Política
La derecha lo apuesta todo al temblor de piernas del PSOE

Mientras el portavoz del movimiento contra la amnistía sea Aznar todo va bien. Ese es el marco en el que se mueve el PSOE y se resalta desde Sumar. El problema viene cuando la oposición a una posible ley para el perdón parte de firmas como la de Javier Cercas, con mayor capacidad de influencia sobre el PSOE de Sánchez que la de Aznar e incluso que la de los exdirigentes Felipe González, Alfonso Guerra o Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 

Desde las páginas de El País, Cercas lanzó un mensaje claro: “no habrá amnistía” y marcó, con mayor delicadeza de lo que anteriormente había hecho el exdirector del periódico, Juan Luis Cebrián, la senda por la que debe transitar Pedro Sánchez ante una posible investidura en el ciclo de 60 días que se abrirá a partir del 26 de septiembre. La amnistía, dice el autor de Soldados de Salamina, “deslegitimaría a la democracia” y, como Sánchez no es el “tipo capaz de vender su madre” que dice la derecha, no hipotecará “el futuro de la democracia” por “el presente en el poder”. Es decir, no habrá investidura si ese es el precio e iremos a elecciones en enero de 2024.

Sánchez es señalado por los ajenos, y por una notable representación de los propios, como el factor decisivo para el desbarranque definitivo de una España en permanente peligro de destrucción

Antes de la presentación de la hoja de ruta legislativa, antes de la propia discusión de la ley y de su estudio por el tribunal de garantías, la amnistía es una cuestión de táctica de los partidos ante la situación de impás política derivada de los resultados del 23 de julio. También de examen al patriotismo constitucional o sobre una posible apertura de las interpretaciones de ese texto. La vía Urkullu, recauchutada a finales de agosto, que no toca la Constitución pero aborda el problema que hay en cerrarla a cal y canto, es la que puede marcar un cambio político, la amnistía solo sería el modo de alcanzar ese camino.

Debates recurrentes para un tiempo político inédito

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La propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu incorpora a un posible pacto de investidura la cuestión de la plurinacionalidad. Feijóo titubea y la derecha ayusista lanza sus huestes al combate.

Tras unas semanas de zozobra, el momento político actual vuelve a la situación previa al 23 de julio. Sánchez es señalado por los ajenos, y por una notable representación de los propios, como el factor decisivo para el desbarranque definitivo de una España en permanente peligro de destrucción. Aznar, González y Guerra son el tridente principal de esa hipótesis pero el factor decisivo en la opinión pública es el efecto que una posible amnistía puede tener en la opinión pública de izquierdas no catalana o, más específicamente, no plurilingüe.

Constitución y calle

El PP quiere involucrar a sus Ayuntamientos y su poder autonómico en la contestación a una posible norma. El candidato de los populares aprovechará su mayoría en el Senado para provocar un desfile de presidentes autonómicos de los que quieren que se pronuncien sobre “el trato asimétrico” que supondrían las concesiones a los partidos independentistas catalanes. Su intención es que los tres presidentes socialistas supervivientes del descalabro autonómico de mayo se definan “a favor de la unidad de España” con los once presidentes del PP.

El expresidente del Partido Popular lanzó el martes su primera andanada fuerte de inicio de curso contra Sánchez, al que acusó de estar llevando a cabo una “operación de desmantelamiento de la Constitución”. Las palabras de Aznar, acompañadas de un “Basta ya” con el que hacía suyo uno de los lemas de un movimiento amplio como fue el del antiterrorismo de los años 90, han dado el pistoletazo de salida para la convocatoria de un acto el fin de semana del 23 de septiembre en Madrid, que anunció la portavoz del partido, Cuca Gamarra y que precederá a la sesión de investidura que afronta Feijóo a partir del 26 de septiembre. 

El candidato del PP, que en principio no quería “agitar las calles” para que no se produjera una nueva foto de Colón, tendrá doble ración de golpes en el pecho. El 23, en Madrid, el 8 de octubre, en la convocatoria de Societat Civil Catalana con el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación' a la que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso confirmó su asistencia.

La noche electoral del 23 de julio puso en esa encrucijada al PP: solo con Vox no es suficiente. La fotografía de sus bases movilizadas en torno a la bandera de Colón tiene sentido para el aznarismo dentro del PP, representado hoy por Ayuso, pero es insuficiente para atraer los votantes que faltan. Sin embargo, en el debate sobre la amnistía y en las posiciones en contra que se expresan en el PSOE y en la “inteligencia” constitucionalista están las esperanzas del PP de que la investidura de Sánchez sea inviable y se produzca la repetición electoral.

Interpretación de los jueces

Los problemas de Feijóo, no obstante, no resuelven los de Sánchez, que se enfrenta a los representantes de eso que, ya sin ambages, se llama Régimen del 78 y al recuerdo distorsionado de la Transición política. En ese sentido, Cercas, Guerra o Juan Luis Cebrián han azuzado el espíritu de esa época sobre el posible acuerdo. El exvicepresidente ha calificado una posible amnistía como una “condena a la Transición” y ha establecido la diferencia entre la Ley de Amnistía del año 1977 con la actual en que, con esta ley se pretende que “pasemos a un régimen no democrático” y “borrar 45 años de democracia”. 

La Ley de Amnistía de 1977 o la Transición intransitiva

Jaime Pastor

Hemeroteca Diagonal

Análisis La Ley de Amnistía de 1977 o la Transición intransitiva

Jaime Pastor

Un repaso a la ley que sirvió de punto y final al Franquismo. Esta amnistía fue duramente criticada en las últimas protestas en defensa de la Memoria Histórica.

El debate sobre si una posible amnistía “cabe” en el texto de 1978 es, sobre todo, una advertencia a Sánchez sobre la capacidad de presión o intervención sobre el Tribunal Constitucional de actual mayoría dizque “progresista” para interpretar el recurso que con toda seguridad interpondrá el Partido Popular contra una posible norma pactada en el Congreso con los mimbres de la amnistía. De hecho, la paternidad de la interpretación actual sobre los límites del autogobierno corresponde al Gobierno de Aznar y a la interpretación que el Tribunal Constitucional hizo del Estatut pactado en el Parlament de Catalunya en 2006.

Los precedentes han situado al Tribunal Constitucional en el papel de tercera cámara para la resolución de conflictos políticos. Algo que, aunque en estos momentos puede favorecer al PSOE porque existe de una mayoría de progreso, comenzando por la presidencia de Cándido Gómez Pumpido, genera distorsiones evidentes. Un parlamentario lo resumía en pocas palabras: el Constitucional “progre” es un seguro cuando se abordan cuestiones como el aborto o la eutanasia, pero aquellas que tocan la unidad de España o la interpretación territorial de la Constitución de 1978 son muy diferentes y está por ver que sensibilidad de las que hay en el PSOE se impone en torno a un futuro recurso.

El número dos de Sumar en las pasadas elecciones, Agustín Santos, describía la foto del momento en un artículo escrito con su heterónimo habitual Gustavo Buster en Sin Permiso. Para Buster, el temido “tamayazo” podría venir del Tribunal Constitucional y de la movilización de la calle que quiere invocar el PP y a la que se ha sumado ya Jucil, la organización de sectores recalcitrantes de la Guardia Civil, que ya se ha manifestado en contra de una posible amnistía “contra los delincuentes catalanes”.

El PSOE intenta transferir parte de su presión a ERC y Junts para que aflojen sus exigencias. Isabel Rodríguez defendió ayer que la manifestación de la Diada del lunes resta fuerza al independentismo

La cabida constitucional de una Ley de Amnistía es el pretexto para una campaña que se produce antes de cualquier intervención del TC sobre una norma que aun no está escrita, ni negociada, y de la que se desconoce qué carácter tendrá –la Constitución sí prohíbe el indulto general– y a cuántos de los procesados por los hechos en torno al 1 de octubre afectarán. Juristas como Javier Pérez Royo o el magistrado del Constitucional, Tomás de la Cuadra-Salcedo, han opinado que la Constitución puede admitir la amnistía y que, de lo se trata, es del coste político de la misma. Y es un coste que tiene una temporalidad clara: los dos próximos meses. Descontado el fracaso de Feijóo en la sesión de investidura, el objetivo a partir de ese momento es disuadir al PSOE de que pacte un acuerdo.

Los plazos apremian pero las últimas señales indican que el equipo negociador con Junts –y hasta ahora este solo es el que encabeza el exdiputado Jaume Asens de parte de Sumar– optan por contemporizar y no llevar la futura ley precipitadamente al pleno del Congreso: “Es forzar mucho la máquina”, reconocía Asens en una entrevista esta semana con El Diario.

Los tiempos son fundamentales, corroboran otras fuentes. Entre las escasas alianzas mediáticas a favor de la amnistía y la reintegración de Junts y Carles Puigdemont al circuito de la política parlamentaria española, está el exjefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, hoy columnista de La Vanguardia, que advertía de que se debe conservar el nombre de amnistía –no maquillarlo– y ejecutar en un plazo mayor que los dos meses que restarán desde que Feijóo previsiblemente pierda la investidura en el Congreso. Para eso, parece claro que Junts y Esquerra Republicana de Catalunya deberán contar con un “compromiso firme, firmado y con un calendario”, según declaró a RTVE la diputada republicana Teresa Jordá para apoyar la eventual investidura de Sánchez. De no llegar en esta legislatura, advertía Redondo, la amnistía no será posible tras una repetición electoral.

La flexibilidad de Junts y ERC, y que ésta no sea interpretada como debilidad por sus bases electorales, es clave en estos momentos. También parece propicio cierto nivel de indefinición sobre el alcance de una posible amnistía, algo sobre lo que no ha trascendido información. Parece claro que Puigdemont y la portavoz nacional de ERC, Marta Rovira, entrarían de lleno en un acuerdo pero fuentes consultadas por El Salto reconocen que es difícil que este se extienda, por ejemplo, a activistas como los que organizaron el Tsunami democràtic a partir de la declaración de independencia suspendida de 2017. No se habla de números ni de los tipos penales que abarcaría el acuerdo.

Mientras, el PSOE intenta transferir parte de su presión a ERC y Junts para que aflojen sus exigencias. Ayer, 13 de septiembre, la ministra portavoz Isabel Rodríguez valoró la asistencia a la Diada –115.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona– como un síntoma de que los partidos independentistas tienen “menos fuerza”. Lo cierto es que ambos partidos lidian con las organizaciones independentistas que exigen compromisos más claros con la autodeterminación. 

La presencia de Pere Aragònes en la diada fue objeto de leves protestas y la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliú declaró en Ara que las negociaciones con el PSOE “no llevan a ninguna parte” y ha optado por exigir que se reactive la Declaración Unilateral de Independencia suspendida en octubre de 2017. La ANC ya se ha planteado presentar una “lista cívica” en las elecciones autonómicas de 2024 si su dirigencia considera que no se están dando pasos efectivos para la independencia. Aragònes replicó al ultimátum de ANC recordando que es necesario el reconocimiento internacional para lograr la independencia y que una nueva DUI no tendría efectividad alguna en estos momentos.

Las diferencias entre los principales operadores políticos de Catalunya, no obstante, no facilitan demasiado la vida a un PSOE que sigue defendiendo que no se ha hablado de amnistía todavía y que se hará “cuando toque”, en palabras del portavoz parlamentario Patxi López. Aunque las encuestas han explicitado que un 44% de la población está a favor de la “desjudicialización” del conflicto en Catalunya, la palabra amnistía sigue siendo de momento un tabú para el partido de Pedro Sánchez, que se sigue reclamando actor principal del constitucionalismo y ha reivindicado su posición a favor de la aplicación del artículo 155 en el otoño de 2017. Mientras la voz cantante del rechazo a la amnistía y a la posible reinterpretación del derecho a las consultas establecido en el artículo 92 de la Constitución la lleven Aznar y Ayuso, los socialistas tienen margen pero cada día que aumente la presión por parte del fuego amigo de otros socialistas o simpatizantes puede suponer un escollo más para una posible investidura.