Migración
Concentración contra las políticas migratorias de la UE ante la cumbre de Interior del G6

"Rechazo, represión y expulsión de las personas migrantes". De esta forma, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía califica la actitud de los estados integrantes de la Unión Europea ante el fenómeno migratorio. Por este motivo, una veintena de personas se han concentrado esta mañana a las puertas del lugar donde los ministros de Interior del G6 (Alemania, España, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido) se reúnen para debatir sobre el fenómeno migratorio en la UE, una reunión a la que también han sido invitados representantes de Marruecos. Jesús Roy, integrante de APDHA, destaca una de las reivindicaciones: “que a aquellas personas que buscan refugio se les faciliten vías de acceso seguras para que no ocurra lo que está ocurriendo, que están muriendo personas un día y otro. Es una política de sufrimiento y muerte”.

En cuanto a la representación de la política local en la concentración, Participa Sevilla se ha adherido a ella. Este grupo municipal ha estado representado por la edil Cristina Honorato, quien denuncia “la vergüenza que se hablen de problemas técnicos” para la acogida de personas refugiadas cuando España acoge a “más de 50 millones de turistas cada año”. En su opinión, los acuerdos de la UE para la acogida “estaban hechos para ser incumplidos” y recuerda que su grupo municipal llevó al Pleno Municipal hispalense en septiembre una petición para que se sancionase a aquellos estados que incumplen los acuerdos, “al igual que se hace con las políticas austericidas”. El hecho de que en el mismo foro se relacionen el crimen organizado, el terrorismo yihadista, la presión migratoria y el tráfico ilegal de seres humanos también es motivo de crítica para Cristina Honorato: “es de una irresponsabilidad política enorme, debido al auge de la ultraderecha, y de una intencionalidad de xenofobia institucional”.

Sin encontrarse presentes en la concentración de hoy, otros colectivos también critican esta cumbre en un sentido similar. Ernesto García, integrante del colectivo Caminando Fronteras, considera que esta cumbre se dedica a cerrar acuerdos “que criminalizan a aquellas personas que huyen del miedo, la barbarie y las guerras” y denuncia el aumento de la “militarización” en las fronteras. También destaca que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha recordado que las “devoluciones en caliente son contrarias al Derecho Internacional y a las normas que España ha suscrito en la Unión Europea”. En concreto, se refiere a la condena reciente por parte de este órgano de justicia al Estado español por dos devoluciones de este tipo ocurridas en agosto de 2014.

En la concentración también ha estado presente el hecho de que los estados integrantes de UE hayan cumplido solo una mínima parte del compromiso de acogida a personas refugiadas adquirido hace más de dos años. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior de España y anfitrión de la cumbre, advertía ayer en la visita previa al lugar que acoge esta reunión de que "el hecho de que expirara el plazo no significa que no puedan ser todavía reasentados y reubicados; nosotros seguimos pendientes de que nos los manden y así se lo hemos hecho saber tanto a las organizaciones internacionales que mantienen responsabilidad en este tema como a Italia y a Francia".

El mismo día que se cumplía el plazo, el pasado 26 de septiembre, Jose Carlos Budia, delegado de CEAR en Andalucía Occidental, también se refirió a las vías seguras para que las personas migrantes pudieran acceder a Europa sin tener que atravesar el Mediterráneo en embarcaciones precarias o saltando la valla de Melilla, algo que pasa por que exista la posibilidad de solicitar protección internacional en embajadas o puestos fronterizos. A este respecto, calificaba de “sinsentido” el hecho de que estas vías están establecidas en la legislación actual, pero que “no se cumple por decisiones políticas. El problema es que la Ley 12/2009, ocho años después, todavía no tiene reglamento. Esta ley señala que se puede solicitar protección internacional en embajadas y consulados en los términos que establece el reglamento. La postura fácil que está teniendo el Gobierno de España es que no existe ese reglamento, con lo que no se puede aplicar esa ley”.