Movilidad
Trenes contra la despoblación y el calentamiento global

Trainspotting. Además de una película de culto, la palabra hace referencia a la costumbre de ir a ver pasar los trenes. Un pasatiempo de infancias sin consolas, cuando nos llegábamos hasta las vías a imaginar quiénes irían dentro de aquellos vagones.

Por nuestras ciudades, si son pequeñas, cada vez pasan menos trenes. Y si vivimos en el mundo rural ya no quedan más que los recuerdos. Sin embargo, el tren, tanto de pasajeros como de mercancías, ese invento de hace más de un siglo, está llamado a ser necesariamente el transporte interurbano por excelencia del siglo XXI. Por mucho que los gestores de RENFE se empeñen en lo contrario, la realidad de emergencia climática obliga a un cambio real del modelo de movilidad y transporte, principal sector en la emisión de gases de efecto invernadero en el Estado español con un 29% del total.

Durante los últimos años, los sucesivos gobiernos del PP y PSOE han mantenido una política de transporte ferroviario orientada a su liberalización y privatización. Se han destinado ingentes cantidades de dinero público a líneas de Alta Velocidad que pudiesen atraer a operadores privados. Y, de paso, se han abandonado las inversiones en las líneas ferroviarias convencionales, aquellas que utilizamos el 95% de las personas que usamos el tren. El resultado: la Alta Velocidad ha consumido grandes inversiones públicas, ha generado un gran impacto ambiental y energético, y ha contribuido al aislamiento de infinidad de zonas rurales. Una concepción del transporte que se sitúa en el extremo opuesto del papel de prestación de servicio público, de vertebración del territorio y de reequilibrio territorial que debe jugar el ferrocarril.

La progresiva disminución de servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes está contribuyendo directamente a su despoblación, ya que las personas que viven en ellos necesitan desplazarse para acceder a servicios de primera necesidad como educación, sanidad o consultas a profesionales de todo tipo. Igualmente, dichos servicios de transporte resultan fundamentales para que las mujeres que sufren violencia de género puedan tener una vía de salida del entorno donde sufren este maltrato, así como acceso a servicios y recursos de diverso tipo. Además, una red ferroviaria descentralizada y accesible representa un instrumento indispensable para lograr una repoblación juvenil de las zonas vaciadas.

Tampoco podemos olvidar que nos encontramos en situación de emergencia climática en la que el ferrocarril, uno de los modos de transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones, debe ser una pieza clave en la imprescindible descarbonización del transporte. Es prioritario centrar los esfuerzos en trasvasar una gran parte de las mercancías y personas que hoy son transportadas por carretera al ferrocarril y convertirlo en el eje de una movilidad sostenible y multimodal que contribuya tanto a la construcción de ciudades más habitables como al equilibrio del conjunto del territorio. A estos criterios deberían responder la planificación y los debates sobre transporte y movilidad en todos los ámbitos, desde el más global a los locales, con actuaciones que contribuyan responsablemente al enfriamiento del planeta.

A todo ello responde la convocatoria por parte de un centenar de entidades de todo tipo (ferroviarias, ecologistas, sindicales, vecinales, políticas, sociales....) de una semana de lucha en defensa del tren.  Se trata de invitar a la ciudadanía a sumarse a la reivindicación de un giro radical en las políticas de transporte que avance hacia un modelo sostenible en el que la movilidad a pie, en bicicleta y en tren sea la prioridad, y el resto de modos sean subsidiarios y complementarios en tanto no reduzcan al mínimo su agresividad medioambiental.

¿En qué se basa más concretamente la propuesta? En primer lugar, es necesario un rediseño de las ciudades y aglomeraciones urbanas que priorice un sistema de movilidad basado en desplazamientos a pie, bicicleta, tren y otros modos de transporte público colectivo. Ese rediseño debe contemplar un sistema ferroviario multimodal y cadenciado de conexiones que integre de forma adecuada los servicios regionales con los de grandes distancias. El objetivo es facilitar a todas las poblaciones, directamente o a través de cabeceras de comarca, la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos de personas, pudiendo ir y volver a su municipio de referencia en la misma jornada.

Por otro lado, las instituciones públicas deben apostar de forma decidida, urgente y ambiciosa por el transporte ferroviario tanto de personas como de mercancías. Para ello, resulta esencial el incremento sustancial de las inversiones en renovación y actualización de las infraestructuras de líneas de tren convencional. Estas inversiones deben ser prioritarias frente a la Alta Velocidad, para la que se pide una moratoria en la construcción de líneas, reorientando las ya construidas para permitir la intermodalidad con el ferrocarril normal/convencional y otros modos de transporte sostenibles.

Dicho aumento de la inversión debe acompañarse, en cumplimiento de la preceptiva Obligación de Servicio Público (OSP) por parte del Gobierno, de la recuperación de todas las circulaciones suprimidas y paradas eliminadas total o parcialmente en los últimos años. También de la recuperación y reapertura de líneas cerradas, aprovechando las infraestructuras, los recorridos y las estaciones existentes, de acuerdo a una propuesta de servicios que atienda las necesidades de conectividad territorial.

En cuanto a la reducción de la huella de carbono del sector, es fundamental la electrificación de todas las líneas de la red básica ferroviaria, y la introducción en las restantes de  sistemas de tracción alternativos, libres de emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, resulta necesario el abandono progresivo del transporte ferroviario con tracción diesel. Todo lo anterior debe compatibilizarse con el compromiso de utilización de energías renovables para todos los servicios e instalaciones ferroviarias por parte de las empresas ferroviarias públicas.

Por último, aunque no menos importante, es necesario resaltar el carácter social y la capacidad vertebradora del tren. Unos rasgos que justifican por sí solos que el transporte ferroviario sea priorizado en las políticas públicas por encima de criterios de mera índole económica, como forma de luchar contra la progresiva despoblación y aislamiento de numerosos municipios en todo el Estado. En esta línea, resulta esencial garantizar el acceso universal al tren a todas las personas usuarias, tanto en términos de asequibilidad (para el conjunto de la población y con tarifas sociales para colectivos vulnerables), como mediante la eliminación de las barreras que impiden el acceso a trenes y estaciones.

Necesitamos, ahora más que nunca, defender y fomentar un ferrocarril público, social y sostenible. Decenas de miles de personas han salido esta semana a la calle en sus territorios para reclamar un tren “que vertebre el territorio y enfríe el planeta”, y lo harán una vez más este domingo en Madrid  en una manifestación que culminará una semana histórica en la lucha por el tren. Un tren que ya se ha puesto en marcha, y que ya es imparable.