción políticas y sociales. Creemos que debemos ser ineludible y absolutamente conscientes de esta situación crítica, no para lamentar nuestras desgracias, sino para seguir, sin atisbo de cansancio, proponiendo e inventando posibles caminos alternativos para la liberación de la vida. No se trata de empezar de cero, sino de continuar desarrollando y profundizando el debate sobre la reforma del Estado del bienestar (hacia un modelo de commonfare) (15) y la propuesta de una renta básica incondicional, que tiene una larga historia, patrimonio inalienable del pensamiento autónomo y crítico de los movimientos sociales.

http://effimera.org/repressione-economica-e-ortopedie-della-poverta-di-andrea-fumagalli-e-cristina-morini/http://effimera.org/repressione-economica-e-ortopedie-della-poverta-di-andrea-fumagalli-e-cristina-morini/