Remunicipalización
La gestión del agua, el otro referéndum en Barcelona
Una campaña promueve la celebración en Barcelona de una consulta para decidir el modelo de gestión del suministro del agua, en manos de la empresa público-privada Aigües de Barcelona, cuya concesión de este servicio fue anulada en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
La campaña Remunicipalitzem l’Aigua a Barcelona ha presentado una iniciativa ciudadana, con más de 45 colectivos y entidades adheridas, que pretende celebrar una consulta para decidir, de forma participativa, el futuro de la gestión del suministro de agua en la Ciudad Condal.
En el horizonte, explica a El Salto Miriam Planas, portavoz de Aigua és vida, una de las plataformas impulsoras de la campaña, conseguir que la gestión del agua sea pública.
“El objetivo es acercarnos a una situación similar a la que hay en el resto de Europa, donde la gestión del agua es mayoritariamente pública. En Catalunya, más del 80 % de la gestión del agua es privada”, apunta Planas.
La iniciativa, reconocen sus promotores, se inspira en experiencias previas de consultas populares impulsadas por movimientos sociales en ciudades como Berlín o Madrid, y en países como Italia y Uruguay.
Los colectivos promotores de la consulta entienden esta como un proceso democrático en el que la ciudadanía tendrá la capacidad de decidir qué modelo de gestión del agua quiere, mediante la respuesta a la pregunta: ¿Quiere usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación ciudadana?
Para ello han de reunir 15.000 firmas antes del 15 de febrero, que permitan a la iniciativa ciudadana instar al Pleno municipal a discutir la organización de la consulta. “Ponemos a los vecinos en el centro para decidir el modelo de gestión del agua que quieren. A partir de la consulta –vaticina Planas–, el Ayuntamiento tendrá que decidir las medidas necesarias para remunicipalizar el suministro de agua, ya que hasta ahora no se ha tomado ninguna medida concreta sobre esto”.
En 2010, una sentencia judicial y una serie de investigaciones periodísticas confirmaron que durante 140 años, la empresa privada Aguas de Barcelona (Agbar) realizó el suministro a la Ciudad Condal sin que mediase ningún tipo de contrato.
Dos años después, se cerró sin licitación pública una “adjudicación exprés” que convirtió a Agbar en socia mayoritaria de una empresa público-privada a la que se otorgó la concesión de este servicio, blindada hasta 2037.
En marzo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la concesión del suministro a Aigües de Barcelona, la empresa dominada por Agbar, que recurrió esta decisión al Tribunal Supremo.
Hasta que el Supremo se pronuncie, Planas considera que “desde la ciudadanía hay que prepararse para recuperar la gestión, porque los procesos de remunicipalización son lentos. Se ha cedido mucha información sobre el suministro a una empresa, que debía estar en manos del Ayuntamiento”.
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