Memoria histórica
En defensa del movimiento memorialista

Cuando hace poco más de un mes falleció el torturador Antonio González Pacheco, recibí la llamada de un amigo argentino, buen conocedor de los procesos de memoria en su país y en España, que no daba crédito al leer que Billy el Niño (como se conocía a González) conservaba sus medallas al mérito policial (así como la “paguita” asociada) y se lamentaba de que no hubiésemos sido capaces, en España, de sentarlo en el banquillo. La cosa es más grave, pensé: nuestras autoridades lo impidieron activamente durante los cuarenta años que llevamos de… posfranquismo.

Sin embargo, sus víctimas y las asociaciones memorialistas, con poco o ningún apoyo, dependiendo del caso y el momento, han estado recordando todos estos años, a quien quiso escuchar, quién fue González Pacheco. Por desgracia, estos colectivos han heredado, además de su dolor, el silencio político y mediático que padecieron aquellos a quienes quieren representar: las víctimas del franquismo.

ENFERMEDAD DE MEMORIA

El caso de Billy el Niño representa uno más de los síntomas de nuestra ‘amnesia nacional’. Y, sin embargo, si el caso se hubiese gestionado de forma diferente, podría haber formado parte de la solución a nuestra enfermedad de memoria. Lo que quiero decir es que no debería haber sido tan difícil unir a una sociedad (sana) en contra de alguien que disfrutaba torturando, por ejemplo, a jóvenes que repartían propaganda antifranquista en la Universidad. Las torturas son siempre torturas pero las de González Pacheco, además, no se dieron durante la Guerra Civil, sino en los años sesenta y setenta. Es decir, no cabe el recurrente argumento de que “los rojos estaban haciendo lo mismo” y en las guerras todos cometen atrocidades. Así, podríamos pensar que se comprendería, sin grandes esfuerzos, que eso estaba mal y merecía ser unánimemente condenado.

Pero no. En un ambiente político crispado, “de charanga y pandereta”, por citar a Machado, y de “anorexia cognitiva”, que añadiría Goytisolo, el resultado fue el habitual. Si “unos” consideraban a Billy el Niño un asesino, los “otros” debían defenderlo a capa y espada. Así, los “otros” prefirieron entonar el ¡prietas las filas! ¡Al enemigo ni agua, que los anarquistas y los comunistas, en el 37, también fusilaron! Y vuelta a empezar.

¿Por qué alguien se opone a que se abran las fosas de desaparecidos, cuyos familiares llevan solicitándolo durante décadas y, en muchos casos, sabiendo dónde están enterrados?

España no es el único Estado con amnesia selectiva; pocos son, de hecho, los países en paz con su pasado. No obstante, es justo reconocer que no es fácil encontrar un país democrático que lo haya hecho tan mal como éste en lo que respecta a las políticas de memoria. Suspender las condecoraciones y la protección judicial a un torturador, repito, debería ser una cuestión de mínimos democráticos en un país con cierta dignidad en lo que respecta a los derechos humanos. Pero quizás no estemos en esa lista.

¿Qué nos pasa? ¿Por qué es imposible llegar a acuerdos básicos sobre cuestiones elementales de derechos humanos? ¿Por qué alguien se opone a que se abran las fosas de desaparecidos, cuyos familiares llevan solicitándolo durante décadas y, en muchos casos, sabiendo dónde están enterrados? Hay que argumentarlo muy bien porque, así, de entrada… no se entiende. De hecho, más allá de algunas explicaciones parciales, nuestro bloqueo en este asunto sorprende a cualquiera.

POLARIZACIÓN POLÍTICA Y MEMORIALISMO

Para entender cómo hemos llegado hasta aquí resulta de gran ayuda conocer el trabajo de quienes defienden la recuperación de la memoria histórica en España, en general, y en Andalucía, en particular. Como cabía esperar, suelen ser víctimas del marco único de interpretación política que parece haberse adueñado de nosotros. Ese marco nos “obliga” a calificarlo todo partidistamente (la realidad, así vista, se divide en izquierda y derecha) y, a partir de ahí, nos posicionamos. Según esto, “los de la memoria” son uniformemente rojos y, por lo tanto, se puede ir contra ellos con toda la artillería que se aplica a los conspiradores judeo-masónicos izquierdistas y terroristas bolivarianos, además de todo lo que queramos añadir dependiendo de nuestro humor y nivel de escrúpulos.

Sin embargo, tampoco debería sorprendernos que entre las organizaciones que se interesan por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo haya una mayoría de personas con ideas “de izquierda”. Sobre todo porque muchas de esas víctimas fueron perseguidas precisamente por sus ideas. Seguramente veríamos con normalidad que una asociación de víctimas de Auschwitz estuviese compuesta, en buena parte, por judíos, ¿no? ¿Es eso un problema grave? ¿Las convierte en organizaciones a las que no hay que escuchar? ¿Es ya un delito en nuestro código penal la diversidad ideológica?

Sin estas gentes que han perseverado para que no se olvidase lo que se quería, insistentemente, olvidar, hoy Andalucía sería un lugar peor en el que vivir

Son los colectivos memorialistas quienes, al menos durante los últimos veinte años, intentan mantener la memoria de las víctimas en la agenda, quienes nos han recordado que este país tiene decenas de miles de desaparecidos, así como de bebés robados a sus familias y que, en su suelo, se construyeron centenares de campos de concentración. Han insistido, además, en que buena parte de las empresas que hoy cotizan en el Ibex se enriquecieron con el trabajo esclavo que salió de esos campos; se han organizado para combatir la indiferencia institucional y el silencio mediático. Han acompañado a familias que no tenían a quién dirigirse y las han escuchado, cuando pocos lo hacían. Han buscado a las víctimas, elaborado censos de represaliados que nunca podrán ser completados, mapas de fosas, han financiado exhumaciones, levantado monumentos y señalado lugares de la memoria.

Las organizaciones memorialistas son diversas, más de los que podría parecer si nos guiamos por el estereotipo, como lo son los puntos de vista y opiniones de sus miembros. También, claro, en Andalucía, donde los debates internos son muy intensos. No todos los colectivos tienen la misma opinión sobre la ley de Memoria Histórica de Andalucía, sobre quién debe gestionar las exhumaciones, sobre las relaciones con la administración (algunos de sus miembros también son parte de ella), los partidos políticos, etc. Los retos internos son muchos y la comunicación clara de sus objetivos a la sociedad es uno de ellos pero, sin embargo, sin estas gentes que han perseverado para que no se olvidase lo que se quería, insistentemente, olvidar, hoy Andalucía sería un lugar peor en el que vivir, que no nos quepa duda.

LA POSICIÓN DEL NUEVO EJECUTIVO ANDALUZ

Por eso es una mala noticia que el gobierno andaluz haya decidido meter en el cajón del presupuesto cero y la inacción a la memoria histórica. Si Suárez condecoró a Billy el Niño y Felipe González miró hacia otro lado, Rajoy se enorgullecía de la humillación que suponía, para las víctimas, que su gobierno dedicase cero euros a las políticas de memoria. Moreno Bonilla parece ir por este camino: el actual gobierno de la Junta ejecuta con cuentagotas los presupuestos de memoria ya aprobados por la anterior administración, congela las subvenciones a la investigación y declara su intención de anular la Ley de 2017, que incluía una serie de actuaciones sobre las fosas, los lugares de memoria, la puesta en marcha de museos y memoriales, etc. Parecería, así, que derogar una ley no es tan complicado y, sin embargo, no ha habido manera de hacerlo con la Ley de Amnistía de 1977 que, vigente hasta hoy, impide juzgar los crímenes de Franco.

El nuevo gobierno afirmó que, mientras no se derogase (o modificase) la Ley de 2017, la cumpliría. No está mal que cumplir la ley sea un objetivo gubernamental pero, en cualquier caso, no lo están haciendo. Tampoco creo que la discusión sobre la “Ley” sea lo más urgente. Sin embargo, sí ha encontrado presupuesto para nombrar a un “Comisionado para la Concordia” que, con razón, despierta todo tipo de alarmas en el movimiento memorialista porque viene avalado por quienes parecen entender la “concordia” como la conveniente equidistancia. Lo aclaro, para concluir: el movimiento memorialista ha de hacer un esfuerzo mayor por explicarse, por discutir más allá del sano diálogo entre militantes, pero difícilmente admitirá la tesis de que Billy el Niño era tan víctima como quien, hasta hoy, conserva las cicatrices de sus torturas. Y no lo harán, porque no es verdad.